Fecha de edición: octubre 2020

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A los cientos de miles de republicanos y anarquistas asesinados, a sus familias y, sobre todo, a sus madres y esposas, que tanto sufrieron y que nunca se les reconoció suficientemente como víctimas del fascismo. Y a los nietos y bisnietos, que aún esperan verdad y justicia, ochenta años después.

INTRODUCCIÓN

“La lucha del hombre contra el poder es ante todo

la lucha de la memoria contra el olvido”.

MILAN KUNDERA

El objetivo principal de este libro es intentar mostrar cómo los traumas psicológicos de las víctimas directas del franquismo fueron tan terribles y de tanta duración que, con toda seguridad, no les afectaron solo a ellos, sino que los transmitieron a sus hijos y, con gran probabilidad también a los nietos, que, por tanto, siguen siendo víctimas, indirectas, de la dictadura franquista. Antes de mostrar los procesos psicológicos y psicosociales que subyacen a esto, me parece indispensable analizar las causas primeras de tales traumas, que no fueron otras que la represión franquista y los apoyos sociales e institucionales a tal represión: eso fue lo que hizo que esos traumas permanecieran hasta la actualidad en hijos/as y nietos/as y que las heridas individuales y colectivas abiertas por la Guerra Civil y la represión franquista aún no se hayan cerrado. De ahí que empezaré repasando con cierto detenimiento la represión franquista (Capítulo 1), cosa necesaria si queremos entender bien el trauma psicológico en las víctimas y en sus herederos. Dado que el objetivo principal de este libro es analizar los traumas de las víctimas del franquismo y la repercusión que aún tiene ello en sus descendientes, es decir, un objetivo de tipo psicológico y psicosocial, paso enseguida a hacer un análisis de las teorías y la práctica del psiquiatra palentino Antonio Vallejo Nágera (Capítulo 2), que tan importante fue en la represión franquista. Pero si aún no se han cerrado las heridas que produjo la represión franquista en miles y miles de víctimas y en sus descendientes se ha debido también al tipo de transición que se hizo, transición que abandonó a las víctimas y que no solo supuso una total impunidad para los verdugos, sino que incluso intentó que se olvidaran sus crímenes a la vez que declaraba aún vigentes las sentencias franquistas, incluyendo aquellas que condenaban por rebeldía precisamente a los militares republicanos que no se habían rebelado. La Ley de Amnistía de 1977, elemento clave de todo el proceso de transición y democracia, dejó las cosas como estaban a nivel judicial: los verdugos no solamente quedaron impunes, sino que las víctimas siguen siendo oficialmente los criminales, dado que las sentencias judiciales franquistas aún están vigentes. Y lo que es peor, esa situación se mantiene hoy día, tras más de cuarenta años de «democracia», a expensas de cómo se desarrolle la Ley de Memoria Democrática, ahora mismo en trámite parlamentario. Esto sí es una humillación para las víctimas, cosa que jamás reconoce la derecha, tan dada a hablar de la humillación de las víctimas, pero solo tiene en cuenta a las suyas. Por eso he incluido un largo capítulo sobre la Transición y la democracia (Capítulo 3).

Por otra parte, tras estudiar la relación existente entre memoria, olvido y trauma (Capítulos 4 y 5), veremos con cierta profundidad el tema que constituye el principal objetivo de este libro: la transmisión transgeneracional del trauma en las víctimas de la represión franquista (Capítulo 6). Los capítulos 4, 5 y 6, como se ve claramente, tienen un contenido esencialmente psicológico y psicosocial. Después añado un capítulo comparativo con América Latina que, a contraluz, aclara mucho la triste situación española en este campo (Capítulo 7). Finalmente, el Capítulo 8 se ocupa de las conclusiones que podemos extraer de los capítulos precedentes y qué vías de actuación positiva podrían tomarse.

Comenzaré recordando que siguen siendo muchos y muy poderosos los españoles que no quieren que se investiguen las entrañas del franquismo, y que ni siquiera desean que se hable de su represión y menos aún de los campos de concentración y del trabajo esclavo, y menos todavía del expolio a los vencidos y de los miles de niños y niñas robados. Y han conseguido su objetivo dado el gran poder que tienen. No les interesa que se hable de ello, entre otras cosas porque muchas de las grandes fortunas actuales le deben mucho a la Guerra Civil y a la Dictadura. Es más, «decenas de pequeñas y grandes empresas que hoy siguen marcando el rumbo de nuestra economía se enriquecieron con el trabajo esclavo de los presos del franquismo» (Hernández, 2019, p. 96), hasta el punto de que, añade Hernández, «el sistema de redención de penas se mantendría, a través de los Talleres Penitenciarios, hasta bien entrada la democracia». Por eso han conseguido robarnos nuestra memoria histórica. La Guerra Civil y la dictadura fascista de Franco casi han desaparecido de la memoria de millones de españoles. La derecha franquista nos ha impuesto su memoria, la de los vencedores, la de quienes ganaron la guerra, la posguerra y la transición. No es raro, por consiguiente, que cuando se habla del tema de la Guerra Civil y de la represión franquista, sea frecuente encontrarse con personas que replican que ya está bien de seguir hablando de ese tema, que son cosas que pasaron hace muchos años y no hay que seguir dándole vueltas. Sin embargo, los que así dicen se equivocan de medio a medio: no es un tema pasado, sino algo aún muy presente. Por ejemplo, costó mucho sacar al dictador del majestuoso mausoleo que él mismo se hizo construir con el dinero de todos los españoles y con el trabajo y el sufrimiento de miles de presos republicanos, y costó mucho porque para gran parte de las personas de derechas el franquismo sigue siendo un tema muy presente sobre el que no quieren que se eche tierra. ¿Por qué les iba a molestar esa exhumación si hubiera sido un tema del pasado, ya superado? Y el franquismo sigue estando presente en las sentencias de muerte firmadas por el dictador, aún vigentes y no abolidas. Y, sobre todo, sigue estando muy presente en los miles de republicanos asesinados cuyos restos aún yacen tirados por las cunetas, y persiste el franquismo en los traumas que aún hacen sufrir a las víctimas de segunda y tercera generación.

Y, sin embargo, no he escuchado ni una sola protesta en las personas de derechas cuando la Iglesia católica beatifica a sus víctimas, cosa que ha hecho hasta un extremo difícilmente entendible. Todavía lo ha seguido haciendo el papa Francisco en 2019. Y nadie les dice que no se mire hacia atrás ni que hay que pasar página. Además, ninguno de ellos es uno de los sacerdotes asesinados por Franco: lo que les importa no son las personas a beatificar sino el mantenimiento de su propia memoria. Y nadie protesta: no les parece que ello forma parte del pasado. Como puntualizan Sartorius y Alfaya (1999, p. 128), «sin duda, la Iglesia española, al contrario que la izquierda, cree en la necesidad de la memoria histórica y no tiene inconveniente en resucitar episodios del pasado que demuestran que el espíritu de la cruzada, aunque amortiguado, sigue vivo, a la vez que continúa negándose a pedir perdón por su actitud durante el período liberticida». Y mantienen cientos de cruces y monumentos en las iglesias recordando a «sus» mártires. De los mártires del otro lado, en cambio, no se puede hablar: piensan que están muy bien donde están, en las fosas comunes. Y sus familiares deben callar, pues son cosas que pasaron hace mucho tiempo. Y lo insólito es que, como subraya Paloma Aguilar (2005, s/p), «en España no haya ningún monumento oficial que rinda homenaje a la oposición democrática contra la dictadura», mientras que los monumentos y placas que homenajean al otro bando son numerosos: las visitas guiadas al Alcázar de Toledo, el Valle de los Caídos, el Arco de la Victoria en Madrid, la tumba de Queipo de Llano en Sevilla, o nombres de pueblos como Quintanilla de Onésimo o San Leonardo de Yagüe, además de cientos de calles y plazas en buena parte de España. Todo ello se mantiene ilegalmente pues va contra las leyes vigentes. Por eso «resulta incomprensible que, después de transcurrido tanto tiempo, se siga obstaculizando la posibilidad de exhumar las fosas comunes para darles la debida sepultura a los represaliados por el franquismo. La ausencia de tumbas y lápidas que conmemoren a los luchadores republicanos representa un imperdonable olvido de la España democrática y un claro ejemplo de amnesia histórica» (Álvarez Fernández, 2007, p. 79). Eso no se admite, porque hay que pasar página y mirar hacia delante.

También creo necesario decir algo de la relación intrínseca entre la psicología social y la historia. En efecto, hace más de ochenta años ya hablaba Norbert Elias de la necesidad de una «psicología histórica» para dar cuenta de los aspectos psicológicos colectivos de la historia, disciplina que aún no existía ya que, como señala el propio Elias (1993, págs. 492-493), «en el estado actual de los conocimientos científicos, suele trazarse una línea nítida entre el trabajo del historiador y el del psicólogo. […] Precisamente porque el psicólogo piensa de un modo absolutamente ahistórico, porque enfoca las estructuras psíquicas del hombre contemporáneo como si se tratara de algo intercambiable y que no ha sufrido proceso alguno, el historiador apenas puede utilizar para algo los resultados de su investigación. Y precisamente porque el historiador, preocupado por lo que él llama los hechos, trata en la medida de lo posible de evitar los problemas psicológicos, apenas tiene algo que decir a los psicólogos». Y, sin embargo, tal colaboración es imprescindible. Eso fue justamente lo que intentaron hacer no solo Norbert Elias, sino también los historiadores de corrientes tan psicosociales como la historia social, la historia de la vida cotidiana o la historia de las mentalidades. Desde esta «nueva historia» es ya más fácil tanto la colaboración entre historiadores y psicólogos sociales, como incluso una más adecuada explicación de los fenómenos colectivos. Pues bien, un campo donde la colaboración entre los psicólogos sociales y los historiadores no solo es posible y deseable sino incluso necesaria es el de la memoria, porque toda memoria es esencialmente social, colectiva e histórica.

Pero para que esa colaboración sea realmente eficaz, es necesario que los psicólogos abandonemos el sesgo individualista en que nos hemos instalado. En efecto, en línea con el tradicional pensamiento individualista occidental, la psicología y la psicología social han cometido un persistente error que ha impregnado toda su historia: el error de creer que los factores responsables de su conducta humana están dentro del individuo (Ovejero, 2020). Algo similar ha ocurrido con la memoria, que ha sido vista mayoritariamente por los psicólogos como una propiedad de los individuos cuando realmente es social (Ovejero, 1997). Como subraya Félix Vázquez (2001, pp. 114-115), «concebir la memoria y el olvido como procesos intraindividuales es, evidentemente, una forma de abordar su estudio. Sin embargo, parece que este enfoque promete más dificultades y abre más interrogantes que respuestas […] no se puede considerar la memoria como una facultad que poseemos cada persona aislada e independientemente de las demás sino, por el contrario, se debe contemplar la memoria como un nexo que nos vincula a otras personas [...] Si se prescinde de qué ocurre en la mente de las personas y nos centramos en qué hacemos las personas cuando recordamos, nos vemos comprometidos a aceptar que la memoria es intersubjetiva y a admitir que las explicaciones que construyen las personas sobre el pasado son producciones contextuales, versiones pragmática y retóricamente variables construidas en circunstancias comunicativas concretas». Y es que el ser humano es ante todo un ser social: es cierto que sin individuos no habría sociedad, pero también lo es que sin sociedad no habría individuos, no seríamos personas. Es la interacción social la que hace que pasemos de ser el organismo puramente biológico que éramos al nacer a ser la persona que somos ahora. Los seres humanos nacemos a medio hacer, y es la sociedad, a través de los grupos de pertenencia, la que nos completa: por eso somos animales sociales y por eso no hay ninguna propiedad psicológica (percepción, emoción, sentimientos, etc.) que no sea intrínsecamente social. Tampoco la memoria. Por eso, el tema de la memoria debe ser estudiado transdisciplinarmente, con la intervención cooperativa de psicólogos cognitivos, historiadores, psicólogos sociales, sociólogos y antropólogos.

El historiador Julio Aróstegui (2008), ya fallecido, destaca que el problema de la relación entre memoria e historia se plantea básicamente en torno a las memorias traumáticas, memorias que tienen que salir a la luz para que los traumas puedan ser gestionados psicológicamente y se reduzca el dolor y el sufrimiento que producen. Y es que «la salud mental de las sociedades donde se ha dado, permitido y amparado la violencia, pasa por la recuperación de la memoria histórica. Los intentos de todas aquellas personas o instituciones que no desean que las desapariciones, las masacres y las torturas queden relegadas al olvido, lejos de caldear ánimos y reabrir heridas ya cicatrizadas, vienen a cerrar esas heridas, que han permanecido abiertas, y a reforzar la cohesión y el orden social» (Gaborit, 2006, p. 7). Porque, como veremos más adelante, la recuperación de la memoria traumática, el hablar y escribir sobre ella, es un importante instrumento de empoderamiento de las víctimas y de superación del trauma. En este sentido podemos decir que la recuperación de la memoria histórica es importante para hacer justicia a las víctimas e indispensable para una auténtica reconciliación nacional. Pero también es útil en este campo la aportación de la psicología social para estudiar el trauma, el funcionamiento de los procesos de la memoria, el estudio de la memoria social e histórica y la relación entre memoria, olvido y trauma, pues se trata de temas esencialmente psicosociales. Y no olvidemos que la psicología social es una disciplina intersticial, es el punto donde se une lo individual y lo social: en ella se entrecruzan todas las ciencias sociales.

Por otra parte, para entender la situación política española actual, sobre todo en temas relacionados con la memoria histórica, con el trauma de los herederos de los vencidos y represaliados, y para entender cómo es posible que quienes ganaron la guerra sigan disfrutando todavía hoy día de los frutos de su victoria, habría que analizar detallada y detenidamente los mecanismos y dispositivos de poder (medios de comunicación, púlpitos, jueces, sentencias judiciales, etc.) que utiliza el entramado posfranquista, constituyendo lo que Antonio Gramsci llamaba «hegemonía cultural». Y también habría que tener en cuenta la influencia de cuarenta años de dictadura que, con su brutal represión y censura, influyó en la indefensión de la ciudadanía española de izquierdas; si, finalmente, añadimos la eficaz labor que está llevando a cabo el neoliberalismo en la construcción del sujeto neoliberal, a través del control férreo que los poderosos tienen de los medios de comunicación, así como de las consecuencias psicosociales de un consumismo desbocado sobre la apatía y fatalismo de la ciudadanía, tendremos entonces una visión bastante aproximada de lo que está aconteciendo actualmente en nuestro país (véase Ovejero, 2014, 2017).

A lo anterior habría que añadir el dolor y el desánimo por la pérdida de las ilusiones que habían puesto tantos republicanos y anarquistas, hombres y mujeres, en la construcción de una sociedad más justa, más igualitaria y más solidaria (lo que se llevó a cabo en los cientos de colectividades libertarias [véase Ovejero, 2017]), al pasar a una sociedad fascista, dictatorial y tremendamente injusta y donde las desigualdades fueron enormes. Y esa desilusión se acentuó más aún cuando, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, los anarquistas y los republicanos españoles vieron cómo las «democracias» occidentales apoyaban a Franco y no a ellos, a pesar de que Franco había luchado a favor de Hitler y ellos habían ayudado a los aliados (recuérdese el papel tan heroico que desempeñó La Nueve en la toma de París, compuesta mayoritariamente por españoles, sobre todo anarquistas): esa frustración por fuerza fue psicológicamente desoladora, aumentando hasta límites inconcebibles los traumas que ya arrastraban desde hacía años. Y si añadimos que, tras la muerte del dictador, las cosas cambiaron muy poco para ellos, ni siquiera con gobiernos socialistas, entonces podemos imaginar la magnitud de su decepción, su desencanto y sus traumas. Si en este libro voy a ocuparme en especial del trauma, debo dejar claro desde el principio que tal trauma fue y sigue siendo mucho mayor en el caso de los familiares de los «desaparecidos», pues «un desaparecido puede convertirse en una obsesión permanente alrededor del cual gira la vida de la familia, quiera o no. Únicamente se necesita que una sola persona de la familia lo lleve en la cabeza. Puede suceder que durante un tiempo parezca que no pasa nada, que ha sido olvidado, pero en un momento u otro la obsesión saldrá y en el peor de los casos, invadiendo la vida de la persona e imponiéndose como único pensamiento fijo, indestructible, omnipotente, doloroso, imposible de quitar. Esto pasa especialmente cuando el silencio vuelve en esta forma tan enfermiza» (Fernández Quiroga, 2006, 2ª, p. 37). Y eso fue justamente lo que les pasó a muchos miles de españolas y españoles. De ahí la enorme utilidad que para tales personas tienen las asociaciones de memoria histórica: ayudan a romper con el largo silencio que existía sobre estos temas a la vez que aportan apoyo social a las víctimas del franquismo. Veamos ahora, siquiera someramente, varias cuestiones que aún colean en toda esta temática:

1) ¿Todavía debemos seguir estudiando los traumas de las víctimas de la represión franquista?[1] A mi modo de ver, no solo merece la pena seguir estudiando estos temas, es que resulta imprescindible hacerlo, sobre todo si pudiera realizarse con consenso: nunca deberíamos olvidar a las víctimas y menos aún a aquellas a las que durante demasiado tiempo se las humilló o se las silenció; una democracia, si realmente lo es, no puede dejar en el silencio y el anonimato a ninguno de sus ciudadanos, y menos aún a los que dieron la vida por defenderla en circunstancias tan difíciles como fueron las de la contienda de 1936-1939. Es más, resulta imprescindible resarcir a tales víctimas y recuperar su nombre, su memoria y su dignidad. No pueden permanecer por más tiempo en el olvido y menos aún tiradas en las cunetas. Por eso resulta imprescindible seguir investigando sobre la Guerra Civil y la represión franquista, incluso ahora que han ido muriendo todos los protagonistas directos de aquella época, porque es falsa la creencia de que solo cuando pase el tiempo y ya no haya protagonistas vivos, se podrá conocer la guerra de forma objetiva e imparcial. Ahora mismo ya estamos comprobando la completa falsedad de tal argumento: fue una trampa premeditada y planificada. De hecho, el auge actual de Vox y de su discurso ideológico neofranquista demuestra esa falsedad. La memoria es social y por tanto a través de la familia principalmente pero también a través de otros «lugares de memoria» (el cine, los libros de texto, etc.), se reproducen transgeneracionalmente nuestros valores, nuestra interpretación de la historia y las emociones y sentimientos asociados a tal interpretación (véase Sánchez, 2006). De hecho, como indica Pablo Sánchez (2006, pp. 97-98), «la persistencia y el cambio en las pautas de la memoria parece depender principalmente no de la duración de la vida de la gente, sino de la continuidad o la transformación en el tiempo de las identidades colectivas que sustentan una determinada memoria, identidades que pueden perdurar menos, pero también más, que el ciclo biológico de una generación». Por tanto, hay que decir que no solo no sobran los estudios sobre la Guerra Civil, sino todo lo contrario: además de que aún quedan temas fundamentales sin explorar, mientras siga habiendo personas y familias sufriendo por lo que hicieron a sus padres y abuelos, y mientras siga habiendo miles de españoles en fosas anónimas por los campos y las cunetas, hay que seguir investigando. En este libro pretendo estudiar el concepto de trauma y su transmisión transgeneracional, pero ello está estrechamente relacionado con la memoria social o colectiva. No olvidemos que la memoria colectiva es un factor esencial en la identidad tanto de las personas, como de los grupos e incluso de las naciones. Quién sabe si el «problema catalán» hubiera discurrido por derroteros diferentes y más positivos de haberse solucionado a tiempo la cuestión de la memoria colectiva de los catalanes, pueblo que, como es conocido, perdió la guerra y sufrió cuarenta años de represión cultural y lingüística. Indiscutiblemente, la democracia les devolvió mucho autogobierno y la recuperación de su cultura y su lengua, pero, sin embargo, incluso allí siguió sin resolverse el problema de su memoria colectiva y su memoria histórica. Basta con recordar lo que costó que les devolvieran los documentos que les habían robado a punta de pistola. A mi juicio, uno de los factores que ha llevado a muchos catalanes a querer irse de España es el excesivo poso franquista que aún existe en el país, como se observó precisamente en la respuesta que una parte de la ciudadanía, con el rey a la cabeza, dio a la cuestión catalana. Aquel preocupante «a por ellos», con que miles de personas despedían a policías y guardias civiles enviados a Cataluña, recuerda demasiado a muchas de las imágenes de julio de 1936.

Por otra parte, hay que recordar que todavía hoy día los vencedores de la guerra siguen disfrutando de su victoria, mientras que los perdedores siguen pagando por su derrota, ochenta años después. El gigantesco y apoteósico mausoleo del vencedor de la guerra y cruel dictador durante cuarenta años, Francisco Franco, ha seguido recordándonos durante toda la Transición y durante la democracia quién ganó la guerra, mientras que los más de 110.000 republicanos que aún yacen en fosas comunes siguen recordándonos quiénes la perdieron. Y lo que es peor: eso sigue siendo así, entre otras cosas, por haber olvidado lo que pasó y por qué sucedió. Y es precisamente esa amnesia colectiva lo que está ocultando las verdaderas causas de que España sea uno de los países con más desigualdades de toda Europa, desigualdades que, en gran medida, tienen su origen en el desenlace de la Guerra Civil, en la larguísima dictadura y en una transición que no fue capaz de reducir tal nivel de desigualdad. De ahí la necesidad de recuperar la memoria histórica y colectiva. Eso lo han sabido siempre muy bien quienes ganaron la guerra. Por eso han mantenido cuanto han podido su propia memoria y han impedido –también cuanto les ha sido posible– la memoria de los vencidos. Porque, como señalara George Orwell, «quien controla el pasado controla el futuro y quien controla el presente controla el pasado». Y los franquistas siguen aún controlándolo casi todo. Lo que en su día dijo Simon Wiesental con respecto a la memoria del Holocausto, podemos aplicarlo perfectamente a la memoria del franquismo: «La lucha contra el olvido es un instrumento de resistencia contra todas las formas de neonazismo» (cita tomada de Reig Tapia, 2000). Porque, no lo olvidemos, «la lucha contra el poder es ante todo la lucha de la memoria contra el olvido» (Milan Kundera). De ahí la necesidad de que no solo no debamos olvidar nuestra historia, sino que debemos seguir investigando, más y más, en el desenterramiento de la verdad que siempre nos ocultaron los franquistas. Con este libro quiero contribuir a ello, aunque sea modestamente. La democracia necesita de una memoria colectiva que la sustente y le dé sentido. Por tanto, necesitamos que la memoria colectiva de la dictadura franquista no siga siendo la que nos dejaron el dictador y sus cómplices. Para superar la división de las dos Españas necesitamos tener una memoria colectiva consensuada y tener muy claro todos los españoles que existe un abismo entre una democracia y una dictadura. Y para construir esa memoria de consenso es imprescindible terminar con el discurso de que los dos bandos fueron iguales a la hora de matar.

2) En los dos lados se mató igual y se hicieron las mismas barbaridades: Es evidente que ello es una rotunda falsedad. Como veremos mejor en el próximo capítulo, la violencia no fue la misma en un lado y en el otro, ni por el número de asesinatos, ni por la planificación previa. La violencia republicana se dio principalmente durante los primeros meses de la guerra, al margen de la autoridad y casi siempre como respuesta a las noticias que llegaban de la brutal violencia de las tropas franquistas en Extremadura o en Andalucía. A medida que el gobierno republicano fue controlando la situación, la violencia se redujo muchísimo. La violencia franquista, en cambio, fue mucho mayor, no fue reactiva, estuvo perfectamente planificada antes ya del 18 de julio, fue apoyada, cuando no ordenada directamente, por los mandos militares, y se prolongó durante los cuarenta años de dictadura. Franco murió matando. Además, la violencia franquista en la larga posguerra fue innecesaria y vengativa, perseguía legitimar el régimen con el terror, pues hasta ese momento su única legitimidad –además de la derivada de la bendición de los obispos– era la propia guerra. Paloma Aguilar (1996, pp. 66-136) ha mostrado claramente que la guerra (y la victoria) constituyó casi la única fuente de autolegitimación del régimen durante años. Además, como sostiene M. Richards (1999), tras el final de la guerra y la desaparición de los frentes, el nuevo régimen, para no desaparecer y para justificar y legitimar su propia existencia, necesitó prolongar el conflicto por otras vías, esencialmente por la vía de la represión. Por eso durante muchos años, al menos hasta mediados de los sesenta, el régimen no dejó de revitalizar el recuerdo de la guerra, de la cruzada, del alzamiento nacional y de su victoria contra el comunismo y la anti-España. Y aunque la Dictadura impidió con gran eficacia que se investigaran esos temas, fueron historiadores de fuera los que comenzaron a estudiar de una forma seria y objetiva –lo que no quiere decir que imparcial– la Guerra Civil (Gerard Brenan, Hugh Thomas, Broué y Témine, Herbert Southworth, Raymond Carr, Stanley Payne, etc.). Sus libros fueron introducidos clandestinamente en España y leídos por miles de personas con verdadera pasión, algunos de ellos publicados por la nunca suficientemente reconocida editorial Ruedo Ibérico, afincada en París y dirigida por el anarquista José Martínez Guerricabeitia.

Por otro lado, a menudo se dice que fue la radicalización ideológica de los españoles la que llevó al conflicto en 1936. Con ello se quiere echar la culpa de la guerra a quienes más la padecieron, es decir, a las clases trabajadoras, puesto que se argumenta a veces que, si tanto los jornaleros hambrientos del campo como los trabajadores de la industria o los empleados de servicios hubieran aceptado pacientemente la explotación inhumana que sufrían y los salarios de hambre que recibían por trabajar de sol a sol –si no se hubieran rebelado «contra su destino» y hubieran aceptado el papel que Dios les había reservado– entonces no hubiera habido contienda. Y quien dice eso se queda tan tranquilo. Eso, la aceptación de la injusticia social y la miseria para millones de españoles ¿es lo que se sigue defendiendo cuando se dice una y otra vez que fue la radicalización ideológica la que provocó la guerra? La clase trabajadora se radicalizó a causa de las circunstancias de hambre y miseria que padecían. La solución por parte de quienes se decían defensores de España debería haber sido intentar corregir esas circunstancias, y no levantarse en armas contra el orden constitucional. Pero el golpe de Estado se dio, ante todo, para poner freno a las justas reivindicaciones de los trabajadores y de la ciudadanía en general. Y bien que consiguieron su objetivo, y para muchas décadas. Los verdaderos responsables de la guerra no fueron los trabajadores ni el gobierno constitucional, sino los militares que dieron el golpe y quienes les empujaron a hacerlo y les financiaron. Por tanto, «resulta absurdo tratar de ‘justificar’ esta violencia extrema tomando como referencia el contexto social de agitación de la época y su importante politización, un contexto convulso en los grandes escenarios, pero no especialmente virulento en poblaciones de segundo o tercer nivel […] La represión respondió a directrices previas, a órdenes que figuraban en los planes conspiratorios primeros, no a actuaciones incontroladas» (Fernández de Mata, 2016, p. 58).

3) Persistencia de los mitos del franquismo: ¿Por qué se mantienen aún la mayoría de los mitos del franquismo e incluso son reivindicados por una parte de la población española? Ello va unido al mantenimiento de la ultraderecha en nuestro país y a su indiscutible auge en los últimos años. Y uno de los factores que lo explican es, a mi juicio, el hecho de que, tras la muerte del dictador, ningún gobierno ha explicado suficientemente –o no lo ha hecho en absoluto– en qué consistió la dictadura, cuáles fueron sus crímenes, cuál el nivel de represión, cómo fue tratada la mujer, etc. Además, creo que habría que hablar de represión franquista o fascista más que de guerra civil, sobre todo por dos cosas estrechamente relacionadas entre sí: primera, porque si se habla de «guerra civil», se da a entender que los muertos fueron algo connatural a la propia guerra («en todas las guerras hay muertos», se esgrime a menudo para justificar los asesinatos del franquismo); y segunda, porque en gran parte de España, como ocurrió en casi toda Castilla y León, los asesinatos franquistas se produjeron en zonas en las que no hubo guerra, en las que solo hubo represión. Pero la particularidad de la Guerra Civil española «no fue el enfrentamiento armado sino la crueldad y duración de la represión. No ha habido otro país en el que la voluntad aniquiladora de todo lo que significaba el vencido durase tantos años –exactamente hasta pocos meses antes de la muerte del dictador, cuando firmó las últimas penas capitales– ni que gozara de una tan grande identificación de la Iglesia católica con sus objetivos. Lo que tal vez nadie se imaginaba era el alcance de este terror, que se extendería durante cuarenta años y que afectó a cualquiera que tuviera la más mínima relación con ‘las ideas equivocadas’» (Vinyes et al., 2002, p. 190). Más aún, la guerra de propaganda del franquismo se alargó hasta mucho después de aprobarse la Constitución del 78, hasta el punto de que el NO-DO siguió emitiéndose hasta bien entrado el año 1981, de forma que, todavía en 1986, Herbert Southworth (1986a) podía escribir que «la guerra de la propaganda sobre la Guerra Civil es una batalla que todavía no ha acabado».

Por eso precisamente, como parte de esa guerra de propaganda, no se ha respetado a las víctimas, no se las ha homenajeado. Por eso «España, por sistema, no ha respetado a los represaliados, a sus muertos tirados en fosas y cunetas, ni ha garantizado el acceso a la verdad, la justicia y la reparación. La Ley de Amnistía ha actuado como calle sin salida, como el boicot radical también a la Querella Argentina. La sinrazón nacida de la contienda fratricida sigue campando como seña de identidad de una sociedad sometida a la más básica carencia democrática: el respeto a los derechos humanos de las víctimas de la Dictadura y de sus descendientes. La negación del duelo familiar y del entierro digno como tránsito atávico es un desprecio absoluto. Ni el suspenso de instituciones internacionales ha cambiado el rumbo. Todo ha seguido igual durante décadas. […] Porque España nunca ha tejido un plan definitivo para sacar a sus muertos de las cunetas, pero sí ha fabricado una leyenda equidistante, dulcificada o directamente falsa, de su historia contemporánea. Y lo hace a propósito. A sabiendas. Para vivir ajena a sus víctimas. Mirando a otro lado. Ocultando el cruel episodio bajo un manto de impunidad» (Baquero, 2019, p. 91).

Por otra parte, entender tanto lo que queda actualmente de franquismo en nuestra sociedad como los restos del trauma colectivo que sufrieron los republicanos tras su derrota, pasa ineludiblemente por una comprensión lo más completa posible de la llamada «transición» de la dictadura a la democracia. Para la mayoría se trató de una transición modélica, mientras que para una minoría fue una auténtica farsa, de forma que de aquellos polvos vienen estos lodos, lodos que se reflejan en muchos ámbitos como la sentencia judicial que, todavía en junio de 2019, emitía el Tribunal Supremo en la que, entre otras cosas, apoyaba el golpe de Estado de Franco al reconocer que este fue jefe de Estado desde el 1 de octubre de 1936, mientras había todavía un gobierno legítimo republicano; y se reflejan también en los miles de «desaparecidos» que, como ya he dicho, permanecen en fosas comunes, 80 años después de ser asesinados, 45 después de la muerte del dictador y tras 42 años de «democracia». ¿Tanto le debe esta democracia al dictador para haberle mantenido enterrado en un lugar privilegiado y para que ni siquiera un gobierno democrático y ni el propio parlamento hayan podido impedirlo hasta hace solo unos meses –pero para ser trasladado a otro panteón público pagado con dinero público– mientras que, en cambio, mantiene en fosas comunes, a más de cien mil republicanos, lo que sigue traumatizando a sus familias? ¿Por qué el nuevo régimen democrático necesita mantener visibles los signos de poder del fascismo español? ¿O es que siguen funcionando como claros avisos a navegantes? Se trata de un tema difícil de entender en una democracia normalizada, en una democracia que dice ser homologable a las europeas. Pero en las europeas no ocurre lo mismo. Para entender bien todo esto se hace imprescindible analizar con cierto detenimiento cómo fue la Transición, quién la pilotó y con qué objetivos. Porque, «lo cierto es que el franquismo no se desmoronó, ni fue derribado, y que los planteamientos políticos del conjunto de las fuerzas democráticas hubieron de ser rápidamente adaptados para afrontar el año 1977 y las primeras elecciones» (Morán, 2015, p. 25). No olvidemos que Franco murió en la cama.

Por eso, en España la transición a la democracia tuvo principalmente dos caras: un pacto de silencio y de olvido de todo lo que fue y supuso la República, la Guerra Civil y la Dictadura, y una ruptura generacional que había ido construyéndose durante los años anteriores a la muerte de Franco y que se hizo más palpable durante los años 80, con la llamada movida madrileña y con la forma de hacer política del gobierno socialista de Felipe González. Esa ruptura generacional llevó a muchos de los hijos de los vencedores a oponerse a la dictadura, haciéndose comunistas o anarquistas. Baste recordar a los hijos de Eduardo Haro Tecglen, de Sánchez Ferlosio, a Javier Pradera, y a tantos otros. Pero lo que no cambió –y los gobiernos de González hicieron muy poco para evitarlo– fue el intento por parte del Estado de «recluir al ámbito estrictamente privado, o académico, los efectos de la dictadura, la guerra y la República» (Vinyes, 2009c, p. 39). Por eso algunos autores, como Santos Juliá, insisten en que no hubo un pacto de silencio durante la Transición porque se publicaron muchos libros sobre estos temas, pero no dice que tales publicaciones, esencialmente académicas, no pudieron tener un impacto relevante en la memoria histórica o colectiva del pueblo español. Era más potente la influencia de la televisión sobre la ciudadanía que la de tales libros.

El corazón de la memoria histórica lo constituyen hoy día en España principalmente las docenas de miles de desaparecidos que aún permanecen en miles de fosas comunes. «El terror fundacional del franquismo deja como legado una piel de toro agujereada, un país sembrado de fosas comunes. Y esta nación levantada desde la ignominia bloquea el esclarecimiento de los delitos para ocultar el plan ejecutado por los teóricos del exterminio. Si no hay restos mortales, no hay crimen. La tarea golpista gana entonces su fin más extremo con ayuda de un Estado que ni siquiera garantiza el reconocimiento oficial y legal de las víctimas. Es la crónica escrita a sangre de un genocidio impune» (Baquero, 2019, p. 91). Es más, la búsqueda de estas tumbas ilegales y el rescate de los restos de las víctimas debería ser una auténtica prioridad en una sociedad democrática, dado que es ante todo un asunto de derechos humanos, de forma que el que no se haya hecho nada a este respecto en cuarenta años de democracia no habla muy bien de nuestro nivel democrático. Además, como dice Juan Miguel Baquero (2019, p. 90), «la mayor garantía de no repetición del pasado de terror reside en divulgar la verdad». Por eso en este libro no me limito a hablar de los traumas y su transmisión, sino también de aquella parte de nuestra historia que ayuda a entender esos traumas y su transmisión a hijos y nietos.

CAPÍTULO 1 -

REPRESIÓN FRANQUISTA: GUERRA CIVIL Y POSGUERRA

1. Introducción

Resulta difícil entender los traumas psicosociales de las víctimas de la dictadura franquista sin analizar con cierto detenimiento la represión brutal a la que estas fueron sometidas durante décadas. Tal represión fue tan monstruosa que suele ser considerada incluso un holocausto (gran matanza) o un genocidio (exterminio del enemigo político). Alberto Reig Tapia acepta el uso indistinto de ambos términos. Por su parte, Francisco Espinosa (2010) dice que el bando rebelde llevó a la práctica una política de exterminio total del enemigo mediante un terror paralizador, lo que puede significar que fue un genocidio que tenía como objeto terminar con la izquierda obrera y republicana.

En todo caso, ¿fue realmente una guerra civil, una guerra religiosa o una guerra social? A mi juicio, hubo algo de las tres cosas, pero sobre todo de la tercera. Como subraya Manuel Delgado (2002, p. 32), las agresiones masivas contra sacerdotes en la España de los siglos XIX y XX –cosa que no se ha producido a ese nivel en ningún otro país– no fueron hechos de persecución religiosa ni fueron manifestaciones de violencia religiosa las destrucciones iconoclastas; tampoco el golpe militar de 1936 fue una «cruzada» religiosa, ni la guerra a que dio lugar el fallido golpe de Estado fue una guerra de religión. Fue ante todo una guerra social, una guerra de ricos contra pobres. A mi modo de ver, más que una guerra entre hermanos fue una guerra entre familias ricas, que querían mantener sus privilegios, y familias pobres, que aspiraban a una sociedad más justa, donde obreros y campesinos pudieran vivir con cierta dignidad. Por eso, fueron exterminadas familias enteras. De hecho, como observa Michael Richards, «la descripción de la guerra civil como una cruzada religiosa fue una manera de impedir que se realizara un análisis de clase del conflicto» (1999, p. 26). Y tengamos presente que el darle un nombre u otro influirá mucho en cómo veamos y recordemos ese período. No olvidemos, como señala Zymunt Bauman (2003), que el mayor poder que se puede tener es el de tener derecho a ponerle nombre a las cosas de forma que signifiquen lo que se quiere que signifiquen.

Y el nombre de «guerra civil» lo utilizó el franquismo, ya durante los años sesenta, porque al percibir que ni el dictador ni su régimen podían durar siempre, quisieron dar una nueva versión de la guerra: ya no era un alzamiento de unos contra otros, sino una «guerra fratricida». Ese cambio de nombre tiene el efecto esencial de permitir al bando vencedor diluir sus importantes responsabilidades: si fue una guerra civil, entonces culpables fueron los dos bandos. Incluso fue cosa de la naturaleza cainita de los españoles. Pasó porque tuvo que pasar, porque los españoles somos así: nadie era responsable del inicio de la guerra, ni de la atroz represión de los cuarenta años de dictadura. La misión de repartir las culpas fue encomendada por Fraga Iribarne al historiador Ricardo de la Cierva, con lo que le «convirtió, de hecho, en intermediario de la reconstrucción política de la memoria hegemónica» (Richards, 2006, p. 169). Ramón Salas Larrazábal contribuyó también a este cambio de perspectiva, mostrando datos empíricos, convenientemente maquillados, que intentaban mostrar que los dos bandos fueron igualmente culpables. En una «cruzada», «los buenos» son los responsables de la muerte de «los malos», aunque fuera un acto de justicia –y hasta de obligación– el matarlos; en una guerra civil, en cambio, todos son responsables. Y sin embargo, dice Richards, todo esto iba dirigido a la propaganda, pues gran parte de la élite gobernante siguió identificándose con la imagen de la cruzada y negando que el conflicto hubiera sido una guerra civil. Más en concreto, «el nombre de la guerra fue el núcleo de una batalla más de la guerra de las palabras que acompañó y prolongó el conflicto armado. […] Esto tuvo consecuencias importantes sobre las orientaciones generales de la historiografía después de la muerte de Franco, en particular en lo que se refiere a la cuestión de la violencia y la represión. Veremos cómo se ha podido así neutralizar la guerra y, paradójicamente, despolitizarla» (Godicheau, 2006, p. 140). Y por eso no se ha estudiado suficientemente la historia social de la guerra ni se ha intentado dar una explicación comprensible de la violencia que hubo. De hecho, añade Godicheau (pp. 160-161), «nadie se pregunta si los actores de la época tenían razones suficientes para actuar ni cuáles eran estas realmente. […] Las violencias son atribuidas a unos grupos políticos cuyas posturas son calificadas de antemano de extremas. Y ya que el extremismo no se justifica de manera satisfactoria, se puede reducir a la pasión, al exceso, a lo patológico, a la locura. Solo queda decir que esa locura de los extremos se apoderó del pueblo entero y lo empujó hacia la guerra fratricida». Pero no fue así, sino que hubo motivaciones concretas tras los asesinatos de unos y otros. Así, François Godicheau estudió la violencia ejecutada en numerosos pueblos catalanes en el verano de 1936, llegando a la conclusión de que «fueron matadas, sobre todo, las personas que representaban para aquellos comités el orden antiguo, la explotación social y política: el cura del pueblo, terratenientes que habían despedido a sus labradores durante el bienio negro, patronos o contramaestres que se habían distinguido por su violencia antiobrera después del 6 de octubre de 1934 o en otras ocasiones, y militantes de extrema derecha particularmente activos» (2006, p. 162). Datos similares aparecen en otros estudios. Hacían la revolución y querían eliminar todo lo que representara el orden social anterior que querían sustituir por otro nuevo. Ello ayuda mucho a entender –que no a justificar ni a compartir– por qué se eliminaba a ciertas personas, a pesar de ser en muchos casos completamente inocentes. Debemos entender cómo funcionó la violencia en ambos lados y cuáles fueron los factores que, en cada uno de ellos, la originaron. Fueron dos tipos de violencia muy diversos en una y otra España –aunque los dos inaceptables–, cada uno de ellos siguiendo pautas diferentes y causados por factores distintos. Además, todavía quedan muchas lagunas en este campo, entre otras la de por qué la mayoría de los asesinatos se perpetraron en pueblos pequeños. O la de que, como señala Godicheau, hubo muchos pueblos en Cataluña (nada menos que 300 de un total de 1.070) donde no se produjo ninguna víctima.

Como sabemos, con la ayuda de Hitler y de Mussolini, la guerra la ganó el franquismo, fascista y nacional-católico, e impuso un nuevo orden político y moral, de forma que, al hablar de la imposición de una memoria hegemónica, Carlos Barral (1975) puede escribir en sus memorias: «No sólo la virtud y el pudor se impusieron, y el pensamiento ortodoxo y el temor de Dios, sino todo recuerdo de una vida distinta se borró de todas las conciencias. Nadie se sentía obligado a comprender a los equivocados. […] Incluso las criadas, que anteayer gritaban “no pasarán”, participaban de este entusiasmo por la nueva era y se arropaban en los pliegues de una religiosidad delirante» (p. 18).

2. ¿Fueron igual los dos bandos en cuanto a la represión y el trauma de las víctimas?

Es frecuente considerar que la guerra civil fue inevitable dado el caos que existía en la España de la Segunda República. No fue así. Hubo más muertos en los años de la Transición y ello no dio lugar a una guerra. Se produjo la guerra porque las derechas se opusieron a la República ya desde su misma instauración. Como escribe Pere Ysàs (2009, p. 394), no hay duda de que «la mayoría de los poderes conservadores (militares, terratenientes, clero…) se pusieron frente y contra la República desde el mismo momento en que ésta fue proclamada». También suele decirse que mataron tanto los unos como los otros. También eso es falso. Para mostrar al mundo el grado de criminalidad de los republicanos, «los vencedores se volcaron en lo que creían que abriría al fin los ojos del mundo, la llamada Causa General, el gran proceso abierto en abril de 1940 contra la República y su supuesta rebelión militar. Con el aparato judicial puesto al servicio de la Causa se recogió pueblo a pueblo y ciudad a ciudad todo el mal causado por los vencidos con el único objeto de legitimar la sublevación. Se tardó varios años y salvo varios avances y algún libro, nunca más se supo. Cuando pudimos consultarla supimos al fin el misterio de la Causa General: sus resultados no se habían hecho públicos porque hubiera sido una auténtica burla comunicarlos públicamente a una sociedad marcada por el dolor y la muerte. ¿Cómo decir a los onubenses que frente a las 77 víctimas causadas en la provincia por “los rojos” entre julio y septiembre del 36, con las cárceles abarrotadas de presos derechistas, los que habían venido a sacar a España del caos –los “buenos”, como irónicamente eran llamados por algunos– habían eliminado a varios miles de personas? ¿Cómo decirles que frente a los 15 pueblos (15 de 78) donde los “rojos” derramaron sangre, ahora se había hecho justicia en 75? ¿Cómo decirles a los extremeños que en la zona occidental de la provincia de Badajoz el asesinato de 250 derechistas a manos de los rojos había sido vengado con el de un mínimo de 7.000 personas de ideología contraria? La desproporción era tal que aquella inmensa masa documental que tanto había costado crear fue ocultada, y se optó desde ese momento por la falsedad más absoluta y por la pura propaganda» (Espinosa, 2006, pp. 142-143). Al nuevo estado, pues, le convenía mantener cerrados con siete llaves los datos de la Causa General, para que nadie se enterara de lo que decían.

Además, hubo importantes diferencias entre la violencia de un lado y del otro. La primera es de cantidad: unos 100.000 asesinatos durante la guerra y otros 50.000 en la posguerra en la zona franquista frente a unos 50.000 en la zona republicana. Pero más importante aún que tales datos es el hecho de quién comenzó la matanza y sobre todo el papel que desempeñaron en los asesinatos las autoridades de cada bando. El sacerdote Hilari Raguer lo deja muy claro: «es innegable que en la zona republicana las muertes se produjeron a pesar de los esfuerzos de las autoridades (República, Euskadi, Generalitat) por impedirlas, mientras que en la otra zona recae sobre las autoridades la responsabilidad directa y expresa, tanto de los fusilamientos como de los “paseos”» (2001, p. 198). El bando franquista comenzó fusilando y asesinando desde el primer instante del golpe militar, de acuerdo con las consignas emanadas de las más altas instancias del Ejército. Así, ya el primer día, en África, los militares que no se sumaron a la rebelión fueron inmediatamente fusilados. Y algo similar ocurrió poco después en la Península.

Es evidente que la violencia la comenzaron quienes dieron el golpe de Estado y quienes les animaron a darlo y les financiaron. La de los republicanos fue reactiva, aunque una vez comenzada la guerra y la revolución, hubo también otras motivaciones. Así, la violencia fue mayor en aquellos pueblos en los que «la sensación de los revolucionarios de los comités de estar en franca minoría les llevó a compensarla por un terror político masivo. El aumento del número de asesinatos venía de la voluntad de paralizar con el miedo a los otros grupos sociales mientras que, en la mayoría de los demás casos, caían “solamente” los elementos cuya desaparición se consideraba necesaria para pasar a otra sociedad» (Godicheau (2006, p. 163). Por tanto, todo intento de equiparar ambas violencias «es insostenible historiográficamente e indigna éticamente» (Ysàs, 2009, p. 394).

En esa misma línea se coloca Pablo García Colmenares cuando dice que «la violencia desatada en la zona que se mantuvo fiel a la República se debió –en gran parte– a la dispersión del poder político en muchos focos de autoridad, la desarticulación de las fuerzas de orden público sospechosas de connivencia con la trama sublevada y desde luego a la violencia de algunos grupos políticos y sindicales radicales, formados por socialistas, comunistas o anarquistas, que reaccionan ante la violencia desatada con la sublevación militar. En cuanto el Estado consiguió restaurar su autoridad desapareció esa violencia contra los sospechosos de estar tras la trama golpista. En cambio, en la zona donde triunfó el golpe de estado, en las primeras horas, como ocurre en las provincias que forman hoy día la comunidad de Castilla y León, la violencia injustificada está avalada por el nuevo poder, es institucional, amparada por los bandos militares y las nuevas autoridades locales y las fuerzas de orden público que toleran, apoyan o nutren a las “patrullas de la muerte”, auténticas partidas de criminales armados protegidos bajo el uniforme de Falange Española, lo que les permite hacer una auténtica “limpieza ideológica” en toda la región» (2011, p. 11). Algo similar dice Espinosa (2006, p. 139): «Aunque la represión salvaje –en absoluto incontrolada– quedase a cargo de las fuerzas militares, de la Guardia Civil y de los paramilitares (Falange, requetés y cívicos) fue en todo momento la maquinaria militar la que llevó y controló el proceso desde el primer momento». Más aún, añade García Colmenares, «la sublevación militar dejaba claro en sus bandos lo que se podía hacer impunemente con sus enemigos políticos, y fue la coartada criminal para eliminar a todos los dirigentes y cuadros políticos, sindicales o sociales bajo la bandera ideológica de la Cruzada en defensa de la religión católica y de los valores tradicionales de la derecha fascista y más rancia del país». Como escribe Espinosa (2002, p. 53), «la particularidad de la sublevación del 36 frente a las anteriores, que tardó en ser percibida incluso por muchos de quienes la apoyaban, fue su firme decisión de exterminio inmediato del oponente. El ciclo de violencia abierto por los sublevados no respondía a ninguna violencia previa sino a su oposición frontal al proyecto republicano y a los resultados de las elecciones de febrero de 1936, que dieron la victoria a los partidos agrupados en el Frente Popular». De ahí que, concluye García Colmenares (p. 12), en la zona franquista la violencia se ejerció con el objetivo de que «no quedara nada de un régimen y un modelo cultural que trataba de modernizar y democratizar un país atrasado como España». Por eso, añade este autor, las víctimas republicanas fueron asesinadas no por oponerse a los sublevados, sino por ser quienes eran y por lo que representaban: el objetivo era acabar con todo rastro de reforma política o social.[2] Fueron asesinados por defender el orden constitucional. Por eso deben ser homenajeados, y si no se hace será difícil que las víctimas y sus descendientes cierren y cicatricen sus heridas ni que puedan superar sus traumas.

Si la violencia ejercida durante la guerra no fue equivalente en uno y otro bando, menos equivalente fue, obviamente, la que, tras la guerra y durante décadas, ejerció el bando vencedor: violencia represiva, enormemente cruel y generalizada, sobre la mayoría de la población vencida. Tal violencia «forma parte del mismo proyecto y del mismo continuum represivo iniciado en 1936, pero en 1939 con una mejor y más perfecta dedicación, porque ya no existía el entorpecimiento de la guerra» (Moreno Gómez, 2015, p. 185). Y tampoco fue lo mismo lo que les pasó a los restos de los desaparecidos de un lado y del otro: los de los vencedores fueron rápidamente recuperados, enterrados con dignidad y homenajeados, como era lógico; pero los de los vencidos permanecieron ignorados en fosas comunes hasta hoy día, hasta el punto de que ni siquiera es posible cuantificar con exactitud su número (Torres, 2005). El Estado español nunca se preocupó ni siquiera de hacer el censo: los vencidos siguen siendo los vencidos.

Era de esperar que los vencedores rehabilitaran a sus «mártires» y mantuvieran en el olvido a sus «enemigos» muertos. Pero hay pocos casos en la historia en que los vencidos siguieran en las cunetas 80 años después de asesinados y tras 40 años de «democracia», y que los familiares aún no puedan recuperar los restos de sus seres queridos, lo que sin duda ayudaría a cerrar sus heridas y a superar los traumas que todavía tienen. Todo ello hace que se mantengan las dos memorias de nuestro pasado y, en consecuencia, las dos Españas sigan enfrentadas. Y es así, entre otras cosas, porque los vencedores todavía no han reconocido sus culpas y responsabilidades. Los escritos de autores como de De la Cierva, Luis Suárez, Pío Moa, César Vidal o Stanley Payne lo certifican. Cuenta Milan Kundera (1982) que el presidente checo Gustav Husak, instalado por los rusos, expulsó de las universidades e institutos científicos a 145 historiadores checos, entre ellos Milan Hübl, quien le dijo a Kundera, de quien era amigo: «Para liquidar a las naciones, lo primero que se hace es quitarles la memoria. Se destruyen sus libros, su cultura, su historia. Y luego viene alguien y escribe otros libros. Entonces la nación comienza lentamente a olvidar lo que es y lo que ha sido». Eso mismo pasó en España. Pero es que la política de olvido dura aquí más de 80 años, pues el franquismo consiguió que los intelectuales de la República no ejercieran ninguna influencia en España, ni durante la Transición ni durante la democracia: la sombra del franquismo es muy alargada. Más aún, si es cierto que tras la muerte de Franco sus herederos se conformaron con aguantar, controlar la situación y que el pueblo español no hiciera justicia, hacia el año 2000, y coincidiendo con la presidencia de J.M. Aznar, se atrevieron a reivindicar la memoria de un régimen glorioso que no había hecho sino salvar a España del caos, pero sin decir ni una palabra de su represión. Ello se observa bien en el libro publicado por Payne y Palacios (2014),[3] autores que, como subraya Moreno Gómez (2015, p. 200), «se limitan a bordear, sin afrontar, el gran programa represivo de Franco, admitiendo sólo algunos de “sus excesos”, pero tapándolos con la magnificación de las “maldades” de los republicanos», repitiendo una y otra vez que en el otro lado se hacía lo mismo, llegando incluso a exculpar al mismo Franco diciendo poco menos que él no sabía nada, que las sentencias de muerte eran emitidas por tribunales militares, cuando es bien conocido que era Franco quien firmaba tales sentencias, añadiendo el tristemente famoso «enterado», pues en este tétrico asunto nunca delegó en ninguna otra persona o institución. De hecho, era el propio Franco el que dirigía el Servicio de Información y Policía Militar (SIPM).[4]

Pero, tal vez, lo peor es que la derecha sigue sin reconocer la represión franquista y sus responsabilidades en el origen de la guerra, intentando todavía hoy día paralizar los homenajes a las víctimas del franquismo. Claro que también la violencia republicana produjo muchas víctimas. Sin embargo, esas ya fueron suficientemente homenajeadas mientras eran humilladas las del otro lado. A quienes, cuando les dices que el franquismo fue un régimen criminal, te responden que en los dos bandos se cometieron barbaridades, habría que decirles que, en todo caso, las barbaridades de los republicanos fueron castigadas y con creces, mientras que los criminales franquistas aún no han cumplido ni un solo día de cárcel.

3. Dispositivos y mecanismos de poder del franquismo

Si el franquismo pudo mantenerse en el poder durante tanto tiempo, no fue solo por la represión que ejerció sino también por los dispositivos de poder que manejó, algunos de ellos bastante sutiles. Quisiera destacar los siguientes:

1) Fabricación de un «consenso nacional»: como dice Noam Chomsky (2000, p. 11), «la propaganda estatal, cuando recibe el apoyo de las clases cultas, y cuando no se permite ninguna desviación respecto de ella, puede surtir un gran efecto». Más aún, añade (p. 24), cuando controlan totalmente los medios de difusión y el sistema de enseñanza, y la intelectualidad es conformista, pueden lograr lo que quieran, sobre todo pueden conseguir el «consenso fabricado». Este consenso se alcanza más fácilmente cuando se impide que en los medios de comunicación aparezcan noticias que no coincidan con tal consenso. Así, las democracias no matan ni encarcelan a los disidentes, pero los silencian. Ya lo decía George Orwell en Rebelión en la granja: «Cualquiera que se oponga a la ortodoxia imperante se ve silenciado con sorprendente eficacia». Pero lo peor es que, dado que no aparecen por ninguna parte opiniones contrarias a tal consenso, quien no esté de acuerdo con él se cree un bicho raro y callará. De esta manera, todos se convencen de que hay realmente un «consenso nacional» con respecto a ciertos asuntos. Eso ocurrió durante el franquismo, utilizándose mecanismos represivos, como fue la depuración de más de 60.000 maestros y maestras, y sutiles, como fue el control absoluto de los medios de comunicación.[5]

2) Exclusión y rechazo social: otro mecanismo, ya menos sutil, fue el rechazo social. Los republicanos no solo perdieron la guerra y a menudo sus posesiones y casi siempre su trabajo, sino que quienes no se exiliaron fueron rechazados socialmente, siendo considerados unos apestados. Y conocido es en psicología social que el rechazo lleva a un deterioro de la autoestima, a tener problemas de identidad e incluso a un empeoramiento de la salud física y psíquica, pudiendo caer en la depresión y llegar, a veces, incluso al suicidio (véase Ovejero, 2020). Por fuerza tuvo que ser esta la situación de cientos de miles de vencidos, sobre todo en el mundo rural. Tal exclusión «llegó hasta la negación de todo tipo de consuelo o apoyo, pues el grupo dominante monopolizó el mundo simbólico y de consuelo espiritual» (Fernández de Mata, 2016, p. 33).

3) Silenciamiento y desorientación: durante la posguerra, la guardia civil se encargaba de que los vencidos no tuvieran información sobre el paradero de sus seres queridos (huidos, exiliados o desaparecidos), lo que conseguían no solo con la ausencia de noticias, sino también con la forma de gestionar la información como método represivo por parte del régimen. El control de la censura en los pueblos estaba en manos de la Guardia Civil (García Sánchez, 2009, p. 610) y en cierto modo podemos decir que volvió a funcionar la Inquisición, de manera que los vencidos eran en su totalidad sospechosos de grandes delitos. Por eso la Guardia Civil y los párrocos ejercían un control absoluto sobre sus vidas, examinando la correspondencia que recibían y manteniéndolos aterrorizados y desorientados, combinación altamente fértil para producir ansiedad, incertidumbre, neurosis y depresión. A ese fin estaban dirigidas también las fosas comunes que, como señala Francisco Ferrándiz (2007, p. 3), fueron una parte sustancial de sofisticadas tecnologías del terror y estuvieron orientadas tanto al silenciamiento y desorientación de los familiares como a la consolidación de un régimen de opresión y miedo. Hasta las fotografías de los asesinados o huidos tuvieron que ser escondidas por miedo a la represión. El hecho de tener, durante la posguerra, fotografías de represaliados que todavía eran buscados suponía un riesgo, ya que podían ser usadas como prueba delictiva. Por eso muchas familias las escondían en baúles, desvanes, hoyos en el corral, etc.

Pero la desorientación se veía agravada por las delaciones.[6] «Cualquiera podía denunciar a un rojo “y debía” hacerlo. […] Sin descanso había que detener a todos los rojos y se necesitaba para ello el “consenso” de los españoles, denunciando a toda persona a quien pudiera imputársele algún delito, advirtiendo que de no hacerlo sería culpable de encubrimiento […] Delatar significaba un acto patriótico y además podía traer algunas ventajas» (González Duro, 2003, pp. 112-114). Es más, añade este autor (p. 115), «el hábito de delatar, estimulado por el Nuevo Régimen, se había instalado en el mismo corazón de la nueva sociedad, contribuyendo a crear un consenso hacia el régimen, tan necesitado de adhesiones inquebrantables, un consenso entretejido por las autoridades locales. Era una sociedad vigilada, silenciada, convertida casi en espía de sí misma, donde la colaboración era imprescindible para garantizar el reemplazo de la política de masas por la sumisión al poder». El franquismo utilizó las denuncias para controlar a los vencidos y comprometer a todos con el nuevo régimen, al exhortar «a los “españoles corrientes” a denunciar a sus compatriotas, denuncias para las que no se requería ninguna prueba y que, al principio, pudieron ser anónimas (al menos por unos dos años, hasta septiembre de 1941). Estas denuncias fueron a partir de entonces las que desencadenaron e impulsaron procesos en masa en el sistema de tribunales militares de alcance estatal. Lo que esto significaba era que el régimen se estaba legitimando a sí mismo a través de la movilización (de hecho, la creación) de una base social de acusadores, decenas de miles por todo el país. Así, se construyó sobre la complicidad ya establecida previamente por los miedos sociales y las pérdidas personales sufridas durante la guerra, uniendo de ese modo a esas personas y su futuro al destino del régimen mismo. Esto acabaría siendo tóxico: no sólo creó víctimas y movilizó a denunciantes en un momento específico de los años cuarenta, sino que mantuvo a los acusadores movilizados durante tres décadas y media a través de un conjunto de prácticas sociales y políticas públicas que eran sistemáticamente discriminatorias para los derrotados y aquellos que “heredaban” la derrota» (Graham, 2013, p. 193).

4) Posición subordinada dentro de ciertos grupos: ante todo somos seres sociales, y es dentro de los grupos donde desarrollamos nuestra autoestima y nuestra identidad. Si no tenemos bien satisfechas nuestras necesidades de pertenencia, de autoestima, de identidad positiva y de reconocimiento, el sufrimiento psicológico se hace insoportable (Ovejero, 2020). En esa situación se encontraron los vencidos en la posguerra, incluso los niños (en el barrio, en la escuela, en la parroquia, etc.). Como escribe Pijuan i Pintó (2012, p. 142), «el niño que era segregado en la escuela ante los compañeros por ser “rojo”, el ciudadano denunciado por sus vecinos que era detenido posteriormente y su esposa sintiendo el menosprecio en el barrio o en el pueblecito donde vivía, y el qué decían, el silencio vivido en relación a algunos temas en el ámbito familiar para incontables ciudadanos, etc. La pertenencia a los grupos (la clase y la escuela, el trabajo, el barrio, etc.) como punto intermedio entre la estructura social y el sujeto, es vital». Ahí es donde residió la principal base del sufrimiento de las víctimas del franquismo: su posición subordinada en el grupo y el consiguiente rechazo social se les hizo insoportable.

5) Conmemoraciones y ritos: una de las primeras cosas que hizo el régimen fue llenar España de monumentos conmemorativos de su victoria y de exaltación de sus víctimas. En todos los pueblos había monumentos, o al menos placas conmemorativas, de los «caídos por Dios y por España», normalmente en las iglesias y atrios; pronto comenzaron las obras del Valle de los Caídos o del Arco del Triunfo de Madrid. Las festividades franquistas (18 de julio, 1 de abril y 1 de octubre) fueron instauradas casi nada más terminar la guerra. Y el callejero de todas las ciudades y pueblos se llenó de nombres del régimen (Francisco Franco, Generalísimo, José Antonio, Calvo Sotelo, Mola…). Como veremos en el próximo capítulo, las conmemoraciones y los monumentos son esenciales para fijar la memoria que se quiere mantener. Si las fiestas franquistas fueron abolidas durante la Transición, los monumentos no. De hecho, se mantienen en muchos pueblos a pesar de que son ilegales tras la aprobación de la Ley de Memoria Histórica de 2007.

6) Propaganda franquista: como suelen hacer los dictadores, también Franco llevó a cabo una propaganda generalizada, a partir de un férreo control de todos los medios de comunicación (radio, prensa, editoriales y, más tarde, la televisión) y de la educación, sobre todo a través de la Iglesia –tal vez el principal pilar del franquismo junto al Ejército–. La asistencia a misa era casi obligatoria, el matrimonio civil estaba prohibido y eran los párrocos quienes emitían certificados de buena conducta, sin los cuales los rojos se convertían prácticamente en ilegales. En cuanto a la propaganda, intentaba ser una copia de la que llevaron a cabo los nazis, y es bien conocido que para Goebbels la clave de esta consistía en una enorme simplificación, una gran manipulación y mucha reiteración. Se le atribuye la famosa frase de que una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad. De esta manera, el franquismo consiguió un alto consenso con respecto a que los rojos fueron los culpables de la guerra, que el golpe de Estado fue necesario para salvar a España, etc. Tales «ideas» se mantienen muy vivas en importantes sectores de la derecha española incluso hoy día, habiendo surgido un fuerte revisionismo posfranquista (Payne, Moa, Vidal…). Y ello ha sido posible porque el franquismo aún pesa mucho, por el tipo de transición que se hizo y por la inacción del PSOE de Felipe González. Tanto el PSOE como el PCE aceptaron el «pacto de silencio» que tanto convenía a los herederos del franquismo. Felipe González lo llevó a cabo durante su larga presidencia; y, como nos recuerda Díaz Cardiel (2005), Alfonso Guerra llegó a decir en los años 80 que la guerra civil, la posguerra y sus protagonistas eran «pura arqueología, restos del pasado» que había que traspasar a toda prisa, y Santiago Carrillo insistió en que había que eliminar las referencias testimoniales al pasado. A mi modo de ver, el auge de Vox tiene mucho que ver con ese pacto de silencio y, en cierta medida, es fruto de las políticas de González. Las bases sobre las que debe sustentarse una auténtica democracia no son el olvido y el silencio, sino la verdad y el conocimiento del pasado, para aprender a repetir lo que hay que repetir y a no repetir jamás lo que no debe repetirse. Es evidente que el olvido y el silencio contribuyeron enormemente a mantener abiertas las heridas y vivos los traumas de los vencidos y de sus herederos.

Como dice Espinosa (2006, p. 144), «el franquismo no sólo se apropió de la historia y de la memoria sino que también corrompió las palabras. Existe una fortísima tendencia interior que nos mueve a hablar de asesinatos cuando nos referimos a las víctimas de derechas y de fusilamientos cuando se trata de las de izquierda». Hay muchos ejemplos de ello (véase Ovejero, 2007). Es más, tiene mucha razón Fernández de Mata (2016, p. 33) cuando escribe que «el profundo y largo bombardeo ideológico del franquismo ha calado en el imaginario popular, hasta el punto de que gentes que hoy votan opciones de izquierda, mantienen, casi inconscientemente, la lectura de la expresión “rojo” como símbolo de malvado, traidor, antipatriota y ateo».

7) Apoyo incondicional de la Iglesia Católica: dado que luego lo veremos mejor, aquí solo diré que tal apoyo fue uno de los recursos más eficaces para el mantenimiento del franquismo y para que durara tanto tiempo. La jerarquía católica hizo todo lo que pudo por apoyar a Franco desde el mismo momento del golpe militar y hasta el día de su muerte, aunque para entonces ya había algunas fisuras dentro de la Iglesia.

En suma, además de sentirse derrotados militar, política y psicológicamente, los vencidos percibían que había un consenso general sobre su culpabilidad, constataban a diario un rechazo social generalizado y una situación humillante dentro de los grupos en los que estaban. Además, el régimen ejercía un control absoluto sobre ellos y, como consecuencia del «pacto del hambre», carecían de trabajo por lo que a menudo ni podían alimentar a sus hijos. Podemos imaginarnos, pues, su situación material y psicológica. Si a ello unimos los efectos de la persistente propaganda franquista, las numerosas conmemoraciones y monumentos a la victoria y la posición casi monolítica del clero contra ellos, podemos suponer cómo era su vida. Si, además, tenían que convivir con fuertes y profundos traumas producidos por la misma derrota, por el final dramático de sus ideales y, gran parte de ellos, incluso por tener a sus padres asesinados y no haber podido hacer un duelo adecuado, es entendible que sus traumas permanecieran y que los transmitieran a sus hijos de una u otra manera.

Tras la victoria bélica, el poder del franquismo era tan absoluto que la situación de los vencidos se hizo absolutamente espantosa, sobre todo en el mundo rural (vigilancia continua de la Guardia Civil, rechazo social por parte de los vecinos –e incluso a menudo, de muchos familiares–, etc.), de forma que, para escapar de tal situación, con frecuencia no les quedó otra opción que emigrar, fuera de España o a la ciudad,[7] donde podían pasar más desapercibidos: en el pueblo eran unos apestados, mientras que en las ciudades eran unos desconocidos.[8] Más aún, como escribe Álvarez Fernández (2007, p. 199), «el franquismo tuvo tal éxito con esta estrategia de terror (y represión) que tuvieron que transcurrir más de sesenta años para que los familiares de las víctimas se atrevieran a pedir explicaciones sobre sus desaparecidos», pero con tan poco éxito que la inmensa mayoría de los desaparecidos siguen en fosas comunes, expandidas por las cunetas y los campos de toda la geografía española. Pero veamos mejor la represión franquista, dado que constituye la principal fuente de los traumas de los vencidos.

4. La represión franquista: motivaciones e instrumentos

Es evidente que en la guerra española, como en todas las guerras, hubo mucha e inaceptable violencia en ambos bandos, pero no fue igual en uno y otro: en primer lugar, fue el golpe de Estado el que desató la violencia en el otro lado; la violencia que se dio en la zona republicana, además de ser reactiva,[9] fue espontáneamente llevada a cabo por grupos no controlados por el gobierno, mientras que la del bando franquista estuvo planificada y organizada de antemano. Ni siquiera los falangistas actuaban por libre ni eran grupos incontrolados. Podríamos poner muchos ejemplos de esa planificación. Así, el propio Francisco Franco, como nos recuerda Espinosa (2003), dijo explícita y rotundamente: «En una guerra civil, es preferible una ocupación sistemática del territorio, acompañada por una limpieza necesaria, a una rápida derrota de los ejércitos enemigos que deje al país infectado de adversarios». Y más claro aún lo dejó en diferentes ocasiones el general Mola, director del golpe. Así, el mismo 19 de julio de 1936, en una alocución ante un grupo de alcaldes, dijo: «Es necesario propagar una atmósfera de terror. Tenemos que crear la impresión de dominación […] Cualquiera que sea abierta o secretamente defensor del Frente Popular debe ser fusilado» (citado por Hugh Thomas, 1977). Y añadía: «Hay que dar la sensación de dominio eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensen como nosotros» (Tomado de Paul Preston, 2011, p. 209). Antes aún, en las directrices secretas que Mola hizo llegar en abril de 1936 al resto de militares implicados en el golpe, decía: «Eliminar a los elementos izquierdistas: comunistas, anarquistas, sindicalistas, masones, etc. […]. La acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo […] aplicando castigos ejemplares […] para estrangular movimientos de rebelión o huelga […]. Ha de advertirse a los tímidos y vacilantes que aquel que no está con nosotros está contra nosotros, y como enemigo será tratado. Para los compañeros que no sean compañeros, el movimiento triunfante será inexorable» (Citado en Preston, 2011). Mola realizó varias alocuciones desde Radio Navarra, anunciando que no habría piedad para los vencidos, que la guerra y la victoria militar solo sería el comienzo, y que luego la venganza sería despiadada. También Queipo de Llano dijo algo similar: «¡Id preparando las sepulturas! Yo os autorizo a matar como a un perro a cualquiera que se atreva a ejercer coacción ante vosotros; que si lo hiciereis así, quedaréis exentos de toda responsabilidad» (Tomado de Preston, 2011, p. 213). Conocida es la expresión de ferocidad que irradiaba esta frase de Queipo: «Yo veo a mi padre en las filas contrarias, y lo fusilo» (Tomado de Gibson, 1986, p. 318). Y dijo también: «Repito que del diccionario quedarán borradas las palabras perdón y amnistía. Se les perseguirá como fieras, hasta hacerlos desaparecer a todos» (Discurso de Gonzalo Queipo de Llano difundido el 29 de agosto de 1936 a través de Radio Sevilla). Y Pelai Pagés (2011, p. 228) nos recuerda que Gonzalo Aguilera, jefe de prensa del ejército franquista, afirmó en una entrevista: «Tenemos que matar, matar y matar […] Son animales, ¿sabe? Nuestro programa para regenerar España consiste en exterminar a un tercio de la población masculina. Con eso se limpiaría el país y nos libraríamos del proletariado».

Como escribe González Duro (2003, p. 9), «es un hecho que la República quiso e intentó negociar un acuerdo de paz que salvara miles y miles de vidas. Pero Franco no lo aceptó en ningún momento: se veía jefe supremo de un Estado totalitario y no estaba dispuesto a perder un ápice de ese poder absoluto. Franco no quería la reconciliación –tampoco la Iglesia la quería– porque el propósito del Caudillo era eliminar la República y exterminar no sólo a sus combatientes, sino también a sus partidarios y simpatizantes». También la mayor parte de la jerarquía católica prefería una guerra de exterminio de los republicanos antes que un acuerdo pactado que pusiera fin al conflicto. Claramente lo dijo el cardenal Isidro Gomá: «Efectivamente, conviene que la guerra acabe. Pero no que se acabe con un compromiso, con un arreglo, ni con una reconciliación. Hay que llevar las hostilidades hasta el extremo de conseguir la victoria a punta de espada. Que se rindan los rojos, puesto que han sido vencidos. No es posible otra pacificación que la de las armas. Para organizar la paz dentro de una constitución cristiana es indispensable extirpar toda la podredumbre de la legislación laica» (Citado por Sueiro y Díaz Nosty, 1986). Ello explica la gran violencia que utilizaron en la represión de zonas como Andalucía, Galicia, Navarra y casi toda Castilla, donde desde el primer momento triunfó el golpe de Estado. Podríamos poner cientos de ejemplos, pero basta con citar dos: uno en la provincia de Palencia, Dueñas que tenía 4.000 habitantes y fueron asesinadas más de cien personas (entre ellas 25 mujeres) y sin la más mínima violencia republicana previa (García Colmenares, 2008); y otro en la provincia de Valladolid, Medina de Rioseco[10] donde

las víctimas fueron todavía más.

Si eso ocurrió en los pueblos y ciudades en las que no había habido ni una sola víctima derechista, podemos imaginar lo que pasó en las poblaciones que fueron ocupadas por las tropas franquistas después de que en ellas los republicanos habían asesinado a numerosas personas del clero o de la derecha. Pongamos algunos ejemplos, extraídos de Hernández (2019): en Huelva se han documentado 101 derechistas asesinados y 6.019 republicanos; en Sevilla, 447 frente a 13.520; en Cádiz, 97 frente a 3.071; en Cáceres, 130 frente a 1.690; en Badajoz, 244 frente a 6.883. No olvidemos que «la represión fue uno de los factores clave para que el franquismo perdurara durante tantos años, pues se eliminó de una u otra manera –acabando con su vida, provocando el exilio tanto exterior como interior– no sólo a la elite, sino también a la base que sustentaba el régimen republicano» (Rodríguez, 2008, p. 130). Tal represión fue programada con la finalidad explícita de eliminar físicamente a sus oponentes y extirpar toda posibilidad de que los valores republicanos pudieran renacer en el futuro. La derecha española tuvo un gran éxito a la hora de conseguir ese objetivo. «La rebelión del general Franco y sus cómplices militares y civiles contra el gobierno republicano legal y legítimamente constituido llevó aparejada una deliberada represión basada en el terror y en la crueldad más expeditiva» (Rodero, Moreno y Castrillo, 2008, p. 7). Empezó el mismo día del golpe de Estado, continuó durante toda la posguerra y no terminó hasta la muerte del dictador. Como nos recuerdan Reig Tapia (2017, p. 71) o Helen Graham (2013, p. 188), cuando el mismo Himmler visitó España en octubre de 1940 quedó asustado del ritmo de ejecuciones de Franco.

Por consiguiente, para erradicar de raíz todo lo que significó la República (libertad, modernización del país, reivindicaciones obreras, etc.) y mantener su poder absoluto, que no abandonaría hasta su muerte, Franco utilizó la represión extrema durante cuarenta años y, antes incluso de terminar la guerra, promulgó un conjunto de leyes especiales y extraordinarias (Ley de Responsabilidades Políticas del 9 de febrero de 1939, Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo el 1 de marzo de 1940 y Ley de Seguridad del Estado de 29 de marzo de 1941) con fines represivos. Además, el funcionariado fue depurado –sobre todo maestros y funcionarios municipales– y castigado con la pérdida del empleo quien no compartiera las ideas del franquismo o en el pasado hubiera sido miembro de un partido o sindicato de izquierdas, obligándose a todos los empleados públicos a aportar pruebas de su firme adhesión al nuevo régimen. Con ello, «la dictadura, al mismo tiempo que represaliaba a sus enemigos, aseguraba el puesto de trabajo a sus seguidores, lo que supuso un factor de cohesión entre los vencedores y estableció la base de un apoyo duradero al régimen» (Rodríguez, 2008, p. 105). El objetivo de tanta represión era claro: ganar la guerra con la finalidad de terminar con todo lo que significó el cambio social que llevó a cabo la República para modernizar el país y para alcanzar una democracia homologable a las europeas. Había dicho Franco que no le importaría matar a media España si ello era necesario para ganar la guerra. Y lo cumplió. Matar y encarcelar: medio millón entre asesinados y exiliados y otro millón de mujeres, hombres y niños que pasaron por las cárceles, los campos de concentración y los centros de «reeducación». Y no olvidemos que ese millón y medio de republicanos y anarquistas eran los más activos en la transformación del país y en su modernización. Con su desaparición o encarcelamiento la capacidad de España para forjar una auténtica democracia quedó muy mermada por décadas. Todavía hoy día podemos constatarlo.

Así pues, una vez finalizada la guerra, la represión franquista contra los españoles vencidos fue sistemática, brutal y muy eficaz, pues tuvo a su disposición muchos y muy diversos instrumentos, entre ellos los siguientes:

1) El hambre: Para reprimir aún más a los vencidos, el hambre fue sistemático y programado tanto en las cárceles y campos de concentración como en pueblos y ciudades. En las cárceles y los campos se hizo «un cuasi experimento de exterminio, mediante hambre y privaciones, llegándose a la gran mortandad de 1941 dentro de las prisiones (curiosamente, también coincidente con la gran mortandad en los campos nazis en el mismo año), una catástrofe de hambre que se dio en todas las prisiones de España, a consecuencia de una dieta hipocalórica suministrada por la Dirección General de Prisiones (caldo de nabos podridos y similares), con lo que Franco llevó a la muerte, aproximadamente, a cerca de un 15 % de la población penal. Se dio el caso de capitales de provincia que sufrieron en la posguerra más muertos dentro de la prisión que en los paredones» (Moreno Gómez, 2015, p. 203). En el campo de concentración de San Marcos de León murieron 800 prisioneros de hambre y frío (Rodero, 2008), mientras que en la prisión de San Simón (Pontevedra), de 2.176 presos que había, perecieron de hambre y privaciones 666, más de un 30 por ciento (Amoedo López y Gil Moure, 2007). Con respecto al hambre de la población tenemos que decir que fue un mecanismo claramente represivo. En efecto, existió un «pacto de hambre» consistente en el acuerdo entre los empleadores de no dar trabajo a los «rojos», para que no pudieran comer ni ellos ni sus familias. El hambre y la pobreza fueron utilizados por el régimen para crear miedo y tener así controlada a la población desafecta. Ya dijo Tomás Moro que «la pobreza del pueblo es la defensa de la monarquía. La indigencia y la miseria privan de todo valor, embrutecen las almas, las acomodan al sufrimiento y a la esclavitud y las oprimen hasta el punto de privarles de toda energía para sacudir el yugo». La represión, el hambre y la pobreza fueron de tal calibre que sesenta años después de terminada la guerra aún se constataba que las víctimas todavía tenían miedo (Vinyes et al., 2002, p. 17).

2) Vigilancia generalizada: La España franquista no dejó de vigilar a los vencidos ni un solo día. «La visita a cualquier archivo municipal que conserve la correspondencia de la época permite comprobar que, en determinados momentos, cerca del 80% del correo que entraba y salía de los ayuntamientos estaba destinado a informar sobre los antecedentes políticos, sociales y religiosos de los vecinos de la localidad» (Hernández, 2019, p. 76). De hecho, al acabar la guerra, añade Hernández, Franco no permitió «que ni un solo soldado, ni un solo hombre o mujer que hubiera residido en la zona republicana quedara sin ser investigado». Y eso creaba en ellos una ansiedad, una angustia y una incertidumbre tales que les producían importantes traumas psicológicos.

3) Represión judicial: A la hora de juzgar la represión franquista y hacer un balance definitivo de la misma, no debe olvidarse la represión judicial, o sea, las jurisdicciones y jueces instructores especiales, así como las leyes penales excepcionales que se les impuso a todos los opositores políticos (Véase Del Águila, 2015, Álvaro Dueñas, 2003, 2006). Como dice Del Águila (2015, p. 213 y 222), «la utilización de esta jurisdicción fue masiva y generalizada durante la Guerra Civil con miles de condenas a muerte y cientos de miles de procesados-condenados […] El “Nuevo Estado”, desde sus inicios, constituye un verdadero estado de excepción permanente, con leyes y disposiciones penales represivas especiales que se fueron sucesivamente promulgando y que se debían a la única voluntad política del dictador». Es más, tan relevantes fueron tales tribunales que, como muestran Jiménez Villarejo y Doñate Martín (2012), en cierta medida permanecen aún hoy día. Han sido cuatro los principales argumentos jurídicos que se han justificado para negar el enjuiciamiento de los crímenes franquistas (Lerena, 2020): la muerte de los culpables, la prescripción de los delitos, el principio de legalidad e irretroactividad penal y sobre todo la Ley de Amnistía de 1977. Pero ninguno de los cuatro es procedente, argumenta Alejandro Lerena, pues «la Constitución española dispone que las leyes deben interpretarse de acuerdo al derecho internacional y estas normas, a las que España ha decidido someterse de forma voluntaria, establecen que las leyes de amnistía como la española de 1977 nunca pueden ser aplicables para impedir el enjuiciamiento de graves violaciones de derechos humanos. Así, para juzgar los crímenes del franquismo no sería necesario derogar o modificar la Ley de Amnistía, ya que, simplemente, no puede aplicarse a este tipo de delitos. Así, diferentes organismos de las Naciones Unidas y numerosas organizaciones internacionales han denunciado reiteradamente que España está incumpliendo sus obligaciones al aplicar dicha ley para impedir la investigación y enjuiciamiento de los crímenes del franquismo». Y con respecto a la prescripción, añade Lerena, «nuestro Código Penal establece que los delitos más graves, como los crímenes contra la humanidad, son imprescriptibles y que sus responsables pueden ser perseguidos sin importar cuánto tiempo haya pasado desde que se cometieron». En suma, concluye este autor, «más de cuatro décadas después de la muerte de Franco ya es hora de que la Justicia y el Gobierno español ajusten su actuación a la Constitución, al derecho español e internacional, cumplan sus obligaciones en materia de derechos humanos y permitan que por fin se haga Justicia». No se hará nunca o, en el caso de que la Ley de Memoria Democrática lo consiga hacer, será ya demasiado tarde.

4) Expropiaciones ilegales: Aunque apenas se habla de las expropiaciones ilegales o robos de las propiedades de los vencidos, fueran ricos o fueran pobres, constituyeron también un elemento importante en la represión. «A los comprometidos con las izquierdas, a los vencidos, había que aniquilarlos. El régimen quería dejar bien patente que el movimiento que había hecho posible el advenimiento de la República no volvería a levantar cabeza. A todos los que habían tenido algo que ver con la democracia se les negaba la posibilidad de rehacer su vida y se les condenó a la marginación» (Vinyes et al., 2002, p. 99). Con esa finalidad –aunque no solo con esa– se llevaron a cabo las expropiaciones, robándoles todo lo que tenían (tierras, animales, aperos y hasta sus casas). Esas expropiaciones ilegales fueron facilitadas por la Ley de Responsabilidades Políticas (BOE, 13 de febrero de 1939). «Fue la última fase del destrozo económico de los vencidos, que ya habían sufrido los Expedientes de Incautación de Bienes durante la guerra y lo que fue mucho peor: el expolio directo de muebles, fincas rústicas y urbanas, negocios, tanto en guerra como en posguerra» (Moreno Gómez, 2015, pp. 206-207). Esa ley extendía la responsabilidad criminal a las personas tanto jurídicas como físicas que desde el 1 de octubre de 1934 y antes del 18 de julio de 1936 hubieran contribuido «a crear o a agravar la subversión de todo orden que se hizo víctima a España y de aquellas otras que, a partir de la segunda de las fechas, se hayan opuesto o se opongan al Movimiento Nacional con actos concretos o con pasividad grave». Con ello, casi todos los españoles podían ser condenados, pues bastaba con haber respetado el orden constitucional vigente o haber permanecido pasivo ante la sublevación militar, de manera que, como ironiza Isaías Lafuente (2002), «cualquier abogado podría haber sentado en el banquillo al propio Franco, pues en aquellas fechas (1934-1936) el futuro Caudillo era un fiel servidor de la República».

A muchos republicanos –generalmente a los que tenían dinero– se les aplicó la Ley de Responsabilidades Políticas, en ocasiones incluso después de muertos. El saqueo que sufrieron puede verse resumido en el testimonio de Antonio Ruiz Villaplana (2012), secretario judicial en Burgos en la época: «Recuerdo el caso de una pobre viuda de Buniel, cuyo marido había sido ejecutado por izquierdista y que hubimos de desahuciar y arrojar de su pobre casucha, mientras sus tres pequeñuelos, agarrados a sus faldas, nos conmovían con sus lloros. La pobre mujer no tenía un céntimo y vio cómo la justicia les dejaba abandonados, arrebatándoles todo lo que poseían, incluso un cerdo que, con sus grandes sacrificios, conservaba para vender y con su importe ir defendiéndose ella y sus chiquillos». Y mientras, Franco se enriquecía a costa de los españoles y, según Ángel Viñas (2015b), comenzó a amasar su fortuna nada más llegar al poder absoluto, de forma que mientras se expoliaba a los vencidos y se pedían sacrificios a sus vasallos por el bien de la patria, él se dedicaba a acumular un capital que Viñas calcula en casi 400 millones de euros, actualizados al día de hoy. Si a muchos, tras robarles todo lo que tenían, además se les negó la posibilidad de trabajar, ¿cómo pudieron vivir y sacar adelante a sus familias, a menudo con cuatro, seis u ocho niños? Aquello sí fue heroísmo.

En definitiva, la dictadura franquista expolió las posesiones de los republicanos hasta límites increíbles y lo hizo ya desde el golpe de Estado. Son muchos los que incluso guardan los recibos, que nunca cobraron, que los franquistas les dieron a sus abuelos a cambio de la entrega de todo su dinero. Y ahora cuando, ya perdido el miedo, los nietos quieren recuperar lo que les robaron a sus antepasados, es la propia Ley de Memoria Histórica de Zapatero la que lo impide. En efecto, esta ley, que reconoce y amplía derechos y que establece medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura, paradójicamente cierra la posibilidad de que los particulares recuperen los bienes expoliados (Álvaro Dueñas, 2003).

5) Depuración de funcionarios, maestros y profesores: fue José María Pemán, ya en 1936, quien dictó una circular, publicada en el BOE en Burgos, en la que exigía la depuración del magisterio en todos sus grados. Y en la Universidad era obligatorio denunciar a los docentes sospechosos de connivencia con la República y con sus valores hasta el punto de que, como dice Ferré Olivé (2009), «las universidades que fueron quedando en zona rebelde se significaron de inmediato con el alzamiento y la depuración de intelectuales». Así, añade Ferré, en la Universidad de Salamanca, con la finalidad de apoyar la imagen internacional de Franco y su rebelión, el Claustro, presidido por Unamuno, publicó el 20 de septiembre de 1936 el Mensaje a las Academias y Universidades del mundo acerca de la guerra civil española en el que justificaba el alzamiento y condenaba las actuaciones de la República, solicitando apoyo al movimiento. Y terrible fue la represión contra maestras y maestros, calculándose que fueron depurados unos 60.000, muchos de ellos/as también encarcelados y fusilados. En la Universidad también hubo mucha depuración y fueron fusilados los rectores de las universidades de Oviedo, Granada y Valencia. Todo ello le vino muy bien a los pocos franquistas que entonces había en la Universidad, pues el proceso de depuración y purga instaurado «permitió liberar cientos de plazas, para lo que se contaba con la colaboración e incluso la complicidad de ambiciosos docentes que veían un mecanismo eficaz para promocionar a Cátedras, sin importar si estaban teñidas de sangre» (Ferré Olivé, 2009, p. 58).

En conclusión, cuando se saca el tema de los crímenes del franquismo, a menudo se dice que es normal que se mate en las guerras, pero quien dice eso olvida que los muertos no lo fueron solo en acciones bélicas. Por ejemplo, la mayoría de aquellos que aún se encuentran en las fosas comunes, fueron asesinados en pueblos donde el golpe de Estado triunfó desde el primer momento y no hubo ni un minuto de guerra. En definitiva, los franquistas mataron a muchas personas después del golpe de Estado –en zonas donde no hubo guerra– y siguieron matando más aún después de terminar la contienda, mayoritariamente a personas que no tenían delitos de sangre. La represión franquista se ejerció con mucha virulencia en cientos de pueblos en los que los republicanos no habían ejercido ninguna violencia.[11] El objetivo de esa violencia ejercida por la Falange y la Guardia Civil y apoyada por el clero de cada pueblo,[12] era claro. «Se trataba de acabar en cada localidad con el número suficiente de personas como para arrancar de cuajo cualquier semilla de cambio y progreso. Esto se consiguió mediante un plan de exterminio planificado que exigía en todo lugar una cuota de sangre y la implantación de un régimen de terror. Para evitar burocracia, la mayor parte de este genocidio se llevó a cabo sin más trámite que los bandos de guerra, que todo permitían, y con la clara intención de dejar las menores huellas posibles» (Espinosa, 2012, p. 630). Ese fue el caso de Dueñas (Palencia): más de cien personas fueron asesinadas, de ellas 25 mujeres, además de muchas docenas de encarcelados. En este pueblo, como escribe García Colmenares (2008, p. 9), «en la misma mañana del día 19 de julio de 1936 las autoridades municipales y sindicales desisten de enfrentarse a la fuerza militar –reforzada con los falangistas locales– y por tanto no hubo, propiamente, guerra civil». Y añade: «Aunque bien podemos decir que la verdadera guerra civil comienza a continuación en forma de una violenta represión que no tiene ni límite ni freno ya que está alentada por las nuevas autoridades y que será sistemática, organizada, bárbara, impropia de seres humanos, lo que nos avergüenzan como ciudadanos y españoles. Una guerra así en la que los vencidos están inermes: más de 130 detenidos, más de 60 asesinados y más de 40 fusilados o muertos en prisión. Pero lo sorprendente es que ellas, las mujeres, están más indefensas aún, y son vejadas, ultrajadas y asesinadas, lo que evidencia lo hondo de la violencia sexual y de género que late en la represión de esta localidad: nada menos que 25 mujeres son asesinadas por lo que representan, por su compromiso político (agrupación socialista), su implicación social y atreverse a ocupar el espacio público». Y no olvidemos que los criminales actuaron con total impunidad e incluso con el apoyo de las autoridades. El único delito de esas 25 mujeres (de todas las edades, algunas solteras, muchas casadas y algunas con muchos hijos –de forma que la represión dejó en el pueblo unos 250 niños y niñas huérfanos– consistió en ser «mujeres con capacidad de pensar y decidir por sí mismas, reivindicativas, progresistas que se alejaban radicalmente de la mujer recluida en el hogar, las hacía representar una figura que subvertía el orden social tradicional y reaccionario de los grandes propietarios y el clero» (García Colmenares, 2008, p. 68). Tal represión quería cortar de raíz todo intento de cambiar la situación de la mujer española. Por eso, a las que no asesinaron las humillaron y maltrataron, exponiéndolas al escarnio público y a la mofa de sus vecinos.

En suma, concluye García Colmenares (2008, p. 138), «es evidente que la principal responsabilidad de los crímenes cometidos en esta y miles de localidades se debió a las fuerzas sublevadas, en primer lugar a la guardia civil local y, por supuesto, a la autoridad militar superior que propició la “limpieza ideológica”; pero no menor intervención tuvieron los falangistas locales que los informantes destacan por su criminal saña. No tenían dificultad alguna en “pasear” a sus vecinos o en llevarles al calabozo y “sacarles” por la noche con la connivencia o dirección de la guardia civil». Y luego estaba el cura de cada pueblo. Como le dijo a Pablo García Colmenares uno de sus informantes (2008, p. 140), «aquí quien tomó las decisiones de matar a la gente fue el cura-párroco». De hecho, en este y en otros pueblos es frecuente que el cura sea acusado o bien por beligerancia directa contra las víctimas o bien por inhibición cómplice. No olvidemos que, dado que el cura era una figura muy respetada por las personas de derechas, tenía capacidad para evitar la matanza. Y en el pueblo de Dueñas no la evitó, siendo masacradas familias enteras: en una familia con cinco hijos asesinaron al padre, a la madre y al único hijo que tenía dieciocho años; en otra a la abuela, a la madre y a tres de sus hijos; asesinaron a una mujer de veinticinco años con un bebé y embarazada de ocho meses. ¡Y aún se decían –y se siguen diciendo– cristianos!

Podemos imaginar cómo quedaron material y psicológicamente esas familias: en una, por ejemplo, la madre asesinada, el padre en la cárcel, la abuela investigada por «roja», y los cinco niños pequeños absolutamente desamparados. Y por si ello fuera poco, hasta los asesinados o fusilados seguían figurando como desafectos al régimen, por lo que todavía se le pedían al Ayuntamiento informes de su actuación política (para instruirles el expediente reglamentario) y de la situación económica de sus familias (para, si tenían bienes, incautarlos o imponerles elevadas multas). Podemos también imaginar los traumas de aquellas pobres gentes. Su situación psicológica fue tal que por fuerza tuvieron que transmitir sus traumas a los descendientes.

5. Cárceles y campos de concentración

Por donde pasaba, tras el golpe militar, el ejército franquista iba llenando las cárceles de presos republicanos y creando cárceles nuevas, pues las existentes no eran suficientes. Y todas ellas con unas nefastas condiciones de vida. «Era muy difícil sobrevivir en aquel infierno. Si no se moría de hambre o de enfermedad, era fácil quedar afectado psíquicamente para toda la vida. En realidad este era el objetivo del franquismo y su régimen penitenciario» (Vinyes et al., 2002, p. 104). Por eso, añaden estos autores (p. 107), «la violencia era uno de los pilares del nuevo régimen, una de sus características fundacionales. […] La crueldad fue similar y las inquietantes coincidencias entre prisiones hacen pensar que había un plan preestablecido de exterminio de los vencidos». Y es que, concluye Vinyes (p. 108), «el régimen pretendía aniquilar a los vencidos. Aplicó una política de exterminio y el sistema penitenciario fue una de sus mejores armas para tal propósito». Ya dijo Gumersindo de Estella que uno era considerado más adicto a Franco cuanto más insensible y cruel pareciera.

Además, al contrario de lo que suele ocurrir, al terminar la guerra española no hubo una liberación general de los prisioneros. Los oficiales, suboficiales y soldados del ejército vencido, por el mero hecho de serlo, fueron considerados criminales y los sometieron a juicios militares. Y como no cabían en las cárceles, llenaron el país de campos de concentración, de forma que aquí fueron más numerosos que en la Alemania nazi. Y, sin embargo, de ellos no se ha hablado casi nada. Estos centros, al igual que los nazis, tenían la función de castigar a los enemigos de la dictadura (poca comida, nada de cuidados médicos, castigos físicos y psicológicos, torturas y muerte). «Los campos de concentración franquistas nacieron como parte de un plan preconcebido por los sublevados destinados a sembrar el terror y a eliminar al adversario político. […] fue una estrategia que había sido fijada antes del 17 de julio de 1936 y que se desencadenó a partir de ese mismo momento» (Hernández, 2019, p.112).[13]

Carlos Hernández (2019) ha mostrado recientemente que tales campos eran mucho más numerosos de lo que se creía. Los historiadores hablaban de más de 50 e incluso algunos de alrededor de 100, y Javier Rodrigo (2005) ya contabilizó 188, estimando que por ellos habían pasado alrededor de medio millón de prisioneros. Pero Hernández demuestra que hubo 296[14] y que por ellos pasaron entre setecientos mil y un millón de republicanos, muriendo más de diez mil y quedando otros muchos miles en tan malas condiciones físicas que murieron poco después o contrajeron enfermedades que les duraron toda su vida. Hernández añade que fueron verdaderos centros de exterminio y «la primera pata de un sistema represivo que convirtió a toda España en una inmensa cárcel repleta de fosas. En ellos, presos políticos y prisioneros de guerra fueron asesinados, murieron de hambre y enfermedades, padecieron todo tipo de torturas y humillaciones, sufrieron un proceso de “reeducación” destinado a lavarles el cerebro y a reprogramarles como fieles súbditos de la “Nueva España” […] En los campos de concentración de Franco no hubo cámaras de gas, pero se practicó el exterminio y se explotó a los cautivos como trabajadores esclavos. En España no hubo un genocidio judío o gitano, pero sí hubo un verdadero holocausto ideológico, una solución final contra quienes pensaban de forma diferente» (2019, p. 68). Hitler asesinó sobre todo a judíos y gitanos; Franco a españoles.[15] Pero, como dice Hernández, no conviene hacer una comparación entre estos campos y los nazis porque, ciertamente, al lado de campos como Auschwitz las víctimas españolas parecen menos víctimas. Pero no por ello campos franquistas dejaron de ser ferozmente crueles.

No es raro que los historiadores no atisbaran siquiera la magnitud de este tipo de represión. En primer lugar, porque los archivos que contenían información sobre este tema fueron destruidos, expurgados o eran de difícil acceso. Después de 1945, los franquistas realizaron un borrado general de la documentación que podía relacionar al régimen franquista con el nazismo. Y en segundo lugar, porque uno de los objetivos del franquismo fue eliminar toda huella de los campos, dado que ello les asociaba con el régimen alemán. Si Hitler abrió el primer campo de concentración en Dachau cuando apenas llevaba mes y medio en el poder, el primer campo franquista abrió sus puertas cuando habían pasado menos de 48 horas desde golpe de Estado (Hernández, 2019, pp. 71-72): el 19 de julio de 1936 los regulares encerraron en la Alcazaba de Zeluán, a 25 kilómetros de Melilla, a los primeros prisioneros, llamándole «campo de concentración». Y dadas las prisas del ejército franquista por encerrar a miles de prisioneros, utilizaron edificios famosos como el viejo Chamartín en Madrid, el Hostal de San Marcos en León o el Palacio Ducal en Lerma. Desde el principio, Franco los llamó «campos de concentración». De hecho, en una orden enviada a sus generales el 20 de julio de 1936 les decía: «Se organizarán campos de concentración con los elementos perturbadores, que se emplearán en trabajos públicos, separados de la población».

Esos campos cumplían dos grandes funciones. La primera fue la de clasificar a los presos, básicamente, en tres grupos (Hernández, 2019, p. 74):

1) Los enemigos considerados irrecuperables, que debían ser fusilados o condenados a largas penas de prisión en unas cárceles en las que tenían altas probabilidades de morir de hambre[16] o de enfermedad.

2) Los contrarios al nuevo régimen, pero que podían ser «reeducados» mediante el sometimiento, la humillación, el miedo y los trabajos forzados.

3) Los considerados «afectos» al movimiento, que eran incorporados a las filas del Ejército franquista o puestos en libertad condicional, vigilados continuamente por las autoridades civiles y militares de sus localidades de origen.

La segunda función era la «reeducación» para lo que «Franco apostó por eliminar a los irrecuperables y tratar de sanar al resto mediante el sometimiento, la humillación, la propaganda y el lavado de cerebro. […] Para lograr ese radical cambio no se escatimaron esfuerzos. Los cautivos eran sometidos a un proceso de deshumanización» (Hernández, 2019, p. 74). En tal tarea los capellanes desempeñaron un papel crucial, ejerciendo una labor de adoctrinamiento, presionando a los reclusos con todos los medios a su disposición, para que se convirtieran y acudieran a las prácticas católicas (confesión, misa, comunión, etc.). Los presos eran obligados a ir a misa y a confesarse y comulgar, aunque la mayoría se mantuvo firme «en sus convicciones como medio de supervivencia psicológica y conservación de la autoidentidad» (González Duro, 2003, p. 144). A lo que más temían los reclusos era a la confesión, pues, según numerosos testimonios, a menudo era utilizada para obtener información que incriminara al confesado o a otros compañeros. «De hecho, el miedo a la delación fue otro de los fantasmas que planeó sobre los campos e influyó muy negativamente en la moral de los cautivos. Desde el inicio, los militares emplearon torturas y amenazas para captar confidentes entre los propios internos» (Hernández, 2019, p. 82).

Hernández afirma que la represión en los campos fue básicamente de estos cuatro tipos (2019, p. 93):

1) Eliminación de los enemigos ideológicos más activos.

2) Castigo, cautiverio y reeducación de aquellos que considerados «recuperables», tras obtener información sobre cada uno de ellos sobre los alcaldes, curas y guardias civiles de sus pueblos, quienes emitían un informe detallado –el hecho de que dijera, por ejemplo, si iba o no a misa podía decidir sobre su vida o muerte–.

3) Crear miedo en toda la población para tenerla controlada.

4) Al igual que harían los nazis, se aprovechó la mano de obra de los presos. Como escribe Moreno Gómez (2015, p. 201), «en Europa occidental, en este tema, Franco fue el más “esclavizador” de la Europa fascista, sólo aventajado por Hitler». En 1943 aún había 18.000 trabajadores presos empleados en obras públicas, empresas privadas o instituciones religiosas. «El Patronato Central de la Merced para la Redención de Penas por el Trabajo es indudable que fue un enorme y rentable instrumento de coordinación y administración laboral penitenciaria. Lo fue especialmente en términos estructurales, pero no fue sólo eso para la vida diaria de presas y presos. Se convirtió también en un instrumento con el que la industria penitenciaria extendió al máximo los dedos del Nuevo Estado para vigilar, moralizar y moldear las afueras del presidio, el entorno de las capturadas, y alcanzó a penetrar en su hogar colocando la mirada de la dictadura en casa a través de la caridad católica. Muchas vidas quedaron dañadas con ello» (Vinyes, 2002, p. 221). Y sus efectos psicológicos se transmitieron a las siguientes generaciones.

Paradójicamente, salir de la cárcel o de los campos para trabajar fortalecía a los prisioneros, sobre todo porque les permitía salir. Como dice Primo Levi, «el campo degrada a sus víctimas y, asimilándolas a él, les priva de todo contenido ético y solidario» (2000, p. 35). Es más, añade, «cuanto más dura es la opresión, más difundida está entre los oprimidos la buena disposición para colaborar con el poder» (2000, p. 38). Por eso el trabajo fuera del campo les rescataba de la indefensión aprendida en que habían caído a causa de la derrota bélica y de las condiciones de vida en que vivían y que a menudo les llevaba a la depresión. En cambio, el trabajo fuera «les hacía sentirse psicológicamente más fuertes y seguros, más satisfechos por poder ayudar a sus familiares y con mayor disponibilidad para la solidaridad» (González Duro, 2003, p.155). De esa manera incluso disminuía su trauma psicológico, lo que les permitió organizarse. En efecto, «organizaron protestas individuales y movilizaciones colectivas con diversos motivos: por las duras condiciones de vida o de trabajo, por solidaridad con algún compañero injustamente sancionado, por alguna acción violenta del Régimen, etc.» (González Duro, 2003, p.156). Sin embargo, añade González Duro (p. 158), «no era una lucha contra el Régimen, sino una lucha de resistencia personal, física y moral que les permitía aguantar íntegros, al menos en sus convicciones, y mantener sus señas de identidad». Para muchos, la cárcel y los campos le dieron sentido a sus vidas, de forma que cuando salieron se encontraron con una situación peor que la que tenían dentro: el rechazo social, la soledad, el aislamiento y la insolidaridad. Y es que dentro de los campos y las cárceles fueron consiguiendo un grado de solidaridad que no tuvieron al salir, dado que, como observa Ana Longoni (2005), en los campos desarrollaron formas de resistencia al poder concentracionario que facilitaron poco a poco los lazos de confianza y de solidaridad entre prisioneros.

La mayoría de los campos se mantuvieron abiertos desde 1936 hasta noviembre de 1939, momento en que, según Hernández, se cerraron casi todos. Pero el último, el de Miranda de Ebro, no se cerró hasta 1947. Para entonces, la represión franquista ya se había trasladado a las cárceles y ya no eran necesarios los campos. Fueron doce años de represión en campos de concentración. Ahora bien, ni siquiera el «pacto de silencio» que se hizo en la Transición justifica el que este tema no haya sido conocido –y ni siquiera investigado– hasta bien entrado el siglo XXI. El Estado español y los partidos políticos, tanto los de izquierda como los de derechas, no tienen ninguna excusa ni justificación para haber mantenido esta situación: al menos, al llegar el PSOE al gobierno deberían haberse solucionado estas cuestiones (investigar los campos de concentración, abrir las fosas comunes y estudiar –para tratar de paliar– los traumas psicológicos que aún hacían sufrir mucho a las víctimas del franquismo), máxime si tenemos en cuenta que gran parte de esas víctimas, y de quienes aún siguen en las fosas, son socialistas. Pero no se hizo nada, lo que resulta incomprensible. La razón de ello tal vez la sepa Felipe González, pero los demás no la conocemos. Seguimos sin entender que esta situación no haya cambiado 80 años después de finalizada la guerra y tras 42 años de democracia. Es imprescindible conocer bien estos temas para hacer justicia a las víctimas y para que las nuevas generaciones se «vacunen» contra las dictaduras y los totalitarismos.

6. Papel de la Iglesia católica

Si en la cuestión de la represión, la dictadura franquista se pareció mucho más a la nazi que a la fascista italiana (detenciones masivas, fusilamientos extrajudiciales, campos de concentración, batallones de trabajadores forzados, etc.), en cuanto al papel de la Iglesia en tal represión se pareció poco a la nazi. De hecho, no es fácil entender el régimen franquista –y su larga duración– sin tener en cuenta el apoyo que en todo momento le prestó la Iglesia ya desde el primer día. Y en 1937 tal apoyo ya era explícito y público. Así, en agosto de ese año la Conferencia Episcopal difundió un documento (Carta colectiva de los obispos españoles con motivo de la guerra en España), suscrito el 1 de julio por todos los obispos españoles –menos los de Vitoria y Tarragona– donde se respaldaba a Franco y se justificaba la necesidad de prolongar la contienda bélica. El papel que la Iglesia desempeñó en el franquismo se observa a todos los niveles, sobre todo en los pueblos y en las cárceles. En los pueblos, los párrocos constituían un elemento clave en cuanto a lo que se permitía y no se permitía hacer a los vencidos, y eran ellos quienes emitían los informes de buena conducta, por lo que estaba en sus manos el que los «rojos» tuvieran un trabajo o no, e incluso su vida y su muerte. Como nos recuerda Hernández (2019, p. 208), «la libertad, el cautiverio o la muerte de los prisioneros estuvo, en gran medida, en manos de los curas de los pueblos que redactaban los avales». Pero la consigna que recibieron de sus superiores era siempre similar a la que dictó el arzobispo de Santiago, Tomás Muñiz Pablos: «Absténganse, pues, los párrocos de dar certificados de buena conducta a afiliados a sociedades marxistas […]. Certificarán en conciencia, sin miramiento alguno, sin atender consideraciones humanas de ninguna clase» (Tomado de Hilari Raguer, 2001).

Pero fue en las cárceles y en los campos de concentración donde mejor se observa el apoyo del clero al franquismo (y a la vez el del franquismo a la Iglesia). Como escribe Moreno Gómez (2015, p. 202), «el círculo carcelario fue el invernadero perfecto para la represión ideológica, en manos de los capellanes sobre todo, para imponer por la fuerza la ideología de los vencedores en la mente de los vencidos, cosa que se extendía también a las familias, cuando se obligaba al matrimonio canónico, para poder visitar al marido preso, o el bautismo obligatorio de los hijos para ingresar en colegios o poder visitar al padre preso, entre otras muchas formas de presionar la mente de los vencidos, buscando el exterminio de sus principios republicanos, laicos o de clase». En tal cometido, Vallejo Nájera, como veremos en el próximo capítulo, tuvo un papel destacado: sus teorías dirigieron el proyecto represivo de «destrucción de las familias republicanas mediante el fusilamiento de los padres, la prisión de las madres, el desamparo de los hijos en orfelinatos y el plan organizado para que la ideología de los padres no se transmitiera a los hijos. Miles de familias fueron dispersadas, asesinados parte de sus miembros, o divididas por el exilio, la huida al monte o las desapariciones» (Moreno Gómez, 2015, pp. 202-203). La función represiva de la Iglesia «se centró en las prisiones, a través de los capellanes, cuya función fue de represión ideológica, es decir, suprimir de las mentes ideas como democracia y comunismo e inculcar las consignas de disciplina, obediencia y resignación para los vencidos» (Rodríguez, 2008, p. 106). Es más, añade Rodríguez: «las actividades de los capellanes ya no son exclusivamente religiosas sino también políticas. Confeccionaban un fichero con datos personales y antecedentes de todos los presos; en las misas debían combinarse no sólo los cantos religiosos, sino también los patrióticos, falangistas, etc. En realidad, los capellanes fueron convertidos por el nuevo Estado en vehículo de propaganda del régimen».

La Iglesia pues, «se hizo cómplice, al dar cobertura con sus silencios, apologías y justificaciones, de los crímenes del franquismo» (Álvarez Fernández, 2007, p. 145). Y concluye este autor (p. 150) que «ya fuesen los capellanes o las monjas, en el franquismo gran parte del trabajo disciplinario fue realizado por la Iglesia católica», no haciendo nada en ningún momento por frenar la represión, sino que, hipócritamente, mientras no dejaban de hablar de perdón, jamás perdonaron a los republicanos vencidos y en todo momento colaboraron con la represión de la Dictadura.

A menudo la propia Iglesia justifica su conducta diciendo que fue la consecuencia de la brutal matanza de sacerdotes por parte de grupos republicanos. No fue así: los obispos se posicionaron a favor de los golpistas antes de que se produjeran tales matanzas. Es más, en gran medida la represión contra el clero por parte de grupos izquierdistas fue la consecuencia del posicionamiento de la iglesia contra todo intento de modernizar el país, lo que tuvo lugar sobre todo en dos momentos históricos: durante la Restauración y durante la II República. En primer lugar, como subraya Helen Graham (2013, p. 75), la clave de la violencia anticlerical que se dio en la zona republicana «se encuentra en el papel de la Iglesia como institución y de ciertas formas de catolicismo autoritario como eje del control social durante la Restauración (1875-1931), lo que implicó que cientos de miles de españoles, principal aunque no exclusivamente, de áreas urbanas, experimentaran el monopolio cultural de la Iglesia y, a través de él, a menudo la misma idea de religión, como algo que les oprimía de forma personal y que escarbaba directamente en su centro emocional, como una forma de violencia diaria, una saturación claustrofóbica del espacio que atravesaban para trabajar y vivir». Y en segundo lugar, ya proclamada la República, la Iglesia se posicionó contra ella, apoyando incondicionalmente el golpe del 18 de julio. Es bien conocido que, nada más proclamarse la República, las derechas orquestaron una fuerte movilización, en la que la Iglesia católica fue una pieza central, contra los cambios sociales y culturales que se estaban produciendo, y sobre todo por el miedo a perder su poder y sus privilegios. Más aún, fueron muchos los católicos corrientes que, antes del golpe militar, ya habían empezado a organizarse en una especie de «cruzada» contra la República para defender sus valores tradicionales, oponiéndose –con las armas si fuera preciso– a cualquier cambio social (Graham, 1913, Cruz, 2006; De la Cueva y López Villaverde, 2005; Ugarte, 1998). No estaban dispuestos a aceptar nada de lo que hoy día nos parecen avances democráticos normales: separación Iglesia/Estado, coeducación, matrimonio y entierro civiles, divorcio, etc. Y después, la represión franquista se cebó no solo con quienes eran activos políticamente (ministros, diputados, alcaldes y concejales de izquierdas, sindicalistas, etc.) o con quienes se habían beneficiado de las reformas económicas de la República (los campesinos sin tierra que habían recibido, en propiedad o en arrendamiento, algunas hectáreas), sino también con todas aquellas personas –sobre todo mujeres–, muchas de ellas católicas, que representaban un cambio social y cultural que no era del agrado de las clases reaccionarias y tradicionalistas. Todo que supusiera un ataque a la manera tradicional de vivir y de pensar fue reprimido (maestros progresistas, mujeres independientes, intelectuales críticos, etc.). Como dice Helen Graham (2013, p. 65), «la violencia rebelde se dirigió hacia los diferentes social, cultural y sexualmente». De ahí que asesinaran en Zamora a Amparo Barayón (católica practicante), la esposa del novelista republicano Ramón J. Sender, o en Candeleda (Ávila) a Pilar Espinosa, porque leía el periódico del Partido Socialista y era conocida por tener ideas, considerando que una mujer no podía pensar por sí misma. Muchos veían todas estas conductas nuevas como un ataque a sus tradiciones y a su modo de vida. Y a menudo, desde los púlpitos, el clero incitaba a sus feligreses contra la República. Incluso algunos obispos fueron más lejos. Como escribe Helen Graham (2013, pp. 102-103), el de Zamora, Manuel Arce Ochotorena, aprobó públicamente la violencia como defensa legítima del «orden social, la patria y la religión», y el de León pidió a sus fieles en septiembre de 1936 que se unieran a la guerra contra «el laicismo soviético judeo-masónico». Y no fueron pocos los sacerdotes que se enrolaron en las tropas franquistas a la vez que otros se implicaban de forma directa en la violencia contra los civiles.

El sacerdote Hilari Raguer lo deja muy claro (2001, p. 275): «La Iglesia católica se sumó de lleno a este clima antipacifista. Cabría esperar de ella que, de acuerdo con su elevada misión, hubiera ejercido en aquel terrible trance un papel pacificador, pero no puede decirse que así fuera. Además de la responsabilidad previa al alzamiento, una vez este se produjo, la gran mayoría, la casi totalidad de la jerarquía española y de los laicos más significados no solo no intentó detener el conflicto, sino que lo azuzó adhiriéndose en bloque a uno de los dos bandos, el que a la postre resultó vencedor, y demonizando a quienes trabajaban por la paz. La Iglesia española no encendió el fuego de la guerra, pero caldeó el ambiente antes de que estallara y le echó mucha leña después». Uno de los ejemplos más claros fue la pastoral que, con el título Las dos ciudades, el 30 de septiembre de 1936 publicó Enrique Plá y Deniel, obispo de Salamanca, en la que consideraba la rebelión militar contra la República como una cruzada religiosa, y después llegó a decir que Franco había ganado la guerra gracias a la ayuda divina y no por la ayuda nazi. Por tanto, resulta evidente que «el régimen de Franco contaba con el aval de la jerarquía eclesiástica para proseguir su guerra depuradora contra los vencidos, para recristianizarlos, aunque fuese después de muertos […] La condena que Pla y Deniel hacía del Frente Popular […] reforzaba el antiliberalismo de los falangistas, el autoritarismo de los militares y el poder de Franco. A cambio de ello la Iglesia iba a recibir mucho: primero ayuda económica, y luego el monopolio de la religión, el control de la educación y de la moralidad pública, etc.» (González Duro, 2003, pp. 45-46).

Una vez acabada la guerra se hizo difícil separar el poder del dictador, el de las élites económicas y el de la Iglesia, y hasta el Vaticano, que había estado distante del franquismo[17] durante la guerra, tras esta, y ya con Pío XII en el papado, apoyó a la dictadura con claridad. De hecho, el mismo día que Franco emitía su último parte de guerra, el 1 de abril de 1939, Eugenio Pacelli, que con el nombre de Pío XII había sido elegido papa justo un mes antes, le envió un telegrama de felicitación por su «victoria católica». Y Franco respondió inmediatamente: «Intensa emoción me ha producido telegrama de vuestra Santidad con motivo victoria total de nuestras armas, que en heroica cruzada han luchado contra enemigos de la Religión y de la Patria y de la civilización cristiana» (Tomado de Raguer, 2001, p. 293). La Iglesia calló –e incluso cooperó– ante las docenas de miles de fusilamientos en los años cuarenta. Y todavía hoy, la Iglesia española sigue sin pedir perdón por el papel que desempeñó durante la guerra y la posguerra. Por el contrario, lo que ha hecho ha sido echar más leña al fuego beatificando a cientos y cientos de sus víctimas, recordando a sus «muertos por Dios y por la Patria» y olvidando completamente a los que no considera suyos (algunos de ellos sacerdotes),[18] muchos de los cuales reposan aún en fosas anónimas y cuyos restos todavía no han podido ser recuperados por sus familias, en ocasiones por la oposición de algunos miembros del clero.

La complicidad de los obispos con los sublevados llegó a traducirse en órdenes para que los sacerdotes encubrieran los asesinatos de republicanos. Así, como expone Carlos Hernández (2019), Anselmo Polanco, obispo de Teruel, envió en agosto de 1937 una serie de normas sobre la forma en que debían inscribirse las defunciones. Si la víctima era del bando franquista, debía aparecer como «asesinado”, mientras que si había caído bajo las balas «nacionales» se registraría como «accidente relacionado con la guerra», «hemorragia interna» o «herida por arma de fuego», solo podía consignarse «fusilado» cuando constara «oficialmente» que el sujeto había sido ejecutado. Igualmente, Santos Moro, obispo de Ávila envió, en noviembre de 1936, una circular a sus sacerdotes en la que decía: «Cuando se trate simplemente del caso (¡tan frecuente como lastimoso!) de aparecer por sorpresa en el campo el cadáver de una persona afecta (al parecer) a la revolución, pero sin que conste oficialmente ni sea notorio que ha sido condenada a muerte por la autoridad legítima, hágase constar simplemente que “apareció su cadáver en el campo […] y recibió sepultura eclesiástica”, pero guárdense mucho los señores párrocos de sugerencia alguna que revele al autor o la causa de su muerte trágica» (en Raguer, 2001).

En síntesis, escribe Raguer (2001, p. 41), «los españoles reaccionarios, los filósofos rancios, se empeñaron en mantener intacto, a lo largo de todo el siglo XIX y en el primer tercio del XX, el sistema de la unión entre la monarquía absoluta y la religión católica. El resultado fue aquel péndulo político que con violentos bandazos oscilaba del clericalismo al anticlericalismo, con las tres guerras civiles del siglo pasado (el XIX), hasta llegar a la más terrible de todas, la de 1936-1939. En las tres primeras la derecha fue vencida, pero la izquierda la trató con gran generosidad, hasta con la convalidación de los grados militares; pero al ganar en 1939 la derecha, la represión fue larga e implacable. Y ello fue así, entre otras cosas, porque la Iglesia española estaba dirigida por hombres integristas, como fue el caso de los obispos Isidro Gomá y Pedro Segura, quienes, nada más proclamarse la República, publicaron sendas cartas pidiendo que se desobedeciera la carta del nuncio papal y se opusieran a la República». Al mismo tiempo, añade Raguer (p. 49), «con una imprudencia provocativa en aquellos días de entusiasmo popular por la República, [Segura] hacía el elogio de la monarquía, del bien que esta institución había procurado a la Iglesia y de la persona de Alfonso XIII (que lo había sacado de una parroquia de las Hurdes y lo había encumbrado hasta la más alta dignidad eclesiástica de España)». Más aún, concluye Raguer (p. 84), «es preciso dejar claro que no fueron los sublevados quienes solicitaron la adhesión de la Iglesia, sino que fue esta la que muy pronto se les entregó en cuerpo y alma», entrega que sin duda se vio favorecida por la salvaje matanza de religiosos durante los primeros meses de la guerra en toda la zona republicana, pero que era anterior a tal matanza.

En conclusión, la Iglesia impidió durante muchas décadas la modernización de España, entre otras cosas para proteger sus privilegios. Luego colaboró en la destrucción de la República y tuvo una gran responsabilidad en la crispación creciente que desembocaría en el conflicto bélico, después apoyó el golpe militar y finalmente colaboró con el franquismo durante toda la dictadura. Reig Tapia (2017, p. 109), tras criticar la matanza del clero, añade que «el papel que desempeñó ésta [la Iglesia] fue clave para entender la persecución que hubo de sufrir durante la Guerra Civil». De hecho, «en el ambiente tenso de la primavera del 36, la casi totalidad de los obispos deseaban una intervención del Ejército que pusiera fin a aquel estado de cosas. Hubo algún eclesiástico próximo a militares que alentaba a los golpistas que pensaban sublevarse, y hasta hubo alguno que recogía fondos para los gastos de la preparación» (Raguer, 2001, p. 84). Más aún, después de la derrota electoral del principal partido católico, la CEDA, en febrero de 1936, su líder, Gil Robles, «desde el Ministerio de la Guerra tanteó repetidamente a Franco y a otros generales a los que él había colocado en cargos importantes para que dieran el golpe y le evitaran tener que entregar el poder al Frente Popular» (Raguer, 2001, p. 86). Por eso no es raro que, al acabar la guerra, el cardenal Gomá escribiera: «La Iglesia ha aportado todo el peso de su prestigio, puesto al servicio de la verdad y de la justicia, para el triunfo de la causa nacional» (1940, p. 291). De ahí que Raguer afirme que la Iglesia constituyó un pilar esencial del golpismo contra la República. El apoyo de la Iglesia a Franco llegó a tal punto que los obispos justificaron públicamente sus crímenes (en Badajoz, en Málaga, en Galicia, en Castilla…) al escribir textualmente en una famosa pastoral, firmada por casi todos ellos: «Toda guerra tiene sus excesos; los habrá tenido, sin duda, el movimiento nacional; nadie se defiende con total serenidad de las locas arremetidas de un enemigo sin entrañas». Pero nunca ha reconocido su responsabilidad en los crímenes franquistas. De ahí que, a juicio de Espinosa (2006, p. 242), «la Iglesia española constituye uno de los legados más firmes y pesados del franquismo». Y sigue hoy día en la misma posición en que ha estado siempre, negándose «en repetidas ocasiones a apoyar los esfuerzos que las víctimas republicanas han hecho para obtener reconocimiento público, verdad, justicia o incluso la exhumación de los restos de sus familiares, y a veces se ha opuesto directamente a ellos. Al contrario que la Iglesia católica argentina, que en 2000 pidió perdón por su complicidad con la dictadura civil-militar, la española nunca se ha disculpado de forma oficial por su ferviente colaboración con Franco durante la guerra y la dictadura»[19] (Aguilar y Payne, 2018, pp. 98-99).

La pregunta que deberíamos hacernos –sin que ello suponga la más mínima justificación de los asesinatos de muchas personas por el mero hecho de ser sacerdotes o religiosos– es esta: ¿Qué había pasado en España, en las décadas anteriores, en las relaciones entre el clero y el pueblo para que este, al verse libre de ataduras legales por el vacío de poder que existía, lo primero que hiciera, sin que nadie se lo ordenara, fuera asesinar a casi 7.000 religiosos y a 283 religiosas? Estos mismos datos (25 veces más de religiosos que de religiosas) ayudan a entender –que no a justificar– lo que pasó: los revolucionarios consideraban al clero masculino responsable de la situación de hambre y de injusticia que había en España, mientras que a las monjas las veían como víctimas del propio clero masculino.

No es raro, pues, que la acción de los obispos, sobre todo durante la guerra y la posguerra, contribuyera al incremento de los traumas de los vencidos –sobre todo de los numerosos republicanos creyentes– dado que se les hundieron las creencias en las que habían basado su vida y su identidad hasta ese momento.

7. Las víctimas

Las víctimas del franquismo fueron todos los vencidos, sin excepción, incluyendo a hombres, mujeres y niños. Todos sufrieron lo indecible, física y psicológicamente, tanto durante la guerra como durante la larguísima posguerra, lo que por fuerza les produjo serios traumas psicológicos que no tuvieron los vencedores. En efecto, «tras el fin de la guerra, lo terrible de la situación de posguerra fue que mientras los vencedores pudieron dedicarse plenamente a superar sus pérdidas, los derrotados física y/o moralmente y sus familias se vieron condenados al peor de los castigos: ser cautivos en su propia tierra, en su propio pueblo, en su propia casa, desposeídos de sus derechos y estigmatizados de por vida –el franquismo no incluyó en sus planes ni el perdón ni la reconciliación–. La implicación activa de gran parte de la sociedad civil (la que se sentía vencedora) en el perverso plan de amedrentamiento, terror y marginación social de la dictadura franquista, colocó a los vencidos en una situación de permanente sometimiento moral, chantaje emocional, desprecio y humillación. Resulta difícil entender cómo aquella media España condenada al silencio y al sometimiento de sus iguales pudo sobrellevar, durante tanto tiempo, un destrozo emocional tan profundo» (Rodríguez, 2008, p. 131). Tanto sufrimiento dejó en ellos unos traumas que a menudo no pudieron superar y se los transmitieron a sus descendientes. Todos los vencidos fueron víctimas, pero con características especiales entre estos diferentes grupos:

Hombres: es evidente que la inquina franquista se dirigió en primer lugar contra los hombres republicanos, asesinándolos ilegalmente, fusilándolos o encerrándolos en cárceles y campos de concentración. Como dijo Felipe Acedo Colunga, fiscal militar, el asesinato casi indiscriminado de republicanos era una «desinfección preventiva». Pero tal vez los asesinados tuvieron suerte porque lo que les esperaba a los encarcelados fue terrible: hacinamiento, malos tratos, poca comida, enfermedades de todo tipo, trabajo esclavo, etc. Solo el hacinamiento tuvo una consecuencia positiva para los presos, la de obligar a las autoridades franquistas a decretar varios indultos, pues los presos no cabían en las prisiones y la situación era realmente insostenible. Pero los indultados pasaban a estar en libertad vigilada y sometidos a un rígido control: solo podían trabajar en actividades manuales, normalmente se les obligaba a residir lejos de su hogar y tenían que presentarse periódicamente en el cuartel de la Guardia Civil o la Policía. Pero era peor estar en la cárcel. «Lo que es destacable tanto durante la guerra como después es el deseo mostrado por los que hacían funcionar el sistema franquista de romper y rehacer psicológicamente a los prisioneros republicanos. […] Imponer sufrimiento en las cárceles era, indudablemente, parte del proceso y estaba vinculado de forma esencial a las ideas de penitencia y expiación. Lo dirigían en primer lugar psiquiatras muy católicos del ejército, quienes, a pesar de su catolicismo, llevaron a cabo exámenes psicológicos casi socialdarwinistas en los prisioneros republicanos, especialmente en las mujeres; y, en segundo lugar, religiosos que eran el componente fundamental del personal de prisiones y reformatorios por toda la España de posguerra» (Graham, 2013, p. 202). Y añade esta autora (p. 204): «También la comida era utilizada como un arma para imponer obediencia. Aceptar la confesión y la instrucción religiosa regular conllevaba “privilegios” en la alimentación en un sistema donde el “rancho” estaba bastante por debajo de la subsistencia y no todos podían recibir paquetes de sus familias, en muchos casos en apuros económicos, que eran el único medio de evitar la malnutrición […] En resumen, era una forma de matar a las personas sin ejecutarlas, aunque las presiones psicológicas también llevaron a suicidios dentro de las cárceles».

Mujeres: todo lo anterior debe aplicarse también a las mujeres presas. Pero ellas sufrieron más aún que los hombres, porque el odio de las derechas franquistas y del clero hacia las mujeres era todavía mayor que hacia los hombres y porque, por el hecho de ser mujeres, tuvieron que soportar cargas mayores que las de ellos. En efecto, las republicanas –sobre todo las que tenían a su marido y/o padre encarcelado, exiliado o asesinado– fueron las personas que más sufrieron. Además, «el régimen franquista nunca definió a las presas como agentes políticos, pues la estrategia del Nuevo Estado era considerarlas delincuentes comunes, semejantes a las presas con las que tuvieron que compartir prisión durante la posguerra. De esta manera, si a los hombres se les intentaba deshumanizar definiéndolos como salvajes hordas marxistas, las mujeres serían apartadas de este mundo por ser degeneradas morales» (Moreno, 2019, p. 193). Más aún, «las mujeres presas se encontraron mucho más alejadas que los presos masculinos de las débiles redes de solidaridad establecidas en el exterior. Desde luego había muchos más hombres encarcelados con sus compañeras libres que al contrario, y que se ocupaban en lo posible de sus necesidades. Y por si ello fuera poco, las organizaciones políticas republicanas crearon servicios de asistencia a los presos, como el sistema de madrinas de cárcel, mujeres que intentaban velar por las necesidades de uno o dos reclusos en cada presidio, mantener correspondencia con ellos y velar por sus necesidades materiales. Sin embargo, ese sistema jamás fue instaurado para las presas políticas […] En modo alguno se creó un sistema de solidaridad estable para ellas en el exterior, por lo que su vida dependía de ellas mismas, tan solo de ellas, mucho más que de la familia que habían dejado fuera, en condiciones de precariedad» (Vinyes (2002, p. 190). Encarceladas y embarazadas –a menudo por violaciones de los policías que las interrogaron y torturaron–, les quitaban los hijos en cuanto daban a luz y a menudo las fusilaban a las pocas horas de nacer el bebé. Ellas sabían que iba a ocurrir eso. ¿Cómo sería entonces su relación con su bebé aún no nacido? ¿Qué terribles emociones tendrían al ver por unas horas al bebé? ¿Qué sentirían al saber que no lo volverían a ver más y ante la duda atroz de no saber qué iba a ser de él? ¿En qué medida todo ello pudo influir en el desarrollo psicológico y de personalidad de esos bebés? ¿Cuál sería el trauma de aquellos niños y niñas que habían sido adoptados por familias franquistas y que ya de mayores se enteraron de quiénes habían sido sus verdaderos padres y de lo que les habían hecho?

Por otra parte, era frecuente que las mujeres republicanas, sobre todo aquellas a las que les habían asesinado a su marido, fueran paseadas por el pueblo con la cabeza rapada –tras hacerlas beber aceite de ricino para que se ensuciaran– con el fin de humillarlas. La gente salía a contemplarlo y a mofarse de ellas. A veces, solas, sin trabajo y a menudo con muchos hijos, no tuvieron más remedio que prostituirse para salir adelante, incluso teniéndose que acostar en algunas ocasiones con el asesino de su marido. Como señala Preston (2004, p. 15), «con frecuencia, las viudas y las mujeres de los prisioneros fueron violadas. Muchas de ellas fueron obligadas a vivir en condiciones infrahumanas y a menudo, presas de la desesperación económica, no tuvieron otro remedio que vender su cuerpo en las calles. El incremento de la prostitución benefició doblemente a los varones franquistas, pues estos satisficieron su lujuria y al mismo tiempo pudieron confirmar que las mujeres rojas eran fuente de suciedad y corrupción. El sufrimiento consiguiente de este tipo de represión sobrevivió a través de las generaciones desde las víctimas hasta sus familias y sus descendientes». Y por si todo eso fuera poco, el ejército franquista utilizó la violación como un arma de guerra, permitiendo a regulares y legionarios primero, y a la Policía y Guardia Civil después, que abusaran cuanto quisieran de las mujeres de los vencidos. «Las violaciones y abusos sexuales de las mujeres detenidas fueron perpetradas sistemáticamente con impunidad por los funcionarios de la dictadura, en comisarías de policía y en centros de interrogación antes de su encarcelamiento» (Graham, 2013, p. 205). A las mujeres republicanas les tocó sufrir en todo momento, en todo lugar y en todas las circunstancias. Incluso en las cárceles se les daba un trato aún peor que a los hombres. A menudo la mujer republicana se encontró sola, con el marido asesinado, fusilado o encarcelado, agredida por todos y con numerosos niños que sacar adelante. Y lo consiguieron, lo que en esas condiciones fue un acto de auténtica heroicidad. ¿De dónde sacaron tanta fuerza? Es más, cuando el marido estaba en la cárcel, con frecuencia, iban a vivir cerca de donde se encontraba él. De hecho, alrededor de la cárcel franquista «se movía una buena parte de la sociedad, mayor de lo que se creía, constituida por los familiares de los presos, especialmente las mujeres: madres, esposas e hijas. Eran las mujeres de los rojos y fueron etiquetadas como “mujeres rojas”, y como tales, vejadas, humilladas, maltratadas, frecuentemente detenidas, apaleadas y hasta encarceladas, incluso sin haber sido expedientadas por ningún juzgado militar» (González Duro, 2003, p.159).

En suma, «Franco acabó imponiendo una doble represión contra aquellas mujeres que osaron poner en cuestión el orden establecido. Era el escarmiento adoctrinador para quienes transgredieron los límites. Por un lado, el diseño de un castigo que se impuso a base de muerte, cárcel, torturas, violaciones, rapados y aceite de ricino. Por el otro, el destierro interior, que condenó a las “rojas”, a las derrotadas, como excluidas y ciudadanas de segunda o tercera fila. Todas pasaron de la esperanza feminista al “sumisa y devota” del patriarcado nacional-católico» (Baquero, 2019, p. 125). El franquismo consiguió su objetivo: durante cuarenta años, y en contraste con las ilusiones que suscitó la República, la mujer estuvo subordinada al varón (a su padre primero, a su esposo después y al cura siempre), estuvo alejada de la vida pública y ocupada exclusivamente en las tareas del hogar, el cuidado de los hijos y la satisfacción del marido. Y la que pretendió salirse de ese molde fue severamente castigada.

Niños: «las penalidades de los niños de la posguerra, entre las cárceles, la orfandad, las desapariciones y el hambre fue algo inenarrable» (Moreno Gómez, 2015, p. 203) (véase un testimonio en primera persona en Caballero Castillo, 2011). El robo, el secuestro y el encarcelamiento de los niños de los vencidos fue, siguiendo las ideas de Vallejo Nágera, todo un «proyecto de reeducación masivo dirigido contra los más débiles, los hijos de familias sin posibilidad de defensa, amenazadas por la situación y con una capacidad de reacción casi nula» (Vinyes, 2002, p. 82). En efecto, Vallejo Nágera (1941), como veremos mejor en el próximo capítulo, recomendó que estos niños ingresaran en la red asistencial falangista o católica,[20] que garantizaba «una exaltación de las cualidades biopsíquicas nacionales y la eliminación de los factores ambientales que en el curso de las generaciones conducen a la degeneración del biotipo». Además, con frecuencia los niños eran enviados lejos de su localidad de origen y los hermanos eran separados, con lo que se sentían más solos y perdidos. Por si ello fuera poco, a veces los documentos relativos al nacimiento fueron alterados para impedir que los padres biológicos pudieran seguir el rastro de sus hijos o para facilitar las adopciones, labor que a menudo se realizaba con la connivencia del clero. Así, la Casa Cuna Provincial de Sevilla todavía conserva una carta del capellán de la institución, Juan A. Gardío, en la que daba instrucciones a los nuevos padres sobre cómo debían proceder para alterar datos sin dejar rastro con el fin de que la madre verdadera no pudiera hacer ninguna reclamación (Vinyes, 2002, p. 84). Y por si ello fuera poco, las familias que adoptaban niños republicanos podían cambiar de niño y elegir otro que les gustara más, lo que, sin ninguna duda, suponía un tremendo trauma para esos niños. Aunque, según los franquistas, para los padres tenía que haber castigo y para los niños «rehabilitación», sin embargo los niños republicanos sufrieron lo suyo, pues para el personal del estado –sobre todo el religioso– «los niños tenían que “expiar” de forma activa “el pecado de sus padres”. Pero, al mismo tiempo, a los niños se les decía también repetidas veces que eran irrecuperables. Como tales, eran con frecuencia segregados de otras clases de internos en las instituciones estatales y eran maltratados tanto física como mentalmente de otras formas» (Graham, 2013, pp. 206-207).

Por fuerza todo ello tuvo que influir mucho –y muy negativamente– en el desarrollo psicológico y psicosocial de esos niños, y en el sufrimiento y traumas de los padres (sobre todo de las madres). No olvidemos que el drama de las mujeres rojas estuvo muy ligado al drama del secuestro de sus niños, como se ve en el caso de Soledad Real, a la que «le quitaron a su niña y se la llevaron a un colegio de monjas. Entonces esta mujer escribe continuamente a la niña desde la cárcel, hablándole de su papá. Que su papá es bueno, que recuerde a su papá, sobre todo que no olvide nunca a su papá. Y llega un momento en que la niña le escribe: “Mamá, voy a desengañarte, no me hables más de papá, ya sé que mi padre era un criminal. Voy a tomar los hábitos. He renunciado a padre y madre, no me escribas más, ya no quiero saber nada de mi padre”» (González Duro, 2003, p. 182). ¡Qué trauma tan grande el de esa pobre madre republicana!

Pero el franquismo no se conformó con robar a los niños de las madres encarceladas, sino que llevó a cabo una intensa campaña de repatriación de los niños republicanos que habían salido de España buscando refugio fuera. Es más, a muchos de ellos los trajeron tras secuestrarlos. En efecto, se encomendó a la Falange la misión de capturar, por cualquier medio, incluido el secuestro, a los niños de republicanos que estaban fuera del país, casi siempre viviendo en familias de adopción. El objetivo era traerlos a España como fuera, sin ningún permiso de sus padres biológicos ni de sus padres de adopción (Vinyes et al., 2002, p. 73). De hecho, el que los padres de tales niños no autorizaran el retorno de sus hijos llevó al Servicio Exterior a organizar operaciones clandestinas de secuestro en Francia, Bélgica, México y Guatemala (Vinyes et al., 2002). Poco les importó a los franquistas saber que buena parte de esos menores repatriados se iban a encontrar aquí sin familia, por haberla perdido o por creer los padres que sus hijos seguían estando en el país de acogida. El resultado, según Vinyes, fue que más de 40.000 de esos niños fueron traídos a España a sufrir penalidades sin fin. Esos son, como dicen Vinyes et al. (2002), «los niños perdidos del franquismo. Perdidos porque muchos murieron en trenes de mercancías que los trasladaban desde campos de concentración a cárceles. Perdidos porque muchos murieron de frío, hambre y enfermedades. Perdidos porque la educación que recibieron estaba destinada a privarles del futuro que sus padres querían para ellos. Perdidos porque muchos aborrecieron la ideología de sus padres, aquellas ideas que los habían convertido en perdedores y a ellos en unos estigmatizados. Perdidos porque muchos desaparecieron, porque fueron entregados en adopciones irregulares, porque jamás volvieron a ver a sus familias». Y lo que es peor aún –lo que pone en duda el carácter democrático de nuestro país– es que el caso de estos niños robados por el franquismo ha sido destapado e investigado, no por el Estado, como era su obligación, sino por ciudadanos particulares, sin ningún tipo de ayuda pública. Ni siquiera ahora el Estado ni el poder judicial hacen nada por aclarar el tema.

Aquellos niños robados, secuestrados, encarcelados y re-educados, que tuvieron que soportar traumas psicológicos durante toda su vida, son los padres o abuelos de los que a partir del año 2000, hartos de tanta humillación y desprecio, quisieron saber más y exigieron que se recuperara la memoria histórica de sus padres y de sus abuelos. Y lo hacían porque también ellos arrastraban algunos traumas heredados de sus padres y sabían que la recuperación de la memoria histórica, la verdad sobre lo que realmente les hicieron a sus antepasados y el homenaje que merecían, era lo único que podía cerrar definitivamente sus heridas y paliar sus traumas psicológicos.

Los «desaparecidos»: ante la palabra «desaparecidos» casi todos pensamos en el caso argentino. Sin embargo, en España hubo –y sigue habiendo– más desaparecidos que en Argentina. Aunque no se sabe el número exacto, se calcula que fueron unos 130.000, de los que aún quedan en fosas comunes 120.000. Se trata, a mi juicio sin ninguna duda, de las víctimas por las que más dolor y trauma psicológico tuvieron los familiares porque nunca pudieron tener un duelo mínimamente reparador. «La desaparición física de las personas supuso en la mayoría de los casos su desaparición legal. Esas personas, inscritas en los registros de nacimientos, pero no en los de defunciones, no han muerto legalmente» (Espinosa, 2006, p. 24). Y si no han muerto es muy difícil que sus familias puedan hacer el duelo. Además, el asesinato sistemático y la desaparición de docenas de miles de hombres y mujeres republicanos –muchos de ellos sacados de las cárceles de forma nada secreta– desde el mismo momento del golpe de Estado fue algo no solo permitido sino incluso organizado y fomentado desde el nivel más alto del poder franquista. Por eso permanecieron desaparecidos durante todo el franquismo y las familias no pudieron, salvo muy pocas, recuperar sus restos. Pero lo más doloroso para ellos es que sigan hoy día sin poder recuperarlos, tras 42 años de democracia (de ellos más de la mitad con gobiernos socialistas) y 45 años después de morir el dictador. Es más, existen intelectuales –supuestamente de izquierdas– que niegan la existencia de esos desaparecidos. Por ejemplo, Santos Juliá escribió (2010, p. 13): «¿Desde cuándo es un desaparecido alguien ejecutado por un pelotón de fusilamiento? […]: fueron ejecutados, no desaparecidos». Por decirlo con palabras de Espinosa (2012), Juliá considera un dislate judicial o incluso una impostura política decir que Lorca es un desaparecido. Y añadía Juliá que calificar de «víctimas desaparecidas» a las más de cien mil a las que aludió Garzón en su Auto es simplemente «una muestra de ignorancia», ya que, según él, fueron «muertas en su mayoría por cumplimiento de inicuas sentencias de consejos de guerra sumarísimos», lo que es absolutamente falso. ¿Quién es, pues, el ignorante? Tengamos en cuenta que, como bien dice Espinosa (2012, pp. 628-629), «a medida que la investigación ha ido demostrando la importancia del fenómeno represivo han arreciado las críticas a la transición y mientras más se sabe de las matanzas fascistas, más escandalosos resultan el pacto de silencio y la amnistía del 77, verdadera ley de punto final». Estoy de acuerdo con Capellà y Roig (2012, p. 39), en que «la impunidad y la falta de investigación oficial que han caracterizado el problema de los desaparecidos españoles durante la guerra civil y de las fosas comunes en España –en comparación con desapariciones perpetradas en la misma época en otros países– hacen pensar que, o estos desaparecidos no son como los otros o que, si lo son, todavía interesa que no aparezcan dadas las responsabilidades que se derivan de la calificación de desapariciones “forzadas”, no tanto para los criminales que cometieron estos delitos sino para el propio Estado que no las investigó en su día ni las investiga ahora».

Por último, no quisiera terminar el apartado de las víctimas sin decir algo sobre el caso particular de los anarquistas, que fueron víctimas del franquismo tanto o más que socialistas o comunistas, pero que luego fueron y siguen siendo víctimas también de los otros grupos de la izquierda. Así, con demasiada frecuencia se ha exagerado su protagonismo en la represión habida en la zona republicana. Como explica Isaac Martín Nieto (2014), autores como Paul Preston (2011), Reig Tapia (1990), López Villaverde (2008) o Jordi Albertí (2008) abundan en esa idea, basándose en un simple estereotipo y a menudo sin aportar datos. Un ejemplo es Alberto Reig Tapia, quien dice que la implacable persecución sufrida por el clero «parece ser que fue fundamentalmente protagonizada por los anarquistas» (1990, pp. 116-117). Otro ejemplo es Jordi Albertí (2008), que llega a límites inauditos al afirmar que los anarcosindicalistas fueron los responsables principales del anticlericalismo habido en la zona republicana porque sus acciones «contaron con una dimensión estratégica e ideológica superior a las emprendidas por los demás grupos» (p. 221), por lo que, aunque no todas las acciones violentas contra la Iglesia fueran ejecutadas por el anarquismo, concluye que la CNT «puede y debe ser considerada el centro neurálgico de las acciones y de las estrategias que dieron lugar a la persecución religiosa en la retaguardia republicana». O sea que, según él, la CNT y la FAI fueron responsables de todas las acciones violentas anticlericales, incluidas las que ellos no realizaron. Sin embargo, tanto Isaac Martín Nieto (2014) para el caso de Guadalajara, como Jesús Salgado (2014) para el caso de Madrid, muestran claramente lo desacertado y tendencioso que es echarle solo a los anarquistas la culpa de los asesinatos producidos en la zona republicana: ni ellos mataron tanto como se dice, ni los demás grupos (socialistas, comunistas y republicanos) mataron tan poco. Lo que hacen a menudo algunos historiadores es endosarles a los anarquistas los muertos de los otros grupos. Martín Nieto lo deja muy claro: «Entre ese enjambre de organismos revolucionarios estaban los protagonistas de la violencia política. Comités locales y columnas milicianas eran los principales. Entre sus miembros había anarquistas, claro está. Pero también socialistas, comunistas y republicanos. Y todos utilizaron la violencia como un instrumento para lograr sus objetivos políticos. Al menos hasta que el Gobierno republicano consiguió restablecer su autoridad en los primeros meses de 1937» (2014, p. 166). Y más claro aún lo deja este autor un poco más adelante (pp. 170-171): «Los civiles armados que servían a las órdenes de esos comités estaban encargados de detener y fusilar a los sospechosos de connivencia directa o indirecta con los rebeldes. Comités de ese tipo, que detuvieron y juzgaron, hubo en cuarenta municipios de la provincia. Y la UGT era sin duda la organización que mayor presencia ostentaba en esos comités, seguida a mucha distancia por el PCE y la CNT. Militantes anarcosindicalistas entre los represores solamente hubo en cinco municipios». Pero se sigue cargando sobre los anarquistas muchas muertes que ellos no realizaron. Es cierto que en zonas como Cataluña, donde el poder de la CNT era casi hegemónico, fueron ellos los que más asesinaron, pero también lo es que en otras zonas, en las que la CNT tenía poco poder y sí lo tenían los socialistas, la UGT o los comunistas, se asesinó casi igual que en las «zonas anarquistas» (Martín Nieto, 2014).

Por su parte, Jesús Salgado muestra, con muchos datos y gran claridad expositiva, cómo autores como Martínez Reverte o Paul Preston llevaron a cabo contra los anarquistas una labor impropia de historiadores serios, ocultando pruebas y tergiversando hechos. Con respecto a Preston, escribe Salgado (2014, p. 24): «Al parecer, obsesionado por la violencia anarquista, no ha dudado en cambiar los hechos, tergiversarlos, hacer atribuciones de autoría falsas, ocultar hechos que probarían lo contrario de sus tesis, camuflar evidencia, y todo ello para que resulten los anarquistas culpables principales de la violencia y los asesinatos en la zona republicana y, en menor grado, los comunistas, salvaguardando en la medida de lo posible a socialistas y republicanos».

Hablando de este tema no podemos olvidar a Melchor Rodríguez García, sindicalista y anarquista sevillano, a quien el ministro de Justicia, Juan García Oliver, había nombrado delegado de prisiones. Rodríguez no solo no tenía ningún delito de sangre, es que desde su puesto consiguió parar las sacas y los paseos, salvando la vida a miles de presos de derechas. Por algo es conocido como el «Ángel Rojo», nombre que le dio quien fuera ministro de Franco, el general Martín Artajo. Sin embargo, al acabar la guerra, y a pesar de que intercedieron por él numeroso personajes importantes a los que había salvado la vida, como el general Muñoz Grandes, fue condenado a veinte años y un día de cárcel.

8. Conclusión

Si algo caracterizaba a Franco, además de sus ansias de poder, fue su astucia para ir adaptando su régimen a las circunstancias históricas por las que fue pasando Occidente. Pero lo que no cambió nunca fue la dura represión contra los vencidos (desapariciones, fusilamientos, cárceles y campos de concentración, hambrunas, expropiaciones, depuraciones, violaciones, torturas, humillación y rechazo social). Como dice Armando Recio (2008, p. 311), «la victoria franquista trajo una paz falsa, basada en el rencor, la revancha, la humillación, la tortura y la muerte». Por eso, la represión duró cuarenta años, lo que demuestra que «tanta injusticia, durante tanto tiempo, en todos los pueblos, obedece a una represión perfectamente diseñada y planificada por los órganos de poder superiores, que contaban con personas en cada localidad con capacidad para ejecutar y llevar a la práctica sus decisiones» (ARMH Valladolid, 2007, p. 47). Y añade esta asociación (p. 104) que «si un valor tiene la investigación y el reconocimiento individual de cada víctima de la retaguardia, es que frente a las conclusiones, sin bases documentales, de muchos investigadores de hace cincuenta años, y de hace cinco meses, de que la represión brutal e indiscriminada fue algo que tuvo una vigencia solo inmediata al golpe militar, y por grupos más o menos incontrolados, los documentos escritos y orales nos confirman que esta represión es prolongada en el tiempo, está perfectamente planificada, organizada y dirigida; y tiene unos objetivos muy precisos y medidos».

¿Por qué pudieron llegar a asesinar a familias enteras? ¿Qué finalidad tenía tanta ferocidad criminal? ¿Por qué llegaron a robar a miles de niños y niñas, para encerrarlos en conventos o para darlos a familias adictas al régimen? ¿Por qué construyeron cientos de campos de concentración, muchos más que los construidos por Hitler en Alemania? La respuesta es clara: «La guerra civil terminó, pero el pueblo “contaminado” debía seguir sufriendo, porque era imprescindible continuar regenerando España, depurando la raza hispana» (González Duro, 2003, pp. 90-91). Nos ayuda mucho a entender tanta represión –no a excusarla– si tenemos en cuenta que, como dice Gabriel Jackson (1975, p. 272), «no hay clase de seres humanos más crueles que una clase dominante amenazada, que se cree una “élite” natural desde el punto de vista histórico, económico y cultural, y que se siente desafiada por una masa obstinada que ya no reconoce sus privilegios», lo que aún se constata actualmente. Al menos desde la guerra de la Independencia, las élites españolas estuvieron siempre a la defensiva para evitar que crecieran aquí los frutos de la Ilustración y la Modernidad. Además, en ciertas circunstancias históricas la vida vale muy poco. Lo peor es cuando se juntan ambas cosas, como ocurrió en la España de los años treinta. Ni las derechas tradicionalistas ni el clero admitieron en ningún momento una República que traía esas ideas ilustradas y que quería hacer de España un país moderno y democrático como lo eran la mayoría de los europeos. No la aceptaron y, desde su misma proclamación, hicieron todo lo posible por destruirla. Y para ello utilizaron todo tipo de violencia, incluida la extrema. Lo grave vino cuando al intento de terminar con las ideas de los demás se unió «la decisión de exterminar físicamente al otro, al que tiene otras ideas, al que defiende bien sea el legado de la Ilustración, bien el de las grandes corrientes asociadas a la expansión de la burguesía progresista o de la clase obrera» (Espinosa, 2006a, p. 23).

No olvidemos que las ejecuciones de republicanos no desaparecieron al terminar la guerra, sino que aumentaron con la «paz»: aunque la gente oía los disparos de madrugada, nadie hablaba de ello, se imponía el silencio más cruel. Además, a los familiares de los asesinados se les prohibió incluso el luto y, no podían vestir de negro: hasta el luto y el duelo les robaron, lo que agravó aún más sus traumas psicológicos. «No era suficiente el haber acabado con toda la estructura política republicana, había que borrar del mapa buena parte de su base social» (González Duro, 2003, p. 89). Por eso siguieron matando más incluso que durante la guerra. Como escribió el falangista Dionisio Ridruejo (1962), «la represión adquirió el carácter y el volumen de una purga de adversarios, intencionalmente exhaustiva, no con miras a la seguridad presente, sino destinada a retirar para el futuro todo obstáculo posible, toda veleidad de oposición, todo rebrote de las fuerzas y significaciones condenadas». Y es que con el fin de la guerra no llegó la paz sino la venganza.

Tampoco es cierto, como se esgrime a menudo que los asesinatos fueron fruto de rencillas personales y de familias. Eso es falso. Ese argumento se esgrime para tapar a los responsables de los asesinatos. Para aclarar este asunto me gustaría hacer dos consideraciones. Primera, claro que había rencillas, también hoy las hay, pero la gente no suele asesinar al vecino con el que tiene diferencias. Lo que ocurrió en 1936 en cientos de pueblos y ciudades en los que triunfó el golpe de Estado desde el primer momento, fue que las nuevas autoridades permitieron –o incluso incitaron– el asesinato del vecino con el que alguien tenía diferencias, pero solo cuando el asesino era de derechas y el asesinado de izquierdas. Y segunda, a medida que se extendió ese falaz argumento, se expandió también la idea de que las nuevas autoridades –con Franco a la cabeza– no se enteraban siquiera de los asesinatos, por lo que no tendrían ninguna responsabilidad en ellos: eran sencillamente una cuestión de rencillas entre vecinos o entre familias. Pero no fue así. Por el contrario, fue un plan para exterminar al rival político, para aterrorizar a los que tenían ideas diferentes, un plan que, tras la guerra, debería continuar para que en suelo español no crecieran jamás ideas contrarias a la tradición ultramontana y católica. Por ello siguió el terror décadas después de terminada la guerra, lo que por fuerza fue profundizando los traumas psicológicos de los vencidos y de sus hijos. Supongamos una familia con cinco hijos, en la que el padre ha sido asesinado y la madre ha sido depurada. Era maestra y ahora no le dan trabajo ni como limpiadora de casas: es una apestada. U otra familia, con seis hijos, en la que la madre no puede encontrar trabajo y el padre, tras pasar diez años en las cárceles franquistas, ha salido destrozado psicológicamente, ha adquirido una profunda indefensión aprendida que le ha llevado a una gran depresión y se pasa todo el día en la cama, con momentos de gran agresividad contra su esposa e hijos. En ambos casos, ¿cómo no van a quedar marcados los niños por traumas psicológicos difíciles de superar? Esos niños, nacidos hacia 1935-1940, tendrán ahora 80-85 años y sus hijos unos 50, que son precisamente los que hacia el año 2000 comenzaron a exigir la recuperación de la memoria histórica: los nietos. Y lo hicieron muy probablemente porque ellos también tenían unos traumas que a menudo ni sabían que estaban relacionados con lo que les pasó a sus abuelos sesenta años atrás. Y ello probablemente se dio más en aquellas familias que, por diferentes razones, no fueron capaces de contar a sus hijos lo que había pasado y darles una explicación veraz de lo ocurrido. En estas circunstancias, el silencio es psicológicamente muy dañino. «En aquel ambiente de terror en el que los vencidos y sus familias habían sido segregados del resto de la sociedad, la narración testimonial se convirtió en una alternativa para romper la barrera de silencio. Además de aliviar el dolor moral y psíquico, con la escritura testimonial las víctimas de la represión franquista intentaban preservar la memoria de su lucha para las generaciones posteriores» (Álvarez Fernández, 2007, p. 189). Pero no hubo narración, solo silencio; silencio y trauma.

Hace solo unos meses, a finales de 2019, el alcalde de Madrid del PP, Martínez Almeida, retiró las placas con los nombres de las víctimas del franquismo con el supuesto objetivo de «unificar el reconocimiento a las víctimas de ambos bandos». Como comentó el ministro socialista de Fomento, José Luis Ábalos, en su cuenta de Twitter, «al retirar las placas con los nombres de los 3.000 ejecutados en La Almudena, PP, Cs y Vox intentan conseguir lo que el franquismo no pudo: borrar de la memoria todo vestigio de los represaliados». Ello sí supone una auténtica humillación a las víctimas. ¿Dónde está el consenso? ¿Dónde está la reconciliación? ¿Cómo se van a cerrar las heridas de las víctimas del franquismo y como van a poder estas superar sus traumas psicológicos? No olvidemos que la represión franquista «ha dejado una huella indeleble en la sociedad española» (Álvarez Fernández, 2007, p. 8), sobre todo, obviamente, en los descendientes de las víctimas. De hecho, añade este autor (p. 22), «la amnesia colectiva con la que se buscó anestesiar a la sociedad española durante la transición iniciada en 1975 es, en sí misma, una constatación de que las heridas del pasado aún no se han cicatrizado y de que el trauma perdura en el imaginario social español». Como sostiene Gregorio Morán, el hecho de que se exigiera a una parte de la sociedad –a las víctimas fundamentalmente– el olvido como condición inexcusable para poder participar en el nuevo sistema político «democrático», diseñado por los vencedores, era una prueba clara de que lo que se pretendía no era la reconciliación entre los españoles, sino seguir con la victoria, aunque con apariencia de democracia. Por eso la derecha no condena la represión franquista ni siquiera hoy día. Como decía Vázquez Montalbán (1999), para los hijos o nietos de los ganadores de la Guerra Civil y de la Transición, la condena del levantamiento militar es inadmisible ya que sería como sacrificar a la gallina de los huevos de oro que «les devolvió el poder para siempre». Por eso «sigue en pie la necesidad de un reconocimiento de la culpabilidad del régimen de Franco. Es innegable la importancia de tal reconocimiento para los represaliados y/o sus descendientes» (Preston, 2004, p. 19). Claramente lo dicen Gómez Marín y Hernández Jiménez (2011, p. 487) «la feroz represión durante la posguerra hasta la Transición creó el clima social capaz de perpetuar los traumas y los duelos. De hecho, el análisis de los factores comunitarios post-trauma, indican que durante la posguerra las condiciones sociales dadas contribuyeron a la cronificación de los síntomas post-traumáticos de la Guerra Civil Española, especialmente en el bando de los vencidos, los cuales no pudieron llorar a sus familiares muertos, ni celebrar ninguna ceremonia de despedida y de dignificación. Más adelante, durante la Transición española, se pactó un silencio que no ha favorecido la elaboración de situaciones traumáticas y duelos, estando aún muchas heridas abiertas».

En definitiva, «para los vencidos, la posguerra fue una constante sucesión de pérdidas: pérdida de la vida, de la tierra, de la libertad, de la familia, de las ideas, del pasado biográfico, del futuro y hasta de la propia identidad. La realidad exigía el olvido de lo vivido y la obsesión por la supervivencia, lo que implicaba un retraimiento a la conciencia individual, pues la escasez y el miedo no hacían posible la solidaridad. La victoria de Franco se recordaba una y otra vez, provocando la constante humillación de los vencidos, cuya resistencia parecía imposible. […] El franquismo se aprovechó de ese deseo de olvidar, imponiendo a todos los españoles una versión estática, cerrada, gloriosa y triunfante del pasado» (González Duro, 2003, p. 88). Pero eso no cerró las heridas de los vencidos y sus descendientes ni curó sus traumas, siendo lo peor, como afirman Bosch y Escolar (2018), que «lo más probable es que los crímenes contra la humanidad del franquismo queden impunes», con lo que ni se habrá hecho justicia a las víctimas ni se las habrá ayudado a superar sus traumas. ¿Qué democracia es esta que aún mantiene esas aberrantes sentencias, dictadas en juicios sumarísimos en los que los abogados defensores eran militares franquistas y que con frecuencia juzgaban en un par de horas a docenas de acusados, sentencias emitidas por los militares rebeldes condenando a muerte por rebeldía a los que no se habían rebelado? ¿Qué democracia es esta que aún mantiene en fosas comunes a más de cien mil españoles y españolas, y condena a sus familiares a un dolor permanente al no poder recuperar los restos de sus seres queridos, enterrarlos con dignidad y hacer, por fin, un duelo reparador?

Para reparar el daño ocasionado, la sociedad española –como ya hicieron la sociedad alemana y la sudafricana– debe hacerse cargo de su pasado, disculpándose por los crímenes cometidos. En ese caso, como señalan Miñarro y Morandi (2012c, p.194), las víctimas podrían asumir sus propios duelos y sus propias vidas, sin estar forzadas a ser los portavoces y los guardianes de la memoria de ese pretérito doloroso y traumático. Tras el cierre en falso de las heridas del pasado por parte de la Transición, si realmente esto fuera una democracia debería hacer algo por cerrar esas heridas que todavía hoy están abiertas. Y si los traumas no se curan bien, siempre terminan saliendo, antes o después, lo que es enormemente peligroso para los descendientes de las víctimas, para la sociedad en su conjunto y para la convivencia nacional. Esperemos que la próxima Ley de Memoria Democrática contribuya, aunque demasiado tarde, a cerrar las heridas y a curar los traumas de las víctimas.

CAPÍTULO 2 -

VALLEJO NÁGERA Y SU INFLUENCIA EN LA REPRESIÓN FRANQUISTA

1. Introducción

Difícilmente puede entenderse la represión franquista y los traumas que generó en cientos de miles de españoles republicanos sin analizar con cierto detenimiento las teorías del palentino Antonio Vallejo Nájera (Paredes de Nava, 1889- Madrid, 1960), catedrático de Psiquiatría de la Universidad de Valladolid (luego de la Central de Madrid) y comandante del ejército franquista. Es muy interesante saber que para él la democracia es una tendencia social psicopática, que hace aumentar la criminalidad mundial y degenera la raza. La absurda tendenciosidad de Vallejo se observa claramente cuando, siguiendo a Ernst Kretschmer y su afirmación de que existe una fuerte relación entre figura corporal y temperamento, hace una comparación ridícula entre «la fealdad de Azaña», fealdad que atraía a los débiles mentales y morales, y la «sonrisa equilibrada del Caudillo”, que atraía a los seguidores del bien. Resulta muy útil conocer sus teorías porque tuvieron una gran influencia en las políticas de represión franquista. Pero Vallejo Nágera no estaba solo en estos asuntos. Por el contrario, fueron muchos los intelectuales franquistas que pensaban como él. Así, el doctor Marcos Merenciano sostenía que el marxismo es una enfermedad y que su tratamiento debía ponerse en manos de los médicos (Sartorius y Alfaya, 1999, p. 351), llegando a escribir (1957) que «en todo resentido existe siempre un marxista auténtico, aunque no esté encuadrado en las filas del socialismo […]. No importa el hecho positivo de su organización; no importa siquiera el que muchos resentidos ignoren que sean auténticos marxistas, nos basta con saberlo, para poner remedio a ese mal». Por su parte, el catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Salamanca (luego de la Universidad Central de Madrid), Isaías Sánchez Tejerina, llegó a escribir que «el sólo hecho de saber leer y escribir, favorece, en general, la aparición del crimen» (en Ferré Olivé, 2009). ¿Será que él no sabía leer ni escribir? Y los psiquiatras franquistas sostenían que las enfermedades mentales eran muy frecuentes en la España republicana y casi inexistentes en la franquista. Así, López Ibor (1942) afirmaba que el ambiente de la España franquista estaba cargado de valencias positivas, mientras que en la anti-España republicana ocurría justamente lo contrario. ¡Menudo nivel científico el de todos ellos! Lo peor es que ese nivel intelectual fue el que se mantuvo en la Universidad española durante muchos años, y peor aún fue el hecho de que sus teorías, sobre todo las de Vallejo Nágera, en gran medida guiaron la represión franquista y la legitimaron.

Vallejo Nágera tenía un proyecto segregacionista y sectario cuyo objetivo era demostrar la condición infrahumana y degenerada del enemigo republicano. Y lo llevó a cabo a través de seis estudios empíricos incluidos en su Biopsiquismo del fanatismo marxista (1938a) que explícitamente pretendían «hallar las relaciones que puedan existir entre las cualidades biopsíquicas del sujeto y el fanatismo político democrático-comunista». Según Ruiz Vargas (2006b, p. 22), tres postulados básicos subyacen a tal objetivo:

1) Establecer las «relaciones entre determinada personalidad biopsíquica y predisposición constitucional al marxismo».

2) Determinar la «proporción del fanatismo marxista en los inferiores mentales”, partiendo de la idea de que «el simplismo del ideario marxista y la igualdad social que propugna» serán acogidos básicamente por «los inferiores mentales y deficientes culturales, incapaces de ideales espirituales».

3) Determinar asimismo la «proporción de psicópatas antisociales en las masas marxistas», porque, «unido el marxismo a la antisociabilidad y a la inmoralidad social, parece presumible que se alistarán en las filas marxistas psicópatas de todos los tipos, preferentemente psicópatas antisociales».

Pues bien, los resultados de estos estudios consiguieron entusiasmar a los militares franquistas, pues les decía lo que ellos deseaban escuchar: que el «gen rojo» descubierto por Nágera mostraba claramente que los republicanos eran seres genéticamente inferiores, y tan embrutecidos que estaba justificado que con ellos no se utilizara humanidad ninguna, pues no eran seres humanos. Lo que hizo Vallejo fue aplicar en España lo que ya se estaba haciendo por esos años en Alemania, pero sustituyendo los judíos por los republicanos, para él «míseros rojos», «pues para Vallejo Nágera, el adversario político era un individuo mentalmente inferior, intrínsecamente malvado y, por consiguiente, peligroso, al que había necesariamente que recluir, someter y segregar por el bien de la raza hispánica» (Ruiz Vargas, 2006b, p. 23).

2. Antonio Vallejo Nágera

Vallejo Nágera hizo una larga estancia en Alemania que le permitió importar muchos de los planteamientos eugenésicos que adoptaría el nazismo y que, a su vez, permitieron dar fundamento a la represión franquista. En efecto, «fue un decidido defensor de la higiene racial, y su papel fue tan relevante que obtuvo grandes premios y todo el apoyo oficial, moviéndose durante años en el entorno más próximo al general Franco» (Ferré Olivé, 2009, p. 41). Pero, como dice Ricardo Campos (2016), a pesar de las similitudes del franquismo con los fascismos italiano y alemán, y al interés que suscitaba la eugenesia, el fuerte catolicismo del régimen le impidió defender las políticas eugenésicas que se llevaron a cabo en la Alemania nazi (Álvarez Peláez, 1998; Huertas, 1998, 2012; Campos y Huertas, 2012). El franquismo, en este tema de la mano de Vallejo Nágera, generó un discurso eugenésico de carácter católico que también buscaba la higiene racial y veía al enemigo político como un agente patógeno al que había que exterminar, pues ponía en peligro las esencias de la «raza hispana», pero veía la «raza» más como una comunidad espiritual que como una realidad biológica (Álvarez Peláez, 1998; Huertas, 1998. 2012). De ahí que la eugenesia del nacionalcatolicismo no se dirigiera a la esterilización de los republicanos, sino a su reeducación, para lo que no escatimaron medidas de represión (Cayuela Sánchez, 2014). Y todo ello con la finalidad de construir un nuevo Estado de corte totalitario, muy jerarquizado y católico, que eliminara de raíz todo recuerdo del periodo republicano (Álvaro Dueñas, 2012).

Además, a esa eugenesia racista traída de Alemania unía Vallejo algunos rasgos propios del conservadurismo español que le llevaron a proponer el establecimiento de una nueva Inquisición (Vallejo Nágera, 1938e): «Quien quiera hacerlo puede tacharnos de retrógrados y obscurantistas, sin que el dictado contenga nuestro impulso propugnador del resurgimiento del Tribunal de la Santa Inquisición. Una Inquisición modernizada, con otras orientaciones, fines, medios y organización; pero Inquisición rígida y austera, sabia y prudente, obstáculo al envenenamiento literario de las masas, a la difusión de las ideas antipatrióticas, a la ruina definitiva del espíritu de la hispanidad», una Inquisición, según él, que fuera una barrera al envenenamiento de las masas, así como a la difusión de las ideas antipatrióticas y contrarias al espíritu de la Hispanidad. Lo dice con toda claridad (1938b, p. 106): «Promoveremos sin perífrasis la creación de un cuerpo de Inquisidores, centinelas de la pureza de los valores científicos, filosóficos y culturales del acervo popular; que destruya la difusión de ideas extranjeras, corruptoras de los valores universales hispánicos». No es raro que esa combinación de conservadurismo y racismo cautivara a Franco, quien pronto le dio todos los medios para llevar a cabo sus investigaciones y para poner en práctica sus ideas. Porque según Vallejo (1938c), la raza es la Hispanidad, que no consiste en una lengua, cultura, territorio o idea, sino en un sentimiento espiritual diferencial, siendo «aquella parte del espíritu universal que no es asimilable, que ha sido creado por nuestros padres, legándonoslo a título de patrimonio, cuya custodia nos está encomendada». Y añade (1938c, p. 13): «Guerreamos por la Hispanidad ahora, y alcanzada la paz construiremos una nueva España impregnada del espíritu de la Hispanidad, con el afán de extenderla, que éste es nuestro imperialismo». Como vemos, Vallejo, quien ya desde 1931 formaba parte del grupo de intelectuales de extrema derecha aglutinados alrededor de la revista Acción española (Morodo, 1985; González Cuevas, 1998), no era genetista, pero sí racista. De hecho, escribe que «la degeneración de la raza reside a nuestro entender en factores externos que actúan de manera desfavorable sobre el plasma germinal» (1938c, p. 14). La causa no está en los genes ni en ningún otro factor biológico, sino en el entorno. Por eso proponía cambiar el entorno de los «desviados» e «inferiores», como eran los republicanos.[21] De ahí que «si el Movimiento Nacional –de origen espiritual y carácter popular– se puso en marcha fue por la necesidad de rectificar el entorno ambiental y recuperar los valores de la Hispanidad en peligro de extinción» (Vinyes, 2002, p. 55). Pero ese peligro no provenía para los franquitas «de una coyuntural amenaza comunista, sino de la acción de un adversario histórico, persistente, astuto y mutante según el contexto, un adversario liquidador de los valores definidores de la Hispanidad» (Vinyes, Armengou y Belis, 2002, p. 37).

En resumidas cuentas, a diferencia de las tesis biologicistas, para Vallejo la raza es una adquisición cultural, algo que no deriva de nuestros genes sino del ambiente social, que él identifica con lo que llama la Hispanidad. Sin embargo, como se comprobaría después, su eugenesia ambiental no era menos peligrosa y dañina que la genética de los nazis. Él no era genetista, pero sí racista y antisemita, hasta el punto de que decía que los males de España comenzaron con la conversión de los judíos en el siglo XIV que al ser una conversión falsa y de conveniencia, siguieron odiando a la civilización cristiana, sembrando la discordia en nuestro país y fomentando la lucha de clases (Vinyes et al., 2002, p. 38), añadiendo que el judío converso estuvo detrás de la República y del resentimiento de la gente para terminar con España. Y por si fuera poco, para él «la fatiga y la mala alimentación carecen de la importancia que les asigna el vulgo», de manera que quien se queja de las condiciones laborales y del hambre que pasa lo hace por resentimiento y la palabra «igualdad» no era sino la excusa de fracasados e impotentes sociales (Vinyes et al., 2002, p. 39). Y es que lo que pretendía Nágera era demostrar que los republicanos eran psicópatas antisociales y las republicanas delincuentes comunes, con lo que desempeñó un papel esencial en la producción de traumas en las víctimas del franquismo, pues consiguió dar una apariencia científica a esa represión, a pesar de que sus teorías y sus publicaciones de científicas no tenían nada. Quería demostrar que el marxismo era una enfermedad mental y que los rojos eran débiles mentales y seres inferiores que, para bien del país, no deberían tener hijos y, si ya los tenían, tenían que ser separados de sus padres, por la incapacidad de estos para darles una educación correcta. Estas teorías estuvieron en la base de la terrible represión del franquismo contra cientos de miles de republicanos, incitándola, justificándola y legitimándola. Claramente lo dijo él mismo (1937a): «Necesitamos emprender una denodada lucha higiénica contra los gérmenes morbosos que carcomen la raza hispana para conducirla a la más abyecta de las degeneraciones […] El saneamiento y regeneración eugenésica de un pueblo o raza requiere que se actúe sobre la totalidad de los individuos que le constituyen, y no limitarse a la selección de padres aislados […] Abogaremos por una supercasta hispana, étnicamente mejorada, robusta moralmente, vigorosa en su espíritu». Puede verse aquí su cercanía a la psiquiatría nazi, por lo que algunos le llaman el Mengele español, aunque, al centrarse en el ambiente, defendía que una nueva raza regenerada solo podría surgir en el ambiente propiciado por una dictadura totalitaria.

El 10 de agosto de 1938 envió Vallejo Nágera una carta al propio Franco pidiéndole permiso para constituir un organismo llamado Gabinete de Investigaciones Psicológicas desde donde echar a andar un programa de investigación clínica con prisioneros y prisioneras republicanos. Y tanto le interesó la propuesta a Franco que le respondió con gran rapidez, autorizándole la fundación de tal organismo y dotándole de financiación suficiente. Solo mes y medio después, el 8 de octubre de 1938, en la revista Semana médica española aparecieron los primeros datos empíricos precedidos de una larga introducción cuyo título ya lo decía todo: «Biopsiquismo del fanatismo marxista», en el que intentaba mostrar las relaciones existentes entre las cualidades biopsíquicas del sujeto y el «fanatismo político democrático-comunista». Durante los doce meses siguientes aparecieron todos los datos que publicó sobre ese tema. A partir de ahí, no se supo más de esas investigaciones ni del grupo investigador. Todos los datos fueron publicados en la revista Semana médica española (San Sebastián) y en la Revista española de cirugía y medicina de guerra (Valladolid). Lo que pretendía era conjuntar eugenesia y catolicismo de forma que sus principales obras (Eugenesia de la hispanidad y regeneración de la raza, 1937a; Política racial del Nuevo Estado, 1938c; y Eugamia: selección de novios, 1938d), intentaban elaborar un discurso y unas prácticas eugenésicas y sexuales que aunaran la medicina y la moral católica. Por eso, los militares de la plana mayor del ejército, con Franco a la cabeza, estaban entusiasmados con los resultados que Vallejo decía estar encontrando y que, en gran medida, justificaban tanto el golpe de Estado de 1936 como el trato tan criminal que estaban dando a los vencidos, pues, «confirmaban que el enemigo republicano era realmente tan poco respetable como habían imaginado, un ser sin ningún sentido moral y embrutecido por un resentimiento histórico y universal que le privaba de toda humanidad» (Vinyes et al., 2002, p. 32). De hecho, tanto el Ejército como la Inspección de Campos le felicitaron, y nunca, ni antes ni después, una investigación psicológica o psiquiátrica concitó el entusiasmo de la cúpula militar. Por eso Vallejo fue ascendido a coronel y se convirtió en el único militar que podía emitir informes científicos sobre la responsabilidad jurídica de los condenados a muerte.

Más aún, en su libro, Divagaciones intranscendentes (1938e), anticipó lo que les esperaba a los vencidos una vez terminada la guerra: «Nuestras esperanzas no quedarán defraudadas ni tampoco los crímenes perpetrados, lo mismo los morales que los materiales. Inductores y asesinos sufrirán las penas merecidas, la de muerte la más llevadera. Unos padecerán emigración perpetua, lejos de la Madre Patria, a la que no supieron amar, porque también los hijos descasados añoran el calor materno. Otros perderán libertad, gemirán durante años en prisiones, purgando sus delitos, con unos trabajos forzados para ganarse el pan y legarán a sus hijos su nombre infame: los que traicionan a la Patria no pueden legar a la descendencia apellidos honestos. Otros sufrirán el menosprecio social, aunque la justicia humana les haya absuelto de sus culpas, porque la justicia social no los perdonará. Y experimentarán el horror de las gentes, que verán sus manos teñidas de sangre. Y en cualquier caso, el aislamiento, la segregación, la exclusión social». Sus investigaciones legitimaban «científicamente» esos crímenes contra cientos de miles de españoles.

3. Las investigaciones de Vallejo Nágera

Negar al enemigo su condición humana ha sido siempre un mecanismo previo a su aniquilación física (Moore, 2015). Ya Lombroso patologizó la disidencia política utilizando la medición de los cráneos de los campesinos del sur de Italia. «Sus trabajos antropomórficos establecieron que el comportamiento de los campesinos sublevados del sur de Italia –llamados simplemente “bandoleros”– estaba biológicamente determinado por un atraso en la evolución de la especie, que denominó “atavismo”. Por ello, su violencia no era de clase, sino la violencia propia y gratuita de seres inferiores» (Vinyes et al. (2002, p. 30). Ello dio un apoyo pseudocientífico a la represión que llevó a cabo más tarde el nuevo Estado fascista. Algo similar hizo Vallejo Nágera: sus publicaciones intentaban demostrar que el marxismo es una enfermedad mental producida por un gen rojo. Por tanto, lo mejor sería que los rojos no tuvieran hijos, pero si ya los tenían debían ser separados de sus padres cuanto antes. Y fue justamente eso lo que hicieron los franquistas. Como ya he dicho, sus estudios tuvieron consecuencias muy graves para los republicanos y sobre todo para las republicanas. «Al dar cobertura a las tesis eugenistas, concretadas en el principio de la segregación total, estimuló la separación de los hijos de los padres que habían sido encarcelados por motivos políticos. Se inició así un capítulo de separaciones y desapariciones de magnitud importante que contribuyó a reforzar la estructura de abuso y poder dentro de las cárceles, así como el control de las familias de los encarcelados a través de la compleja red de la beneficencia falangista y católica» (Vinyes et al., 2002, p. 30).

Ahora bien, Vallejo Nágera hizo sus investigaciones con la finalidad explícita de «demostrar» que los rojos eran psicópatas criminales. Por eso, como tantas veces ocurre, halló lo que buscaba: encontrara los datos que encontrara, él siempre veía en ellos la demostración incontestable de la patología psíquica intrínseca de los republicanos. De hecho, en el primero de los seis artículos en los que presentaba sus datos decía que «la enorme cantidad de prisioneros de guerra en manos de las fuerzas nacionales salvadoras de España permite efectuar estudios en masa, en favorabilísimas circunstancias, que quizá no vuelvan a darse en la historia del mundo […] iniciamos investigaciones seriadas de individuos marxistas, al objeto de hallar las relaciones que puedan existir entre las cualidades biopsíquicas del sujeto y el fanatismo político democrático-comunista» (Vallejo Nágera, 1938f, p. 172). Sin embargo, solo realizó dos estudios empíricos sobre la psicopatología de los republicanos, el primero con 297 brigadistas internacionales de diferentes países encarcelados en el convento de San Pedro de Cardeña (Burgos), concluyendo que la mayoría de ellos eran escasos de inteligencia, faltos de cultura y de temperamento degenerado, lo que les hacía especialmente proclives a la propaganda marxista. Más aún, según Vallejo, «eran revolucionarios natos –casi espontáneamente predispuestos al desorden social– o imbéciles sociales, sugestionables al gregarismo de las masas. No tenían formación política, y por eso eran fanáticos, y no se dejaban convencer para cambiar de ideas. Desdeñaban el esfuerzo personal para promocionarse socialmente, y por eso eran partidarios de la igualdad social. Se sentían fracasados y resentidos socialmente, lo que, junto a la irreligiosidad y al consiguiente desenfreno instintivo, los llevaba al marxismo ateo, materialista, carente de valores espirituales y favorecedor de la inmoralidad de costumbres y de las conductas psicopáticas. Al marxismo se llegaba por causas biopsíquicas, por tendencias psicopáticas, y por temperamentos degenerados, pero también por causas ambientales: la incultura, la ignorancia, la irreligiosidad, la inmoralidad de las costumbres, la propaganda revolucionaria, el resentimiento social, la ausencia de afán de superación, el hedonismo social» (González Duro, 2003, p. 60). De todo ello concluía que la única terapia posible era la reeducación y un adoctrinamiento religioso y patriótico.

El segundo estudio, llevado a cabo con mujeres republicanas presas en el penal de Málaga, lo realizó con una evidente voluntad de criminalización social de estas mujeres. «Esta criminalización estaba presente en el mismo subtítulo de una de las entregas del estudio: “Investigaciones psicológicas en marxistas femeninas delincuentes” (Vallejo Nágera y Martínez, 1939). La identificación del credo político con la delincuencia común aún no había aparecido en los otros estudios del gabinete. Sin embargo, en los años siguientes ésta sería la actitud del régimen franquista con la militancia política femenina. Por ejemplo, en las estadísticas oficiales de las prisiones casi nunca aparecen relaciones de presas políticas posteriores a la guerra, al contrario, se contabilizan incluyéndolas con las presas comunes, por más que en los expedientes carcelarios sí consta la causa política de su condena» (Vinyes y cols., 2002, p. 48). De ahí que ellas reivindicaran siempre y constantemente la naturaleza política de su condena. El mismo Vallejo deja muy claros sus prejuicios sexistas y misóginos (Vallejo Nágera y Martínez, 1939, p. 399): «Recuérdese para comprender la activísima participación del sexo femenino en la revolución marxista su característica labilidad psíquica, la debilidad del equilibrio mental, la menor resistencia a las influencias ambientales, la inseguridad de control sobre la personalidad […] cuando desaparecen los frenos que contienen socialmente a la mujer y se liberan las inhibiciones fenatrices [sic] de las impulsiones instintivas, entonces despiértase en el sexo femenino el instinto de crueldad y rebasa todas las posibilidades imaginadas, precisamente por faltarle las inhibiciones inteligentes y lógicas […] Caracteriza la crueldad femenina que no queda satisfecha con la ejecución del crimen, sino que aumenta durante su comisión. El hecho es tanto más digno de atención cuanto que la mujer suele desentenderse de la política, aunque su fanatismo o ideas religiosas la hayan impulsado en los últimos años a mezclarse activamente en ella, aparte de que en las revueltas políticas tengan ocasión de satisfacer sus apetencias sexuales latentes».

Su tesis era que los pobres se habían rebelado contra los ricos y contra España por envidia, por resentimiento y por no saber aceptar la posición social que les correspondía. De ahí que esperara encontrar altos niveles de pobreza y de debilidad mental en las mujeres de su muestra. Sin embargo se sorprendió mucho al encontrar todo lo contrario: la mayoría de ellas tenían un nivel socioeconómico elevado, una capacidad intelectual superior a la media y una instrucción sorprendentemente alta para la época. Pero, como suele ocurrir con las personas dogmáticas, ello no le hizo cambiar de forma de pensar, sino que acudió a una interpretación sui generis: si gran parte de ellas procedían de familias no necesitadas, resultaba todavía más claro el carácter rencoroso y resentido de su militancia política de izquierdas y su defensa de la República. Y si su nivel intelectual era alto, era la prueba de su condición degenerativa e inferior. O sea, no importaba que encontrara unos datos u otros, que se comprobaran sus hipótesis o que no: él siempre sacaba las mismas conclusiones, las que ya tenía antes de comenzar el estudio. Lo que hizo, pues, fue fabricar los resultados que quería encontrar: que los enemigos del franquismo y del fascismo eran débiles mentales, incultos y fanáticos, por lo que, para mantener la raza hispana libre de bacterias y virus extraños, era un deber de la propia sociedad española reeducarlos si eran reeducables, o exterminarlos si no lo eran. Lo que hizo Vallejo, en suma, fue fabricar «una ideología pseudo-científica para justificar la depuración y regeneración de los españoles no patriotas» (González Duro, 2003, p. 65). Sin embargo, «sería erróneo considerar a Vallejo un defensor de tesis puramente racistas. En sus escritos utiliza el término “raza” en el sentido de comunidad espiritual unida por vínculos como la lengua y la cultura. Desconfiaba de la legislación eugenésica alemana y de algunos estados norteamericanos en las que veía una intención de marginar a hebreos y afroamericanos, respectivamente. Su tesis era, más bien, que un cuidadoso análisis biopsicológico de la población podría servir de guía a una política de clasificación y orientación prematrimonial que produciría a la larga una lenta pero segura mejoría en el genotipo psicológico de la nación» (Bandrés y Llavona, 1996, p. 3).

4. Consecuencias de las investigaciones de Vallejo Nágera

El objetivo esencial de Vallejo Nágera era demostrar la inferioridad mental, moral y hasta física del adversario, y una vez demostrado esto, aplicarle la terapia adecuada que no era otra que represión y más represión. Es más, Vallejo inició con su «eugenesia positiva» un camino represivo que tuvo graves consecuencias para cientos de miles de españoles y españolas –niños incluidos– dado que su finalidad era multiplicar a los selectos y dejar perecer a los débiles, considerando que estos eran los republicanos. De ahí la necesidad de su reclusión, segregación e incluso eliminación en beneficio de la raza hispana. Claramente lo decía él mismo (1939, p. 52): «La comprobación de nuestras hipótesis tiene enorme trascendencia político-social, pues si militan en el marxismo de preferencia psicópatas antisociales, como es nuestra idea, la segregación total de estos sujetos desde la infancia podría liberar a la sociedad de plaga tan temible». Por consiguiente, las ideas de este psiquiatra, tan compartidas por la España franquista (psiquiatras, clero, militares, etc.), tuvieron terribles consecuencias para los vencidos, principalmente mujeres y niños:

Mujeres: las conclusiones a que llegó el psiquiatra palentino derivaban en gran medida de su carácter misógino y de sus prejuicios sexistas por lo que no es raro que sus conclusiones fueran estigmatizadoras de la mujer republicana. De hecho, concluía que el 20% de ellas eran «imbéciles sociales» y que el 24% eran «psicópatas antisociales» y, como ya he dicho, interpretó maliciosamente contra ellas incluso los datos positivos que encontró (buen estatus socio-económico, alta capacidad intelectual). Si hubiera observado que tenían unos niveles socioeconómicso e intelectuales bajos, hubiera dicho que, dadas sus tendencias lombrosianas, eran débiles mentales y por eso se habían unido a la revolución; pero al encontrar que no era así dedujo que habían sido el rencor y el resentimiento los responsables de su militancia política marxista. Por tanto, la única terapia que cabía para las mujeres republicanas, al igual que para los hombres, era un programa de castigos que podían llegar a la exterminación, y para los niños no quedaba otra vía correcta que la separación de sus padres y una educación católica y fascista. Un ejemplo fue la Prisión de Madres Lactantes de Madrid, donde la madre solo podía estar una hora con su bebé y ni siquiera dormir con él. Por tanto, dado que los franquistas solían ser muy católicos, las conclusiones de Vallejo Nágera y la confesión les permitieron vivir tranquilos a pesar de sus crímenes contra personas inocentes e indefensas. Como escriben Vinyes et al. (2002, p. 51), «torturadores y damas del Auxilio Social, ministros del Estado o de la Iglesia Católica, podían vivir en paz: el adversario, o el desafecto, no era más que un individuo con características psicológicas innatas y degenerativas históricamente que lo hacían mentalmente inferior, un infrahombre, un sujeto sin base ética. Lo decía la Ciencia. Al fin y al cabo, el coronel Antonio Vallejo Nágera presidía en 1950 el Primer Congreso Internacional de Psiquiatría, celebrado en París». El confesionario completaba esa tranquilidad de espíritu que tanto necesitaban.

Niños: la venganza más cruel y el control ideológico de los hijos pequeños de los republicanos fue el centro de la política del franquismo hacia los vencidos. En concreto, el propio Vallejo hizo una propuesta que el régimen franquista aceptó y aplicó de forma radical: separar a los niños y niñas de las presas de la mala influencia de sus padres. Con ello, las madres y padres encarcelados perdían a sus hijos, y quienes no los habían perdido porque, al ser detenidos, los niños habían sido recogidos por la abuela, la tía o la vecina, al salir de la cárcel se encontraron con unos hijos, ya mayores, que ni les conocían: a menudo el distanciamiento entre padres e hijos era ya insalvable, sin haber tenido convivencia familiar durante diez, quince o veinte años. Ello constituyó un auténtico trauma psicológico para los padres y a veces aún mayor para los hijos. Es el caso de Uxenu quien declaró a Vinyes et al., 2002 (p. 136): «Perdí la infancia, la pubertad y no supe ser joven, no disfruté de la juventud. Tampoco aprendí a formarme como hombre, como esposo, como padre. ¿Cómo podía ser padre si nunca supe ser hijo? No tuve ningún rodaje. Sé andar por la vida y defenderme económicamente pero, en lo demás, soy un fracasado respecto a lo que iba a ser. Me lo robaron todo, me robaron el transcurrir de mi vida, que hubiera sido otra. A mí me mataron en el 36. Soy un muerto, me mataron los sublevados, los traidores a las urnas, a la democracia. No tengo palabras para definir todo esto, no tengo palabras para explicar todo mi dolor, que es el de muchísimos niños españoles que ahora tienen mi edad. Tengo setenta y un años y todavía soy un niño porque estoy sin realizar». Como vemos, también los hijos sufrieron terribles traumas psicológicos. Y es de suponer que los transmitieron a sus hijos, o sea, a los nietos de las víctimas directas del franquismo.

Las conclusiones de Vallejo Nágera suponían una legitimación científica de los crímenes del franquismo. Para él, los españoles se dividían en dos «razas» muy diferenciadas: la de los vencedores (católicos, amantes del orden, equilibrados psicológicamente y amantes de España) y la de los vencidos (ateos, amantes del caos, desequilibrados psicológicamente y que representaban a la anti-España). Y llegó a decir que había descubierto «científicamente» esas diferencias entre esas dos «razas». Según él, «raza» no es un concepto biológico sino social, y se identificaba con la Hispanidad, que no es ni una lengua ni una cultura, ni un territorio, ni una idea, sino un sentimiento espiritual diferencial, y denunciaba la descomposición que estaba produciéndose en la raza hispana, proponiendo medidas para protegerla, medidas que mejoraran la raza a través de lo que él mismo llamaría «eugenesia de la Hispanidad». Y una de las más relevantes era separar a los niños republicanos de sus padres y reeducarlos para que pudieran abandonar la raza maldita de sus padres e incorporarse a la raza bendita de la Hispanidad, mientras que a los padres, incorregibles en un alto porcentaje, había que apartados de la patria española por métodos contundentes. Ello llevó a unos de los capítulos más dramáticos de la dictadura franquista y de toda la historia de España: la tortura psicológica a que fueron sometidos muchos miles de niños y niñas a los que, tras ser violentamente separados de sus madres, eran enclaustrados en conventos o entregados a familias franquistas. La inmensa mayoría de ellos nunca supieron quiénes fueron sus verdaderos padres.

Más aún, subrayan Vinyes et al. (2002, p. 41) que incluso en la posguerra, Vallejo Nágera alertaba sobre el mal que podía hacer –y que hacía– el ambiente democrático a los niños e insistía en combatir la propensión degenerativa de los pequeños criados en ambientes republicanos segregándolos en centros adecuados –esto es, la red asistencial falangista o católica– en los que se promoviera «una exaltación de las cualidades biopsíquicas raciales y eliminación de los factores ambientales que en el curso de las generaciones conducen a la degeneración del biotipo» (Vallejo Nágera, 1941, p. 7). Por consiguiente, tal vez fue él el principal responsable del robo de miles de niños y, por tanto, del sufrimiento indecible de gran parte de ellos, así como, por supuesto, del enorme dolor que ello causó a los padres y sobre todo a las madres, así como de sus traumas psicológicos y de los de sus descendientes.

En resumidas cuentas, «la naturaleza represiva del régimen favoreció la elaboración de un discurso eugenésico coercitivo con un fuerte contenido de higiene racial que tuvo entre sus objetivos redefinir la anormalidad como una cualidad propia del enemigo político. En este sentido, la eugenesia franquista fue ante todo, entre 1936 y 1950, una eugenesia punitiva en la que la higiene de la raza alcanzó por esta vía un alto grado de crueldad sin necesidad de aplicar medidas eugenésicas negativas […] No parece, a la luz de los datos que hemos aportado en este trabajo, que la eugenesia católica, ambientalista y contraria al neomaltusianismo, fuera poco agresiva» (Campos, 2016, p. 144). Lo que hizo Vallejo, pues, fue dar un apoyo pseudocientífico a la represión franquista y unas directrices de cómo debían hacerse ciertas cosas (Robles y Caballero, 2017). Y ello produjo mucho dolor y muchos traumas a miles y miles de españoles y españolas, niños y niñas incluidos.

5. Conclusión

Vallejo Nágera era extremadamente tendencioso y acientífico y aunque no era un racista en sentido nazi, ello no le exime de ser racista y de haber tenido mucha responsabilidad en los crímenes franquistas. De hecho, «la visión de los vencidos como seres degenerados, responsables de la destrucción de España y merecedores de los peores castigos dio lugar a un perverso programa que tenía como fin, además de la vigilancia continuada, la venganza, el escarnio y la humillación» (Álvarez Fernández, 2007, p. 213). Y ello se debió en gran medida a sus teorías e ideas. A él le repugnaba la esterilización con fines eugenésicos, pero no la eugenesia por otras vías, muy dañinas y dolorosas para las víctimas, que fueron puestas en práctica por el franquismo, y que tendría unas consecuencias realmente dramáticas para muchos miles de republicanos, sobre todo mujeres y niños, como vimos en el primer capítulo.

La conclusión de Bandrés y Llavona (1996, p. 9), es rotunda: «Dentro de las ciencias de la salud mental, el estudio de Vallejo representa un paso en el sentido de la estigmatización psicosocial del adversario político». Y añaden (p. 10): «Los trabajos de Vallejo plantean una vez más la dificultad de la separación radical de psicología científica, política y estereotipos sociales y sexuales. En las manos de Vallejo, los instrumentos de diagnóstico psicológico de la personalidad se convirtieron en armas de propaganda política y difusión de estereotipos sexuales. Mientras que un grupo de psicólogos norteamericanos mostraban su solidaridad con la República, sobre la base de que fascismo y psicología científica eran incompatibles, Vallejo lanzaba el mensaje de que la psicología científica podía ponerse al servicio de cualquier ideología, incluyendo las totalitarias». De hecho, y en síntesis, «el mérito de Vallejo no era otro que aportar al Régimen, desde la psiquiatría oficial y académica, una pseudofilosofía de la inferioridad y la degeneración social e histórica del adversario político, que justificase y amparase acciones, instituciones y políticas de segregación» (Vinyes, 2002, p. 61). Lo que hizo, como he repetido varias veces, fue, por un lado, señalar las vías de represión que convenía seguir y, por otro, justificar y legitimar «científicamente» la represión franquista. Ambas cosas hicieron mucho daño psicológico a las víctimas y crearon en ellas unos traumas difíciles de superar en las condiciones que tuvieron que vivir durante la larguísima posguerra.

CAPÍTULO 3 -

TRANSICIÓN Y DEMOCRACIA: EL TRAUMA DE LAS VÍCTIMAS PERDURA

1. Introducción

Los tres principales objetivos de este libro son: estudiar el por qué de los traumas psicológicos en las víctimas del franquismo, analizar cómo se transmitieron a los descendientes y qué hacer para curarlos o superarlos. Pero ello no podría entenderse sin hacer un recorrido por los hechos históricos de las últimas décadas. Han sido esos hechos –sobre todo el tipo de transición realizada y la consiguiente debilidad de nuestra democracia– los principales responsables de que los traumas de las víctimas permanezcan y sus heridas sigan sin cerrar, lo que hace mucho daño a su bienestar psicológico. Ha sido, entre otras cosas, la decepción de las víctimas con esta democracia lo que ha hecho difícil su recuperación psicológica.

Cuando murió Franco coincidieron el agotamiento de la dictadura y la debilidad de la oposición para derribarla. Sin embargo, el gran empresariado español necesitaba entrar en el Mercado Común Europeo. Ello es esencial para entender la Transición. El régimen no podía ya mantener la estabilidad social y laboral, mientras que la oposición era muy débil para terminar con la Dictadura. Por eso no le fue difícil al empresariado convencer al régimen de que debía reformarse. ¿Cuánto? Lo justo para ser aceptado en el club económico europeo. Ni una pizca más. Y los partidos de la oposición lo aceptaron, principalmente porque no veían otra salida mejor, pero también porque muchos de sus dirigentes percibían que era el momento de labrarse un buen futuro personal en las nuevas instituciones. Además, veníamos de una situación y unas condiciones de vida tan crueles, que cualquier avance democrático, por limitado que fuera, podía parecer una maravilla. Ello hizo que los reformistas consiguieran más fácilmente el tipo de transición que querían y que, al parecer, les había sido «sugerido» desde el otro lado del Atlántico. Por tanto, si es cierto que la Transición se encontró con muchas dificultades, también lo es que algunos factores la facilitaron, como la desaparición de Carrero Blanco o la elección de Felipe González como secretario general del PSOE. Todo ello favoreció la consecución del objetivo de los poderes económicos de hacer una transición continuista que cambiara todo lo que fuera necesario cambiar –pero cuanto menos mejor– con la finalidad esencial de que las cosas realmente importantes no fueran tocadas (los intereses de los principales grupos franquistas y la impunidad total de sus crímenes en la guerra y en la Dictadura). Por eso Franco siguió en su fastuoso monumento fúnebre de Cuelgamuros hasta hace muy poco mientras que miles de republicanos asesinados aún permanecen en fosas anónimas, tirados por las cunetas y los campos de todo el territorio nacional sin que sus familias hayan podido hacerse cargo de los restos, enterrarlos dignamente y completar el proceso de duelo que necesita hacer todo ser humano para su bienestar psicológico.

En definitiva, estoy de acuerdo con quienes critican el tipo de transición a la democracia que se hizo y que, en gran medida, es la responsable de nuestra debilidad democrática actual. Pero también estoy de acuerdo –lo que no es contradictorio con lo anterior– en que tal vez no se pudo hacer una transición diferente a la que se hizo, pues existía un enorme desequilibrio de poder entre los franquistas y la oposición. Quizás no se pudo hacer una transición más democrática, pero lo que sí es seguro es que, en contra de lo que nos han vendido, no fue una transición modélica sino todo lo contrario. Además, se esperaba que cuando la izquierda gobernara, hiciera lo que no se hizo en la Transición. Pero el PSOE ganó repetidamente las elecciones con mayoría absoluta e hizo muy poco por rectificar lo que se había hecho mal, y las víctimas siguieron humilladas y las fosas cerradas. Alguien tan favorable a la Transición como Helen Graham dice que esta fue «una fiesta de cambio pero también una hambruna cívica, en el sentido de que dejó sin resolver la pesada carga de 40 años de dictadura violenta, sin abordar ninguna de las enormes heridas sociales acumuladas» (2013, p. 219). Lo que no se puede hacer es lo que hacen muchos intelectuales, sobre muchos que escriben en El País: responder que se hizo lo que se pudo porque las circunstancias no eran favorables a una buena transición, cada vez que les preguntas por cosas concretas mal hechas, y a pesar de ello seguir pregonando una y otra vez que fue una transición modélica.

En el primer capítulo vimos que la victoria de los militares golpistas y de quienes estaban detrás de ellos (grandes empresarios, banqueros, terratenientes y clero) fue tan completa, total y duradera que aún se mantiene hoy día. Y la represión fue tal que los vencidos ya no levantaron cabeza, de forma que cuando en los años sesenta comenzó a producirse una reacción contra el régimen, esta fue llevada a cabo tanto por la clase obrera como por los hijos de los vencidos. Así, hijos de hombres bien posicionados en el régimen, como Chicho Sánchez Ferlosio, Javier Pradera, Enrique Ruano, Javier Sauquillo, etc., desempeñaron un papel importante en la oposición al franquismo. También eso pudo haber influido en el tipo de transición que se hizo. Eliminados de una u otra manera casi todos los que durante los años treinta defendieron una España justa y democrática, resultaba difícil que la Transición condujera a un sistema político que no defendiera los intereses y privilegios de los vencedores y de sus herederos. Quizás la derrota de la izquierda en 1939 fue tan total y duradera que marcó profundamente la naturaleza de la Transición y de la propia democracia: la izquierda cedió demasiado, tal vez –solo tal vez– porque no tenía otra opción dada la debilidad de su posición. Pero también la otra parte era débil en una Europa democrática. Sin embargo, se aceptó una transición que ni fue modélica, ni fue incruenta, ni hubo reconciliación, ni siquiera consenso real. Además, la mayoría del país quería un cambio que no fuera brusco ni radical, mientras que el sector financiero y los grandes empresarios deseaban una modernización política del país que les permitiera entrar en el mercado europeo. Por eso le fue relativamente fácil a Adolfo Suárez –sobre todo una vez que contó con el apoyo de Felipe González, de Santiago Carrillo, del nacionalismo catalán y, algo menos, del vasco– llevar a cabo su transición continuista. Consiguieron hacer realidad la famosa frase del príncipe de Lampedusa en El Gatopardo: «Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie», frase que describe perfectamente a nuestra «modélica» Transición.

En todo caso, lo que ocurrió fue que el PSOE y el PCE aceptaron sin muchos remilgos lo que los neofranquistas les ofrecían, algo que es juzgado, obviamente, de forma muy diferente por unos y por otros (véase un análisis de este tema en Antonio Andrade Blanco, 2012). Tanto el PSOE como el PCE, con Felipe González y Santiago Carrillo, respectivamente, al frente, fueron muy responsables –para bien y para mal– del tipo de transición que se hizo. ¿Qué hubiera ocurrido si, en lugar de aceptar lo que les ofrecían y de ceder rápidamente en tantas cosas, hubieran exigido más y hubieran fortalecido a las asociaciones vecinales y a los movimientos obreros? Jamás se podrá saber. Podemos estar seguros de que si lo hubieran hecho, la Transición no hubiera sido como fue; pero no podemos saber de ninguna manera qué hubiera ocurrido.

Eso fue lo curioso y lo que hace que al PSOE –y a Felipe González en particular– se los vea como responsables y buenos gestores, o como traidores de clase por haberse plegado a los intereses de los grupos franquistas dominantes. Y es que, como subraya Emmanuel Rodríguez López (2015, p. 279), «la paradoja de la Transición es que el cambio, que fue dirigido desde el comienzo por el reformismo franquista, empujado por sucesivas oleadas de movilización social, y que trató siempre de conservar lo fundamental de las estructuras de poder heredadas, acabó siendo gestionado por el mayor de los partidos de la izquierda». Y poco antes había escrito este autor (p. 276): «El PSOE no tenía rival. Después de cinco años de entrenamiento como partido de oposición, estaba preparado para el gobierno. Contaba con una organización disciplinada y purgada de la mayor parte de los díscolos de “izquierda”, tenía una clara “vocación de gobierno”, y tras el 23F hablaba ya en el lenguaje del “centro”. Los grandes intereses del país podían estar tranquilos. González y los suyos habían prometido respeto a lo fundamental: política responsable y de seguridad, compromiso con la unidad de la nación y firmeza contra los terroristas, respeto a la enseñanza privada y a los privilegios de la Iglesia y toda clase de garantías a la oligarquía empresarial y bancaria. El giro del radicalismo antifranquista de los años setenta a las posiciones responsables que exigía el gobierno prácticamente se había completado». Y añade este autor (2015, p. 280): «Su éxito estuvo en dotar al régimen de una pátina de “izquierdas”».

Pero no debemos olvidar que «la Transición tuvo una autoría singular. Fue el resultado de un pacto entre élites. Como se ha tratado de explicar en este libro, los pactos fueron el acta de nacimiento de una clase política nueva, hecha a partir de los restos del franquismo político y de un complejo proceso de filtración y selección de las élites del antifranquismo» (Rodríguez López, 2015, p. 347).

2. ¿Fue la Transición tan modélica como nos han contado?

A la muerte de Franco las instituciones y estructuras políticas del franquismo[22] estaban todavía muy bien asentadas y su poder era enorme, con un ejército sin fisuras. Por eso, se dice que no había más remedio que ir poco a poco, que había que ir desmontando paulatinamente las estructuras del régimen. Tales argumentos parecen muy razonables, pero no lo son tanto. Para entender bien la Transición habría que tener en cuenta acontecimientos poco conocidos de los que ha habido mucho interés en que no se hable, particularmente estos dos: la Transición no comenzó en 1975, tras la muerte del dictador, sino unos años antes; y, en contra de lo que se dice una y otra vez, no fue de consenso, entre otras cosas porque se hizo con un ejército amenazante. Tampoco olvidemos que «la transición fue fruto de una negociación entre élites de la que fueron deliberadamente apartados los ciudadanos, basándose en que se acordaron una serie de pactos secretos que limitaron las posibilidades de debatir abiertamente sobre el pasado y que impidieron la adopción de medidas que habrían hecho justicia a las víctimas de la dictadura» (Aguilar, 2006, p. 246). Se dice que era la única forma de evitar la ruptura democrática que pedía la oposición. Pero, de hecho, lo que se instaló, a mi modo de ver, fue una democracia débil, no homologable a las de Europea Occidental.

El mito principal de la Transición es que fue pacífica, negociada y fruto del consenso. Sin embargo, las tres cosas son falsas. Como ya he dicho, el capitalismo español necesitaba que España dejara atrás la Dictadura para entrar en el Mercado Común Europeo. Pero, ¿cómo hacerlo sin que los grandes empresarios vinculados al régimen franquista o la propia Iglesia católica perdieran sus privilegios? Tuvieron que hacer un verdadero encaje de bolillos para conseguirlo. Y lo consiguieron. Lo que hizo la Transición fue una adaptación del franquismo –como había hecho en otras ocasiones– a las nuevas circunstancias económicas e históricas. De ahí que nuestra democracia parezca unas veces bien consolidada y otras parezca que aún no hemos salido del franquismo, como por ejemplo cuando la Policía al servicio del Gobierno del PP fabricó pruebas falsas contra un partido político legal al que las encuestas –en aquel momento– auguraban un gran éxito electoral (Informe PISA); o cuando la familia Franco puso en jaque al Gobierno, cuando quiso ejecutar la resolución del Parlamento de exhumar los restos del dictador; o cuando, unos años antes, el juez Baltasar Garzón fue expulsado de la carrera judicial. Y es que «la democracia de baja intensidad que se pactó entre unos pocos para la estabilidad del capitalismo, está muy lejos de una democracia consolidada en la que los gobernantes rindan cuentas a los gobernados, en la que lo público y lo privado estén separados, y en la que el pueblo esté implicado en las decisiones» (Valverde, 2014, p. 63). Es evidente, pues, que no estamos en una dictadura, pero tampoco en una democracia plena. ¿Por qué entonces la mayoría de los españoles siguen creyendo que esto es una democracia? Lo creen porque hay elecciones y porque constatan que no estamos en una dictadura. Creen que el binomio dictadura-democracia es una variable discreta (o hay dictadura o hay democracia) y como ven, a mi juicio acertadamente, que no vivimos en una dictadura, entonces deducen que por fuerza vivimos en democracia. Pero no se trata de una variable discreta, sino continua: entre la dictadura más cruel y la democracia más perfecta hay infinidad de puntos intermedios. Nosotros estamos en uno de esos puntos intermedios: no estamos en una dictadura, pero tampoco en una democracia. Muchos dicen lo mismo, pero de una forma más suave: estamos en una democracia imperfecta. Estoy de acuerdo, pero tan imperfecta que no se le puede llamar democracia, entre otras cosas porque ni hay separación de poderes ni una verdadera pluralidad de medios de información y porque la presencia del franquismo en instituciones esenciales es todavía abrumadora (Díez, 2020).

En suma, muchos creen que fue una transición modélica, pues pasamos de forma incruenta de una dictadura a una democracia, pero otros, muy críticos con la Transición, afirman que no cambió nada. Personalmente, creo que ni lo uno ni lo otro. Se produjo un cambio importante en las formas políticas: desaparecieron las instituciones de la Dictadura, se legalizaron los sindicatos y los partidos políticos (aunque no todos antes de las primeras y esenciales elecciones), hubo elecciones «libres» (aunque en las de 1977 Adolfo Suárez controlaba completamente TVE y todo el aparato del Estado, además de que jugaba con una ley electoral a su medida), se aprobó la Constitución, etc. Pero se mantuvo gran parte de lo esencial del franquismo, como eran los privilegios de la Iglesia, que quedaron garantizados con la aprobación de un concordato vigente todavía hoy. Además, se aprobó una Ley de Amnistía preconstitucional que dejaba impunes los crímenes de la Dictadura a la vez que mantenía como legales las sentencias franquistas. Y aunque cambiaron las instituciones y las estructuras políticas del franquismo, no cambiaron sus estructuras económicas ni las judiciales, estructuras que todavía perduran actualmente.

Paloma Aguilar (2006) insiste en que por debajo de los pactos de las élites y de los partidos políticos estaba la voluntad de la ciudadanía española de no ir muy deprisa ni de pedir cuentas. Es cierto, pero eso fue, en parte, una consecuencia directa de la propaganda franquista y de la estrategia de quienes pilotaron la Transición, que estuvieron recordando continuamente la Guerra Civil para mantener a la población amedrentada. La propia Aguilar se contradice en cierta medida cuando escribe que «también es verdad que, a través de la Ley de Amnistía de 1977, se acordó pasar por alto las trayectorias políticas e ideológicas anteriores a la muerte de Franco, siempre y cuando se aceptaran sin ambages las nuevas reglas del juego democrático» (2006, p. 251). De esa ley resultó que mientras los delitos de los vencidos ya habían sido purgados y con creces, los de los vencedores no fueron juzgados nunca. Además, la amnistía de estos delitos fue un sinsentido jurídico, pues no se puede amnistiar un hecho que no ha sido juzgado y para el que no hay sentencia. A mi juicio este es un punto esencial que no se menciona con suficiente insistencia. Se trató, pues, de una ley de punto final, una ley de impunidad para los crímenes cometidos por la Dictadura. Una cosa es que no se pudiera hacer mejor la Transición –sobre lo que tengo mis dudas– y otra decir que fue una transición modélica, como han repetido una y otra vez los medios de comunicación. Tal vez se hizo lo que se pudo, pero entonces hay que reconocer que lo que se podía hacer no era suficiente para construir una democracia plena. Fue una transición muy poco modélica, y una prueba de ello es que se dejó a miles de republicanos en fosas comunes. Se dice que ello se debió a la amenaza golpista del ejército[23], pero entonces, ¿por qué se mantuvo esa situación cuando esa amenaza desapareció? ¿O es que aún no ha desaparecido? Porque las fosas comunes siguen ahí. Al margen de que se hubiera podido hacer una transición mejor que la que se hizo o de que se hizo la mejor de las posibles, lo que es cierto es que no fue una transición modélica, como iremos viendo en este capítulo. Y lo peor que se hizo fue abandonar completamente a las víctimas. Sus familias, que tanto ayudaron a traer la democracia y que tanta ilusión tuvieron en junio de 1977, porque, por fin, veían que se abrían las urnas, pronto se desilusionaron al constatar que no se abrían las fosas. No olvidemos que «para muchas personas que han pasado décadas sin saber qué fue de sus familiares, dónde yacen los cuerpos o por qué fueron asesinados, el hecho de saber, comprender lo que ocurrió y enterrarlos debidamente es fundamental para superar los traumas y que el pasado por fin pase» (Villasante, 2015, p. 303).

En síntesis, para ser aceptados en Europa y poder participar en los mismos negocios en que participaban las grandes empresas europeas, el franquismo reformista estuvo dispuesto a cambiar muchas cosas durante la Transición y a ceder en aspectos no esenciales, pero siempre manteniendo intocables los siguientes elementos: 1) La monarquía puesta por Franco; 2) Los símbolos del franquismo (bandera e himno); 3) Los privilegios de la Iglesia católica; 4) Impedir la recuperación de la memoria histórica de la República y no permitir la dignificación de los vencidos; 5) No se debía tocar el tema de los crímenes del franquismo; de hecho, no ha sido debatido nunca en el Parlamento, ni se ha creado jamás una comisión de la verdad que analizara e hiciera públicos tales crímenes, como se hizo en otros países;[24] 6) No debía permitirse que la CNT volviera a levantar cabeza; y 7) Los aparatos del Estado franquista (Ejército, Policía y Judicatura) debían seguir funcionando sin depuración ninguna. De hecho, el papel de los jueces fue fundamental en la protección del franquismo durante la Transición e incluso durante la democracia. Por ejemplo, «cuando a partir de 1977 comienzan a darse por buena parte del país casos de exhumación relacionadas con la represión franquista no hubo ni uno solo en que la Justicia, tal como era su deber por ordenarlo la Ley, hiciera acto de presencia. Naturalmente, de haber levantado acta de la exhumación se hubieran visto obligados a indagar en quiénes, por qué y desde cuándo se encontraban dentro de las fosas. […] Cuando en torno a 1996-1997 se iniciaron los movimientos a favor de la recuperación de la memoria democrática, tampoco la Justicia quiso saber nada de aquello, sin duda convencida de que nada tenía que ver con lo que allí se debatía o simplemente ajena a su propio pasado democrático» (Espinosa, 2009a, pp. 41-42). Y hoy día, añade Espinosa (pp. 209-210), «los hijos de los asesinos del 36 se niegan a asumir que sus padres estuvieran involucrados en la maquinaria del terror, bien desde los despachos donde fraguaban las listas de rojos que había que exterminar como hasta los paredones donde eran aniquilados, sin olvidar la colaboración en la criba realizada por los consejos de guerra sumarísimos de urgencia. De ahí el recurso a la amnistía de 1977 como punto de partida y al llamado “espíritu de la Transición” como referencia ideológica de la reconciliación. Donde ha sido borrado el pasado no hay delitos ni culpables». Y es que «la restauración democrática, por su propia génesis, rehuyó cualquier aclaración histórica acerca de los orígenes del franquismo, limitándose a repartir “pensiones de guerra” entre los familiares de los fusilados y desaparecidos, o entre los que sufrieron prisión. Así se intentó apagar el lamento callado de un pasado oculto y molesto al que no se le dio oportunidad ni de existir como tal. La desaparición física de las personas supuso en la mayoría de los casos su desaparición legal. Esas personas, inscritas en los registros de nacimientos pero no en los de defunciones, no han muerto legalmente» (Espinosa, 2006a, p. 24).

Y todo ello lo pudieron conseguir porque, además de tener un control férreo de los medios de comunicación, utilizaron al menos estas dos trampas: la Ley Electoral, estudiada milimétricamente para favorecer a la UCD y, más relevante aún, la Ley de Amnistía (Ley 46/1977, de 15 de octubre; BOE Nº 248 de 17/10/1977, pp. 22765-22766): los verdaderos y mayores beneficiados de la ley fueron los franquistas, que vieron «cómo su impunidad era perpetuada por la naciente democracia. A pesar de esto, la derecha no votó a favor del decreto: no perdonaba a sus detractores, y no quería admitir que necesitaba que sus militantes fuesen exculpados o perdonados por actos que consideraba justificados, si no honrosos. Al final, los detractores del régimen se perdonaron a sí mismos» (Fernández de Mata, 2016, pp. 179-180).

3. Un análisis de lo que fue y significó la Transición

Todo análisis de la Transición tiene que comenzar con la constatación de que quienes la pilotaron eran franquistas convencidos, como ellos mismo reconocían (Juan Carlos de Borbón: «Admiro a Franco, es un ejemplo para mí», Adolfo Suárez: «Mi adhesión a Franco y a su obra es inquebrantable», Rodolfo Martín Villa: [Franco es] «el hombre al que debemos fidelidad inquebrantable»). Por otra parte, de los muchos libros que hay sobre la Transición, los que más han influido en la mentalidad de la gente, hagiográficos todos ellos[25], tal vez hayan sido el de Victoria Prego (Así se hizo la Transición, 1995) –especialmente a través de la serie documental para TVE que presentaba ella misma y que se emitió varias veces– y, sobre todo, los tres de Joaquín Bardavío: el primero sobre Adolfo Suárez (El Dilema, 1978); el segundo sobre las dificultades que tuvo que vencer Juan Carlos I hasta conseguirnos la democracia (Los silencios del rey, 1979); y el tercero sobre la legalización del PCE (Sábado Santo rojo, 1980). Como escribe Gregorio Morán (2015, pp. 96-97), «un recordatorio de las diferentes fases de la “desmemoria” quedaría trunco sin rendir el homenaje debido a quien se debe considerar con propiedad como el cronista de corte de la transición política, Joaquín Bardavío. Como maquillador de la historia su trabajo merece parabienes por la limpieza de su manipulación y por el consenso logrado entre partes tan susceptibles. […] Un trabajo sobre el proceso de desmemorialización hace imprescindible dedicarle unas líneas a este periodista. Sus textos son propiamente modelos de cómo debe escribirse la historia para que la gente crea exactamente lo contrario de lo que ocurrió, pero que en ningún momento tenga la impresión de que le engañan, sino que le informan sutilmente». En sus trabajos, añade Morán (p. 98), «prácticamente nada es como está relatado, sin embargo nada es del todo falso; solo que no ocurrió así». Y lo que es peor, concluye Morán, «pocas cosas fueron tan conservadoras, tras la muerte de Franco, como los partidos políticos. De algún modo se convirtieron a su vez en la cuarta gran institución encargada de velar por la complicidad del silencio. […] A la Iglesia, al Ejército y a la Prensa, se venían ahora a sumar los partidos políticos, algunos recién salidos de la clandestinidad». Por eso lo más significativo de la Transición «fue el ocultamiento y dilapidación de la memoria histórica» (Morán, 2015, p. 104), pues, como dice este periodista asturiano, «se trató de eliminar todo vestigio de memoria histórica que sirviera para echar luz sobre el agujero negro en el que se convertirían los cuarenta años de dictadura (1936-1976). La complicidad social en esta operación implicó a todos. […] Nos constituimos en un “reino de desmemoriados”» (Morán, 2015, pp. 106-107).

Es evidente que la Transición española fue un proceso complejo, mucho más allá del simplismo que supone decir que fue la obra conjunta de Juan Carlos, Torcuato Fernández Miranda y Adolfo Suárez, o decir que solo fue una farsa de los franquistas reformistas para que nada cambiara. Muchas cosas cambiaron, pero otras muchas permanecieron. Y hay muchos hechos que muestran claramente lo poco que se hizo por restaurar una democracia real que necesariamente tenía que haber sido la vuelta a la República, único intento serio que se había hecho antes en nuestro país por instaurar un sistema de libertades. Pero el enlace con la República fue precisamente una de las cosas que se procuró evitar a toda costa. Además de la permanencia de un sinfín de monumentos franquistas, que con muchas dificultades fueron desapareciendo después de 2007, hay muchos otros hechos que muestran con claridad la no homologación de la democracia española con las europeas: el juicio militar a Pilar Miró por su película El crimen de Cuenca (1981); el secuestro y asesinato en 1983 de los etarras José Antonio Lasa Aróstegui y José Ignacio Zabala Artano, ambos de 18 años, por miembros de la Guardia Civil, delitos por el que fue condenado el general Galindo mucho después a 71 años de cárcel (de los que solo cumplió cinco); la permisividad policial y judicial con los crímenes de la extrema derecha, etc. Pero, a mi juicio, hay dos hechos que reflejan perfectamente lo que quiero mostrar. El primero hace referencia a las repetidas sentencias del Tribunal Supremo en contra de las víctimas del franquismo, contribuyendo así –y esto es lo más grave– a incrementar el trauma de sus familiares. Así, como muestra Capellà y Roig (2012), algunas organizaciones de víctimas del franquismo presentaron varias denuncias ante la Audiencia Nacional por la desaparición de sus familiares durante la Guerra Civil y la Dictadura, hechos presuntamente constitutivos de crímenes contra la humanidad. Pero el tribunal, en su sentencia de 2012 –y a pesar de que ese mismo tribunal había condenado al militar argentino Adolfo Scilingo a 1.084 años de cárcel por su papel activo en los «vuelos de la muerte»– consideró que en el caso de las desapariciones españolas no se podía aplicar la misma ley, porque fueron delitos comunes. Además, «aparte de no dar una explicación jurídicamente convincente, la sentencia del Tribunal Supremo preocupa por lo que resulta de una aplicación estricta y extrema del principio de legalidad: que finalmente este Tribunal estará aplicando el derecho del franquismo a los crímenes franquistas, una perversión jurídica del sistema judicial y legal español que niega la justicia a las víctimas del franquismo» (Capellà y Roig, 2012, p. 52).

El segundo es un hecho comparativo; el 15 de enero de 2012, siendo presidente de gobierno Mariano Rajoy, falleció Manuel Fraga, recibiendo un homenaje casi de jefe de Estado. Un ex ministro de Franco que había calificado de golpe de Estado la legalización del Partido Comunista y que, ya entrados en los años 80 y tras el golpe de Estado de Armada, Milans del Bosch y Tejero, dijo de estos golpistas que «estaban llenos de buena voluntad». En tal homenaje se llegó a decir que Fraga había sido siempre un demócrata, pero que le había tocado vivir tiempos difíciles. Los mismos tiempos que otros de su generación, que tuvieron que exilarse o pasaron muchos años en las cárceles de la Dictadura a la que él sirvió muy eficazmente. En contraste, por esas mismas fechas, mientras Fraga era homenajeado, en Madrid estaba siendo juzgado Baltasar Garzón: fue condenado por el Tribunal Supremo a once años de inhabilitación por un delito de prevaricación y expulsado el 22 de febrero de 2012 de la carrera judicial. Había ido demasiado lejos: decretar la orden de detención de Augusto Pinochet, investigar la trama de corrupción política de la derecha española (el caso Gürtel) y haberse atrevido a juzgar los crímenes del franquismo. Hay ciertas cosas que esta democracia no consiente.

Según Gabriele Ranzato (2007, p. 96), en la Transición española se puso de manifiesto la imposibilidad del nuevo sistema democrático de condenar el régimen dictatorial anterior, acabar con sus símbolos y castigar y depurar a sus funcionarios, pues a la muerte de Franco el régimen todavía tenía suficiente peso para oponerse a ello. Pero lo peor, según él, es que existió una «amenazadora continuidad del franquismo más allá de Franco que ha contaminado el proceso democrático español». En palabras de Helena Villasante (2015, p. 286), «la inexistencia de una ruptura profunda que eliminase la cúpula política franquista y diera un giro político-cultural, produjo una Transición con grandes carencias cuyas consecuencias reaparecen hoy en la sociedad». No es raro en estas circunstancias, añade Villasante (p. 287) que «quienes sufrieron la violencia del franquismo afirmen sentirse olvidados por el Estado democrático, injustamente tratados por las políticas de memoria y profundamente marcados por los traumas». De hecho, como dicen Bernecker y Brinkmann (2009), casi todas las pocas iniciativas de recuperación de la memoria republicana se produjeron entre 1978 y 1981, y fueron paralizadas durante 20 años a partir del 23 F: ese fue, en mi opinión, uno de los objetivos del golpe de Estado del general Alfonso Armada. Por eso, a partir de esa fecha se reforzó el silencio. Pero «la idea del silencio como base de la democracia es en realidad una dificultad para la misma, pues el miedo a contar las experiencias ha retrasado la superación de los traumas y la plena democratización del país» (Villasante, 2015, p. 297).

En todo caso, muchos afirman que se hizo una transición sin mirar atrás porque eso es lo que quería la mayoría de la ciudadanía. Es cierto, pero solo a medias. Por ejemplo, Aguilar insiste una y otra vez en que para enjuiciar a la Dictadura no había respaldo social suficiente, pero olvida que tal respaldo no es algo natural sino fabricado, y que fueron los mismos neofranquistas quienes consiguieron construir el consenso de que no había que mirar atrás. Y quienes pensaban lo contrario fueron silenciados una y otra vez. Y ese no mirar hacia atrás significó olvidar a las víctimas del franquismo, incluso durante los casi catorce años de gobiernos socialistas.

4. Algunos hechos que hicieron posible la Transición

A pesar de que el poder de los franquistas seguía siendo grande cuando murió el dictador, no les era tan fácil conseguir una transición que alcanzara todos sus objetivos. Pero lo consiguieron. Los siguientes hechos ayudan a entenderlo:

1) Cuarenta años de dictadura: Es cierto que a menudo la historia se mueve como un péndulo, por lo que al morir Franco el pueblo español podría haber girado hacia posiciones políticas de izquierda. Pero también es cierto que una dictadura de cuarenta años deja muchos posos. Tengamos presente que Franco murió en la cama. «Cuando un dictador fallece de muerte natural y longevo demuestra algo tan evidente como que sus enemigos no han contado con la fuerza suficiente para derribarle. […] Por más que la historia esté llena de pruebas de lo contrario, la persistencia de un dictador en su cargo les sirve para demostrar que el número de sus defensores es arrolladoramente superior al de sus adversarios» (Morán, 2015, p. 63). Además, como decía Michel Foucault, el poder no solo reprime y castiga, también premia, concede privilegios y conforma a su propia imagen incluso a quienes luchan contra él: vivir cuarenta años bajo la bota de un régimen fascista termina contaminando a sus súbditos. Por eso, nos cuenta Jorge Moreno (2019) que, al llegar a su pueblo procedente de México, Pepe Serrano constató que ningún pariente le devolvía la mirada: su pueblo ya no tenía nada que ver con el republicano en que él vivió. De hecho, algunos exiliados volvieron a España, pero regresaron decepcionados a sus países de acogida. Y es que, argumenta Morán (2014, pp. 477-478), «nunca se explicará lo suficiente el valor que tuvo para el franquismo, para la textura social y su apiñamiento, no solo haber vencido en una guerra civil, larga y sangrienta, lo que ya de por sí une mucho a quienes la ganan, sino haber conseguido consolidar la victoria con una aún más larga posguerra, dejando una estela de represión y crímenes. La complicidad consciente, asumida, es una argamasa que tiene la textura del hormigón; no admite desmigamientos, es toda ella un bloque que se defiende ante la eventualidad de verse juzgada y humillada. Eso nunca lo vivirá el franquismo. Su impunidad la logró ahí, en esos años del tardofranquismo». Es más, la Dictadura fue tan larga que pudo socializar a las nuevas generaciones según sus propios principios y valores. Por eso «aunque el franquismo murió políticamente con Franco no solo tuvo una gran influencia mientras duró, sino que ha impreso carácter en amplios sectores de la sociedad española»[26] (Reig Tapia, 2017, pp. 150-151).

No olvidemos tampoco que «el adoctrinamiento franquista, combinado con la práctica, primero indiscriminada y luego selectiva, de la represión, acabó provocando un cambio radical en las actitudes políticas de los españoles, que aprendieron a convivir con el miedo y a interiorizar sus conflictos. Incluso los más perjudicados por la dictadura, y quizá por eso mismo, asumieron la estrategia del silencio y trataron de pasar desapercibidos, asumiendo de este modo la culpa y el remordimiento. El objetivo de despolitizar a la sociedad se fue alcanzando, al tiempo que la gestión del poder quedaba reservada a los funcionarios del régimen, consolidando así unas prácticas, elitistas y burocráticas, que habrían de ser luego muy útiles para “pilotar” la Transición. Este gran despliegue de energías para privatizar la esfera de la política no hubiera sido posible sin el concurso de la memoria como promotora del silencio y el miedo. Esta fue la herencia intangible de la dictadura» (Pérez Serrano, 2008, p. 343). En definitiva, para este autor (p. 345), «la experiencia del Frente Popular quedó de este modo instalada en la memoria de los españoles como el trauma necesario, como un aprendizaje cruel y despiadado. Su memoria negativa fue, en la crisis de la Dictadura, una referencia incómoda para una izquierda que, paradójicamente, al rechazarla, renunciaba también a la posibilidad de alcanzar la hegemonía en el proceso democratizador y quedaba a la zaga de las iniciativas provenientes del interior del régimen». Y cuando se forma un gobierno de coalición de izquierdas (PSOE y Unidas Podemos, con el apoyo de Esquerra, Compromís y Bildu), la derecha insiste en que se trata de una dictadura totalitaria que rompe el pacto de la Transición, lo que podría indicar que tal pacto incluía que jamás debería entrar el gobierno de España ningún partido a la izquierda del PSOE.

2) Apoliticismo de la población española: Uno de los efectos más citados de las cuatro décadas de dictadura es el apoliticismo de la población. Todavía hoy día mucha gente dice que la política no le interesa y que no está ni con unos ni con otros. Pero si sacas a colación la cuestión catalana olvidan lo que acaban de decir. Vaya si les interesa la política, pero solo la suya. Y es que, a mi modo de ver, una de las huellas aún visibles de la dictadura es que siguen siendo muchísimas las personas de derechas que dicen renegar de la política, siguiendo aquella frase atribuida al dictador: «Mire usted, haga como yo: no se meta en política». Moreno (2019) nos muestra un caso real: «Una de las cosas que más me llamó la atención cuando regresé a España –comentaba Fernando Serrano– fue los temas de conversación. Llegué allí y vi a mis primos hablar de fútbol y de modas o de decoración, ni un tema político, ni un problema social, nada de nada. Nosotros hablábamos con mi padre de la guerra y de la República, pero frecuentemente».

3) Actitud favorable de la población a una transición incruenta: Hubo al menos dos cosas que facilitaron el que la mayoría de los españoles desearan una transición incruenta. La primera fue el miedo a una repetición de la Guerra Civil que a partir de 1963 los franquistas transmitieron persistentemente a la población y que se hizo revivir en la Transición. Y para ello utilizaron su control casi absoluto de los medios de comunicación y la amenaza de un golpe de Estado militar. Pero se nos mintió, exagerando la posibilidad de tal guerra civil. La segunda es socioeconómica: durante los últimos años del franquismo había surgido una poderosa clase media que, aunque todavía no vivía muy bien, nunca antes, durante los cuarenta años de dictadura, había vivido igual. Y no querían de ninguna manera perder lo que tenían. Las clases medias son, por definición, conservadoras. De hecho, sobre todo en las grandes ciudades, el número de teléfonos, televisores, neveras y coches había aumentado mucho durante los diez o doce años previos a la muerte de Franco. Eso facilitó que los reformistas consiguieran imponer la transición que les interesaba. Una parte importante de la ciudadanía ya no aceptaba las rígidas estructuras políticas del franquismo, pero tampoco deseaba cambios bruscos y radicales ni estaba dispuesta a ningún riesgo: a finales de los años setenta el consumismo –el más eficaz instrumento de control de las masas del capitalismo– estaba llegando a la clase media española.

La aceptación de esa transición tan poco modélica se explica mejor si a todo lo anterior añadimos que los franquistas habían asesinado a miles y miles de republicanos, y que se habían exiliado varios cientos de miles más –precisamente los más comprometidos–. Y los republicanos que se quedaron en España fueron encarcelados y aterrorizados de mil maneras. De hecho, cuenta Max Aub que cuando vino unos meses a España, a finales de los sesenta, nadie le preguntaba ya por la guerra, ni por la República, ni por el exilio. Para él, el reencuentro con tantas personas, antaño amigos, supuso una profunda decepción. Y es que las personas de izquierdas que permanecieron en España tuvieron que cambiar incluso su memoria del pasado para poder sobrevivir con un mínimo de bienestar psicológico. De hecho, Hanneke Willemse (2002), tras entrevistar a anarquistas aragoneses, comprobó que la memoria que quienes se habían quedado en España mantenían de la guerra, de la revolución social y de las colectividades libertarias era completamente distinta de la de quienes se habían exiliado en Francia. Los primeros, para adaptarse a las circunstancias y sobrevivir, habían internalizado –al menos en parte– la memoria de los vencedores, hasta el punto de que muchos consideraban que eran ellos mismos los que habían hecho cosas horrorosas y se arrepentían de haberlas hecho, o echaban la culpa de su penosa situación a sus maridos o abuelos por haber querido cambiar las cosas y hacer una sociedad más justa y más democrática. Los segundos, en cambio, seguían estando muy orgullosos de la revolución social que habían llevado adelante.

4) Proceso de paulatina desmovilización: Es indiscutible que la Transición consiguió que la movilización de la población descendiese con respecto a la que existía durante los últimos años del franquismo. Dice Rodríguez López (2015, p. 288) que tal vez fue el PCE, con Carrillo al frente, el mayor responsable de tal desmovilización, pues en aquellos momentos era indiscutiblemente la organización antifranquista más potente. Pero los sindicatos también participaron en esa desmovilización y en el «desmontaje del antifranquismo».

5) Intervención de la CIA en la Transición española: Según Pilar Urbano, ya en 1968 el Club Bilderberg y el Consejo de Relaciones Internacionales de EE.UU., a los que se añadiría en 1975 la Comisión Trilateral, decidieron que Juan Carlos debía ser designado sucesor de Franco. Aunque apenas se ha hablado de la intervención de la CIA en la Transición, algunos autores señalan que tal intervención fue crucial (Prego, 1995; Grimaldos, 2007, 2013; Lemus, 2011; Urbano, 2011; Martín Medem, 2012). Hay algunos hechos esenciales que estos autores atribuyen, de una u otra manera, a la CIA, como el atentado contra Carrero Blanco o la elección de Felipe González como secretario general del PSOE, dos hechos que sin duda marcaron el trascurrir de la Transición. Al parecer, todo comenzó con la llegada a Madrid de Vernon Walters, que ya tenía experiencia en estos asuntos, pues había estado en Brasil para facilitar el golpe militar contra el presidente João Goulart, y que antes había hecho de intérprete en las visitas de Eisenhower (1959) y Nixon (1970) a Madrid. Según Walters, Richard Nixon «se percató de la importancia que España tenía para el mundo libre», y por eso le envió en 1971 con la «misión especial» de entrevistarse con Franco para ir preparando una transición según los intereses de Estados Unidos. Y al parecer, Carrero era un obstáculo para tal transición, pero no lo era Juan Carlos. De ahí que Walters y Kissinger propusieran el asesinato de Carrero, tal vez, como subraya Urbano, con la colaboración del etarra Ezkerra. Según Urbano, ETA había decidido secuestrar a Carrero, siendo Joseba Iñaki Mujica Arregi, «Ezkerra», el encargado de llevar a cabo el secuestro, y la CIA –a través del PNV– convenció a ETA de que en lugar de secuestrarle le matara. Y por si eso fuera poco, siempre según Pilar Urbano, la CIA cambió el explosivo del túnel cuando los etarras dejaron el sótano sin vigilancia, poniendo una potentísima carga de C4, explosivo exclusivo del ejército de EE.UU. De hecho, añade Urbano, Ezkerra nunca fue acusado por el asesinato de Carrero a pesar de que lo detuvieron en 1975. Dos años después lo enviaron a Oslo y finalmente se acogió a la amnistía. Por su parte, Victoria Prego dice que «la impunidad con la que trabajaron los asesinos resulta asombrosa en un país donde la sospecha era carta común y en un barrio, el de Salamanca, en el que se encuentra la muy protegida embajada de Estados Unidos y por el que se había hecho un auténtico “peinado” con motivo de la reciente visita de Henry Kissinger a Madrid. La duda no se ha despejado aún» (1995, p. 21). Más aún, escribe Pilar Urbano, durante la agonía de Franco, el embajador de EE.UU. en Madrid, Wells Stabler, le presentó a Juan Carlos un guion para el cambio político en España gradual y sin prisas, guion aprobado por Kissinger.

Existen aquí dos hipótesis no incompatibles: que ciertos grupos dentro del franquismo veían con buenos ojos la desaparición física de Carrero y que la CIA estuvo detrás de ETA en este atentado. En efecto, «durante todos estos años se ha estado especulando con la idea de que el asesinato de Carrero Blanco fue “permitido” por determinados sectores del régimen, a los que podría parecer molesto un sucesor de Franco no suficientemente eficaz en la defensa numantina de las esencias del 18 de julio de 1936 […] Aún hoy se sigue discutiendo esta hipótesis» (Prego, 1995, p. 21). Por su parte, Teresa Vilarós (1998) se extraña mucho de que no se detuviera, ni se identificara siquiera, a los ejecutores físicos del atentado y que apenas se haya hablado de este tema. Por su parte, Martín Medem (2012) sí afirma que la CIA utilizó a ETA para asesinar a Carrero, añadiendo también él que la conexión de la CIA con ETA fue a través del PNV. Con el la muerte de Carrero, añade, Nixon daba fin a su oposición a la renegociación de las bases militares, a la entrada de España en la OTAN y, a la vez, a la amenaza de una colaboración de España con Francia para fabricar armamento nuclear. Además ello aumentaba la necesidad que el príncipe Juan Carlos tenía del apoyo de Washington.

Por otra parte, Pilar Urbano dice que el juez Luis de la Torre Arredondo, al que le arrebataron el sumario para pasárselo a la jurisdicción militar, llegó a decir en una entrevista a Interviú que «iba teniendo la convicción cada vez más sólida de que la CIA supo que iban a matar a Carrero, que la CIA estaba detrás». De hecho, en el año 2008 se desclasificó un documento de la Embajada de los Estados Unidos en Madrid al Departamento de Estado del Gobierno de los Estados Unidos en el que se afirma que «el mejor resultado que puede surgir […] sería que Carrero desaparezca de escena, con posible sustitución por el general Díez Alegría o Castañón» (US Embassy Madrid – US Department of State. Cable 700. Enero de 1971).

También el general Manuel Fernández-Monzón, el enlace de los servicios secretos españoles con la CIA para controlar la Transición (Grimaldos, 2007), escribió: «No es verdad todo lo que se ha dicho de la Transición. Como eso de que el rey fue el motor del cambio. Ni Suárez ni él fueron motores de nada, solo piezas importantes de un plan muy bien diseñado y concebido al otro lado del Atlántico. Todo estuvo diseñado por la Secretaría de Estado y la CIA. A los norteamericanos solo les hemos interesado por nuestra posición estratégica. Estados Unidos quería tener la seguridad de que, con el final del franquismo, aquí no iba a pasar nada que estuviera fuera de su control». Más claro aún lo dice nuevamente Fernández Monzón: «Todo estuvo diseñado por la Secretaría de Estado y la CIA, y ejecutado, en gran parte, por el SECED, con el conocimiento de Franco, de Carrero Blanco y de pocos más». Según él, la Transición española fue diseñada por la CIA y por el Bundesbanck alemán. Tal vez ambas instituciones estuvieron también detrás de la elección de Felipe González, como veremos más adelante.

6) Eliminación y purga de los archivos: Otro instrumento que durante la Transición utilizaron los neofranquistas, al igual que hicieron los nazis al acercarse su derrota, fue destruir todos los documentos que pudieran comprometerlos, aunque ya habían destruido muchos anteriormente. Así, «cada archivo fue debidamente purgado, en mayor o menor medida. Multitud de ayuntamientos que contaron con campos de concentración, como Alhaurín el Grande, Tembleque, Sotopalacios o Pinto, conservan los registros históricos del municipio salvo los de momentos clave del período 1936-1940, que han desaparecido misteriosamente. […] Ramón Serrano Suñer, se encargó de que desapareciera el grueso de la información sensible de los dos ministerios que dirigió, Gobernación y Asuntos Exteriores. En cada archivo que he visitado he encontrado referencias a comunicaciones o informes aparentemente trascendentales que, sin embargo, no aparecen por ningún lado. Resulta muy elocuente comprobar cómo en cada fondo documental ha desaparecido todo rastro relevante de los años en que nuestro país fue un aliado fiel de la Alemania nazi. Sin embargo, sí se conservan perfectamente identificados los documentos que sitúan a España más cerca de los Aliados en los momentos finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando Franco se había cambiado de chaqueta temiendo que Hitler le arrastrara en su ya inminente caída» (Hernández, 2019, pp. 66-67). Espinosa muestra que la eliminación masiva de documentos tuvo su punto culminante a partir de 1965, cuando los prohombres del régimen fueron conscientes de que Franco no era inmortal. En esas fechas se destruyeron gran parte de los archivos de Falange en toda España y los que quedaron los quemaron tras la muerte del dictador. Espinosa (2015) lo deja claro, señalando incluso al responsable: «Al franquista Rodolfo Martín Villa se debe, en su etapa al frente de Gobernación durante la Transición, la destrucción de todos los archivos del Movimiento (Falange, Sección Femenina, etc.), hecho insólito e ilegal por el que hasta ahora no ha tenido que rendir cuentas».

7) Control de los medios de comunicación, el caso de El País: Obviamente, una de las primeras decisiones que tomaron quienes dirigían la Transición fue controlar los medios de comunicación. Los del régimen ya los controlaban, pero no podían impedir la aparición de periódicos de izquierda, si realmente querían que esto al menos pareciera una democracia. Sin embargo, quisieron controlar también estos nuevos medios. Y en gran medida lo consiguieron, a través de El País, considerado el símbolo mediático de la Transición y el medio de expresión de la izquierda. La prensa en general y El País en particular colaboraron a que la nueva democracia supusiera una «ruptura total» con la República, con sus valores y con quienes la protagonizaron. Ello se ve ya en los orígenes de El País. En 1972 se planteó la idea de sacar un periódico de derechas pero moderno y abierto a la democracia. Para ello se contó al principio con José Ortega Spottorno, quién, según Morán (2014), desempeñó un papel importante en los inicios de este periódico, aunque pronto fue sustituido por Jesús de Polanco, un hombre de Fraga Iribarne y «el encargado de montarle [a Fraga] reuniones con sus amigos de centro-izquierda» (Morán, 2014, p. 545). Como añade Gregorio Morán, uno de los proyectos que tenía Fraga era la creación de un gran periódico, controlado por él y sus colaboradores, que fuera un instrumento eficaz al servicio del posfranquismo. Como añade Morán, ese periódico fue El País y sus propiciadores fueron Fraga, Areilza, Pío Cabanillas y Ricardo de la Cierva. En cuanto a la dirección del periódico, y tras la negativa de Miguel Delibes, Ortega Spottorno viajó a Londres para ver a Fraga y presentarle una terna en la que estaba el entonces director de los informativos de la televisión franquista, Juan Luis Cebrián, que sería elegido primer director de El País.

¿Dónde estaban las tendencias izquierdistas de El País de esa primera época? No estaban. Como argumenta Morán, los cuatro político-intelectuales que marcaron las orientaciones del periódico fueron nada menos que Ricardo de la Cierva, Jose Luis López Aranguren –antiguo seguidor de Gil-Robles–, Julián Marías y, en menor medida, el escritor católico Jiménez Lozano, lo que refleja, concluye Morán, el nivel intelectual de la Transición. No es de extrañar, pues, que las funciones desempeñadas por El País en la nueva etapa coincidieran con los objetivos del franquismo reformista: apoyar la reforma del régimen franquista, en lugar de la ruptura; expandir la idea de que tuvimos una «transición modélica», apoyar a la Monarquía borbónica frente a la República, escondiendo todo lo posible los casos de corrupción de Juan Carlos I; defender la unidad de España por encima de todo; y promocionar el neoliberalismo económico y sus recetas, ocultando sus efectos negativos. Sin embargo, para distinguirse un poco de los periódicos de la derecha neoliberal, también aparecieron siempre en sus páginas artículos de calidad, a menudo con una mirada indiscutiblemente progresista, como los que actualmente suele incluir de Joaquín Estefanía o de antiguos neoliberales convertidos al keynesianismo, como Joseph Stiglitz o Paul Krugman.

Y, para conseguir sus objetivos, el nuevo periódico hizo sobre todo tres cosas: atacar a cualquier partido o grupo a la izquierda del PSOE, como han sido los casos del PCE, de IU y de Podemos, a este último de forma inmisericorde; vetar todo lo que huela a libertario, de forma que la CNT no suele aparecer nunca en sus páginas y cuando aparece es para atacarla; y ocultar todo lo que tuviera que ver con la intelectualidad republicana, pues ello podría contribuir a resucitar el espíritu de la República. Pero en sus páginas pocas veces aparecieron ni los exiliados, ni los anarquistas, ni nadie que pudiera criticar a la Transición y al Régimen del 78. En resumidas cuentas, no debemos olvidar que, como subraya Morán, El País fue fundado por Fraga, quien, junto a Ramón Serrano Súñer –cuñado de Franco y uno de sus más poderosos ministros–, figuraba como accionista del periódico, y que la estrella de su primera época fue el también franquista Ricardo de la Cierva. Tampoco podemos olvidar, añade Morán (2014, p. 583), que este periódico eligió a Diego de Córdoba como abogado para todo, un juez recién llegado del disuelto Tribunal de Orden Público, ni la estrecha vinculación de El País con el tipo de transición que se hizo, hasta el punto de que tal vez fue el más eficaz instrumento de domesticación de izquierdistas.

8) Dificultades para una acción conjunta de la izquierda; la soledad de los exiliados: Otro mecanismo, aparentemente sutil, para que no cambiaran las cosas en profundidad, fue la ruptura radical y absoluta con la República, mostrando que la actual democracia ha sido traída por los «hombres de la Transición» y por el «consenso entre españoles». Como escribe Rodríguez Gallardo (2008/2009, p. 439), «todo este proceso de revisión del pasado franquista ha anulado la memoria de la Segunda República española (1931-1936) como una memoria “democrática” y como un periodo de significativos avances sociales». Y añade este autor: «La estigmatización de la memoria de izquierda y republicana ha hecho desaparecer de la memoria colectiva las propuestas de avance democrático que supuso la Segunda República». Es más, se produjo una ruptura radical con el exilio, de forma que la aportación de sus miembros (filósofos, literatos, científicos, etc.) fue completamente olvidada y echada a la papelera de la historia. Como dice Morán (2014, p. 452), «el exilio, como cultura, no entró en la vida española, si acaso con cuentagotas y mediatizado en un océano de genialidades asentadas al terruño. Nombres, en el mejor de los casos. No obras». Y así nos va. Más aún, el reencuentro entre familiares o amigos del exilio exterior y del interior, vencidos todos ellos, fue a menudo muy difícil. De hecho, Willemse, como ya he dicho, encontró unos datos interesantes, aunque tristes, que se resumen en la frase «aquí nunca se hablaba de aquello, allí no se hablaba de otra cosa”[27]. Por eso cuenta Jorge Moreno (2019, p. 174) que cuando el ya citado Pepe Serrano, hijo de exiliados, regresaba a Villanueva de los Infantes durante las vacaciones que realizó en los años ochenta, siempre iba solo, pues la ausencia de comunicación que sintió con sus familiares provocó una ruptura tan grande que cada vez que vuelve ya ni contacta con ellos. Prefiere pasear solo para no discutir con nadie. Y es que los exiliados, al volver a España se encontraron a menudo con un país cuyos habitantes habían internalizado al menos una parte de la ideología franquista. En México, Pepe Serrano no deja de pensar en su pueblo, pero cuando viene a su pueblo se da cuenta de que aquí es un extraño o incluso un lunático hasta para sus primos y sus ex compañeros republicanos, porque él aún piensa en la guerra y en la República. Ellos dicen que todo eso «lo tienen superado», pero nada han superado aún los vencidos: las fosas aún sin abrir.

9) El papel de la Judicatura: Gracias a la Ley de Amnistía, los protagonistas de la dictadura disfrutaron durante la Transición y la democracia de una impunidad sorprendente. Ello afectó también a los jueces franquistas que durante décadas habían dictado penas de muerte injustas. Pero no solo no se les juzgó, ni hubo depuración alguna, sino que incluso los jueces del siniestro Tribunal de Orden Público (TOP) gozaron de una inaudita promoción profesional. Más aún, en cualquier paso de una dictadura a una democracia la cúpula del sistema judicial es juzgada muy severamente, es encarcelada o al menos es depurada. En España no solo no hubo nada de eso, sino que de los 16 jueces que tenía el Tribunal de Orden Público cuando este se disolvió, 10 pasaron directamente al Tribunal Supremo y 6 fueron integrados en la Audiencia Nacional. No son necesarios comentarios adicionales para entender qué supuso a nivel judicial la reforma, en lugar de la ruptura. Y por tanto no es de extrañar, como informaba elDiario.es (5 y 6/10/2016), que todavía no hace mucho, en septiembre de 2016, la fiscal general del Estado nombrada por el PP, Consuelo Madrigal, enviara una circular a los jueces españoles para que bloquearan y paralizaran todas las peticiones de la juez argentina María Servini para que diferentes testigos declararan en el asunto de los crímenes del franquismo. Es más, según el citado diario, la fiscal general del Estado tuvo la osadía de recordar en tal circular el caso de Baltasar Garzón, como una amenaza a aquellos jueces que se atrevieran a colaborar con la justicia argentina, advirtiendo también a la jueza Servini de que no podía cuestionar la transición española. Más aún, cuando en septiembre de este mismo año de 2020 la juez Servini estaba a punto tomar declaración a Martín Villa, fueron muchos los políticos, tanto del PP como del PSOE, que la escribieron defendiendo al declarante, como forma nada sutil de presionarla. Entre ellos estaban los socialistas Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero y Josep Borrell, o los ex secretarios generales de UGT, Nicolás Redondo y Cándido Méndez, y de Comisiones Obreras, Antonio Gutiérrez y José María Fidalgo. Por increíble que parezca, así ha sido.

10) Una Ley electoral a su medida: Por si todo lo anterior fuera poco, los franquistas reformistas decretaron una ley electoral preconstitucional, milimétricamente estudiada para beneficiarles a ellos, sobre todo con un artilugio esencial: la circunscripción provincial, mucho más perjudicial aún para la igualdad electoral de los ciudadanos que la Ley d”Hont. La circunscripción provincial da mucho más peso electoral a las personas del mundo rural y de provincias menos pobladas, generalmente más conservadoras, que a las del mundo urbano y de provincias más pobladas, normalmente más progresistas –especialmente en los años ochenta–. Por ejemplo, el voto de un soriano, de un zamorano o de un palentino, valen varias veces más que el de un madrileño, un barcelonés, un valenciano o un sevillano, tanto para el congreso de los diputados como, sobre todo, para el senado, a no ser que voten a un partido minoritario –como puede ser Podemos–, en cuyo caso su voto no vale nada. Todo estuvo diseñado para que UCD ganara las elecciones. Y por si eso fallaba, el rey nombraba a dedo a 41 senadores, con lo que era prácticamente imposible que UCD no tuviera mayoría absoluta en el Senado, que era el instrumento diseñado para paralizar cualquier propuesta aprobada en el congreso que no gustara al neofranquismo. Con ello la maquinaria electoral estaba ya bien engrasada para asegurarse el control del proceso. Y lo grave es que tal injusta Ley Electoral aún está en vigor, a pesar de sus serios inconvenientes.

11) 23F, el golpe de Estado del general Armada: Si existen pocos datos seguros sobre el atentado contra Carrero, sobre el 23F todavía hay más cabos sueltos (Carcedo, 2001). Por ejemplo, en su libro La gran desmemoria (2014), la periodista Pilar Urbano desvela que fue Juan Carlos I –según le confesó Adolfo Suárez– el «elefante blanco» del golpe de Estado del 23-F. «Para Suárez, estaba clarísimo que el alma de la Operación Armada era el Rey, que nace en Zarzuela, que Don Juan Carlos es el muñidor para colocar al general Alfonso Armada al frente de un Gobierno de concentración», asegura Urbano.

Además resulta interesante comparar ambos acontecimientos. Mientras que el 23F fue televisado en directo, como si ya se esperara y estuviera todo preparado, sin embargo sobre la muerte de Carrero prácticamente ni se ha hablado. Tal vez esa diferencia crucial entre dos de los más esenciales hechos de la Transición sea muy significativa. Con respecto al 23F escribe Espinosa (2006a, pp. 128-129): «Este golpe fallido, esta representación esperpéntica retransmitida por televisión, marcó un antes y un después en el proceso político. La memoria traumática había desempeñado su papel, pero no porque el recuerdo de la guerra favoreciera el entendimiento de ambos bandos, sino porque la memoria del terror conducía a la sumisión y a que la izquierda asumiera de una vez los límites del proceso reformista». Todo parece indicar que, entre los objetivos del golpe, sobresalen estos tres: conseguir que la izquierda aceptara a Juan Carlos como rey de España, a pesar de haber sido designado por Franco; poner límites a la expansión de la autonomía de las regiones, en especial de Cataluña y País Vasco; e impedir que los crímenes del franquismo fueran juzgados. El golpe consiguió paralizar los pocos avances que empezaban a hacerse hacia una sociedad más democrática y con más memoria, justicia y reparación a las víctimas del franquismo. «El 23F tuvo el papel de dar un escarmiento o una regañina (¿de papá Franco desde la tumba?) a los que en la calle, en los meses previos, se estaban movilizando a favor de una transición más democrática. Y para gran parte de la población, el 23F tuvo un efecto “retraumatizador”, que es lo que ocurre cuando un acontecimiento en el presente remueve el inconsciente no elaborado en relación a situaciones similares del pasado. La retraumatización empeora y enquista aún más el material dañino que se transmite de generación en generación. Después del 23F se desmovilizó la calle, se reforzó el mito del Rey como rescatador de sus súbditos, se entró en la OTAN, se reforzaron los pactos económicos, se pararon las pocas exhumaciones de fosas que algunos familiares habían comenzado» (Valverde, 2014, p. 65).

12) Ley de Amnistía: Esta ley fue aprobada en el Congreso de los Diputados el 15 de octubre de 1977 con el apoyo de casi todos los grupos parlamentarios (Unión de Centro Democrático, Partido Socialista Obrero Español, Partido Socialista Popular, Partido Comunista de España, la Minoría Vasco-Catalana y el grupo mixto) y con la abstención de Alianza Popular, lo que parece mostrar que la intención no era amnistiar los crímenes franquistas. Pero posteriormente ha sido utilizada sistemáticamente por los jueces para amnistiar tales crímenes. Es más, la ONU ha pedido al Gobierno español la abolición de esa ley preconstitucional. Pero tanto el PSOE como el PP la defienden persistentemente. Y eso que hoy día nadie pide en España perseguir los crímenes del franquismo judicialmente, sino solo investigar oficialmente la verdad de lo ocurrido y hacer justicia a las víctimas. Y ni siquiera eso ha sido posible, ni en la Transición ni en la democracia. «Pensar que el mundo de los vencedores estaba amnistiando al mundo de los vencidos, después de la perpetua venganza que fue el franquismo, suena a broma pesada» (Espinosa, 2006c, p. 199). La Ley de Amnistía fue una ley de punto final, una ley de impunidad para los crímenes y asesinatos de la dictadura. Con ello el franquismo mantuvo gran parte de su influencia en sectores claves como la Judicatura, el Ejército, la Iglesia, el empresariado o los mass media, justo en los sectores que más se habían beneficiado de la dictadura. «¿No constituyó tan extraña amnistía acaso la prueba de que el proceso lo controló una derecha que además de arrogarse la potestad de perdonar a sus víctimas, impidió cualquier posibilidad de que sus acciones pasadas fueran no ya enjuiciadas sino simplemente expuestas?» (Espinosa, 2006c, p. 200). Sin embargo, «la amnistía hacia los responsables de la dictadura, para muchos injusta pero necesaria, no tenía que implicar la falta de reconocimiento y reparación para los afectados» (Fernández Quiroga, 2006, 2ª, p. 12).

Pero esa Ley de Amnistía, vigente todavía hoy día para defender los intereses de los herederos de los vencedores y humillar a los de los vencidos (Pijuan i Pintó, 2012), es para muchos juristas ilegal, pues cuando se promulgó, el 15 de octubre de 1977, España ya había firmado –seis meses antes– el Pacto Internacional de Derechos y Políticas, que afirma que la amnistía no es válida para crímenes de guerra o torturas. Y no olvidemos tampoco que no es posible amnistiar delitos que no han sido juzgados, y los crímenes franquistas jamás lo han sido. Además, lo que hizo esta ley fue poner al mismo nivel a víctimas y verdugos, lo que no parece ni muy democrático ni muy humanitario. Es más, aunque se aceptara esa ley, Martínez Alier (2011a) afirma, en línea con Baltasar Garzón, que no puede amparar delitos contra los derechos humanos, que no pueden prescribir y que son reconocidos internacionalmente, como son las desapariciones y el secuestro de niños. Por eso, según el fiscal José María Mena, hay suficiente base jurídica –tanto nacional como internacional– para juzgar los crímenes franquistas, y Garzón era competente para llevarla a cabo, cosa que impidió la Audiencia Nacional expulsándole de la Judicatura.

Lo que resulta más curioso, subraya Martínez Alier (2011a, p. 21), es que la llamada izquierda ni siquiera discutió si iba a pedir responsabilidades políticas a los franquistas o si, ya de entrada, les iba a perdonar todos los crímenes que habían cometido, comprometiéndose a no hablar siquiera del tema e incluso a ocultarlo al pueblo español, imponiendo a la sociedad entera un silencio aterrador sobre este asunto. Más aún, la izquierda de aquellos años incluso pedía de rodillas a los herederos de la dictadura que le concediera una amnistía por haber sido de izquierdas: los miembros del Partido Socialista y del Partido Comunista pidiendo a los franquistas que les perdonaran el haber sido socialistas o comunistas. «La izquierda solicita perdón y clemencia en vez de denunciar la ilegitimidad de los poderes actuantes, y en vez de insistir en la cantidad de muertos que Franco y los franquistas han producido» (Martínez Alier, 2011b, p. 160). Y añade Martínez Alier (p. 26): «La Ley de Amnistía fue como un chiste: los que habían matado sin sufrir ningún castigo y sin perder ni una de las antiguas pesetas de su patrimonio con la muerte de Franco, se daban el lujo de amnistiar a los que habían perdido la guerra y habían perdido la paz de los cementerios durante 35 años, y de paso se amnistiaban ellos mismos». No es raro entonces que todavía en mayo de 2020, como ya dije, la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados se atreviera a reprochar al vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, el ser hijo de un terrorista, ya que su padre militó durante la Dictadura en una organización antifranquista. Es para no creerlo.

En definitiva, gracias a la Ley de Amnistía, a la Ley Electoral y a los otros factores mencionados, tras la muerte de Franco todo siguió igual para sus víctimas. Y todavía hay intelectuales de izquierdas que apoyan ese proceso y que incluso, como es el caso de Reig Tapia, se atreven a decir cosas como esta: «amnistía etimológicamente quiere decir precisamente olvido, y que el olvido fue lógicamente en dos direcciones mal que les pese a los que les habría gustado montar una especie de Núremberg 40 años después» (2017, p. 157). ¿Olvido en ambas direcciones? Pero si los monumentos franquistas, las calles con nombres franquistas, etc., se mantuvieron durante toda la Transición y durante mucho tiempo después; si Franco siguió reinando en Cualgamuros hasta finales de 2019, Queipo en la Macarena, Moscardó en el Alcázar de Toledo, etc. Y mientras, miles de republicanos están aún en fosas comunes. Y siguen vigentes las sentencias franquistas, casi todas «por rebelión» precisamente contra los que no se rebelaron. Pero si el propio Reig Tapia escribe (2017, p. 169) que «no hay manera de que se cumpla la llamada Ley de Memoria Histórica aprobada por fin y apresuradamente por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y por el Congreso de los Diputados en 2007». Y a la vez que dice eso elogia la afirmación de Santos Juliá de que «a la transición no se le puede achacar ningún déficit democrático».

5. Durante la Transición todo siguió igual para las víctimas del franquismo

A la muerte de Franco había en España dos fuerzas que se disputaban el futuro del país: los franquistas, que querían una mera reforma del régimen para que todo siguiera igual, y la oposición antifranquista, que quería una ruptura con la dictadura y la implantación de una democracia homologable a las europeas. Alrededor de esa disputa giró la Transición y todos conocemos el desenlace: se impuso la reforma, o sea, que España mantuvo la dictadura reformada y no adoptó una democracia rupturista. Como dice Victoria Prego la ruptura «significa el desmantelamiento de las estructuras jurídicas y políticas del régimen, la destrucción no violenta pero sí total del aparato del Estado franquista para, partiendo de cero y desde las cenizas del viejo orden, iniciar la construcción de un nuevo Estado democrático» (1995, p. 215). Pero no hubo nada de eso. Lo que hubo fue una mera reforma del régimen dictatorial. Muchos políticos de izquierda pensaban que debían aceptar lo que se les ofrecía para luego avanzar hacia una democracia real, cuando ellos ganaran las elecciones. Las ganaron, y con holgura, pero las cosas cambiaron poco. La reforma del sistema había sido aprobada para que durara décadas y la Transición se vendió como el resultado del «consenso» y la «reconciliación». Sin embargo, realmente no hubo ni lo uno ni lo otro:

Consenso: Es siempre la consecuencia de un proceso más o menos explícito de negociación entre dos o más partes. Pero para que una negociación sea realmente tal debe haber una cierta igualdad entre las partes. Si no es así, si una de las partes tiene mucho más poder que la otra, difícilmente habrá negociación y sí imposición, por sutil que sea. Y en la Transición el desequilibrio de poder entre las partes fue abrumador, por lo que no pudo haber verdadera negociación. El Diccionario de la Real Academia Española dice que consenso es un «acuerdo producido por consentimiento entre todos los miembros de un grupo o entre varios grupos». Por tanto, consenso hubo, pero fue impuesto. Hubo una serie de pactos en los que, para llegar a un sistema democrático, algunos partidos renunciaron a cosas para ellos fundamentales y aceptaron otras muy contrarias a sus ideales, pero en ningún momento se realizaron en igualdad de condiciones: unos tenían el poder económico, el de la Iglesia y sobre todo el de las armas, y querían transitar a un régimen democrático, pero siempre que ello no supusiera una merma de sus intereses y privilegios; los otros tenían solo un gran deseo de terminar con la dictadura y entrar en una democracia. Por eso fue relativamente fácil el pacto. No olvidemos que el consenso fue impuesto con el miedo permanente a un golpe de Estado militar que fue la pistola con la que durante toda la Transición se amenazó a los demócratas si no eran buenos y no hacían lo correcto.

Reconciliación: Fue la otra supuesta, pero falsa, gran virtud de la Transición. ¿Cómo puede hablarse de reconciliación cuando se mantenían, a la vez, los monumentos a los vencedores y las fosas comunes en las que estaban arrojados los vencidos? Lo que se hizo fue imponer un consenso que ocultara la ausencia de reconciliación. Ni hubo consenso ni hubo reconciliación, sino una gran victoria de los franquistas para mantenee su poder en todos los ámbitos de la vida del país. Como escribe Morán (2015, p. 192), «la victoria moral de la clase política procedente del franquismo fue conseguir la amnistía sobre su pasado a cambio de facilitar la incorporación de la oposición a la vida política real. La primera derrota ética de la oposición democrática fue considerar que la única forma de conseguir integrarse en la vida política real consistía en garantizar la impunidad sobre el pasado de la otra parte». Y eso no lo consiguieron los franquistas solo con la Ley de Amnistía, sino también con el consenso y la reconciliación que nunca existieron. Toda reconciliación exige una previa cura de las heridas del pasado y para ello hay que hacer un sano ejercicio de memoria, que es lo que no se hizo aquí. Como puntualiza Álvarez Fernández (2008, p. 31), «la lucha entre la memoria y el olvido es una constante en las sociedades que mantienen una relación traumática con su pasado. La recurrencia del discurso de la memoria y el olvido demuestra que la Transición española no consiguió borrar enteramente del imaginario español el sentimiento de culpa por lo ocurrido en 1936. Muy al contrario, el proceso iniciado en 1975, en lugar de convertirse en un lugar de encuentro y reflexión, apenas quedó en un trágala impuesto por las clases dominantes, con el beneplácito de la clase política, para salvaguardar sus intereses». Parafraseando a Paul Preston (2011), la Transición fue el desenlace del legado de miedo que deliberadamente creó el franquismo a través de la represión durante décadas, que, por otra parte, fue lo que impulsó la glorificación de los vencedores y la humillación de los vencidos. Fue eso, junto con el miedo de los vencidos a que sus hijos sufrieran lo que ellos habían sufrido y su ardiente deseo de que eso no sucediera, lo que hizo posible la «reconciliación». Pero una reconciliación basada en el miedo no puede ser nunca una verdadera reconciliación.

En suma, el mito de la «transición modélica» descansa principalmente en tres aspectos positivos, pero falsos los tres: 1) El consenso, que no lo hubo, sino que fue una clara imposición; 2) Su carácter pacífico, cosa que tampoco fue cierta (Baby, 2012; Sánchez Soler, 2010; y 3) La reconciliación, que tampoco existió. Basta con ver cómo reaccionó la derecha ante la exhumación aprobada por el Parlamento del cadáver del dictador, sobre todo la propia familia Franco, a pesar de que la democracia no ha intentado siquiera hacer justicia y obligar a esa familia a devolver lo que su abuelo –como ha demostrado Ángel Viñas– había robado y ellos siguen disfrutando. Para comprender cabalmente qué tipo de transición se hizo basta con ver cómo la derecha denuncia al PSOE de traición a los pactos de la Transición por el hecho de que Sánchez ha formado un gobierno de coalición con Unidas-Podemos, coalición electoral que, aunque a nivel económico es socialdemócrata, a nivel político representa a los vencidos de la Guerra Civil. Y es que, como sostiene Espinosa (2006a), el auténtico espíritu de la Transición fue el pacto de silencio, la impunidad de los crímenes franquistas y las políticas de olvido. Esos son los principales pilares del indiscutible éxito del tardofranquismo en la Transición. Sin embargo, por decirlo con palabras de Juan Carlos Ferré Olivé, «el tránsito de la dictadura a la democracia y el precio político que en ocasiones se debe pagar para alcanzar cambios pacíficos no pueden sellar para siempre la historia y el recuerdo de lo que efectivamente ha acontecido» (2009, p. 12). Pero a pesar de todo lo anterior, todavía hay intelectuales de izquierdas que siguen considerando que esa Transición fue algo maravilloso, algo que incluso puede servir de ejemplo al mundo entero (véase Navarro, 2016). Así, Juliá (2010) atacaba de forma inmisericorde a todo el que se atreviera a criticarla, como hace con Xavier Díez (2004) o con Julio Pérez Serrano (2007). Todos ellos, dice Juliá, ignoran o fingen ignorar lo mucho que sobre la República, la guerra y la dictadura, apareció en las publicaciones más populares, destinadas a eso que se llama gran público. ¡Pero si hasta Felipe González ha reconocido que se equivocó por no haber hecho una labor pedagógica sobre este tema!

La Transición se hizo con el beneplácito tanto del PSOE (y UGT) como del PCE (y CC OO), y con la CNT como casi única oposición, lo que le costó muy caro (recordemos el atentado contra la sala de fiestas Scala, en Barcelona). Por eso para las víctimas del franquismo, sobre todo para los familiares de los desaparecidos, tras la muerte de Franco todo siguió igual, o peor, pues perdieron las ilusiones que tenían puestas en la democracia. Mientras sus padres, madres y abuelos seguían en las fosas, fueron testigos de algunos hechos que mostraban que nuestra democracia no era muy democrática. Destacaré los siguientes:

1) Melitón Manzanas, jefe de la Brigada Político Social en San Sebastián, fue matado por ETA en 1968: no solo no recibió nunca una condena pública por la conocida brutalidad de sus métodos de tortura y por su colaboración con la Gestapo para capturar judíos y entregarlos a los nazis, sino que incluso se le otorgó, a título póstumo, la Gran Cruz Real de Reconocimiento Civil como víctima del terrorismo. Es más, el Tribunal Supremo rechazó, en marzo de 2003, el recurso que interpuso el PNV contra la concesión de dicha distinción aludiendo, al menos en dos ocasiones, a las virtudes del «olvido» (Citado en Aguilar, 2006, p. 252). Lo lamentable del hecho, comenta Ortiz Heras (2006), es que hablamos de uno de los personajes más siniestros de la dictadura en su condición de torturador y verdugo.

2) ¿Por qué durante la Transición no se hizo la más mínima indagación por parte del Estado en las cuentas del dictador? Es más, se insistió una y otra vez, incluso por personas de izquierdas, en que Franco había sido un asesino, pero que al menos no había robado nada. Hoy día sabemos que no fue así: fue un dictador corrupto hasta la médula. ¿Por qué, entonces, se mantuvo oculto este tema? ¿Es que también haría daño a la joven democracia el conocimiento de la corrupción del dictador? ¿Es que nadie se daba cuenta de lo negativo que era precisamente eso para la democracia española, puesto que instalaba en su seno el germen de la corrupción, como se vio después? Porque no debe olvidarse, según José Antequera (2019), que, durante la guerra y la dictadura, Franco acumuló una fortuna realmente colosal: fincas rurales y urbanas, incluyendo valiosos palacios, acciones de diferentes empresas, cuentas bancarias, etc. (Sánchez Soler, 2003, 2007; Viñas, 2015c). No hay datos oficiales sobre la fortuna de Franco porque la democracia española, al contrario de lo que hizo la chilena con Pinochet, nunca investigó el asunto. Ángel Viñas la estima en unos 400 millones de euros actuales. Por su parte, Mariano Sánchez Soler la cifra entre 500 y 600 millones de euros. Pero es que, como cuenta Paul Preston (2015), Franco practicó las primeras «mordidas» ya durante la guerra, arañando parte de los donativos que iban a una cuenta en el Banco de España denominada «Suscripción Nacional a disposición del General Don Francisco Franco Bahamonde». Pero ello no fue sino la punta del iceberg que escondía muchos millones de pesetas mientras los españoles pasaban hambre. «Sin embargo, ha perdurado la convicción de que Franco era un hombre honesto y austero», concluye Preston. Pero nuestra democracia no se conformó con mirar para otro lado, sino que incluso trató tan bien a la familia del dictador que, a la muerte de este, a su viuda le asignaron una pensión vitalicia mayor que el sueldo del presidente del Gobierno, mientras que el rey Juan Carlos le otorgó el título de duquesa de Franco el 26 de noviembre de 1975, título qué aún conserva su nieta, mientras que su nieto, Francis Franco Martínez de Bordiú, sigue siendo Marqués de Villaverde, señor de Meirás y grande de España, títulos todos ellos concedidos por su abuelo, el dictador.

3) A menudo se dice que la Transición fue modélica entre otras cosas porque fue incruenta. Y sin embargo no fue tan incruenta como se dice. De hecho, hubo unos seiscientos muertos (Baby, 2012; Sánchez Soler, 2010), incluyendo los ejecutados por ETA. Según Grimaldos (2013), entre 1976 y 1980 fueron asesinados más de cien militantes de izquierda en manifestaciones o atentados por la Policía, la Guardia Civil y la extrema derecha. Al respecto dice Victoria Prego que mientras muchos ultraderechistas realizan atentados impunemente, «cientos de personas están siendo detenidas y torturadas, y otras muchas encarceladas» (1995, p. 219). Es más, añade Prego (p. 630), tras los repetidos y terribles atentados de extrema derecha entre diciembre de 1976 y enero de 1977, como el asesinato de los abogados laboralistas de Atocha, «el gobierno opta por suspender durante un mes los artículos 15 y 18 del Fuero de los Españoles, lo cual significa que las detenciones se pueden prolongar durante un plazo más largo y que tanto las detenciones como los registros domiciliarios no requerirán durante ese tiempo la autorización judicial. El resultado de esta medida es muy criticado por la prensa porque se produce la detención masiva de militantes de partidos de izquierda». Y cita una información de El País de 30 de enero de 1977: «No se ha podido confirmar que se hayan producido detenciones de miembros de extrema derecha». Y eso lo dice Victoria Prego en un libro elogioso de la Transición. En suma, resulta cuando menos curioso que se le eche la culpa de la guerra a la República por la «enorme violencia» que permitió durante los meses previos al golpe de Estado, y sin embargo se ensalce tanto a la Transición, a pesar de en esta etapa hubo más violencia y conflictividad que durante la primavera de 1936 (Sánchez Soler, 2010). Y el régimen monárquico no es visto como responsable de tal conflictividad y violencia; la República sí lo es.

4) Antonio González Pacheco, conocido como Billy el Niño, uno de los más brutales torturadores de la última etapa de la dictadura, no fue nunca condenado y hasta su reciente muerte por el COVID-19, vivió apaciblemente con una pensión que se incrementó un 50 por ciento a causa de las cuatro medallas que le fueron concedidas (la última en 1982) por sus «méritos profesionales». Cuando en 2018 la ARMH pidió conocer la «relación de méritos y servicios de carácter extraordinario» de este señor para disfrutar de ese incremento en su pensión, el director general de la policía respondió que facilitar dicha información podría ponerle en peligro y además, añadía, «el afectado» estaría «en un estado de constante inseguridad y ansiedad». La ansiedad y el dolor de sus víctimas no le importan al Estado español, las de los torturadores sí. Es más, la extradición de Billy el Niño solicitada por la Justicia de Argentina fue rechazada por considerar que los presuntos delitos habían prescrito. Y como nos recuerda Grimaldos (2013), «todos los policías franquistas relevantes que siguen incrementando su poder durante la Transición se benefician después de magníficos empleos como jefes de seguridad de bancos, grandes firmas automovilísticas y empresas públicas. Con fastuosos sueldos». Entre ellos estaba González Pacheco.

5) Pocos se acuerdan ya de que hacia el final del franquismo tres comandantes y nueve capitanes fundaron la clandestina Unión Militar Democrática (UMD), cuyo objetivo era democratizar las Fuerzas Armadas y derrocar a la dictadura. Pues bien, mientras los militares franquistas fueron ascendiendo en el escalafón militar durante la democracia, los miembros de la UMD fueron castigados con la pérdida de su carrera, no pudieron recuperarlas y debieron sufrir aún la amargura de ver cómo tampoco la Ley de Amnistía solucionaba su problema. No fueron readmitidos en el ejército hasta 1987, pero sin derechos a los atrasos económicos y obligados a pasar a la Reserva Transitoria. La democracia premiaba a los militares franquistas y castigaba duramente a los demócratas. En abril de 2002, Carlos Sanjuán, diputado socialista y antiguo miembro de la UMD, presentó una proposición no de ley muy suave para que se reconociera la aportación de la UMD a la llegada de la libertad. La mayoría absoluta del PP rechazó la proposición. Y solo en 4 de abril de 2009, con los socialistas en el gobierno, el Congreso de los Diputados aprobó una proposición no de ley en la que se reconocía la labor de la UMD.

6) También fue totalmente diferente el trato que dieron todos los gobiernos de la democracia a los restos de los republicanos arrojados a fosas comunes y a los de los miembros de la División Azul que permanecían por los campos rusos tras morir luchando al lado del ejército de Hitler. En efecto, el Gobierno de Felipe González firmó un convenio en septiembre de 1995 con la empresa alemana Volksbund para buscar los restos de los combatientes españoles de la División Azul y repatriarlos, mientras que los restos de miles de republicanos, muchos de ellos socialistas, permanecían en fosas comunes, olvidados por el Estado y los gobiernos de España. La colaboración entre el Ministerio de Defensa y la organización Volksbund no aparece en los presupuestos, ni se dice cuánto dinero recibió la empresa alemana, pero se sabe que entre 1996 y 2003 Volksbund exhumó 1.915 cadáveres y construyó un cementerio para españoles junto al alemán en Pankoska, mientras que entre 2003 y 2017 se repatriaron 29 cadáveres con dinero público. ¿Por qué esa diferencia con respecto a los desaparecidos republicanos y por qué tanto secretismo con respecto a este tema? ¿Por qué el gobierno socialista fue tan generoso con los muertos franquistas que defendieron el nazismo y tan cruel con los republicanos, muchos de ellos socialistas, que defendieron la democracia española?

7) Recientemente, en 2019, la Universidad de Alicante ha accedido a la petición del hijo de un alférez del Ejército franquista que ejerció de secretario judicial en el consejo militar que condenó a muerte a Miguel Hernández (pena conmutada posteriormente por treinta años de prisión) de eliminar los datos personales de su padre que aparecen en varios artículos de Internet escritos por Juan Antonio Ríos Carratalá, catedrático de Literatura Española de esa universidad. La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, también vinculada a esa entidad docente, ha hecho lo mismo con otro de los artículos de Ríos Carratalá. Tales informaciones sobre el alférez las obtuvo ese autor de los archivos militares de Madrid y Segovia. Este tema ha salido a la luz porque se trata nada menos que del gran poeta Miguel Hernández. Imaginemos qué hubiera pasado si la víctima hubiera sido un republicano desconocido. Se trata de una decisión que podría convertir al oficio de historiador en una profesión arriesgada. Recordar el pasado de los franquistas fue visto como un intento de romper el «espíritu de concordia» de la Transición. Lo increíble es que ello siga siendo así todavía hoy día. El sistema sigue protegiendo mucho más a los verdugos que a las víctimas del franquismo.

8) Pero, a mi juicio, la prueba más definitiva son los más de cien mil desaparecidos que, como he recordado varias veces, siguen olvidados por el Estado, por los partidos políticos y por la democracia. Tal vez no sea este, como se ha dicho, el segundo país con más desaparecidos del mundo, pero sin duda es el líder en Europa. Creo que lo importante es que siga habiendo tantas familias sin poder hacer un duelo reparador y que la democracia siga sin reconocer a sus propios defensores. El lugar que ocupe en el ranking mundial es irrelevante. Mientras que la memoria de los vencidos no debe recordarse a causa del cumplimiento del «pacto de silencio» que impuso la Transición, la de los vencedores, en cambio, sigue viva en los monumentos, en los callejeros y en las fachadas y atrios de las iglesias, aunque cada vez menos a causa de la Ley de Memoria Histórica. De hecho, todavía hoy día en Castilla y León –y no solo aquí– cuesta muchísimo hacer cumplir esa Ley a los ayuntamientos gobernados por el PP, que se niegan una y otra vez a retirar del callejero nombres franquistas. Ni las amenazas de la ARMH de ir a los juzgados les amedranta: se sienten intocables. Pero la cosa es aún más grave de lo que pudiera parecer, como señala Vinyes (2012, p. 27), pues el Estado nunca se inhibió en estos temas, como a menudo se cree, sino que produjo y gestionó una retórica que instaló la impunidad. Por eso, el hecho de que la Transición apostara por la reforma del régimen franquista y no por su ruptura tuvo un efecto muy negativo sobre las víctimas del franquismo y sus traumas psicológicos.

No es raro, por tanto, que la ilusión que a la muerte de Franco puso gran parte del pueblo español en el cambio político se trocara en desencanto. Como dice Morán (2015, p. 197), la brutalidad del tránsito de la dictadura a esta «democracia», el paso de una cultura de resistencia a una mera política electoral, es lo que llevó al desencanto, y ello por una razón obvia, añade Morán: el desencanto vendría a ser «el poso que deja una situación cuando existe un desfase entre lo que se ha arriesgado y lo que se admite como bueno». No fue la «movida» lo que llevó al desencanto, sino que fue al revés: fue el desencanto el que produjo la movida, pues al estar desencantados con esta democracia, los jóvenes buscaron otras salidas. Se criticó mucho a los jóvenes en esos años por su «pasotismo», olvidando que fueron los políticos los que lo provocaron dado que la Transición fue un proceso de desmovilización social. Sin duda salimos de la dictadura, pero sin entrar en una democracia plena. Como sostiene Morán (2015, pp. 165-167), «la forma que adquirió ese proceso –desmovilización y consenso– significaba en sí la derrota de todas las convicciones sobre las cuales se había desarrollado la lucha contra la Dictadura. Se venía a concluir que el marco constitucional en el que nos movíamos, partía de una derrota de las fuerzas democráticas antifranquistas. […] Una bandera, un himno, una concepción de patria a las que no podía contemplar sin desdén. El precio de la pacificación y la tranquilidad se hacía a costa de enterrar cuantas convicciones habían solidificado su vida. Cualquier referencia a que sin ellos la democracia no hubiera llegado, nadie podía entenderlo sin expresarlo más que como una ironía sarcástica». Lo que hizo la Transición fue legitimar las ideas y los intereses de los vencedores. Y lo peor es que muchos creyeron que el silencio y la desmovilización facilitaban el proceso democrático[28], ¿a qué tipo de proceso democrático se referirían?

En efecto, uno de los aspectos más relevantes de la Transición fue la imposición de un proceso de desmemoria que llevó a una amnesia colectiva, aceptada de buena gana por una parte de la ciudadanía. La memoria colectiva puede ser manipulada y eso es lo que se hizo durante la Transición con la memoria de la Guerra Civil y el franquismo, y durante la democracia, incluso con la memoria de la propia Transición. Lo mismo ha ocurrido en otros países. Como escribe Font Agulló (2009, p. 382), «a través de las técnicas de propaganda más sutiles, de los mecanismos de las relaciones públicas y de la creación de opinión, todo bien canalizado a través de los media, se consigue controlar el pensamiento del público, infundir, como afirma Noam Chomsky (2000), los “valores correctos” y desviar la atención de problemáticas controvertidas que afectan al día a día». Así se hizo aquí para que la memoria que interesaba a los herederos del franquismo fuera aceptada incluso por la izquierda. Con ello se consiguió un sistemático proceso de desmemoria y de amnesia colectiva que significó «perpetuar el dolor y el robo de la dignidad de los afectados» (Fernández Mata, 2016, p. 33). En efecto, casi al día siguiente de la muerte del dictador se inició «un proceso de desmemorización colectiva. No de olvido, sino de algo más preciso y voluntario, la capacidad de volverse desmemoriado» (Morán, 2015, p. 71). Como mucho, el nuevo régimen podía admitir que la gente tuviera recuerdos, pero no memoria colectiva, dado que esto podría poner en peligro el «consenso» alcanzado. Y eso llevó a una profunda autocensura en escritores, periodistas y hasta historiadores. Como escribe Maurice Halbwachs en su libro póstumo La memoria colectiva (1950), «un hombre que se acuerda de lo que los demás no recuerdan, se parece a quien ve lo que otros no ven». Y eso no se podía admitir si se quería hacer la transición que se quería hacer. No debían verse las trampas que se estaban haciendo, a veces con el respaldo de los dirigentes de la «oposición». Así, un año después de la muerte de Franco, en diciembre de 1976, se celebró un referéndum para someter al dictamen del pueblo español la propia transición a la democracia que se quería construir, una democracia que no tuviera que renegar del pasado fascista del país ni que pidiera cuentas a los miembros del régimen franquista de sus crímenes y sus robos. Los resultados refrendaron los objetivos de Reforma. Pero suele olvidarse que el referéndum no se hizo en condiciones de libertad ni de igualdad de recursos entre los que apoyaban el sí, los que apoyaban el no o los que optaban por la abstención; se olvida que «desde todos los medios públicos y privados no hubo prácticamente más que propaganda institucional, que la policía detenía a la izquierda, al centro y hasta a la derecha democrática, entre otras cosas porque nadie estaba legalizado más que el Movimiento Nacional. Los detenidos se contaron por centenares y se trató de un referéndum con características plenamente franquistas. Lo cual no obsta para añadir que el sentimiento mayoritario de la población era favorable a la reforma planteada en la consulta. Pero una cosa es que ganaran y otra que fuera en igualdad de condiciones» (Morán, 2015, pp. 75-76).

Tampoco debemos olvidar que el pacto de silencio y olvido se impuso desde arriba. «La memoria de los vencidos simplemente no existía, no debía existir para que la transición siguiera su curso» (Espinosa, 2006a, p. 144). Pero la de los vencedores sí. Y añade Espinosa (pp. 156-157): «La realidad era que las víctimas del franquismo seguían ahí sin saberse muy bien qué hacer con ellas. Aquí nadie osó pedir a los militares que entregasen las “listas de la muerte” o los “archivos del terror”. La autoamnistía de 1977 conllevaba también la desaparición de los hechos históricos a través de una masiva destrucción documental ordenada desde Gobernación por Martín Villa. […] Mientras tanto, la memoria democrática y el legado de la lucha antifascista se desvaneció». No hubo olvido sino amnesia. En efecto, concluye Espinosa (2006a, p. 197), «la transición impidió el conocimiento y el recuerdo y, por tanto, anuló la verdadera posibilidad de olvidar. El olvido voluntario no trae la amnesia pero la imposición del olvido sí. La política del olvido favoreció que la historia de la gente que sufrió la Dictadura nunca saliese del ámbito privado y se fuese con ellos a la tumba[29]. ¿Cuántas memorias y testimonios se perdieron porque no era el momento de recordar? La Transición impuso un estado de amnesia colectiva, pues «la derecha controló el proceso y la izquierda, deseosa de poder, transigió con todo; y arriba, controlando todo, la negra sombra del Ejército» (Espinosa, 2006a, p. 201). Por eso, añade Espinosa, «triunfó la retórica del olvido y con ella la de confusión y la desmemoria más absoluta. Se favorecía así la permanencia de la memoria franquista», lo que agravó los traumas de las víctimas.

Pero ese pacto de silencio, esa amnesia colectiva que impuso la Transición ha sido, a la postre, una rémora para el propio sistema democrático. En efecto, tras cuarenta años de cruel dictadura, ¿a quién podía beneficiar el olvido? Sin embargo, «hoy día la versión oficial, la que cree que gran parte del éxito de la transición radica precisamente en el olvido, está puesta en duda. El debate público sobre la lucha entre la memoria y el olvido ha ido dando fuerza, cada vez más, a las voces críticas de quienes reflexionan sobre las consecuencias negativas de la negación de la memoria. Esas voces nos recuerdan cosas evidentes como que una sociedad sin memoria carece de identidad y es fácilmente manipulable, o que el poder tiende a reescribir constantemente el pasado en beneficio propio, o que la única arma de que disponemos frente a esto es precisamente la memoria» (Espinosa, 2006a, pp. 129-130).

6. Cuarenta años de «democracia» y pocos cambios para las víctimas

Llegó la democracia y todo siguió casi igual. De hecho, hoy día, tras más de cuarenta años de democracia, la Guerra Civil se sigue explicando «como un drama de brutal violencia del que fueron responsables los ya tristemente famosos ambos bandos y en el análisis de sus causas se pone el énfasis en los aspectos más feroces de la España negra, las envidias ancestrales, los odios escondidos, y toda una retahíla de motivaciones que termina por exculpar a los instigadores, golpistas y verdugos del 18 de julio y hace recaer la responsabilidad del drama sobre la otra media, razón por la cual es mejor dejar lo vivido en el olvido y no remover, porque solo sirve para abrir las viejas heridas en los irracionales españoles» (ARMH Valladolid, 2007, p. 12). Quienes controlaron la Transición y siguen dominando la democracia han conseguido que las culpas se repartan entre verdugos y víctimas. Y es que «la estabilidad del sistema democrático estaba vinculada, por tanto, a una serie de falsedades consensuadas» (Morán, 2015, p. 17). En efecto, añade este autor, «la paradoja más significativa de estos años de democracia es que todos dicen considerar como plenamente consolidado el nuevo sistema y sin embargo nadie osa aún traspasar el marco de “las verdades reveladas” sobre la Transición. Lo que tuvo de manipulación ese proceso queda patente cuando lo enfrentamos a la prueba de la verdad. Durante años, decir la verdad sobre la Transición era considerado desestabilizador de la democracia, y dar por bueno el engaño se consideraba como facilitar el asentamiento del nuevo sistema» (p. 16). Y concluye (pp. 35-36): «La función pedagógica de la victoria de la democracia sobre la dictadura queda enturbiada, cuando no oculta, por el hecho de que la Transición debe enfocarse como una derrota. Una derrota de todo aquello que era, para muchos antifranquistas, objetivos ineludibles del futuro: la libertad sin oligarquías que la limiten, la transformación social y la política como actividad abierta de la ciudadanía. Eso que no debe interpretarse de otra manera que como el patrimonio de la izquierda dilapidado durante ese período». Eso sí, la libertad y la democracia han escaseado tanto en nuestro país, que no es raro que la mayoría de los españoles estén encantados con la escasa dosis que nos han dado.

Es más, la derecha española se ha negado persistentemente a condenar la dictadura[30] y más aún el golpe de Estado de 1936. Por fin, el 20 de noviembre de 2002, el Congreso condenó el franquismo y reconoció moralmente a las víctimas de la guerra y del régimen de Franco. Pero lo hizo a medias pues en el preámbulo de la declaración se aludía al tópico del «trágico pasado de enfrentamiento civil entre los españoles», evitando en todo momento «mencionar el golpe militar del 18 de julio, prefiriendo centrarse en las consecuencias de la guerra civil, con alusión a la generación que decidió “no volver a cometer los viejos errores”, al consabido “mirar hacia delante”, y al deseo de que “nunca hubiera dos Españas irreductiblemente enfrentadas”. […] Difícilmente se podía reunir en tan poco espacio tanto lugar común, tan ligado al discurso oficial de la transición al que se ha aludido […] Que este sea el acuerdo al que se ha llegado por parte de todos los grupos políticos tras 25 años de democracia constituye la prueba de lo poco que se ha avanzado en este tiempo» (Espinosa, 2006, pp. 193-194). Eso es lo máximo a que están dispuestos a transigir los herederos del franquismo. Eso sí es una de las herencias de la Transición.

Es cierto que Felipe González confesó, cinco años después de salir de la Moncloa, sentirse arrepentido de no haber hecho «no ya exaltación, ni siquiera reconocimiento, de las víctimas del franquismo», por lo que, añade «me siento responsable de parte de la pérdida de nuestra memoria histórica» (González y Cebrián, 2001, p. 36). Como diría el castizo, «a buenas horas, mangas verdes». A mi juicio, el hecho de que la izquierda parlamentaria renunciara a hacer de la memoria de la Dictadura una de las bases de la democracia es uno de los factores del actual éxito electoral de Vox y de las tendencias franquistas que anidan en su seno. Nunca se enseñó a las nuevas generaciones la maldad de la dictadura franquista. Es más, es que durante la Transición y la democracia se olvidó la memoria de la República y más aún la del Frente Popular, siendo muy pocos los que intentaron recuperarla (Pérez, Serrano, 2004, 2008). Al no hablar del pasado se mantuvo la memoria de los vencedores.

Como escribe Isaías Lafuente (2003, p. 13): «¿Puede un país democrático permitir que miles de ciudadanos asesinados como animales por un régimen dictatorial permanezcan enterrados al borde de las cunetas? ¿Puede soportar que eso suceda mientras quien amparó y propició la matanza descansa bajo el altar mayor de una basílica cristiana? La respuesta es tan evidente que casi ofende hacer la pregunta. Pero lo que ofende de verdad a la memoria de quienes fueron masacrados, a sus mujeres y maridos, a sus hijos, a sus nietos, es que la pregunta aún pueda plantearse hoy, seis décadas después», y peor aún: que deba plantearse todavía en 2020. Una de las cosas que hizo la Transición fue mantener vivo el franquismo a la vez que le protegía de cualquier ataque, sobre todo judicial. De hecho, recientemente, María Elvira Roca Barea (2016) ha publicado un libro –con gran éxito comercial– en el que, como José Luis Villacañas (2019) se encargó de denunciar, se hace una apología abiertamente franquista y nacional-católica del Imperio español, incluyendo la Inquisición.

Por tanto, no es de extrañar que los nietos de los represaliados durante el franquismo aún tengan secuelas psicológicas, sobre todo de dos tipos: las que provienen de la transmisión transgeneraciona –que veremos mejor más adelante– y las que les surgieron al constatar que incluso en democracia sus víctimas siguen silenciadas, olvidadas y humilladas por el Estado. Como dice Torres (2002, p. 15), la democracia no ha permitido hasta ahora ni siquiera hacer el definitivo recuento de los crímenes franquistas. Por eso, el sufrimiento siguió durante décadas, pues la democracia mantuvo el silencio. Mientras las víctimas que habían luchado por ella seguían silenciadas, la memoria de los «caídos por dios y por España» se mantenía en miles de monumentos por todo el país. Tras la dictadura no llegó la justicia y la reparación, sino más humillación para las víctimas: «ya ni los nuestros nos reconocen», fue el lamento de miles de víctimas del franquismo, sobre todo cuando los socialistas llegaron al poder y las cosas siguieron como antes. Las víctimas directas murieron, o bien asesinadas por los vencedores o bien, tras innumerables sufrimientos, de muerte natural; sus hijos también han muerto en su inmensa mayoría. Pero quedan las nietas y los nietos, que aún recuerdan el dolor y el sufrimiento que sus familias han tenido que soportar durante la Dictadura, durante la Transición y durante la democracia. ¿Cómo influyó tanto dolor en su desarrollo psíquico? La memoria y el trauma van siempre juntos: la memoria trae a la mente, una y otra vez, el trauma, pero cuando sienten el trauma, comienzan a recordar demasiadas cosas. Por ejemplo, que la propia Ley de Memoria Histórica (Ley 52/2007 de 26 de Diciembre), aprobada por el gobierno de Zapatero, ni siquiera contempla la posibilidad de que el Estado, como es su obligación, se haga cargo de las exhumaciones de las víctimas, ni lleve a cabo una campaña seria de educación antifascista o que ni siquiera tome algunas medidas prácticas como las que el psicólogo Dan Bar-On y sus colaboradores llevaron a cabo en Alemania reuniendo a descendientes de judíos del Holocausto con descendientes de nazis (Bar-On, 2006). Pero es que, además, esa ley hizo de la memoria algo privado y no colectivo. Claramente lo dijo en 2006 la entonces vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, «la memoria es algo que uno recuerda, algo individual y privado». «El mensaje estaba claro: habría una ley de memoria histórica si cada uno hacía su duelo en privado, lo cual impide en realidad hacer el duelo. Es el carácter colectivo y público de los velatorios y entierros, y en otras culturas y países, de los “círculos de curación” y las comisiones de verdad y reparación, lo que ayuda a hacer consciente lo inconsciente y elaborado. Pero la Ley de Memoria Histórica que se aprobó en el 2007 no solo exige que se mantenga en privado el dolor y el recuerdo, también exige una privatización del proceso de exhumación de las fosas. Las fosas son entierros ilegales y, como tales, el Estado debería ocuparse de asumir todo el proceso de localización, la exhumación y la dignificación de las mismas. Pero esto no está ocurriendo. Las familias que quieren recuperar los restos de un pariente se ven totalmente desamparadas, sin ayuda, a menudo pagando los costes de investigación y con otros afectados como único apoyo» (Valverde, 2014, pp. 66-67).

En suma, la Transición llevó a una democracia que siguiera protegiendo los privilegios de los vencedores de la guerra, privilegios que ellos no estaban dispuestos a perder tras la muerte del dictador. Por eso trajeron un régimen que, aunque formalmente democrático, en algunos aspectos es una continuación del franquismo. Pero ello exigía el olvido colectivo tanto de la represión como del dolor y el sufrimiento de las víctimas, así como de que las fosas comunes siguieran bien cerradas. Pero olvidaron que las heridas no se cierran si previamente no han sido limpiadas y que es difícil cerrarlas si quienes las causaron, los vencedores de la guerra, aún viven de su victoria. No es raro que todo ello produjera un gran desencanto en las víctimas del franquismo.

Pero ¿cómo fue posible que la izquierda aceptara esa Transición tan favorable a los franquistas? En mi opinión la aceptó no solo por su debilidad frente al franquismo, como tantas veces se ha dicho, sino también por las maniobras que se hicieron antes de morir el dictador para construir un partido de izquierdas controlado desde la derecha. Si no es comprensible que los gobiernos de la UCD hicieran tan poco para que se supiera la verdad del franquismo (los crímenes y robos cometidos, la corrupción generalizada, el robo de miles de niños y niñas, etc.), menos comprensible aún resulta que tampoco lo hicieran los gobiernos socialistas. Por decirlo en términos de Max Weber, el PSOE utilizó y sigue utilizando la «ética de las convicciones» cuando está en la oposición y la «ética de la responsabilidad» cuando está en el gobierno, y por eso exigen olvido. Sin embargo, olvidar la maldad y la crueldad de los verdugos produce en estos una gran tranquilidad de conciencia –muy saludable psicológicamente para ellos– pero en las víctimas produce un profundo trauma. Y es que ni siquiera se aceptó que los restos de más de cien mil republicanos arrojados a fosas anónimas fueran recuperados por sus familias, fueran enterrados dignamente y, con ello, esas familias cerraran su proceso de duelo. No fueron capaces de aceptarlo ni siquiera por razones humanitarias: la «razón de Estado» fue lo primero. Eso agravó aún más los traumas de las víctimas.

7. El Congreso de Suresnes y el papel del PSOE en la Transición y la democracia

Para hacer una transición que mantuviera incólumes los elementos centrales de la dictadura (reforma y no ruptura), el poder económico era consciente de dos cosas: que había que modificar la estructura política del franquismo abriendo las puertas del sistema a la oposición, y que tenían que conseguir una oposición que no se opusiera mucho. Y este segundo aspecto se concretó en Suresnes, aunque su diseño era algo anterior. Además, cosa que no suele mencionarse, la Transición tenía otro objetivo esencial: imponer a la clase trabajadora española el modelo económico neoliberal. Y también para eso el apoyo de los gobiernos del PSOE estuvo garantizado. Es sabido que el 28 de octubre de 1982, el PSOE de Felipe González ganó las elecciones con 202 diputados, la más amplia mayoría absoluta de toda la historia de España. También, aunque con una progresiva pérdida de votos, ganó las tres elecciones siguientes (1986, 1989 y 1993). Pero usaron el poder para afianzar el proceso de transición diseñado por los franquistas y para no molestar a los vencedores de la guerra, aunque ello supusiera humillar a los vencidos y frustrar a muchos miles de socialistas que tenían y aún tienen padres y abuelos en fosas comunes. Como dice Manuel Ortiz Heras (2006, p. 182), «durante los gobiernos socialistas (1982-1996) la memoria de la guerra civil no fue especialmente cultivada y promovida desde el poder, más bien se llevó a cabo una verdadera “institucionalización del olvido”. Un olvido, dicho sea de paso, que benefició mucho más a una de las partes implicadas. Conscientemente, se pagó un alto precio porque se renunció a hacer de la memoria de la dictadura la base de la democracia que empezaba a andar». Y es que, como subraya este autor, uno de los mayores éxitos de la socialización ideológica del franquismo fue haber inoculado en la generación que protagonizó la Transición un fuerte complejo de culpa patriótica en relación con la guerra; se nos convenció que era mejor olvidar el pasado en aras de la reconciliación. Pero la derecha seguía recordando su memoria, tras haber mantenido sus monumentos, haber impuesto el himno y la bandera franquistas (con algún retoque) y haber dejado inamovible la estructura y la jerarquía del sistema judicial. Es más, la Iglesia católica española siguió hasta hoy recordando a sus víctimas y beatificando a sus mártires sin que la derecha lo haya criticado por «abrir heridas» y por mirar hacia atrás. Ellos no abren nunca viejas heridas, solo las abren los que, ochenta años después, solo quieren enterrar a sus abuelos con dignidad, una dignidad que no han tenido en ocho décadas. ¿Acaso es normal que no se haya solucionado el problema de los miles de desaparecidos y bebés robados después de tantos años de democracia? Eso refleja la baja calidad de nuestra democracia. No es solo un problema político, sino también de dignidad humana, pues sigue habiendo en España miles de familias que aún sufren por la desaparición de sus padres y abuelos, o por el robo de sus bebés, práctica que continuó hasta 1990. ¿Cómo no van a sentirse desengañados y frustrados? Pero tal vez esto se entienda mejor si analizamos algunos hechos anteriores poco conocidos.

Todo empezó en Suresnes, en 1974.[31] Según Alfredo Grimaldos (2013), lo que se produce allí es una refundación del partido creado por Pablo Iglesias, con el modelo portugués como telón de fondo. Lo mismo se hizo en Portugal, donde ni siquiera existía un partido socialista: lo creó la CIA con la colaboración de uno de sus principales y más antiguos contactos, Mario Soares.[32] Más en concreto, añade Grimaldos (2007), un grupo de militantes desgajados del PSOE histórico convocaron para julio de 1974 un congreso en Suresnes, financiado por el Partido Socialdemócrata de Willy Brandt. Nicolás Redondo era la figura con más peso moral para acceder a la Secretaría General, pero no se presentó, a pesar de ser propuesto mayoritariamente para ocupar ese cargo. El general Fernández Monzón, de los servicios secretos franquistas, dice que «desde el servicio se convence a Nicolás Redondo, padre, de que deje paso a Felipe González[33] y él se quita de en medio,[34] compartiendo que es buena idea abrir camino a gente joven del interior». Y fue González, entonces casi un desconocido, el que sucedió a Rodolfo Llopis, quien no reconoció las resoluciones adoptadas en ese congreso. Y añade Fernández Monzón: «Allí, en Suresnes, hubo mucha gente. Había más policías y miembros de los servicios de información que socialistas. Pero ya antes, en 1972, se había conseguido que de los 16 miembros de la Comisión Ejecutiva, nueve fueran del interior. Felipe González es el principal producto de la Transición. Sabía cómo se estaban produciendo las cosas y estaba de acuerdo con ellas». Los históricos de Llopis quedaron fuera de juego: la maniobra de los servicios secretos para que los socialistas del interior controlaran el PSOE fue todo un éxito. Menos conocido aún es que, según Grimaldos, González y otros miembros de la nueva dirección del partido consiguieron llegar a Suresnes gracias al apoyo de los servicios secretos de Carrero, que se encargaron de darles los pasaportes e incluso custodiarlos hasta Francia. El comandante Miguel Paredes, antiguo agente del SECED, dice que «el Ministerio de la Gobernación tenía entonces la facultad de conceder o denegar el pasaporte a un ciudadano. Ellos lo habían pedido muchas veces y siempre les habían dicho que no. Me dieron una lista en la que figuraban los nombres de Enrique Múgica, Eduardo López Albizu, Nicolás Redondo, Ramón Rubial, Alfonso Guerra, Pablo Castellano, Felipe González y otros dos militantes asturianos. El Gobierno lo dudó mucho, le dieron mil vueltas, que sí, que no... Al final se aceptó bajo la condición de que, al volver a España, devolvieran enseguida esos pasaportes. Y lo hicieron. Tardaron mucho, pero los devolvieron. Aunque no todos: Felipe González se lo quedó» (Citado en Grimaldos, 2007). Más aún, según Pilar Urbano (1997), meses antes del Congreso de Suresnes, Miguel Paredes y el inspector Emilio Mateos, de la Jefatura Superior de Policía de Bilbao, trabajaban ya en lo que llamaron «Operación Primavera», una serie de contactos con miembros del PSOE del interior, en especial con Redondo y con Múgica. Como recuerda Paredes, «en el SECED nos propusimos empezar a reunirnos con ellos para […] tratar de acercarlos hacia posiciones más templadas, menos radicales, más en la línea de la moderación pragmática que les recomendaba Willy Brandt». No olvidemos que Brandt estuvo presente en Suresnes y que muchos le vinculan con la CIA, aunque él siempre lo ha negado.

En la misma línea van las declaraciones del comisario Manuel Ballesteros a Pilar Urbano: «Entre 1964 y 1975 estuve precisamente en la información del mundo universitario, muy estrechamente relacionado con la política entonces clandestina. Y lo que viví fue que, a partir de cierto momento, la dictadura propició el resurgir del PSOE, para ahogar al PCE […] A los socialistas no se les detenía, a los comunistas, sí.[35] Estando yo en la Brigada Social, esa era una indicación de los mandos. Más aún: la policía no sólo miraba para otro lado, haciendo la vista gorda, sino que a veces ayudaba a pasar la valija con la propaganda y los documentos internos del partido que los de Rodolfo Llopis (el PSOE del exterior) enviaban de allá para acá». Y según Grimaldos, después de haber estado Ballesteros detrás de algunas acciones criminales de guerra sucia contra ETA protagonizadas por el Batallón Vasco Español, Felipe González le nombró jefe del Mando Unificado de Lucha Contraterrorista (MULC), en la época de los GAL. Por su parte, el coronel Arturo Vinuesa declara, también según Grimaldos, que los oficiales del SECED José Faura y Juan María Peñaranda también fueron protagonistas de estos sucesos: Faura habría facilitado personalmente la asistencia de Felipe González al congreso de Suresnes. De ser así, fue recompensado con el grado de teniente general y el cargo de jefe del Estado Mayor del Ejército, en 1994, con González como presidente del Gobierno. También Peñaranda alcanzó el generalato.

Con toda claridad lo explica también el entonces capitán del SECED, Manuel Fernández Monzón: «En un restaurante de la calle madrileña de Santa Engracia, hablamos con González, en presencia de Enrique Múgica, para garantizarle su viaje a Suresnes […] Otros compañeros se entrevistaron con Nicolás Redondo, y él entendió enseguida que debía ceder el puesto a un secretario general más joven y con otras características. Cuando Felipe González volvió de Francia, después de haber sido elegido, un comisario de Sevilla le detuvo, creyendo que había dado un pelotazo. Se llevó una bronca tremenda y tuvo que soltarle enseguida, claro.» Y poco después de volver de Suresnes, añade Grimaldos, otros dos miembros relevantes del SECED, Andrés Cassinello y José Faura, mantuvieron una larga entrevista con Felipe González y con Alfonso Guerra. En todo caso, ya en 1974, el comandante Miguel Paredes, también del SECED, escribió algo que podría ayudar a entender por qué fue elegido González y no Redondo: «Felipe González, el sevillano, parece apasionado pero es frío. Hay en él algo falso, engañador. No me ha parecido un hombre de ideales, sino de ambiciones». Tal vez fue eso, su ambición, lo que llevó a los servicios secretos franquistas a apostar por él y no por Nicolás Redondo, probablemente más difícil de manejar.

Pero también intervinieron los socialdemócratas alemanes, junto a la CIA y los servicios secretos del franquismo. Según Grimaldos (2007), Fernández Monzón dijo que «a través del Ministerio de la Presidencia del Gobierno español, contactamos con Heinemann, ministro de la Presidencia de Alemania. Y él, a su vez, le transmitió a Willy Brandt, presidente de la Internacional Socialista, nuestro apoyo para que le diera la patente al sector renovado del PSOE [...] Esta operación salió perfecta, en gran medida gracias a la inteligencia preclara de Felipe González, sin duda el hombre más importante de la Transición y el que mejor la comprendió. No tuvo ninguna duda de que había que conservar la Monarquía». Y concluye Grimaldos (pp. 83-84): «Los servicios secretos norteamericanos y la socialdemocracia alemana se turnan celosamente en la dirección de la Transición española, con dos objetivos: impedir una revolución tras la muerte de Franco y aniquilar a la izquierda comunista.[36] Este fino trabajo de construir un partido «de izquierdas», para impedir precisamente que la izquierda se haga con el poder en España, es obra de la CIA, en colaboración con la Internacional Socialista. El primer diseño de esta larga operación se remonta hasta la década de los sesenta, cuando el régimen empezaba ya a ceder, inevitablemente, bajo la presión de las luchas obreras y las reivindicaciones populares. El crecimiento espectacular del PCE y la desaparición de los sindicatos y partidos anteriores a la Guerra Civil, especialmente la UGT y el PSOE, hacen temer una supremacía comunista en la salida del franquismo. […] Convencidos de que este PSOE no logrará tener la suficiente implantación para competir con ventaja frente a los comunistas españoles, al final del franquismo los servicios de información norteamericanos y alemanes se ponen manos a la obra para construir un nuevo partido, más vistoso en lo externo y manejable en lo interno». Felipe González, con el apoyo de Nicolás Redondo, controló el partido y se convirtió en una pieza clave del proceso franquista de transición, siguiendo las directrices de la CIA, pues, como subraya Grimaldos (2007, p. 88), «el papel que el PSOE tiene que interpretar en la Transición está escrito desde bastante antes de la muerte de Franco, pero se termina de pulir en 1974». Y al parecer, González, hombre agradecido, no defrauda a la CIA ni a los servicios secretos del franquismo, siendo una de sus primeras acciones hacer fracasar a la Junta Democrática, apoyada por el PCE, que reclamaba la amnistía total, la formación de un Gobierno provisional y la celebración de una consulta para elegir la forma de Estado. Al parecer, a González le habían ordenado que fuera por un camino diferente. Escribe Antonio García Trevijano, fundador de la Junta Democrática: «Por eso Felipe González no entra en la Junta, porque se siente respaldado por una potencia superior, por los alemanes y los norteamericanos. Una vez que está seguro de ese apoyo, se traslada a Madrid, donde tiene una entrevista con el Rey y con altos mandos del Ejército, y ahí establecen la estrategia de que hay que ir gradualmente hacia las libertades en España para evitar una radicalización de la situación. Felipe González es el más interesado en mantener a los comunistas en la ilegalidad […] Y me di cuenta de que Santiago Carrillo, que era muy listo para olfatear por dónde venían los aires políticos, quería seguir completamente la política del PSOE» (Citado en Grimaldos, 2007).

Más tarde, el 17 de mayo de 1979, en el XXVIII Congreso del PSOE, González consigue que desaparezca el término «marxismo» de los estatutos del partido. Los norteamericanos pudieron respirar tranquilos, pero muchos militantes socialistas no. Así, Justo de la Cueva dejó la militancia y declaró (1979): «El PSOE va donde diga la CIA a través de Willy Brandt». Y concluye Grimaldos (2007, p. 88), que «los jóvenes que dieron el golpe de Estado dentro del PSOE en Suresnes, comandados por González, van cumpliendo al pie de la letra el guión que les han preparado». De hecho, tras eliminar el carácter marxista del PSOE, su siguiente batalla fue mantener a España en la OTAN, entrando incluso en la estructura militar. Para ello propuso un referéndum en el que su gobierno proponía que se votara «sí» a la entrada, aunque con varias condiciones que nunca se cumplieron. Y todo ello después de haber ganado las elecciones de 1982 con la promesa estrella de sacarnos de la OTAN. Pero la trampa venía de atrás pues, como dice Pablo Castellano (2001), «cuando González nombra ministro de Asuntos Exteriores a Moran, y a Narcís Serra para la cartera de Defensa, tiene ya comprometido con la Corona la permanencia en la estructura de la OTAN […] González echaba un pulso a la ciudadanía tras haber ganado todos los pulsos a su partido y salía otra vez vencedor y exultante de las urnas. Sin embargo, a partir de ese momento sería rehén de las políticas más derechistas que le exigían los que, ayudándole descaradamente a ganar el referéndum, le permitían gobernar en el estricto marco de actuación pactado para la ordenada alternancia de los partidos del sistema».

A partir de ahí todo es bien conocido: reconversión industrial, mantenimiento completo del «pacto de silencio», olvido de las víctimas del franquismo y ninguna pedagogía sobre lo que fue la dictadura. El propio González reconoció en 2001 que, como consecuencia del recuerdo traumático de la Guerra Civil, lo que hubo en la Transición fue «un cambio pactado». Pero, tras decir que se sentía responsable de no haber abierto un debate sobre el franquismo, añade una anécdota que lo explica todo. Dice González que un día estaba en Moncloa con Gutiérrez Mellado, siendo presidente Suárez, y el general le dijo: «¿Le puedo pedir un favor personal? Usted va a ser responsable del Gobierno en algún momento, ¿por qué no espera a que la gente de mi generación haya muerto para abrir un debate sobre lo que supuso la guerra civil y sus consecuencias? Debajo del rescoldo sigue habiendo fuego, le ruego que tenga paciencia». Y González comenta: «Me hubiera incluso “convenido” abrir un debate sobre aquello, en momentos en que se veía que los socialistas estábamos en una posición más débil. No lo hice, a pesar de que sentía, con dolor, que el Vaticano fuera beatificando decenas, a veces centenares, de víctimas del bando de los vencedores, exaltándolas como víctimas de la “cruzada” según la llamaban todavía. No hubo, no ya exaltación, ni siquiera reconocimiento, de las víctimas del franquismo, y por eso hoy me siendo responsable de parte de la pérdida de nuestra memoria histórica, que permite que ahora (2001) la derecha se niegue a reconocer el horror que supuso la dictadura, y lo haga sin ninguna consecuencia desde el punto de vista electoral o social, sin que los jóvenes se conmuevan, porque ni siquiera conocen lo que ocurrió» (González y Cebrián, 2001, pp. 35-36). ¿Se ha visto mayor cinismo? No hizo nada por las víctimas del franquismo, muchas de ellas socialistas, ¡para no incomodar a sus asesinos! Había que esperar a que murieran todos, porque, de lo contrario, podía molestarles el que se recordaran sus crímenes. Y dice poco después que entonces «no había fuerza suficiente para pedir no ya justicia, ni siquiera explicaciones sobre el pasado» (González y Cebrián, 2001, p. 42). Pero entonces, ¿por qué siguen insistiendo tanto en que se trató de una transición modélica? Él mismo dice que «las mejores esencias del franquismo se están reproduciendo. Como no hay una cultura histórica de lo que fue aquél régimen, eso puede colar» (p. 45). O sea, el propio Felipe González afirma que la Transición reprodujo «las mejores esencias del franquismo», y sin embargo se sigue pregonando que se trata de una transición modélica. De ahí la subida electoral de Vox y el atrevimiento de la derecha hasta el punto de llamar terroristas a quienes lucharon contra el franquismo. Pero si todavía hoy día una gran parte de la derecha sigue sin reconocer que en julio de 1936 hubo un golpe de Estado.

8. Conclusión

Si, como ya he dicho, uno de los objetivos de la Transición fue que ningún partido a la izquierda de un PSOE domesticado llegara al poder en España, no es de extrañar que ahora mismo, en plena crisis sanitaria por la pandemia del COVID-19, la oposición se esté ocupando más de tumbar al gobierno que de poner el hombro para terminar con la pandemia. Porque lo que no quieren aceptar es que Podemos e Izquierda Unida hayan llegado a la Moncloa. Por eso, en lugar de luchar contra el virus lo hacen contra el gobierno de coalición, con el explícito objetivo de que la izquierda no gobierne en España. De hecho, dos de los principales objetivos de la Transición fueron que el PSOE y el PCE, valiéndose de sus respectivos sindicatos, desmovilizaran a los trabajadores y a la ciudadanía, y que el PSOE se encargara de que el PCE no llegara a la Moncloa. Ambos objetivos se consiguieron plenamente. Hasta que a primeros de 2020, tras haber ganado las elecciones sin mayoría absoluta, Pedro Sánchez terminó optando por hacer un gobierno de coalición con Unidas Podemos, partido que es visto por la derecha como el PCE de siempre. Y eso es lo que las derechas españolas –incluyendo una parte importante del PSOE–, junto con los poderes fácticos a los que representan, no están dispuestos a permitir de ninguna manera: ese fue el pacto de la Transición. La Transición no fue de la dictadura a la democracia, sino de la dictadura a la monarquía.

En resumidas cuentas, «ciertamente la democracia del “78 no es homologable al régimen político anterior; no lo es por algunos puntos fundamentales relativos no sólo a los derechos, las libertades públicas y las garantías jurídicas, sino también a la vida diaria, los derechos de las mujeres y la atmósfera cultural. Sin embargo, por muchos que fueran estos cambios, no se puede esconder que el proyecto social de la democracia bebió de los mismos abrevaderos que el tardo franquismo» (Rodríguez López, 2015, p. 350). Más aún, añade este autor algo más adelante, «la élite política que se hizo con el protagonismo público y las riendas del Estado en la Transición no llevó el cambio político más allá –valga esta afirmación principalmente para la izquierda– porque en su propia genética estaba contenido el programa “realista”, de mínimos […] la composición social de las nuevas élites explica también por qué su proyecto de país –la “moderización”– no empujara más allá de las líneas del “franquismo sociológico”, esto es, de las líneas sobre las que había tratado de operar el reformismo franquista» (Rodríguez López, 2015, pp. 353-354).

Pero ello tal vez ello se debió también a que la propia clase obrera española de los años setenta no era revolucionaria (véase Pérez Díaz, 1979, 1980, 1994). «A esto se añaden otros dos factores de peso. El primero, el riesgo percibido por la mayoría de la población de que el cambio no podía tentar los límites impuestos por los sectores involucionistas, principalmente el ejército. […] El segundo elemento reside en la fortaleza del edificio político. El Estado no sufrió una quiebra significativa, ni siquiera en los momentos de mayor incertidumbre» (Rodríguez López, 2015, p. 356). Y añade este autor a renglón seguido: «Conviene recordar que “garantizar la continuidad institucional” fue la gran obsesión del reformismo franquista; y que quizás este fue también el gran logro de la escuela política del franquismo». Y bien que lo lograron.

Pero los responsables de que la Transición fuera una continuación del franquismo –y que garantizara la continuidad institucional de este– no fueron solo los reformadores franquistas, sino también los sindicatos (CCOO, UGT y USO), y más aún el PSOE y en especial el PCE, que por aquellos años era sin ninguna duda el más potente de los grupos políticos antifranquistas. En cuanto al PSOE, los puestos de su cúpula directiva han sido ocupados desde 1974 por personas de clase media y media-alta, cuyo objetivo con frecuencia es defender el mantenimiento de sus privilegios como miembros de una clase media exitosa. Y eso desde el Congreso de Suresnes hasta ahora. En efecto, no olvidemos que «los jóvenes sevillanos que se hicieron con la dirección (del PSOE) en 1974 eran genuinos representantes de la nueva fuerza social, a un tiempo de cambio y estabilización, que constituían las clases medias profesionales. Representaban mejor que ningún otro equipo político a las emergentes clases medias» (Rodríguez López, 2015, p. 360). De hecho, nos dice Emmanuel Rodríguez López (2015, p. 360) que hacia 1981-1982 –o sea, cuando ganó las elecciones por mayoría más que absoluta– el PSOE era un partido de afiliación netamente popular (tres de cada cuatro de sus militantes o bien no tenía estudios o apenas había pasado por la escuela). Sin embargo, apenas el ocho por ciento de los miembros de la ejecutiva eran obreros manuales (véase Tezanos, 1983). Y así ha seguido siendo. Ello ayuda a explicar muchas cosas.

Como hemos visto, la Transición fue programada desde fuera de nuestras fronteras, pero quienes la pilotaron aquí fueron sobre todo Juan Carlos, Torcuato Fernández Miranda, Suárez y Martín Villa. No sé si algún día se conocerá qué papel desempeñaron también algunos hombres de izquierda como Felipe González, Nicolás Redondo, Alfonso Guerra, Javier Solana o Santiago Carrillo. En todo caso, a mi modo de ver, el principal escollo con que se encontraron el rey Juan Carlos y los franquistas reformistas no fue tanto desmontar el franquismo para llegar a una democracia homologable a las europeas, sino cómo hacerlo sin poner en peligro los intereses y los privilegios de los grupos que ganaron la guerra y que además fuera aceptado por la izquierda. Era necesario que esta olvidara sus viejas reivindicaciones (referéndum sobre la forma de gobierno, disolución del aparato de represión policial y judicial del franquismo, recuperación de la memoria histórica y reconocimiento de las víctimas del franquismo). Ahora bien, conseguir eso, y que los hijos de las víctimas no pidieran responsabilidades y ni siquiera exigieran recuperar los restos de aquellos de sus familiares que aún permanecían en fosas comunes, fue el objetivo principal que perseguían los reformistas del franquismo. Y lo consiguieron plenamente. La izquierda cedió demasiado en la Transición, lo que podría ser hasta comprensible, pero es que cedió tanto o más durante la democracia, incluso con gobiernos socialistas, lo que ya no es tan comprensible. Es más, en una época en la que tanto se habla de «las víctimas», las del franquismo siguen olvidadas y humilladas, lo que no hizo sino incrementar el trauma psicológico de sus familiares. Y es que, como resume Xavier Díez, la Transición «no fue transición sino transacción; desmovilización y suplantación popular; se trató de un proceso violento; se excluyó a la disidencia;[37] se mantuvieron privilegios franquistas; se trató de una imposición; se fundó desde una ley de punto final» (2011b, p. 57). Ciertamente, cambiaron muchas cosas, pero las justas para que todo siguiera igual. De hecho, la finalidad principal de la Transición fue el mantenimiento de los privilegios de las familias, bancos y empresas que se habían enriquecido con la guerra y la dictadura, de la Iglesia y de la propia familia Franco. «El resultado parece obvio. Ni un solo general, ni un solo funcionario fue apartado de su puesto. La enriquecida familia Franco no perdió ni una de sus antiguas pesetas. Las desigualdades sociales, el extraordinario poder de la banca, la irreductible posición pública del catolicismo en una sociedad profundamente secularizada no se entiende sin el franquismo y su continuación democrática» (Díez, 2011a, p. 48). Pero, así y todo, con el tiempo, a las derechas españolas les supo a poco lo conseguido en la Transición y, encabezados por José María Aznar, comenzaron a dinamitar desde dentro la propia democracia en un proceso que se ha exacerbado y radicalizado con la llegada y auge electoral de Vox, sobre todo contra el gobierno de coalición PSOE-UP, al que han intentado asfixiar incluso antes de nacer. Asustaba ver a las derechas gritar e insultar en el acto de investidura de Pedro Sánchez, y asustaba porque a los que tenemos cierta edad nos retrotraía a épocas que creíamos superadas. Eso no es sino la consecuencia, en parte, del tipo de transición que se hizo. No se puede construir una democracia sin una reconciliación previa de los bandos enfrentados en el pasado y sin una adecuada recuperación de la memoria histórica de los vencidos como paso previo para conseguir una memoria consensuada. Eso en España todavía no se ha hecho y por eso existen aún las dos Españas enfrentadas. Una de ellas se cree aún con todos los derechos sobre la otra –a la que sigue calificando de anti-España– y se sigue sin dignificar a sus víctimas.

En efecto, no fue hasta el 1 de junio de 2004, gobernando Rodríguez Zapatero, cuando el Pleno del Congreso aprobó una proposición no de ley «sobre el reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo», y el 23 de julio de ese mismo año, el Consejo de Ministros decidió crear una comisión para la rehabilitación moral y jurídica de los represaliados de la Dictadura y la recuperación de su memoria. Poco después ese mismo gobierno aprobó el Real Decreto que creaba la «Comisión Interministerial para el estudio de la situación de las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo», cuyo principal cometido era elaborar un informe sobre el estado de la cuestión que sirviera de base para elaborar un proyecto de ley que ofreciera «un adecuado reconocimiento y satisfacción moral a las víctimas». Sin duda eso era positivo, pero tardío e insuficiente. ¡65 años después de finalizada la guerra y tras más de un cuarto de siglo de democracia! Eso sí, la inmensa mayoría de los criminales de la Dictadura ya habían fallecido, así que se cumplía el objetivo: no molestar a los responsables de los crímenes. Pero también habían fallecido la mayoría de sus víctimas directas, por lo que no pudieron ver que la democracia por fin se acordaba de ellas. Más positiva aún fue, aunque también insuficiente y tardía, la Ley de Memoria Histórica aprobada en diciembre de 2007 por el gobierno de Rodríguez Zapatero.

Pero el olvido, desprecio e incluso a veces humillación de las víctimas no se ha producido solo en España. En otros países, con Estados Unidos a la cabeza, también se trató muy mal a quienes lucharon contra el fascismo en las Brigadas Internacionales. Así, en la República Federal de Alemania, los pocos que sobrevivieron a la guerra española y a la Segunda Guerra Mundial, fueron tratados como «rojos», o sea, como indeseables. Se trató mucho mejor a los que habían sido nazis que a los que habían combatido contra ellos, sobre todo si también habían estado en la guerra española. Aunque eso no fue así, sino todo lo contrario, en la República Democrática Alemana.

En España fueron sobre todo dos fenómenos relacionados entre sí (la búsqueda de la verdad por parte de los nietos de las víctimas y el movimiento 15M) los que pusieron en solfa la modélica Transición y exigieron profundizar en la democracia. Digamos que todo comenzó a cambiar cuando los nietos quisieron conocer lo que les había pasado a sus abuelos. Habían perdido el miedo y querían saber más sobre lo acontecido. Pero para ello tenían que desmontar el edificio de la Transición, al darse cuenta de que había sido el instrumento perfecto para que los asesinos de sus abuelos quedaran impunes. Y se dieron cuenta también de que no fue una transición sino una «transacción», según la cual, y por decirlo con palabras de Xavier Díez, «los grupos de poder y de oposición pactan el mantenimiento íntegro del statu quo franquista a cambio de la participación institucional de los opositores dispuestos a transigir con el franquismo y a exonerar de toda responsabilidad a los franquistas» (2011a, pp. 45-46). Y en esa transacción, partidos y sindicatos de izquierda se comprometieron a desmovilizar a la ciudadanía y a los trabajadores, lo que explica, según Díez, el déficit democrático actual y ayuda a entender, añado yo, que las heridas de las víctimas aún no se hayan cerrado y sus traumas psicológicos todavía permanezcan.

En definitiva, como escribe Sosnowski (2005, p. 256), «pasadas las dictaduras, los militares vuelven a los cuarteles y los civiles a la política. Digamos, en términos muy esquemáticos, que hay un retorno a la normalidad. Excepto que ya nada puede ser normal si no se incorpora la represión a una conciencia colectiva, a través de juicios a los criminales, de actos públicos y periódicos, de monumentos que pongan en evidencia, a diario, que las ausencias no han sido relegadas al olvido. Y, lo que a largo plazo es de mayor peso, si todo ello no se incorpora al sistema educativo, a la formación ciudadana, junto a una educación en valores que impida, o siquiera haga menos factible, un retorno a estados de excepción. La memoria posee entonces una dimensión práctica, una función claramente didáctica: se recuerda para no repetir». Por eso, añade este autor, «la memoria no se negocia; quienes poseen el privilegio y el derecho de ejercerla no pueden ni deben pactar con quienes han intentado borrarla. La memoria es un instrumento ineludible del vivir en democracia» (Sosnowski, 2005, p. 258). Solo reniegan de ella aquellos que tienen mucho que olvidar para seguir durmiendo sin pesadillas.

En conclusión, la democracia no ha cerrado las heridas abiertas por el golpe de Estado, por la guerra y por la represión generaliza durante la larga y cruel dictadura. Con las heridas aún abiertas y con las víctimas todavía sufriendo, la reconciliación es imposible y por tanto no puede haber una democracia de cierta calidad. «Porque una herida no se cierra mientras permanezcan enterrados en la cuneta, en el desprecio y en el olvido, los cuerpos, las identidades de las personas, los hechos históricos» (ARMH Valladolid, p. 12). Y como resume Fernández de Mata (2016, pp. 165-166), «a grandes rasgos puede afirmarse que para el conjunto de las víctimas, la Transición fue una experiencia de dolor y frustración. Fueron los grandes obviados del proceso, que no olvidados. Ante la promesa de una democracia futura, las víctimas pasaron de acatar la exigencia de silencio e invisibilidad impuesta durante el franquismo a albergar la esperanza de poder reclamar su dignidad y la de sus familiares fallecidos en las cárceles; o fusilados sumariamente; o asesinados secretamente; o que habían estado encarcelados por motivos políticos y sufrían el oprobio de ser ex convictos. El final del régimen traería la búsqueda de la justicia, el derecho a hablar y escuchar la verdad sobre la represión y violencia franquistas; y el momento, finalmente, de sacar los restos de los seres queridos de las miles de fosas comunes dispersas por el territorio, y su reenterramiento en tumbas dignas, en los cementerios de sus propios pueblos o cercanos a sus deudos. Pero estas esperanzas fueron destrozadas y transformadas en una gran frustración. La forzada invisibilidad de las víctimas era, sin embargo, una presencia abrumadora; configuraba un silencio sordo y espeso que se proyectaba sobre el pasado y el presente de la política del país, y del que se quisieron desentender todas las fuerzas negociadoras» (Fernández de Mata, 2016, pp. 164-165). Y ello no hizo sino agravar los traumas psicológicos de las víctimas, al haber perdido las ilusiones que habían puesto en el cambio democrático y al constatar que incluso los suyos les traicionaban.

CAPÍTULO 4 -

PSICOLOGÍA SOCIAL DE LA MEMORIA Y DEL OLVIDO

1. Introducción

Como vimos en el capítulo anterior, el objetivo de los herederos del franquismo fue evitar a toda cosa la ruptura con la Guerra Civil y la dictadura, para lo que hicieron una transición a favor de sus intereses. Y después, con ayuda tanto del PSOE como incluso del PCE, llevaron a cabo una persistente campaña de propaganda, que aún se mantiene, a favor de esa transición. Pero, como dice Grimaldos (2013), «la imagen oficial de la Transición se ha construido sobre el silencio, la ocultación, el olvido y la falsificación del pasado». Y por eso, añado yo, la mejor manera de levantar un país cohesionado y que no excluya a nadie es recuperando la memoria colectiva de los vencidos.

La memoria es tan importante que si un sujeto la perdiera «quedaría en una situación de indefensión similar a la de un recién nacido: el yo o la identidad personal desaparecería, el propio cuerpo quedaría desprovisto de todos los atributos y destrezas adquiridos durante el desarrollo, y el mundo en general perdería todo su significado (los objetos, las personas y las infinitas relaciones entre unos y otros pasarían a ser entes carentes de sentido y de funcionalidad). Si un sujeto perdiese toda su memoria, dejaría de ser una persona y de ser un individuo porque habría perdido su historia personal, su biografía y sus referentes grupales» (Ruiz Vargas, 2008, pp. 55-56). Si alguien perdiera toda su memoria no podría hacer nada, ni conocería nada de lo que tuviera al lado o enfrente ni sabría qué es una casa o una mesa o una persona. Pero es que tampoco podría ni andar, porque habría olvidado las habilidades motoras para hacerlo. No sería nadie ni sería nada. Y es que somos nuestra memoria. La memoria es esencialmente psicosocial, algo a la vez psicológico y social, a la vez individual y colectivo, pero es más social que individual por el hecho de que todo lo individual es inevitablemente una construcción social: ha sido a través de los procesos de socialización como hemos pasado de ser el organismo puramente biológico que éramos al nacer a ser la persona que somos ahora. Dado que la psicología social es una disciplina que se encuentra en el punto en el que se cruzan la psicología, la sociología y la antropología, entonces será ella la que nos proporcione un enfoque adecuado para analizar la memoria (Piper, Fernández e Íñiguez, 2013). Como dijo George Herbert Mead (1929), recordar es un acto de comprensión y creación de sentido, lo que implica que cuando recordamos estamos interpretando el pasado y dándole un nuevo significado. Por eso la memoria es social y presentista. En efecto, «la memoria es de por sí un acontecimiento social […] El recuerdo es un proceso altamente intersubjetivo, que es conformado por nuestro cambiante entorno» (Richards, 2006, pp. 171-172). Además, la memoria es social porque es la sociedad (la tradición, las normas sociales, etc.) la que nos dice lo que debemos recordar y lo que debemos olvidar. Por otra parte, la memoria es el instrumento que utiliza el poder para imponer su forma de ver el pasado, porque, como decía George Orwell, quien controla el pasado controla el presente y el futuro. Pero también puede ser un instrumento crucial de resistencia al poder. En general, los pueblos que se mantienen durante siglos –a pesar de haber sido sometidos durante gran parte de ese tiempo– es porque han sido capaces de conservar su memoria colectiva, como es el caso del pueblo judío, del pueblo kurdo y de otros muchos. Por eso estoy de acuerdo con Isabel Piper cuando escribe: «Me gusta pensar la memoria como una práctica de resistencia, como un acto de subversión. Pero no porque ésta implique recordar aquello que las versiones oficiales de la historia niegan, ni tampoco por el efecto normativo de relatar y señalar aquello que no debería volver a ocurrir, sino porque la memoria y sus políticas constituyen un campo de conflicto donde lo que está en pugna no son sólo las interpretaciones del pasado, sino los significados de lo que somos como sociedad y de nuestros futuros posibles […] Pero el mero hecho de recordar u olvidar determinados acontecimientos no garantiza el carácter transformador de la memoria. Éste depende de la capacidad de sus prácticas de tensionar las versiones hegemónicas que imperan en un determinado orden social» (2009, p. 151). Pues bien, uno de los objetivos de este libro es mostrar la importancia que tiene construir una memoria democrática de nuestro pasado en la que quepan todas las versiones de nuestra historia.

Según Maurice Halbwachs vivir en sociedad es recordar juntos. Por eso difícilmente existirá una sociedad cohesionada en un país donde, como pasa en España, no exista una memoria colectiva común; donde haya dos grandes grupos que recuerdan su pasado histórico de forma completamente diferente y que, en gran medida, son los herederos de los vencidos y los de los vencedores de una guerra terrible, que terminó hace más de ochenta años, pero que determinó nuestra historia, nuestra política y hasta nuestra convivencia durante muchas décadas. O se supera esa situación o no será fácil cohesionar el país. El primer paso para conseguir tal cohesión es recuperar la memoria colectiva –o memoria histórica, si queremos llamarla así– de los vencidos. No se puede mantener por más tiempo que la memoria de los vencedores siga siendo la dominante. El segundo paso sería buscar una memoria común que unificara a los dos grupos. Y lo grave es que mientras no se haga eso en España, existe el riesgo de que siga dividida drásticamente a nivel político, y de que aumenten las probabilidades de que tal división pueda terminar en una tragedia. Eso es lo que habría que evitar a toda costa.

2. Psicología social de la memoria

Cada vez está más claro en psicología social y en sociología que la memoria no consiste en un proceso de almacenamiento y recuperación de información o de imágenes del pasado, sino que implica de manera directa la re-significación de las mismas y la integración de esos recuerdos a la vida cotidiana tanto personal como colectiva (Gaborit, 2006). De hecho, Nader y Einarsson (2010) observaron que una vez que los recuerdos se forman no se mantienen intactos sino que se reconstruyen de nuevo cada vez que se accede a ellos, o sea, cada vez que los recordamos. Como escribe Jonah Lehrer (2012), «cada vez que pensamos en el pasado, transformamos delicadamente su representación celular en el cerebro, cambiando su circuitería neuronal subyacente», a lo que LeDoux (1994) añade que «el cerebro no está interesado en tener un conjunto de recuerdos perfectos del pasado […], en vez de eso, la memoria viene con un mecanismo natural de puesta al día, con el cual nos aseguramos de que la información que está ocupando un valioso espacio en nuestra cabeza todavía es útil. Eso hace que los recuerdos sean menos precisos, pero ciertamente los hace más relevantes de cara al presente y el futuro». Por tanto, «esa es la esencia no sólo de cómo el pasado persiste en el presente, sino también de cómo el presente tiene la potencialidad de cambiar el pasado» (Levine, 2018, pp. 177-178). La memoria, pues, «es sobre todo un acto social más que un contenido mental individual» (Middleton y Edwards, 1990). Individuo y sociedad no son dos mitades conceptuales contrapuestas, sino las dos caras de la misma moneda. Sin individuos no habría sociedad, pero sin sociedad tampoco habría personas. De la misma manera, sin memoria individual no habría memoria social, pero tampoco habría memoria individual sin memoria social. Todo recuerdo es, a la vez, individual y social. En ello no hay contradicción alguna dado que el individuo aislado no existe: todo individuo es esencial y constitutivamente social. Y todas sus características aparentemente individuales (inteligencia, motivación, memoria, etc.) son sociales. Como señala Paul Ricoeur (2003), «cada memoria individual es un punto de vista sobre la memoria colectiva». Como sostiene Halbwachs, el pasado no se conserva, sino que es reconstruido a partir del presente. Según él, toda memoria individual es social y funciona al revés de como se cree: no es tanto el resultado de la acción del pasado sobre el presente, sino que más bien es la acción del presente sobre el pasado. La memoria es siempre presentista, es decir, tiende siempre a adaptar los recuerdos del pasado al presente, para lo que los modifica cuanto haga falta. Pero esa adaptación depende siempre del grupo o grupos de pertenencia. Y es que los seres humanos no existimos como individuos sino como seres sociales, como miembros de diferentes grupos.

En efecto, los seres humanos somos animales sociales con fuertes tendencias afiliativas que se reflejan en una fuerte necesidad de pertenencia. Necesitamos pertenecer a algún grupo. A la vez, los grupos necesitan ser valorados para que sus miembros tengan una identidad positiva, una autoestima positiva y una buena salud tanto psicológica como física. Porque, más que los grupos por sí mismos, es el sentido de identidad social positiva que el grupo proporciona lo que influye en la salud mental, sobre todo por la capacidad que tiene esa identidad de satisfacer las necesidades psicosociales de pertenencia, de autoestima y de reconocimiento. Lo que no ocurre si esa identidad social es negativa, como es el caso de los grupos estigmatizados. De hecho, la identidad social puede ser fuente de estrés –perjudicial para el bienestar psicológico– como ocurre cuando se pertenece a uno de ellos o cuando los individuos pertenecen a grupos que no les dan apoyo social. Sentirse miembro del grupo vencido en la posguerra produjo muchos problemas psicológicos a los republicanos que vivían en la España franquista, problemas que se agravaron cuando llegó la democracia y vieron que hasta los suyos los olvidaban y abandonaban. La pertenencia a un grupo puede tener consecuencias psicológicas positivas o negativas para sus miembros, dependiendo del grado de valoración social de ese grupo y del tipo de memoria colectiva que tenga. Reivindicar la propia memoria colectiva o histórica es algo altamente beneficioso, sobre todo cuando se hace en grupo y se recibe apoyo social de los demás miembros.

Ya he dicho que nuestros recuerdos los reconstruimos en el momento de recordarlos y, según Halbwachs, es en la sociedad donde encontramos los elementos o instrumentos que nos ayudan a reconstruirlos. Pero, añade Halbwachs (1995, p. 215), la memoria de una sociedad se extiende hasta donde alcanza la memoria de los grupos de que está compuesta. De ahí la importancia de los grupos de pertenencia para la memoria social de sus miembros. Por ejemplo, ya desde muy pequeños los niños aprenden en la familia qué deben recordar y cómo deben recordarlo. Como escribe Jesús Canto (2019, p. 78), «los grupos que nos proporcionan sentido de pertenencia tienen efectos positivos sobre nuestra psicología. Los grupos imbuyen nuestra vida de significado. Nos hacen sentirnos distintos y especiales, eficaces y exitosos. Nos aumentan nuestra autoestima. Estos efectos pueden proteger nuestro bienestar cuando la autoestima es amenazada y estos efectos pueden ayudarnos a enfrentarnos a las consecuencias negativas de ser miembros de grupos devaluados». De hecho, Henri Tajfel (1984) sostenía que, como consecuencia de una comparación intergrupal sostenida, la superioridad relativa percibida del endogrupo sobre los demás grupos suele aumentar la autoestima y el bienestar psicológico de sus miembros. Pero si alguien pertenece a un grupo poco valorado socialmente y lo percibe como inferior, entonces la comparación intergrupal negativa provocará con mucha probabilidad un empeoramiento de su autoestima y de su bienestar psicológico. Es el grupo el que construye la memoria. Como escribe Lavabre (2006, p. 46), «la memoria colectiva es memoria de grupo en cuanto tal»: son los intereses y experiencias del grupo los que ayudan al individuo a recordar y reconstruir sus propias vivencias (Álvarez Fernández, 2007, p. 53). De ahí que Halbwachs defina la memoria colectiva como la memoria de los miembros de un grupo que reconstruyen el pasado a partir de sus intereses y sus marcos de referencia presentes. Por eso la memoria individual y la colectiva, al igual que el individuo y la sociedad, son las dos caras de la misma moneda.

Todo ello puede aplicarse a los vencidos de la Guerra Civil española. Con una guerra perdida, con los padres asesinados o encarcelados y perteneciendo a un grupo estigmatizado, rechazado y criminalizado, con toda seguridad tuvieron problemas psicológicos muy serios. Imagínense a un habitante de un pueblo castellano, que había perdido la guerra y las esperanzas que había puesto en una España justa y democrática, que tenía al abuelo asesinado y al padre en la cárcel, rechazado por sus vecinos, sin trabajo, obligado a ir a misa los domingos y escuchar la homilía del párroco… ¿Cómo se puede tener bienestar psicológico en esas circunstancias? ¿Qué pesadillas nocturnas tendría? Una señora vecina mía, de Dueñas, a la que habían asesinado a su marido y con siete hijos pequeños, me contaba que a veces, mientras dormía, oía cómo su marido llamaba a la puerta; se levantaba y abría la entrada de la cueva en la que vivían, pero entonces constataba que nadie había llamado: hacía meses que su marido había sido asesinado y ella ni sabía dónde estaban los restos. Sus sueños, como diría Freud, eran una realización de deseos imposibles. Y eso frustra y traumatiza mucho.

A los vencidos les quedó la esperanza de que las cosas algún día cambiarían. Pero cuando murió el dictador y llegó la democracia, incluso gobernando los socialistas, todo siguió igual o parecido: continuaron arrojados a la papelera de la historia, siguieron humillados y su memoria olvidada. Por eso es tan importante para ellos la recuperación de la memoria histórica, porque es una forma de reencontrarse con el grupo al que siempre pertenecieron, de dar un sentido a su vida y a la lucha y la muerte de sus padres y de sus abuelos. En cierto sentido, tanto las personas como los grupos somos nuestra memoria. De ahí la importancia de que esa memoria sea reconocida. Lo que dice Isabel Piper de Chile puede aplicarse al caso español, con la diferencia de que la dictadura de Franco fue tan larga que fueron dos o tres las generaciones sacrificadas. Dice Piper (2009, pp. 153-154): «Las memorias de la dictadura chilena han ido transformando a los protagonistas de sus luchas políticas en dolientes y por esta vía los ha despojado de su fuerza política. Su problematización tendría por tanto que ser capaz de devolverles el lugar de actores sociales». Por eso, tanto en Chile como en Argentina o en España, «una cultura política democrática digna de tal nombre no puede prescindir de la llamada memoria histórica» (Reig Tapia, 2017, p. 182). Y ello es así porque, en contra de Reig Tapia cuando dice que «la memoria es algo fundamentalmente individual» (2017, p. 171), la memoria es ante todo social, es un hecho histórico. Nada hay en el individuo que sea individual, como ya he dicho: hasta el mismo individuo es un ser social e histórico. Como señala Jelin (2009, pp. 122-123), «las memorias son simultáneamente individuales y sociales, ya que en la medida en que las palabras y la comunidad de discurso son colectivas, la experiencia también lo es. Las vivencias individuales no se transforman en experiencias con sentido sin la presencia de discursos culturales, y estos son siempre colectivos. Se podría inclusive decir que la experiencia individual construye comunidad en el acto narrativo compartido, en el narrar y el escuchar».

Por otra parte, no es raro que en España, después de tantos años de dominio casi absoluto de la memoria colectiva de los vencedores, la de los vencidos haya sido casi expulsada del imaginario español, sobre todo después de una transición y una democracia que no hicieron nada por recuperar esa memoria. Ello se entenderá mejor si tenemos en cuenta la facilidad con que pueden implantarse falsos recuerdos. Basta con recordar el caso de Jean Piaget, seguramente el más famoso ejemplo de este fenómeno, que se remonta a cuando él no había aún cumplido los dos años. Escribe Piaget (1959, p. 257; en Diges, 1997): «Todavía puedo ver, con toda claridad la siguiente escena, en la que creí hasta los 15 años cumplidos. Estaba sentado en mi cochecito y mi niñera me paseaba por los Campos Elíseos cuando un hombre intentó raptarme. Quedé retenido por el cinturón que me sujetaba al asiento, mientras mi niñera intentaba valientemente protegerme del raptor. Ella recibió varios arañazos y aún puedo verlos vagamente en su cara. Luego la gente se agolpó en torno nuestro, llegó un policía con una capa corta y un bastón blanco y el hombre huyó. Puedo ver aún toda la escena e incluso situarla cerca de la estación del metro. Cuando tenía unos 15 años, mis padres recibieron una carta de mi anterior niñera diciendo que se había enrolado en el Ejército de Salvación. Quería confesar sus faltas y, en particular, devolver el reloj que se le había dado como recompensa en aquella ocasión. Había inventado toda la historia del rapto, haciéndose ella misma los arañazos. Por consiguiente, yo debí de oír, cuando era niño, un relato de esa historia, en que mis padres creían, y la proyecté en mi pasado en forma de recuerdo visual». ¿Cómo se quedaría Piaget al tener noticia de que sus recuerdos –de los que tan seguro estaba– realmente eran falsos?

También se han podido implantar «falsos recuerdos traumáticos». Escribe Levine (2019, p. 40), que «en el más sorprendente de estos experimentos, a unos alumnos universitarios se les hizo creer en el falso recuerdo, deliberadamente implantado, de haberse perdido en un centro comercial cuando eran pequeños. Estos “recuerdos” a menudo incluían claras imágenes de haber sido encontrados por un extraño y después ser llevados a los padres. Sin embargo, en anteriores entrevistas con los padres de los estudiantes se había confirmado que ese tipo de suceso nunca había ocurrido». Sin embargo, Bessel van der Kolk (2017) demostró que los sujetos de este estudio no exhibían la aflicción visceral que normalmente acompaña a los recuerdos de episodios aterradores de la infancia. Es evidente que, de forma no consciente, todos nos inventamos una serie de falsos recuerdos, lo que tiene una gran influencia sobre la memoria que creemos tener de nuestro pasado. Lo grave es que no solemos admitir la falsedad de tales recuerdos. De hecho, el peligro en este campo proviene de lo flaca e interesada que es nuestra memoria y de lo seguros que estamos de nuestros recuerdos. Nos cuesta mucho reconocer que las cosas no ocurrieron realmente como las recordamos. Por eso es tan importante recuperar la memoria de los vencidos, porque durante demasiado tiempo la de los vencedores fue dominante.

3. Memoria social, memoria colectiva y memoria histórica

Ya he dicho que nuestros recuerdos no son algo guardado en un baúl y que los cogemos cuando los necesitamos, sino que los reconstruimos en el momento en que los recordamos (Dema y Abraham, 2016; Feierstein, 2012; Vázquez, 2001). Como apunta Feierstein (2012, pp. 65-66), este proceso de elaboración del recuerdo nunca es tarea exclusiva de un individuo, sino que, como advirtió Halbwachs, siempre influyen los otros, no solo los contemporáneos sino también los antepasados (Dema y Abraham, 2016), y depende en gran medida de una situación socio-histórica. Por eso, subraya Elisabeth Jelin (2002a, pp. 5-6), «es imposible encontrar una memoria, una visión y una interpretación únicas del pasado, compartidas por toda una sociedad. Pueden encontrarse momentos o períodos históricos en los que el consenso es mayor, en los que hay un “libreto único” del pasado más aceptado o aun hegemónico. Normalmente ese libreto es lo que cuentan los vencedores de conflictos y batallas históricas. Siempre habrá otras historias, otras memorias e interpretaciones alternativas, en la resistencia, en el mundo privado, en las catacumbas. Hay una lucha política activa acerca del sentido de lo ocurrido, pero también acerca del sentido de la memoria misma. El espacio de la memoria es entonces un espacio de lucha política, y no pocas veces esta lucha es concebida en términos de la lucha contra el olvido: recordar para no repetir». De ahí que hayan sido los nietos, que no vivieron la España franquista, los que intentan recuperar la memoria de sus abuelos.

Ahora bien, ¿es lo mismo memoria social, memoria colectiva y memoria histórica? No resulta fácil hacer la distinción, pues las tres tienen muchos puntos en común y también alguna diferencia. Como ya dije, la memoria es a la vez individual y social. En efecto, «las memorias son simultáneamente individuales y sociales o colectivas, ya que en la medida en que las palabras y la comunidad de discurso son colectivas, la experiencia también lo es. Las vivencias individuales no se transforman en experiencias con sentido sin la presencia de discursos culturales, y estos son siempre colectivos» (Jelin, 2001, p. 91). Algunos autores consideran incluso que la memoria social y la memoria colectiva son la misma cosa, que se trata de dos términos sinónimos (Ruiz Vargas, 2008).

La memoria histórica es ya otra cosa. Para empezar, está relacionada sobre todo con los intereses políticos, mientras que la memoria colectiva lo estaría más bien con la comunicación interpersonal dentro de los grupos (Lavabre, 2006), por lo que debería ser objeto de estudio de la psicología social. La memoria colectiva es un discurso que, como señala Todorov (2002, p. 159), refleja la imagen que una sociedad o un grupo quiere dar de sí mismo. Por eso sería mejor hablar de «memoria social» que de memoria colectiva pues son los grupos sociales, a través de procesos de «interacción social», los que van conformando la memoria de las personas. El concepto de «memoria social» es un concepto psicosocial. Porque es el grupo (la familia, la pandilla, etc.) el que construye tanto la memoria como el olvido. Como dice Félix Vázquez (2001), la memoria se sostiene sobre hechos socialmente impactantes. Por eso la memoria está hecha con los mejores y los peores recuerdos en los que la afectividad desempeña un papel relevante. «La importancia del afecto en el contexto del recordar no es una simple cuestión de la implicación de estados y humores emocionales. Se trata de que el afecto es un marcador principal de significado de por qué las cosas importan a la gente, de qué es lo que las hace recordables o dignas de hablar sobre ellas» (Edwards y Middleton, 1987, p. 81). Por consiguiente, no cualquier acontecimiento se recordará, porque no todos tienen interés social para ser recordados. Pero la memoria es responsable no sólo de nuestras convicciones sino también de nuestros sentimientos» (Todorov, 1995, p. 25). La dimensión afectiva de la memoria tiene mucha importancia, sobre todo en los recuerdos trágicos, como es el caso de las víctimas del franquismo. Por eso es muy útil compartir los recuerdos que tengan una dolorosa carga emocional, pues los hace más tolerables. De ahí la utilidad de las asociaciones memorialistas de las víctimas. Incluso alguien que no ha participado en un acontecimiento puede contribuir a la construcción de la memoria del mismo (Blondel, 1928), pues no existe separación entre «aquello que hemos visto y entendido nosotros mismos y aquello que sólo hemos sabido ver o entender sin que hayamos hecho ni una cosa ni otra y nuestra existencia personal se desborda de esta manera en el espacio, el marco que estrictamente le asignamos» (Blondel, 1928, pp. 137-138), como es el caso, por no poner sino un ejemplo, de la transmisión transgeneracional de hechos traumáticos (Armañanzas, 2009, 2012; Basabe, 1995; Díaz, 1994).

Tampoco podemos recuperar los recuerdos sociales o colectivos tal como son, sino que cada vez que los recuperamos los modificamos, de tal forma que en sentido estricto no puede existir una «recuperación de la memoria histórica» tal como fue. Hay diferentes memorias sociales, pero no son fijas. De hecho, no ha existido nunca en España una memoria social o colectiva homogénea de la Guerra Civil y del franquismo, y menos aún de su represión y sus crímenes. El propio franquismo no lo consiguió, a pesar de que le dedicó ingentes recursos y esfuerzos, y teniendo todo a su favor para conseguirlo. Cualquier memoria social dominante en un momento determinado puede dejar de serlo en otro. Por eso uno de los objetivos de las asociaciones memorialistas es conseguir que la memoria social de los vencedores deje de ser dominante, algo imprescindible para construir una memoria consensuada. En suma, más que de recuperación de la memoria histórica, «habría que hablar de construcción de esa memoria, lo que no significa que esa construcción tenga que ser arbitraria» (Gabilán, 2004, p. 58).

Para entender mejor estos conceptos, conviene también tener en cuenta el concepto de lugares de la memoria (les lieux de mémoire) que, siguiendo la estela de Halbwachs (1950), introdujo Pierre Nora (1997), algo realmente importante para la construcción de la memoria social. Por ello Nora entiende los espacios físicos o simbólicos que necesitan los grupos con amnesia social para reencontrarse con su pasado y lograr así entender los diferentes procesos sociales que han desembocado en su presente. «Los lugares de la memoria nacen y viven del sentimiento de que no hay memoria espontánea, de que hay que crear archivos, mantener aniversarios, organizar celebraciones, pronunciar elogios fúnebres, labrar actas, porque esas operaciones no son naturales» (Nora, 1997, p. 24). Y eso es lo que nunca pudieron hacer los hijos de las víctimas del franquismo, que es justamente lo que desean y necesitan imperiosamente hacer ahora los nietos.

Por todo lo anterior, creo que es mejor hablar de memoria social –o incluso colectiva– que de memoria histórica, puesto que no existe una memoria general sino que cada grupo construye la suya propia. No existe una memoria histórica de la Guerra Civil o de la España franquista, sino que diferentes grupos de españoles tienen su propia memoria, pues, como sostiene Nora (1997), cada grupo guarda los recuerdos particulares que influyeron en su forma de vida. Mientras que cada colectividad mantiene la memoria de su pasado, la historia intenta unificar ese pasado, hacerlo uniforme para, así, cohesionar a la nación, descuidando las particularidades de las diferentes memorias.[38] Podríamos decir que la historia pretende construir una memoria social general en menoscabo de las memorias colectivas de los diferentes grupos. Pero en España sigue habiendo al menos dos memorias colectivas: la de los vencedores de la guerra, mantenida fielmente por casi toda la derecha; y la de los vencidos, defendida de forma no unánime por los diferentes grupos de la izquierda. Por lo tanto, la memoria colectiva se configura como una forma de resistencia frente a la visión unificadora de la historia (Becerra Mora, 2015). Por su parte, Miñarro y Morandi (2012c, pp. 193-194) sostienen que el concepto de memoria histórica añade un matiz importante al de memoria colectiva, en el sentido de que «la memoria colectiva se torna en memoria histórica cuando los sujetos que han participado activamente en una situación determinada ya no están. La construcción de la memoria histórica como proceso colectivo, permite la producción de nuevas representaciones sociales que otorguen nuevas significaciones al trauma social vivido. La memoria histórica no es entonces una repetición de lo vivido, sino una creación, producto de prácticas sociales colectivas». En este sentido, la memoria histórica de las víctimas del franquismo sería subversiva y por eso la derecha se opone a su recuperación.

Si la memoria individual no es fiable (Ovejero, 2009), tampoco lo es la colectiva, y menos aún la histórica. Pero ello no es importante, aunque sí debemos tenerlo presente. Los miembros de la historia oral tienen muy claro que la memoria deforma necesariamente los recuerdos. Por eso, lo que les interesa a esos historiadores es el análisis de esas deformaciones. «En última instancia el objeto que persiguen no es el pasado, sino el presente, el modo en que construimos nuestra identidad a través de la memoria» (Gavilán, 2004, p. 59). ¿Cuánto influyó el No-Do en los recuerdos de los españoles de la posguerra más allá de lo que vivieron realmente? Por eso, añade Gabilán, uno «de los supuestos en que se basa el proyecto de recuperar la memoria histórica es algo mucho menos firme de lo que parece ser» (2004, p. 60). A pesar de eso, pienso que merece la pena intentar construir una memoria colectiva de la República, de la Guerra Civil y de la represión franquista, que ayude al menos a estas tres cosas: a aliviar los traumas de las víctimas del franquismo y de sus descendientes, a devolverles la dignidad, y a disminuir las posibilidades de que se repita una época tan cruel en la historia de España. Pero yo preferiría hablar de memoria social, que es un concepto psicosocial muy relacionado con la necesidad de identidad de los individuos y de los grupos. De ahí la importancia de controlar la memoria social de los grupos existentes en un país, que es lo que hizo Franco. Es cierto, como decía Orwell, que quien controla el pasado, controla el futuro, pero también lo es que «quien controla el pasado controla quiénes somos» (Middleton y Edwards, 1990a, p. 26). Ahora bien, la memoria colectiva siempre se basa en soportes de diferente tipo, tanto físicos como simbólicos.

4. Soportes de la memoria social o colectiva

Todas las naciones han elaborado un «gran relato» de su propia existencia, subrayando continuamente a sus héroes, sus conquistas y sus grandes hechos históricos.[39] Con ello reinterpretan su historia y construyen su memoria oficial que, de mil maneras, van metiendo en las cabezas, en los corazones y en la identidad de la ciudadanía. Estas memorias oficiales son intentos de definir y reforzar profundos sentimientos de pertenencia dirigidos a mantener la cohesión social, pero que a menudo son utilizados por las élites para controlar a la gente y para que esta sustituya sus propios intereses por los de esas élites, como ocurre en las guerras, donde suelen ser los hijos de los trabajadores los que dan su vida en defensa de los intereses de los más ricos, o como ocurre ahora en España, donde la cuestión social ha sido sustituida por la cuestión nacional, de forma que la gente suele olvidar la precariedad laboral, los recortes en sanidad y educación, etc. y se interesan sobre todo por la «cuestión catalana». Eso lo hacen todas las naciones, pero sobre todo las dictaduras nacionalistas. De hecho, el franquismo se mantuvo –y en parte aún se mantiene–, entre otras razones, por su influencia en la memoria colectiva de los españoles, dado que «fue pródigo en la construcción de lugares de memoria que actuaban como signos externos de la victoria; […] estos “lugares de la memoria” funcionaban como mecanismos simbólicos de legitimación ideológica del propio régimen» (Álvarez Fernández, 2007, p. 60). Es lógico que Franco construyera una memoria colectiva a la medida de sus necesidades, pero no lo es tanto que durante la Transición el número de lugares de memoria franquistas no sólo no menguó, sino que «se incrementó considerablemente» (Erice, 2006, s/p). Y los más importantes siguen ahí (Arco de la Victoria en Madrid, Valle de los Caídos, etc.). De esa manera no podía haber reconciliación y no la hubo.

Sin duda, «la memoria colectiva de los países es esencial, ya que las identidades nacionales se edifican sobre la base tanto de tradiciones y recuerdos, más o menos inventados, como de olvidos, más o menos genuinos» (Aguilar, 1996, p. 24). Y en ese proceso van a ser esenciales los soportes (monumentos, conmemoraciones y fiestas conmemorativas, nombres de calles y plazas). Como dice Piper (2009, p. 156), «conmemorar contribuye a normativizar los usos posibles de los espacios y las prácticas que se puede realizar en ellos. La conmemoración se convierte así en un referente de verdad que legitima las identidades hegemónicas del presente a partir del pasado, en la medida en que no sólo se organizan para recordar algo, sino también para tratar de determinar, ratificar y reiterar qué se debe recordar y cómo se debe ser en ese orden social». La memoria social de un grupo, pueblo o país debe estabilizarse para mantenerse, y ello suele hacerse de una de estas tres maneras (Jelin, 2009):

1) Soportes físicos: «Así como hay fechas que se tornan significativas, hay espacios que concentran sentidos del pasado, y de ahí los intentos de marcar territorialmente esos lugares. Las luchas por los monumentos, museos, memoriales y placas recordatorias se despliegan abiertamente en el escenario político mundial. Se trata de gestos y afirmaciones, una materialidad con significado político, público y colectivo. De esta manera, aunque no siempre de manera explícita, son también intentos de reafirmar sentimientos de pertenencia colectiva y una identidad enraizada en una historia traumática» (Jelin, 2009, p. 130). Por consiguiente, añade Jelin, «se trata de espacios materiales que, por la acción de grupos humanos y por la reiteración de rituales conmemorativos en ellos se convierten en vehículos para la memoria». Así, el franquismo llenó España de monumentos a la victoria y a los «caídos», mientras que en las Iglesias de todos los pueblos y ciudades del país figuraba algún monumento o placa con los nombres de sus habitantes del bando franquista fallecidos en la guerra. Además, miles de calles y plazas estaban dedicadas a personajes franquistas de las que todavía hoy, después de trece años de que lo prohibiera la Ley de Memoria Histórica, quedan 535 (1.211 el año anterior): José Antonio Primo de Rivera, 34; Onésimo Redondo, 28; Francisco Franco, 25; Queipo de Llano, 16; etc. Donde más hay en Castilla y León, 172 y en Castilla-La Mancha, 104 (InfoLibre, 19 de abril de 2020, citando datos del INE).

Ahora bien, ¿qué pasa cuando no se puede ubicar espacialmente el recuerdo, como les ocurrió a los republicanos tras perder la guerra? «Cuando sus iniciativas se ven bloqueadas por fuerzas sociales opuestas o por acciones estatales, la subjetividad, el deseo y la voluntad de las mujeres y hombres que están luchando por materializar sus memorias se refuerzan, buscando nuevos canales y nuevas maneras de conmemorar. En algún sentido, se puede decir que no hay descanso, porque la memoria no ha sido “depositada” en un lugar; permanece en las mentes y sentimientos de la gente» (Jelin, 2009, p. 133). La situación en que tuvieron que vivir los republicanos en la posguerra, con una represión tan cruel y una imposición tan contundente de la memoria de los vencedores, hizo que su memoria se mantuviera en el ámbito privado. Además, dado el miedo que tenían a que les hicieran daño a sus hijos, ni siquiera hablaban en casa de su historia; y por el miedo que les tenían a los franquistas, tampoco lo hacían fuera.

2) Fechas y conmemoraciones: «El calendario oficial de un país es un espacio privilegiado para traer el pasado al presente. Es parte de la construcción de los símbolos de la comunidad y de la nación. […] La trayectoria social y política que transcurre desde un acontecimiento hasta el establecimiento de su conmemoración oficial nunca es consensuada o apacible. En la medida en que hay diferentes interpretaciones sociales del pasado, las fechas de conmemoración pública están sujetas a conflictos y debates. ¿Qué fecha conmemorar? O mejor dicho, ¿quién quiere conmemorar qué? Además, el sentido de las fechas cambia a lo largo del tiempo, a medida que alguna de las diferentes versiones cristaliza y se institucionaliza con sus sentidos y rituales, para luego ser desafiada por nuevas generaciones y nuevos actores que tratarán de imponer nuevos sentidos» (Jelin, 2009, p. 126). En España tenemos un ejemplo en la fijación de la fiesta nacional. La derecha la fijó el 12 de octubre, con claras resonancias, imperialistas, franquistas y católicas. En Chile no se eliminó el 11 de septiembre (día del golpe de Estado de Pinochet) hasta quince años después de la transición. En Argentina, el presidente Kirchner y el jefe de gobierno de Buenos Aires firmaron un acuerdo sobre la ESMA (Escuela Superior de Mecánica de la Armada) por el que ese lugar infame, por donde pasaron para ser torturadas y luego desparecidas miles de personas, se convirtió en un lugar de memoria. En España, en cambio, la sede de la DGS en la Puerta del Sol de Madrid, principal centro de tortura de la policía franquista, no quedó como museo de la memoria de la represión de la Guerra Civil, sino que se transformó en sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid; y hasta tal punto se ha querido borrar la memoria de aquellas torturas que no se ha colocado ni siquiera una sencilla placa recordándolo.

3) Los archivos de la represión: «La noción de archivo está íntimamente ligada a la idea de mantener o preservar los rastros del pasado. Traspasar un papel u objeto al archivo significa que se trata de algo ligado a la historia, al pasado, que ha dejado de ser pertinente para el presente “vivo”» (Jelin, 2009, p. 137). Por eso en el momento de su decadencia, las dictaduras suelen ordenar la destrucción de la documentación que les pueda comprometer. Eso fue lo que pasó en España

En conclusión, si realmente queremos construir un país democrático y cohesionado, es imprescindible consensuar una memoria histórica. Mientras eso no se haga, tendremos siempre dos Españas, con los peligrosísimos riesgos que ello supone. Tal vez los dos temas donde existe una mayor disparidad entre las dos Españas –y en los que más difícil es el consenso– son el concepto de España y la Guerra Civil. Por eso una de las primeras cosas que hizo Rajoy al llegar a la Moncloa en 2011 fue retirar el presupuesto a la Ley de Memoria Histórica. Y Vox promete terminar con ella.

Indiscutiblemente, establecer la verdad histórica es siempre algo difícil y complejo, sobre todo en la España actual. Pero no es imposible, a pesar de que esta democracia sigue apoyándose en un silencio colectivo pasmoso. Ya lo dijo José Vidal Beneyto (1981): «Todos sabemos que la democracia que nos gobierna ha sido edificada sobre la losa que sepulta nuestra memoria colectiva». Y fue así no porque ese olvido colectivo fuera necesario para la reconciliación, como se nos ha dicho, sino porque era esencial para que, una vez muerto Franco, siguiera la impunidad de los vencedores. Pero las cosas deben cambiar. No olvidemos que «entender las memorias y las subjetividades que estas producen como prácticas sociales en constante producción abre posibilidades emancipadoras, en la medida en que las presenta como un proceso interior a las relaciones sociales. Somos las memorias que construimos y las subjetividades que producimos y, por lo tanto, somos quienes, por medio de la articulación de diferentes prácticas, estamos en poder de transformarlas» (Piper, 2009, p. 169). Mientras se mantengan enfrentadas las dos memorias, difícil será la convivencia pacífica.

5. La familia como lugar privilegiado de la memoria

Sostiene Halbwachs que existen ciertas instituciones, como la familia o la escuela, que presentan los primeros «marcos» para la construcción de las memorias sociales. Ahora bien, ¿cómo operan esas instituciones en el proceso de transmisión, a las generaciones siguientes, de un sentido al pasado? La respuesta de Jelin es clara (2009, p. 130): «Son las relaciones y diálogos que se establecen entre generaciones los que, en su dinámica, producirán nuevos sentidos e interpretaciones del pasado». Y en ello la familia es crucial. La memoria individual incluye mucho más de lo que nosotros mismos hemos experimentado como sujetos individuales: incluye muchos elementos de la memoria de la comunidad –y sobre todo de la familia– en la que hemos sido socializados. Todos formamos parte de grupos y compartimos muchas creencias que constituyen un contexto narrativo. De ahí que la familia sea un lugar especial para transmitir la memoria y el contenido emocional y afectivo de los recuerdos. En eso consiste precisamente la posmemoria: en la transmisión a la siguiente generación, a través de los recuerdos y de sus componentes emocionales, de la experiencia familiar intergeneracional. Marianne Hirsch considera que se trata de «una estructura intergeneracional y transgeneracional del retorno del conocimiento traumático» (2015, p. 20). Por eso, añade, dentro del espacio familiar íntimo, la posmemoria corre el riesgo de quedarse en la recreación traumática. Y eso es crucial para entender la memoria y los traumas de los descendientes de las víctimas del franquismo. Ahora bien, la transmisión transgeneracional del trauma puede hacerse a través de relatos o a través del silencio. Los padres transmiten sus traumas a los hijos, les hablen o no de los hechos que les produjeron esos traumas. De ahí la importancia tanto del relato de las experiencias traumáticas como de su silenciamiento, pues a menudo los padres callan para proteger a sus hijos. Pero no saben que el silencio transmite mucha experiencia traumática. En cambio, el relato de las experiencias traumáticas, aunque doloroso, ayuda a superar los traumas; mientras que lo que hace el silencio es agravarlos.

Ya dije que, según Nora (2001), es en los «lugares de la memoria» donde se cristaliza y se refugia la memoria social o colectiva (Allier Montaño, 2008), destacando entre tales lugares la familia. En esta línea, Agustina Cepeda (2013) pretende analizar cómo se transmite el pasado de la experiencia traumática en el interior de la familia y cómo influye eso en las identidades de las nuevas generaciones (p. 27): «En nuestras entrevistas a hijos de desaparecidos preguntamos cómo les contaron la desaparición de sus padres y familiares, si recordaban en qué contexto se produjo el diálogo, qué espacios físicos tenía el relato familiar, en qué situaciones y con quiénes compartieron esa experiencia del relato, qué edad tenían cuando pudieron entender la situación por la que pasaron sus padres, cómo influyó el relato de la experiencia familiar en su propia práctica de intervención política y su militancia». Tengamos presente que, al menos a mi modo de ver, la familia es el principal marco social de la memoria y, por tanto, la base de la memoria colectiva y/o histórica de los descendientes de las víctimas del franquismo, pues el espacio de la memoria familiar «es central en la construcción de las memorias sociales de las experiencias políticas traumáticas» (Cepeda, 2013, p. 31) (véase Regueiro, 2010). Es esencial preguntarse, ¿quiénes cuentan dentro de la familia la experiencia traumática del terrorismo de Estado y cómo lo cuentan? ¿Quiénes en la familia silenciaron y ocultaron tales experiencias? ¿Cómo respondieron las familias a las preguntas de sus hijos? (Raina 2012). Para contestar a estas preguntas y entender la relación que existe entre memoria y trauma conviene tener en cuenta la estructura de la memoria. Hay dos tipos de recuerdos, cada uno de los cuales atienden a funciones diferenciadas y son regulados por distintas estructuras cerebrales (Levine, 2018):

1) Explícitos: son recuerdos conscientes y los hay de dos tipos; declarativos –objetivos y exentos de sentimientos y emociones, son los que nos permiten recordar cosas conscientemente y contar la historia en base a hechos– y episódicos –recuerdos cargados de emoción y afectividad que codifican nuestras experiencias vitales personales–.

2) Implícitos: aquí los recuerdos no son conscientes y pueden ser también de dos clases; emocionales y procedimentales. Los primeros influyen mucho en nuestra conducta, mientras que los segundos, que constituyen el estrato más profundo de la memoria, con frecuencia ejercen una influencia todavía más profunda, para bien o para mal. Así, para entender el origen de los traumas resulta imprescindible entender bien los recuerdos procedimentales, que son de tres clases (Levine, 2018, p. 57 y ss.): 1) Los que tienen que ver con las acciones motoras aprendidas, como montar en bicicleta; 2) Los que se refieren a las respuestas innatas de emergencia que recurren a nuestro instinto de supervivencia en caso de amenaza, como la huida ante un peligro; son respuestas instintivas que desempeñan un papel crucial en la formación y resolución de los recuerdos traumáticos; y 3) Los recuerdos relacionados con las respuestas básicas del organismo de acercamiento o evitación, de atracción o repulsión; nos acercamos físicamente a aquello que consideramos positivo para nosotros y evitamos todo lo que creamos que puede ser una fuente de daño y toxicidad. Por ejemplo, la bandera rojigualda será vista como algo tóxico por alguien que la asocia con la entrada de las tropas franquistas en su pueblo, asesinando a sus padres, y puede ser vista como algo positivo por quienes la asocian a emociones agradables. Las banderas ejercen un poderoso efecto físico, emocional y relacional sobre la gente. Por eso, si aquí realmente se hubiera querido implantar un sistema político democrático de consenso, se hubiera respetado a los vencidos y se hubieran consensuado la bandera y el himno nacionales. Sin embargo, los vencedores impusieron sus símbolos a los vencidos. Porque las cuestiones simbólicas son muy importantes para la convivencia, como se vio en la «guerra de las esquelas» (Fernández de Mata, 2016) o como se vio después en la «guerra de las banderas». «Si de adultos nos cruzamos por la calle con un conocido de la infancia, hay muchas probabilidades de que no lo reconozcamos conscientemente. Sin embargo, podemos experimentar un determinado tono emocional y contexto relacional: felicidad, si fue nuestro amigo; o miedo, si abusó de nosotros» (Levine, 2018, p. 62). La magdalena de Proust nos ayuda a entender cómo funcionan los recuerdos procedimentales. Ahí el detonante fue el sabor de la magdalena empapada en té. Proust no pensó explícitamente que esa magdalena le hacía recordar aquellos tiempos de cuando era niño, de cuando su madre le daba un tazón de té con una magdalena. Por el contrario, la experiencia sensorial del té y la magdalena desencadenó en Proust procesos procedimentales, episódicos y emocionales que durante mucho tiempo habían estado inconscientes. Y en todos estos procesos la familia es un elemento crucial.

6. Recuperación de la memoria histórica: memoria, olvido y trauma

En el caso de la Guerra Civil y la dictadura franquista deberíamos hablar de memoria colectiva, y especificar de qué colectivos se trata. Es evidente que es muy diferente la memoria colectiva que de aquella época tienen los neofranquistas y los demócratas antifascistas; y dentro de los perdedores de la guerra también es diferente la memoria colectiva de anarquistas y comunistas. Podemos hablar de memoria colectiva, pero especificando a qué colectivo nos estamos refiriendo, y de memoria social, cuando esa memoria tiene un alto consenso entre los habitantes de un país. Claramente lo dijo Halbwachs hace ochenta años (1950/2004, pp. 79- 80). «La expresión “memoria histórica” no es muy afortunada, ya que asocia dos términos que se oponen en más de un aspecto. La historia es, sin duda, la recopilación de los hechos que han ocupado la mayor parte de la memoria de los hombres. Pero los acontecimientos pasados, leídos en los libros y enseñados y aprendidos en los colegios, son elegidos, acercados y clasificados, según las necesidades o reglas que se imponían a los círculos de hombres que conservaron durante mucho tiempo su poso vivo». Por eso Enzo Traverso afirma que «la memoria es una representación del pasado que se construye en el presente» (2010, p. 82).

Además, debo repetir que la memoria nunca se recupera –ni a nivel colectivo ni a nivel individual– sino que se reconstruye. Por eso cada grupo tiene su propia memoria social, que exige un complejo proceso de elaboración. Pero incluso cuando una memoria dominante se impone a las demás, no consigue que estas desaparezcan: la memoria de las víctimas del franquismo permaneció en las familias y en grupos pequeños muy concretos, sobre todo en grupos de exiliados. Existen muchos y muy razonables argumentos para intentar recuperar la memoria colectiva de los vencidos, entre otras cosas para dignificar a las víctimas y para reducir los traumas de sus descendientes. Todo país necesita tener un cierto consenso en cuanto a su memoria colectiva, pues si existen dos memorias contrapuestas, como ocurre en España, la cohesión social difícilmente puede ser la adecuada para una convivencia pacífica a medio y largo plazo. En la Transición no se hizo una memoria de consenso, sino que se mantuvo hegemónica la de los vencedores. Lo que no puede entenderse es que el PSOE y el PCE se olvidaran tan pronto de sus víctimas y aceptaran el mantenimiento de tal memoria.

Un rasgo esencial de la memoria de los vencidos fue el no poder contar durante mucho tiempo sus sufrimientos y sus traumas. Y sin embargo, es a través de las interacciones conversacionales como se produce la construcción social de nuestro pasado y de nuestra identidad (Pasupathi, Aldeman y Shaw, 2007). Como dice Ruiz Vargas (2006b), la construcción de una narración coherente a través del recuerdo compartido es el fundamento de la Narrative Exposure Therapy (Schauer, Neuner y Elbert, 2005), terapia que va destinada a víctimas de estrés postraumático causado por guerras, terror o tortura. Los proponentes de esta nueva terapia, por decirlo con palabras de Ruiz Vargas, reivindican que la superación real del trauma sólo será posible si a la víctima se le permite narrar sus experiencias, porque cuando cuenta a otros su historia, tiene la oportunidad de exteriorizar sus sentimientos, lo que posibilita el procesamiento y gestión positiva de sus emociones dolorosas, dado que transformando el trauma en palabras, las víctimas consiguen modificar a nivel cerebral lo que los expertos llaman «redes asociativas de miedo» (Foa, Steketee y Rothbaum, 1989), sobre las que se apoya la experiencia dolorosa. «Esa modificación resulta crucial para la superación del trauma porque supone, además, la recuperación de la dignidad y el descubrimiento de la verdad. Pero a los perdedores republicanos no sólo no se les permitió contar lo ocurrido, sino que se les amenazó, acosó y persiguió para imponerles el más negro de los silencios. Esa falta absoluta de oportunidad para que “el yo biográfico” de las víctimas morales de la Guerra Civil “revelase” sus dolorosas experiencias siquiera a sus familiares o a los más allegados, o para experimentar ese “sentido de historia compartida” que emerge cuando el recuerdo se cuenta a otros que sí vivieron los mismos episodios, en una búsqueda desesperada de “vinculación social” porque el sujeto se siente literalmente un “hombre muerto”, lo que añadió un profundo e inenarrable sufrimiento a la vida devaluada de los perdedores» (Ruiz Vargas, 2008, p. 67).

La memoria histórica, pues, es algo muy diferente de la memoria social y de la memoria colectiva, y le añade un importante matiz reivindicativo. En este sentido pienso yo que es útil usar ese término. «En mi opinión, cuando hoy en día se habla de “memoria histórica”, y me voy a referir exclusivamente a nuestro país, es para poner de manifiesto que algo de nuestra historia, cercana o relativamente cercana, aún no se ha cerrado, aún sigue pendiente de algún tipo de restitución y, por eso, aún sigue doliendo su evocación. Más aún, y esta es la tercera cuestión que creo necesario analizar, cuando en la España actual alguien habla de “memoria histórica” lo suele hacer en un tono reivindicativo. ¿Para reivindicar qué? Básicamente, el recuerdo de acontecimientos o de personas que la historia oficial no ha tratado como en su opinión se merece. Por eso, entiendo que cuando hoy se habla de “memoria histórica” o, mejor, se reivindica “la recuperación de la memoria”, lo que se está haciendo, en realidad, es también un alegato contra el olvido» (Ruiz Vargas, 2008, p. 72). Por tanto, añade este autor, «la expresión “memoria histórica” es más un recurso retórico que una realidad mental». Pero un recurso retórico de gran utilidad, dada su profunda carga emocional. Porque, como escribió el Premio Nobel Czeslaw Milosz, «uno recuerda lo que duele». Y es que, añade Ruiz Vargas, «eso que se reivindica bajo el nombre de “memoria histórica” es la recuperación de la verdad desde la memoria herida y dolorida de las víctimas». Y concluye: «Quiero decir que si el nombre “memoria histórica” carece de un estatuto epistémico, es innegable que lo que encierra, lo que quiere significar, está cumpliendo una función social, política y moral, no sólo legítima sino necesaria: la recuperación de un pasado doloroso que el relato frío de la Historia no satisface ni a los supervivientes ni a sus descendientes […] la “memoria histórica” está cumpliendo una importante función social: mantener viva la memoria de las víctimas del franquismo hasta que sea reconocida su verdad, restituida su dignidad y reparado el daño moral que se infringió a ellas y se legó a sus descendientes. No en vano la memoria histórica aflora allí donde se han violado grave, sistemática y masivamente los derechos humanos» (Ruiz Vargas, 2008, pp. 75-76). Además, recuperar la memoria histórica de la otra España serviría para afianzar y fortalecer nuestra democracia. Sin el cierre definitivo de las heridas de las víctimas del franquismo no podrá haber en España ni reconciliación ni verdadera democracia. Tal vez por eso Paloma Aguilar, que empezó justificando el olvido de la Guerra Civil durante la Transición en aras de la reconciliación (Aguilar, 1996), cambió de opinión (Camus, 2010) y ahora coincide con quienes creen que resulta imprescindible reivindicar «el recuerdo de la guerra, de la victoria, del dominio de los vencidos […] para evitar un nuevo enfrentamiento entre los españoles» (Aguilar, 2008, p.224).

Por otra parte, se insiste a menudo en que hay que homenajear a las víctimas de ambos bandos, pero eso lo dicen quienes siempre se olvidaron de las republicanas mientras las franquistas eran exaltadas permanentemente, tanto que tal vez haya sido eso lo que hizo más duro el trauma de sus familiares. Pero el recuerdo y la conmemoración son más necesarios cuando se asocian a acontecimientos traumáticos de represión, como es el caso de las víctimas del franquismo. «El país que silencia la memoria, mantiene la herida abierta. Cuando mira a otro lado, propaga el eco de la violencia y garantiza la impunidad si no juzga su pasado. El caso español cumple con esta línea argumental del olvido como una herencia más del “atado y bien atado” de Franco. Guardar en un cajón el sobrecogedor listado de violaciones de los derechos humanos cometido por los rebeldes es sinónimo de desprecio absoluto a las víctimas del fascismo. […] España, durante décadas, no ha juzgado. Y tampoco ha permitido que lo hagan desde fuera. El país de la desmemoria castigó al juez Baltasar Garzón por intentar poner luz y taquígrafos a los relatos del terror y ha regateado incluso información a cada petición de la única causa abierta en el mundo por el genocidio golpista, la Querella Argentina» (Baquero, 2019, p. 153).

Como puntualiza Elisabeth Jelin (2001, p. 87), «las luchas para definir y nombrar lo que tuvo lugar durante períodos de guerra, violencia política o terrorismo de estado, así como los intentos de honrar y homenajear a las víctimas e identificar a los responsables, son vistos como pasos necesarios para ayudar a que los horrores del pasado no se vuelvan a repetir –NUNCA MÁS». Eso es justo lo que no se ha hecho aún aquí. Y sin embargo, debe hacerse, pues «los traumas tienen que ver inherentemente con la memoria» (Richards, 2006, p. 172). Por eso puede aplicarse en España, aunque con décadas de retraso, lo que escribía Amalio Blanco (2002) con respecto a la violencia en El Salvador y al asesinato de Ignacio Ellacuría, de Ignacio Martín Baró y de sus compañeros: «Frente a los silencios ominosos, frente al sistemático intento de ocultar la realidad y de defender a sus responsables, está la lucha incansable por la recuperación de la memoria. Una lucha presidida por su probado valor terapéutico individual y por su incuestionable papel preventivo, desde el punto de vista social. La memoria sirve para desmantelar los mecanismos que hicieron y siguen haciendo posible la barbarie, para luchar contra la impunidad, […] para desvelar las estrategias que han servido para justificar lo injustificable, para desenmascarar el discurso ideológico que se esgrime como soporte de lo insoportable, para recuperar la dignidad mancillada, para ahuyentar las sombras que aherrojan el futuro, para fijar sobre cimientos sólidos las bases de la concordia, de la reconciliación y de la paz. La memoria se convierte, entonces, en un deber moral» y en una necesidad ineludible para la salud psicológica de las víctimas, añado yo. Pero, como sostenía Sigmund Freud (1976, p. 146), «lo reprimido ejerce una presión continua en dirección a lo consciente». Y ahí estamos todavía: por decirlo en términos freudianos, lo reprimido sigue presionando sobre lo impuesto políticamente. Lo reprimido retorna porque nunca ha dejado de estar (Vilarós, 1998).

Es más, a medida que se inicia el camino de la recuperación de la memoria de las víctimas aparecen, también en España, «los que se presentan como “verdaderos historiadores” y poseedores de la verdad, dispuestos a guiar a todos por el buen camino. Siempre quieren lo mismo: asociar memoria a rencor y olvido a reconciliación, y que lo pasado, víctimas y responsabilidades, se divida a partes iguales entre unos y otros. Forman parte de la resistencia a perecer de las situaciones anteriores y saben perfectamente que si se abren las puertas de la memoria las consecuencias afectarán no sólo al pasado sino también al presente y al futuro. Saben que la memoria colectiva constituye una forma de aprendizaje y que representa una amenaza para la impunidad. Saben que el simple reconocimiento de los hechos, fundamental para separar el pasado del presente, contribuirá a la reparación de las víctimas y al bienestar de sus familiares; y que las exhumaciones no son sino puentes con el pasado y con aquellos que fueron conducidos a la muerte sin poder despedirse (de nuevo la vida une lo que la violencia separó). Y por supuesto saben que la recuperación de la memoria tiene efectos inmediatos y produce cambios difíciles de controlar» (Espinosa, 2006a, pp. 246-247). Pero la recuperación de la memoria es «un espacio de lucha política, y no pocas veces esta lucha es concebida en términos de la lucha “contra el olvido”: recordar para no repetir.» (Jelin, 2009, p. 119).

Pero la particularidad española, añade Espinosa (2006a, pp. 249-250), es que «la dictadura, al contrario de lo que ocurrió en otros países, sobrevivió a la derrota de los fascismos en 1945 y que cuarenta años después la transición se montó sobre el silencio y el olvido de la larga etapa anterior y, muy especialmente, sobre la negación y condena de la experiencia democrática precedente. La decisión de no conectar con esta y con su final dejó a la izquierda sin historia y sin memoria y, por tanto, sin discurso político trascendente; por su parte, la derecha, después de la larga travesía del desierto y de su retorno al poder en 1996, comprobó que, hiciera lo que hiciese y dijera lo que dijese, no sólo no pasaba nada sino que ganaban votos, es decir, que sus propuestas ideológicas iban calando. […] No obstante, el problema, que tenía que surgir tarde o temprano, sigue ahí y por mucho que el PP y los ideológicos y propagandistas a su servicio quieran modificar la historia, los desaparecidos del franquismo y las fosas comunes en que fueron enterrados siguen en el mismo sitio donde los dejaron los golpistas del 36. Recuperar sus restos y su historia es una cuestión pendiente que debe afrontar la democracia española si quiere realmente cerrar de una vez el asunto». Y concluye Espinosa (p. 250): «Del pacto de silencio, de la política de olvido y de la suspensión de la memoria que definieron el período 1977-1996 no podía esperarse sino el resurgir de los viejos mitos franquistas, nunca muertos del todo». El auge de Vox le da la razón.

En síntesis, ni durante la Guerra Civil, ni durante la Transición, ni durante la democracia, se hizo mucho por crear una memoria colectiva adecuada de nuestro pasado más trágico, y mientras miles de calles y plazas estaban dedicadas a los golpistas, docenas de miles de víctimas del franquismo seguían abandonadas en fosas comunes, para sufrimiento de sus familiares y para vergüenza del país, sobre todo de sus gobernantes. En 2007 el gobierno de Rodríguez Zapatero aprobó una Ley de Memoria Histórica que, a pesar de que aún provoca las iras de la derecha, fue tan limitada que poco se parecía a otras leyes aprobadas en diferentes países de América Latina. De hecho, a pesar de que su objetivo era la reparación por parte del Estado a las víctimas del franquismo y a sus herederos, hoy día, 13 años después, todo sigue casi igual, lo que explica que el presidente de la ARMH, Emilio Silva (2017), escribiera que esta ley «nació como lo hizo para no solucionar los problemas que quedaban pendientes», añadiendo que fue diseñada para no resolver nada, de forma que «el primer gobierno en incumplirla fue el mismo que la aprobó». Además, continúa Silva, en esa ley ni hay referencia a las republicanas asesinadas, torturadas y humilladas, ni hay referencia alguna al papel que desempeñó la Iglesia católica en la represión y en la legitimación del fascismo, ni tampoco se mencionan siquiera las propiedades confiscadas ilegalmente a muchos republicanos. Esa ley, recalca Silva, no ha impedido que en una década de funcionamiento «hayan muerto miles de descendientes de las personas que la represión fascista hizo desaparecer, sin haber recibido ninguna atención por parte de un Estado que ha seguido renovando los títulos nobiliarios concedidos por el dictador Francisco Franco a criminales de guerra». De hecho, el PP, justamente el mismo partido que en 2007 acusó al gobierno de Zapatero de «reabrir heridas y de enfrentar a los españoles», una década después estaba «tan cómodo con la ley que no ha necesitado derogarla». Y con la soberbia que le caracteriza, Rajoy decía en una entrevista televisiva: «Para la Ley de Memoria Histórica la asignación presupuestaria en todos nuestros presupuestos ha sido cero. La media es cero. Fue cero todos los años. Cero». Esa frase de Rajoy resume perfectamente el talante que tiene todavía la derecha española con las víctimas que no considera «sus víctimas». Esperemos que el proyecto de Ley de Memoria Democrática, actualmente en tramitación, salga adelante y solucione todo lo que dejó pendiente la ley de Zapatero.

¿Para qué, pues, se hizo aquella ley? A mi juicio, sencillamente para que pareciera que se hacía algo. Pero a los herederos de los franquistas les molesta mucho incluso eso poco que se hizo, hasta el punto de que uno de los principales objetivos de Vox es terminar con ella. Pero, como dice José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo, esa ley «es ambigua y poco clara, pero sobre todo no resuelve el problema de fondo», dado que, entre otras cosas, no anula las sentencias dictadas por los tribunales franquistas. La ley habla de ilegitimidad, no de nulidad, precisa Martín Pallín. Por eso el Tribunal Supremo interpretó que no son nulas de pleno derecho, una situación bien diferente de la vivida en Alemania e Italia, donde las sentencias dictadas bajo los regímenes de Hitler y Mussolini son radicalmente nulas, o en Argentina donde el parlamento derogó las leyes de Punto Final y Obediencia Debida que amparaban a los golpistas y a los asesinos de la Guerra Civil, por lo que «ya hay más de trescientos represores en la cárcel», concluye el magistrado. Y aquí ni hay ni ha habido ni uno. Más aún, siguen disfrutando –ellos o sus herederos– de lo que robaron a los vencidos y de lo que consiguieron con la corrupción de la Dictadura. Eso sí forma parte de la memoria de los vencidos y es algo que agrava sus traumas. Por eso dice Baquero (2019, p. 210) que «la nación española necesita una ruptura clara y rotunda con la dictadura», si de verdad quiere ser un país democrático y reconciliado. De lo contrario, se mantendrá ad infinitum la existencia de las dos Españas irreconciliables, lo que sin duda es fuente permanente de conflictos entre españoles.

No olvidemos que también en Alemania e Italia costó mucho recuperar la memoria histórica, puesto que la guerra fría hizo que también allí los intereses de los EE.UU. no permitieran hacer justicia histórica: los enemigos de antes se habían convertido en aliados. De hecho, durante muchos años, como nos recuerda Patrizia Dogliani (2009), en Italia no solo no se homenajeó a los combatientes de la Resistencia sino que, entre 1948 y 1953, fueron incluso juzgados criminalmente, mientras se amnistiaba a los que habían sido fascistas. Y las cosas no cambiaron hasta la presidencia de Ciampi (1999-2006). También en Alemania los nazis fueron tratados bien, más allá del juicio de Núremberg. De hecho, como muestra Régine Robin (2009), llegó un momento en el que los conservadores –casi todos nazis unos años atrás– llegaron a calificarse de víctimas. En efecto, en marzo de 2002, el periódico Der Spiegel publicó un artículo titulado «Los alemanes como víctimas», en el que señalaba que los nazis habían sido más víctimas que verdugos, recordando los bombardeos de los aliados o la violación de miles de mujeres de Berlín por parte de los soldados soviéticos, pero sin mencionar los millones de europeos que habían sido asesinados por los alemanes, sobre todo judíos, gitanos y eslavos. Y fueron algunos historiadores, como Nolte y Hillgruber, los primeros en hablar de los alemanes como víctimas.[40] Ello tiene sus efectos todavía hoy día. Por ejemplo, uno de los argumentos más utilizados por los alemanes de la segunda generación y sobre todo de la tercera (los nietos) es el siguiente: «Es cierto que los nazis fueron unos asesinos, pero mi abuelo (y/o mi padre) no sólo no fue un asesino, es que ni siquiera fue nazi». Es más, fue Adenauer quien limitó al máximo la desnazificación, amnistiando e integrando a los antiguos nazis «incluso en las esferas más altas del Estado, en los aparatos judicial, militar, administrativo y universitario;[41] demostrando su solidaridad con los que fueron afectados por la política, juzgada como exagerada, de los aliados en materia de desnazificación, diabolizando a unos pocos nazis en la cumbre del Tercer Reich y enmendando al resto. Habían sido engañados y seducidos por Hitler, no habían visto nada, no sabían nada respecto al exterminio de los judíos y las horribles imágenes que se les obligaba a mirar» (Robin, 2009, p. 236). Pero es que en España nadie obligó nunca a los franquistas a ver las imágenes de sus crímenes. Por eso aquí los hijos y nietos de los franquistas nunca han tenido nada de que arrepentirse, lo que es un motivo más para que las víctimas del franquismo no puedan superar sus traumas.

7. ¿Conviene borrar nuestros recuerdos negativos?

Los recuerdos traumáticos dolorosos «moldean nuestra vida de un modo que ni siquiera llegamos a sospechar, […] vuelven para mordernos, acosarnos y moldearnos, sin importar lo mucho que deseemos eliminarlos, negarlos o santificarlos» (Levine, 2018, p. 42). Por tanto, ¿convendría eliminarlos si pudiéramos? Los datos existentes indican que algunas veces hablar (o escribir) acerca de experiencias dolorosas puede ayudar a entenderlas, organizarlas o resolverlas, lo que reduce el trauma (Pennebaker, 1989), pero otras veces ello puede agravar el dolor y el trauma (Rimé, 1995). ¿Es conveniente, pues, seguir hablando durante años de acontecimientos que nos han impactado emocionalmente o es mejor olvidarlos? ¿Es mejor que las víctimas del franquismo recuerden una y otra vez los traumas que padecieron o es preferible que lo olviden todo? ¿Conviene recuperar la memoria histórica o es mejor dejarlo estar? Yo no tengo ninguna duda de que siempre es mejor recuperar la memoria colectiva, aunque sea doloroso; un dolor, por otra parte, que irá disminuyendo con el tiempo y sobre todo con el apoyo social que se reciba. La memoria es algo esencial en la vida humana pues se relaciona con la necesidad de pertenencia, con la identidad y con la autoestima, precisamente las tres necesidades psicosociales más importantes. «Las memorias compartidas son parte del proceso de construcción y reconocimiento de la pertenencia a comunidades o colectivos, actuando como “mitos fundacionales” o como elaboración de orígenes comunes que otorgan estabilidad temporal (imaginaria) a la identidad» (Jelin, 2001, p. 88).[42] Por eso es mucho mejor recuperarla. De hecho, las dictaduras imponen el olvido de las memorias colectivas que no sean la suya (Rodríguez, 2008, p. 131), pero las democracias deben tener como uno de sus objetivos el terminar con ese olvido y recuperar las memorias reprimidas. En consecuencia, concluye Rodríguez (p. 133), «recuperar la memoria de las víctimas de la represión franquista como base de la ciudadanía democrática es un deber de justicia histórica, afirma la calidad de la democracia y es una inversión de futuro, porque no se debe olvidar que la identidad se construye, en buena medida, con el material de la memoria». Más aún, cuando una democracia desatiende la memoria de la represión que el Estado llevó a cabo sobre una parte de su población, está agravando los traumas que tal represión produjo en esa población. Cuando el olvido es elegido puede tener efectos positivos, pero cuando es impuesto los tiene siempre negativos.

¿Es conveniente, pues, borrar nuestros recuerdos traumáticos porque nos producen mucho dolor y sufrimiento? Hoy día ello es posible: existen fármacos de borrado de recuerdos traumáticos (Meloni et al., 2014). Pero ello tiene muchos problemas, sobre todo estos tres: 1) Cuando el recuerdo ha sido borrado mediante intervenciones moleculares, el engrama del recuerdo busca la manera de llegar a diferentes partes del cerebro (Ryan et al., 2015); 2) Las técnicas de borrado de recuerdos pueden ser utilizadas por personas, grupos o instituciones para su lucro, como se puede inferir de este curioso y didáctico ejemplo (Levine, 2018, p. 194): «Imagina que te sientes sexualmente atraído por la mujer de tu mejor amigo. Mientras tomas una copa con tu amigo en un bar del barrio, lo animas a que te cuente todos los recuerdos bonitos que tiene de ella. No obstante, sin que él lo sepa, primero has puesto un fármaco de borrado de recuerdos en su copa. A la semana siguiente, en el mismo bar, enfocas la conversación en todos los defectos de su mujer. Esta vez, sin embargo, has puesto en su copa un reforzador de recuerdos. Ahora, con todos sus recuerdos hermosos borrados, es tremendamente vulnerable a sentirse abrumado por los negativos. Así que la combinación de borrado y reforzado de recuerdos te ofrece (a ti, al villano) la oportunidad perfecta para manipular la situación a tu antojo y poder acceder a su antes querida –ahora despreciada– esposa», 3) Y peor aún, sin recuerdos –incluidos los traumáticos– estaríamos más indefensos y nos veríamos condenados a repetir nuestros errores. «El problema con la eliminación de recuerdos dolorosos es que el dolor a menudo es nuestro mejor profesor. La madurez tiene que ver con aprender de nuestros errores y luchas. De hecho, la verdadera sabiduría no es gratuita» (Levine, 2018, p. 195). Además, el borrado de recuerdos deshumaniza. Cuenta Levine que le preguntaron una vez a Eric Kandel, premio Nobel por sus trabajos sobre la memoria, si querría ver borrados algunos de sus recuerdos más dolorosos de cuando era niño, durante el holocausto, y respondió lo siguiente: «No tendría problema para reforzar recuerdos. Borrarlos es más complicado […], ir dentro de tu cabeza y quitar un recuerdo de una experiencia amorosa desgraciada, es una mala idea. Ya sabes, al final, somos quienes somos. Todos somos parte de lo que hemos vivido […]. ¿Me habría gustado borrar de mí la experiencia vienesa [del holocausto]? ¡No! Y fue algo horrible. Pero te moldea» (Kandel, 2012).

El «mundo feliz» de Aldoux Huxley tal vez esté ya a punto de llegar. «Uno se estremece de horror pensando en drogas de borrado de recuerdos utilizadas en masa para que políticos retorcidos nos hagan olvidar o reforzar lo que ellos desean que olvidemos o reforcemos. ¿Ciencia ficción? Tal vez en el siglo XX, pero ciertamente no en el XXI. El borrado de recuerdos, quizá, es también un indicativo de la tendencia de nuestra cultura hacia una indolencia que sólo busca soluciones a través de los fármacos, ya sean antidepresivos, estimulantes, ansiolíticos o somníferos, en lugar de sacar nuestra capacidad creativa para autorregularnos y generar resiliencia […] Podemos borrar recuerdos de abuso, pero sin una integración completa y una acción restauradora, seguiremos teniendo poca capacidad para reaccionar eficazmente a situaciones similares en el futuro [...] Incluso si fuéramos capaces de borrar recuerdos procedimentales, podríamos crear sin darnos cuenta individuos indefensos» (Levine 2018, pp. 195-196). Y concluye Levine (196-197): «Antes de lanzarnos descuidadamente al mundo feliz del borrado de recuerdos, debemos admitir que la falta de atención a los complejos mecanismos de los recuerdos traumáticos puede presagiar el desastre». Los recuerdos traumáticos de las víctimas del fascismo, tanto en España como en otros países, contribuyen poderosamente a que la sociedad quede vacunada contra el fascismo. Su sufrimiento no ha sido inútil. Por eso es importante la recuperación de la memoria histórica y no olvidar nunca los crímenes de la Guerra Civil franquista, pues contribuye a que tales hechos no vuelvan a repetirse, además de que –y esto es crucial– ayuda a las víctimas a solucionar sus traumas.

8. Conclusión

La memoria latente o retardada de las experiencias traumáticas de las víctimas del franquismo «se manifiesta en crisis emocionales al recontar y rememorar los acontecimientos traumáticos» (Richards, 2006, p. 174). Pero, como dice Alexandro Portelli (2016), la memoria no es simplemente un espejo de lo que ha sucedido, es una de las cosas que suceden y que nos hace como somos. Por eso es tan negativo el olvido de tales experiencias. Y no olvidemos que la democracia española está construida sobre el olvido. Es más, se ha olvidado que esta democracia «desciende directamente del franquismo. No se recuerda que sus espacios, sus signos y sus actores han sido formados por las escuelas y las formas de vida de aquellos sombríos años, por sus mismos cuadros políticos y élites intelectuales […] Y sobre todo, hemos cerrado los ojos a lo más evidente, a la opaca herencia social, cultural y política que aquella larga noche de mentiras y represión ha dejado precisamente como herencia profunda a la generación de la transición democrática» (Subirats, 1994, p. 27). Sabido es que los grupos dominantes tienen un gran interés en manipular tanto la memoria como el olvido. Pero en el caso español, cuando los vencedores de la Guerra Civil ya no pudieron seguir manipulando la memoria colectiva, porque su poder de control ya no era el que había sido, optaron por imponer el olvido, ocultando los crímenes del franquismo y la persistente humillación de sus víctimas. Ese fue uno de los objetivos fundamentales de la Transición e incluso de la democracia. Quienes ganaron la guerra y la posguerra, ganaron también la Transición y están ganando la democracia. Pero ese olvido colectivo está llevando a profundos traumas psicosociales en los descendientes de las víctimas del franquismo. La historia la escriben los vencedores y, obviamente, la escriben a su manera, dejando además «lugares de la memoria» de su victoria. Pero lo que nunca deben hacer los vencidos es olvidar su propia memoria, pues eso sí sería la última victoria de los vencedores. Como escribió Dori Laub (1995, p. 63), «los sobrevivientes no sólo necesitan sobrevivir para contar su historia; también necesitan contar su historia para sobrevivir». Porque contar su historia tiene sin duda importantes efectos terapéuticos para las víctimas.

En conclusión, recordar y contar un pasado traumático, como es el caso de los hijos que recuerdan el fusilamiento de su padre o el de la mujer que recuerda la tortura a que fue sometido su esposo, o quienes recuerdan cómo sacaron a su madre de casa, la violaron y la fusilaron delante de ellos, es indiscutiblemente muy doloroso. Pero a la vez es profundamente catártico: el dolor producido por esos recuerdos es profundo, pero ejerce unos efectos beneficiosos, dejándole a quien recuerda en paz consigo mismo y con la historia, sobre todo cuando esos recuerdos van acompañados de una serie de medidas reparadoras o, cuando menos, de apoyo social evidente, explícito y público; lo que no han tenido ni tienen las víctimas del franquismo. Esos recuerdos producen dolor, pero más dolor produce el olvido –y sin efectos reparadores–, principalmente cuando, como suele ocurrir, los familiares de los represaliados perciben que ese olvido es injusto e impuesto por los represores como forma de justificar su represión. El olvido forzado causa más traumas –y más duraderos– que el recuerdo del pasado, por duro que sea. ¿Podemos imaginar que a los familiares de las víctimas de ETA se les forzara a olvidar y se les ocultara quiénes fueron los asesinos de sus padres o hijos, que se les pretendiera convencer de que sus seres queridos habían sido los culpables de su propia muerte y que ochenta años después siguieran en fosas comunes? ¿Podemos creer que ese olvido beneficiaría a la convivencia y que lo que realmente les haría daño sería recordar a sus seres queridos y querer enterrar sus restos con dignidad? Yo no lo puedo creer. Además, sería profundamente injusto e inhumano. Lo mismo hay que decir de las víctimas del franquismo: es profundamente injusto e inhumano lo que se ha hecho y se sigue haciendo con ellas.

CAPÍTULO 5 -

MEMORIA, TRAUMA Y BIENESTAR PSICOLÓGICO DE LAS VÍCTIMAS

1. Introducción

Las víctimas del franquismo no pudieron tener una buena salud, ni física ni psíquica, durante la larga posguerra. Si observamos las precarias condiciones de vida que tenían casi todos ellos (hambre, desempleo y rechazo social) podemos suponer qué nivel de salud tuvieron; basta con ver el porcentaje de muertes prematuras en tal población, sobre todo en niños y bebés de pocos meses cuyas madres habían sido asesinadas. Y sufrieron duros traumas psicosociales. El trauma es una experiencia que afecta de tal manera a la persona que esta queda marcada, dejando en ella secuelas permanentes. Los de las víctimas del franquismo provienen de la guerra pero más aún de la posguerra pues, como para el caso salvadoreño señala Martín Baró (1988b, p. 140), «la prolongación indefinida de la guerra supone la normalización de este tipo de relaciones sociales deshumanizantes cuyo impacto en las personas va desde el desgarramiento somático hasta la estructuración mental, pasando por el debilitamiento de la personalidad que no encuentra la posibilidad de afirmar con autenticidad su propia identidad».

Por su parte, las psicólogas clínicas Anna Miñarro y Teresa Morandi dicen que los traumas no terminan en quienes sufrieron la experiencia negativa sino que son transmitidos a sus descendientes, afectando a la segunda, tercera y hasta cuarta generación (2009, p. 447), lo que difícilmente podría ser de otra manera (Kaés, 1996). De hecho, el trauma de los padres que han vivido la guerra se percibe incluso en los juegos de los niños (Bayo-Borrás, 2010). Pensemos en la vida emocional de un niño que nace durante la guerra española, la madre se ha quedado sola a cargo de sus hijos, sin marido, sin trabajo, sin recursos, amenazada y perseguida por sus ideas durante muchos años, ¿cómo no va a verse afectado su psiquismo y el desarrollo de su personalidad? ¿Cómo no va a tener algún trauma? Ese fue el caso de miles de españoles/as que ahora tienen poco más de ochenta años: sufrieron profundos traumas psicosociales que duraron toda su vida y que, de una u otra manera, transmitieron a sus hijos; y estos a los suyos, de forma que a nadie debería extrañar que todavía hoy los nietos los tengan.

En la siguiente cita de Moreno Gómez vemos con toda crudeza el ambiente irrespirable y de humillación permanente en el que vivieron los vencidos durante los primeros años de posguerra (tomado de Ruiz Vargas, 2006b, pp. 28-29): «Por todas partes se humilla a la gente sencilla. Los guardias municipales, que gozan de carta blanca, insultan y castigan a vergajazos a las mujeres que guardan colas de abastecimiento. Hombres y mujeres de la clase humilde, que no han sido detenidos, sufren todo tipo de vejaciones. Por la menor murmuración se llama a los hombres al cuartel y reciben una paliza. A las mujeres, por el simple hecho de estar emparentadas con algún izquierdista o por haberse destacado lo más mínimo en el período republicano, se les administran purgas de aceite de ricino (“para que arrojen el comunismo de su cuerpo”), se les afeita la cabeza o se les hace pasear en público, con un cartel al cuello, que dice “por rojas”. En el ambiente general predomina el militarismo y la arrogancia de los jóvenes falangistas que, pistola al cinto, insultan y amenazan por la calle a las mujeres de los “rojos” detenidos. La arbitrariedad y la humillación son la única ley en cada pueblo». ¿Cómo no iban a estar traumatizados viviendo en esas condiciones? Maltrataron a los vencidos, violaron a las mujeres, asesinaron a docenas de miles de hombres, les robaron, quedándose con sus fábricas, con sus casas, con su ganado…, con todo lo que tenían. Y, al haber invalidado el dinero de la República, quedaron a merced de sus verdugos. «Los terratenientes, los cabecillas de falange, los guardias municipales y los rurales, así como muchos funcionarios acabarían convirtiéndose en los dueños de la vida y la propiedad de los perdedores» (Ruiz Vargas, 2006b, p. 29). Es más, la exclusión social fue tal que los suicidios aumentaron un treinta por ciento en los primeros años de la posguerra (Moreno Gómez, 1999),

Muchas mujeres a las que habían asesinado a su padre y/o a su marido, tuvieron que criar y educar ellas solas a sus hijos, a menudo más de seis o siete. ¡Y lo consiguieron! Sufrieron, pero no permitieron que la situación traumática a que las sometían todos los días –semana tras semana, año tras año– les quitara las ganas de seguir viviendo para sacar adelante a sus hijos. Esa obligación con sus hijos las salvó de una depresión que podría haberlas llevado incluso al suicidio. Ellas sí fueron las heroínas de la historia de España: solas, despreciadas y sin recursos, fueron capaces de sobrevivir y conseguir que sus hijos no solo no murieran, sino que se labraran un futuro, trabajando hasta reventar en aquella España que tanto las despreció y tanto las maltrató. Amaban tanto a sus hijos que consiguieron casi lo imposible en aquellas condiciones: sacar adelante a sus familias. Muy probablemente percibieron la situación traumática que las amenazaba más como un reto irrenunciable que como un trauma incapacitador.

2. Efectos psicológicos de los traumas

Poco se sabe de la exclusión social que padecieron los españoles vencidos, pues «una parte importante de la población española ha asumido positivamente la estrategia de desmemorización de la derecha. Con una conciencia muy benjaminiana de poseer la historia, se ha promovido a través de metáforas ridículas –como la de que “hay que pasar página”–, la desarticulación de la memoria más personal en favor de los marcos sociales construidos por la dictadura. Se busca proteger el pasado, cerrarlo con un sentido excluyente y sectario» (Fernández de Mata, 2016, p. 16). Un ejemplo de ello es el caso de Amparo Bayarón, esposa de Ramón J. Sender, que fue detenida en su Zamora natal, fusilada extrajudicialmente y enterrada en una fosa común. Tenía 32 años y dos niños pequeños (Andrea solo unos meses). Pero en 1942, su sobrina Magdalena rescató sus restos y los enterró en la tumba familiar; algo difícil de conseguir en aquellos años. Pero el nombre de Amparo no pudo ser inscrito en la tumba hasta los años setenta, aunque incluso entonces causó desasosiego incluso en algunos familiares. «Tres décadas de franquismo habían hecho su trabajo: incluso entre aquellos sectores de la población que no eran ideológicamente franquistas, el régimen había logrado transmitir un sentimiento amorfo de culpabilidad de las víctimas, como si ellos mismos fueran la vergüenza y, en cierto modo, responsables de su propia muerte» (Graham (2013, pp. 128-129). Como escribe Fernández de Mata (2016, p. 17), «lo que el franquismo trató de construir no fue tanto una historia de la Guerra, como una anulación del pasado inconveniente a sus intereses, un ejercicio sistemático de sustracción, ocultación y desaparición de una parte sustancial de la memoria colectiva de todos los españoles: la de los perdedores». Y la democracia ha estado protegiendo hasta hoy día esa anulación del pasado. Por eso los vencidos fueron durante tantos años «un tipo de víctimas sin ningún reconocimiento, negadas y ocultadas por las estructuras de la dictadura franquista, a las que se quiso invisibilizar y que al llegar la democracia no tuvieron resarcimiento pues su sufrimiento lastraba los sueños de éxito de la Transición» (Fernández de Mata, 2016, p. 17).

Si por «trauma» entendemos las consecuencias que sobre todo el organismo tiene una violencia externa, el «trauma psicológico» se refiere a los efectos que tiene sobre la personalidad el ejercicio de una violencia externa, como puede ser la pérdida de un hijo, una violación, un proceso de acoso laboral o una persecución política. En todas las guerras son muy frecuentes los traumas psicológicos, pero más aún en las civiles, sobre todo cuando, como ocurrió aquí, la represión se prolonga durante décadas tras finalizar la guerra. Y uno de los traumas más frecuentes es el psicosocial, que añade otros dos aspectos, a menudo olvidados (Martín Baró, 1990, p.78): que la herida que afecta a las personas ha sido producida socialmente, es decir, que sus raíces no se encuentran en el individuo sino en la sociedad, y que se alimenta y mantiene en la relación entre el individuo y la sociedad, a través de diversas mediaciones institucionales, grupales e individuales». Según Ignacio Martín Baró (1988a, 1988b), jesuita vallisoletano asesinado por la extrema derecha de El Salvador, el trauma psicosocial tiene sus raíces en la sociedad y no en la persona, y deriva de una relación inadecuada entre ambos. «El trauma psicosocial constituye así la cristalización concreta en los individuos de unas relaciones sociales aberrantes y deshumanizadoras, como las que prevalecen en situaciones de guerra civil» (Martín Baró, 1990, p. 10). Más en concreto, el trauma es un «acontecimiento de la vida del sujeto caracterizado por su intensidad, la incapacidad del sujeto de responder a él adecuadamente y el trastorno y los efectos patógenos duraderos que provoca en la organización psíquica» (Laplanche y Pontalis, 1981, p. 447). Como nos recuerda Enrique Echuburúa (2004), «el aspecto más doloroso de un trauma es, sin duda, revivir intensa y frecuentemente la experiencia. No se trata de un mero recuerdo, sino de unas vivencias que se agolpan en la mente y que vienen acompañadas de una intensa excitación. Cualquier estímulo relacionado con el trauma, ya sea interno, como un recuerdo, o externo, como un ruido imprevisto o una noticia de prensa, puede poner en marcha este proceso emocional. Por mucho que las víctimas se esfuercen por apartarlas de su mente, las vivencias vuelven una y otra vez, con más fuerza incluso». Además, los traumas tienen efectos psicosociales negativos de larga duración. Los sobrevivientes del Holocausto aún mantienen síntomas (ansiedad, estrés, pesadillas, miedo al futuro, depresión, etc.) y hasta se sienten culpables por haber sobrevivido. De las víctimas del franquismo hay que decir algo parecido.

Veamos un ejemplo real, tomado de Ruiz Vargas (2006b, pp. 34-35): «Un día de julio de 2002, cuando FRC era ya un anciano de 89 años, su cerebro dejó de comportarse ordenadamente, perdió gran parte del control que hasta entonces había ejercido eficazmente y, contra todo pronóstico, los viejos fantasmas del miedo y el terror de sus días en el “Batallón de Trabajadores” y de los interminables años de dictadura, que durante tantos años habían sido ahogados y, supuestamente, expulsados de su memoria, irrumpieron en su conciencia con la violencia original. El calendario indicaba que aquello había ocurrido sesenta años atrás, pero ¿qué importaba la antigüedad de aquella atrocidad si la memoria no tiene calendario? Antes de ser ingresado en un servicio de urgencias, en el que recibiría el diagnóstico de “estado confusional agudo por probable demencia vascular”, aquel anciano no dejó de pedir ansiosamente a sus hijos, durante un día interminable de agitación extrema y profunda angustia, que consultasen los periódicos para comprobar si su nombre figuraba en la lista de los que serían fusilados al amanecer. ¡Qué imagen tan descorazonadora, qué injusticia tan brutal! ¡Hasta el final de sus días, aquel inocente iba a ser torturado con el terror inoculado más de sesenta años atrás por los sicarios del franquismo! Como tantos otros miles de inocentes, víctimas como él de la humillación y el oprobio de los vencedores, este hombre tenía que soportar todavía una última y diabólica risotada más de parte de sus agresores. Y es que nadie puede escapar a los efectos perversos de una memoria traumatizada a la que no se le ha dado la oportunidad de lavar sus heridas». Tengamos presente que, como subraya Ruiz Vargas (2006a, p. 306), «las situaciones de violencia, amenaza y sufrimiento extremos dejan marcas indelebles en el territorio más íntimo y preciado de los seres humanos, aquel en el que confluyen su mundo emocional, su universo cognitivo y su código moral». El trauma destroza a la persona que lo sufre. Lo dijo R. Janoff-Bulman (1992, p. 63): «La esencia del trauma es la desintegración abrupta del propio mundo interior». Pero, además de semejante destrozo moral y psicológico, añade Ruiz Vargas (p. 307), «las víctimas de acontecimientos traumáticos han de soportar una afrenta más, porque el monstruo del horror no se limita a arruinarlas, sino que además anida en ellas, y, en muchos casos, para siempre. Y así, el recuerdo cruel y doloroso de una situación insoportable seguirá torturando, a veces durante toda la vida, a la víctima inocente». Otro ejemplo –este más habitual– es el que me contó un vecino de Dueñas: siempre que su abuela viajaba fuera del pueblo, él tenía que ir a dormir con su abuelo porque, después de los años pasados en la cárcel franquista, no soportaba estar solo de noche, a pesar de que ya habían pasado más de 25 años.

3. El trastorno de estrés postraumático.

Casi todos los seres humanos hemos sufrido a lo largo de nuestra vida alguna experiencia traumática. Sin embargo, no todos hemos padecido el trastorno de estrés postraumático (TEPT). El porcentaje de quienes lo han sufrido es bajo. De hecho, el TEPT es la respuesta anormal (a nivel estadístico) y psicopatológica (a nivel psicológico) con la que algunas personas reaccionan a una experiencia traumática. Más en concreto, «las experiencias traumáticas producen daños en el organismo tanto a nivel fisiológico como a nivel psicológico. En general, ante cualquier señal de peligro, se produce una descarga inmediata de adrenalina (una de las hormonas del estrés) que prepara al individuo para hacer frente a la situación, al tiempo que su atención se estrecha y se concentra en la situación de amenaza, su percepción correspondiente se hace especialmente selectiva y todo su cuerpo se prepara para afrontar la adversidad o para escapar. Pero estas respuestas, que en situaciones normales o cotidianas de estrés permiten resolver satisfactoriamente los problemas, resultan inútiles cuando la magnitud de la violencia o de la amenaza desborda la capacidad del individuo para “luchar o escapar”. En tales circunstancias, todo el sistema de autodefensa queda desmantelado, roto, fragmentado, sin control, y la persona se siente invadida por el miedo, el horror y un sentimiento insoportable de indefensión» (Ruiz Vargas, 2006b, p. 308). Eso es el TEPT y sus efectos son de tres tipos (Ruiz Vargas, 2006b):

1) Reexperiencias: suele ser considerado el rasgo fundamental y más distintivo del TEPT y se manifiesta a través de recuerdos recurrentes e intrusos en forma de imágenes, pesadillas e impresiones sensoriales como olores o sonidos. «Estas invasiones no deseadas de la conciencia de las víctimas por recuerdos del escenario del drama perturban constantemente el curso de la vida diaria y tienden a producir malestar psicológico, temblores, llanto, miedo, ira, confusión o parálisis que dejan a la víctima sumida en un estado de culpa y alienación» (Ruiz Vargas, 2006b, p. 309). Muchas víctimas del franquismo tenían continuas pesadillas de noche –pero también de día– en las que se reproducían las torturas que habían sufrido, o las escenas en las que su madre fue violada y asesinada ante su vista por los falangistas.

2) Estado permanente de hiperactivación: se caracteriza por la aparición de hipervigilancia e irritabilidad, por tener problemas de memoria, falta de concentración y grandes dificultades para conciliar el sueño. Las víctimas del trauma se encuentran «en un estado permanente de alerta, como esperando que el peligro aparezca de nuevo. Se alteran e irritan fácilmente, sus umbrales de frustración están muy bajos y, en consecuencia, tienen reacciones desproporcionadas de malestar y/o de ira ante cualquier contratiempo […]. El hecho de evitar todo lo que pueda recordar la experiencia devastadora del trauma, unido al “embotamiento de la reactividad general” que caracteriza también a este trastorno, limita las vidas de las víctimas, las incapacita para disfrutar y sentir el placer, y las puede acabar llevando al aislamiento social y vital» (Ruiz Vargas, 2006b, p. 310).

3) Evitación de todo aquello que les recuerde el trauma: incluyendo lugares, personas, pensamientos o cualquier actividad asociada al evento traumático.

Si a todo ello le unimos que con frecuencia quienes tienen TEPT padecen también de depresión, trastornos de ansiedad y de pánico, abuso de alcohol y drogas, e incluso tienen tendencias suicidas, entonces podemos imaginar lo complicada que es su situación. Aunque la memoria de la experiencia traumática suele ser bastante exacta, con frecuencia se produce también lo que se llama «olvido motivado»: como mecanismo para sufrir menos, las personas traumatizadas suelen olvidar «intencionalmente» el suceso traumático y sus detalles.

El DSM IV (Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales) (APA, 1996) define al TEPT como el trastorno «que sigue a un estado existencial extraordinario (guerra, catástrofe) y se caracteriza por ansiedad, pesadillas, agitación y en ocasiones depresión», y añade que su rasgo esencial es la aparición de una serie de síntomas típicos que suelen ser de tres tipos: físicos (cansancio, dolores de cabeza, pérdida del apetito, etc.); psicológicos (ansiedad, angustia, estrés, alcoholismo, depresión, suicidio, etc.); y psicosociales (problemas con la pareja, con los familiares y con los amigos y compañeros de trabajo). El DSM V (APA, 2014) viene a decir lo mismo, a pesar de ser más restrictivo. Además, el TEPT puede afectar también a quienes presencian la situación traumática e incluso a quienes lo oyeron contar. Los nietos de las víctimas del franquismo entrarían en este tercer grupo.

En síntesis, estamos ante un síndrome clínico que desarrolla el paciente como reacción patológica a una situación traumática. Quien lo padece revive persistentemente el trauma en forma de pesadillas e imágenes intrusas que hacen que no pueda dejarlo nunca atrás. El TEPT puede ser producido por un acontecimiento muy traumático (muerte repentina e inesperada de un hijo) o por una situación traumática menos grave pero repetida en el tiempo (acoso laboral). El rasgo esencial es que la víctima se siente indefensa e incapaz de hacer frente a la situación. Pues bien, la mayoría de las víctimas del franquismo sufrieron trastornos de los dos tipos: es el caso de una mujer a cuyo marido asesinaron y luego fue continuamente excluida y rechazada por «roja». Una de las principales razones para explicar la transmisión del trauma de las víctimas del franquismo a sus hijos estriba en el TEPT, sobre todo tras vivir unas condiciones tan crueles como las que tuvieron que vivir durante muchos años. Un hecho se convierte en trauma cuando las emociones abrumadoras interfieren con el correcto procesamiento de la memoria y, pasado un tiempo, la persona traumatizada reacciona a los recuerdos del trauma con respuestas de emergencia que corresponden a la amenaza original, pero que en ese momento ya están fuera de lugar. Es el caso de alguien a quien le estalló una bomba bajo su coche en un atentado terrorista y, años después, cuando ya no hay posibilidad objetiva de que se repita el atentado, es incapaz de arrancar el coche sin mirar primero debajo por si hubiera otra bomba. O el de quien padeció acoso laboral y años después aún tiembla cuando tiene que ir a una entrevista de trabajo. Ya advirtió Janet que las víctimas del trauma quedan atascadas en el pasado, obsesionadas con el horror que quieren dejar atrás pero no pueden. Y al no poder olvidar el trauma, emplean toda su energía en controlar sus emociones en detrimento de la atención a las exigencias del presente. De ahí que sean muchos los acosados en el trabajo que quedan inhabilitados laboralmente para mucho tiempo, a veces para toda la vida. Imaginemos, pues, cómo tuvieron que pasarlo los represaliados por el franquismo, sufriendo una situación muy traumática durante décadas. Y todo ello sin ningún tipo de apoyo social, que es lo que ayuda a superar los traumas.

Ahora bien, a pesar de lo grave que es el TEPT no debemos ser muy pesimistas pues las neuronas se regeneran y existe la resiliencia. En cuanto a lo primero, desde Ramón y Cajal se cree que las neuronas son las únicas células que no se reproducen, por lo que van disminuyendo a medida que envejecemos. Pero afortunadamente no es así. Las neuronas no pueden dividirse, pero pueden dar lugar a otros tipos de neuronas. La neurogénesis es un proceso por el que se generan nuevas neuronas a partir de células madre. Es evidente que este proceso es más activo en la etapa prenatal, pero se está demostrando que sigue activo en el hipocampo y en los ventrículos laterales del cerebro en mamíferos adultos –incluyendo los humanos–, reponiendo las neuronas perdidas. Por tanto, como sostiene Jovanka Gencel, el cerebro sí es capaz de generar nuevas neuronas en la etapa adulta del individuo (véase también Ghosh y Prakash, 2016), lo que es muy útil para superar los traumas y el TEPT. En efecto, una de las razones por las que el TEPT es tan dañino y sus efectos tan duraderos es porque destruye muchas neuronas del hipocampo (en el caso del acoso laboral la persona acosada puede llegar a perder hasta el 25 por ciento de ellas). Pero las neuronas perdidas pueden recuperarse, lo que es más probable si la víctima consigue apoyo social lo antes posible. Pero también aquí la situación de las víctimas del franquismo fue atroz, pues no dispusieron de ese apoyo social, lo que agravó sus traumas y aumentó la probabilidad de transmitírselos a sus hijos. José Carlos Mínguez (2004) nos muestra un ejemplo (pp. 98-99): «Ramón era huérfano de madre y obrero en el campo. Cuando tenía unos 17 años le encarcelaron, le torturaron y le mandaron a trabajar en la construcción de una vía férrea. Le amnistiaron a los dos años. Le conocí cuando pasaba de los setenta. No tenía más problemas físicos que los habituales a su edad, pero no era fácil hablar con él. Amargado, triste, malhumorado, vivía soltero y sus vecinos le calificaban como antipático».

En cuanto a la resiliencia, se trata de la capacidad del individuo para salir indemne de una situación traumática. Mientras que a algunos el mobbing les deja inhabilitados laboralmente para toda la vida, otros, tras pasarlo mal una temporada, salen indemnes. En eso consiste la resiliencia. Algunos son capaces incluso de salir fortalecidos del trauma. A esto se le llama «crecimiento postraumático». Tres factores facilitan que alguien sea resiliente: tener apoyo social, poseer sentimientos de autoeficacia –de forma que sientan que son capaces de superar esa situación– y mantener una buena autoestima. La situación en la que tuvieron que vivir las víctimas del franquismo hizo que les fuera difícil ser resilientes, pero no imposible. Muchas y muchos lo consiguieron. Nuestras emociones derivan en gran medida de cómo interpretemos lo que sucede a nuestro alrededor (Scherer, Schorr y Johnstone, 2001). Por tanto, nuestra experiencia emocional depende no tanto de las cosas que nos pasan como de la manera en la que las interpretamos, sobre todo en el caso de las situaciones traumáticas. Todos los traumas vividos producen dolor y sufrimiento, y a menudo tienen consecuencias muy negativas y duraderas, pero el dolor es mucho mayor y las consecuencias más negativas y de mayor duración, hasta el punto de que pueden durar toda la vida, cuando la víctima los ve como causados por una persona y no debidos a un accidente natural. Así, cuando alguien pierde de forma repentina a un hijo, el dolor es mucho mayor y más duradero si fue consecuencia de un asesinato intencional que si lo fue por un infarto. Y las víctimas del franquismo saben que sus padres y abuelos fueron asesinados de forma intencional y planificada. Es lógico que necesitaran una terapia psicológica que no tuvieron nunca.

Siguiendo la tipología de Pérez Sales (2006, pp. 154-155), Gómez Marín y Hernández Jiménez (2011) hablan de seis síntomas psicológicos postraumáticos, aplicables los seis a las víctimas de la represión franquista:

1) Sensación de pertenencia al grupo de víctimas: El hecho de que los valores de los vencidos fueran excluidos del imaginario colectivo y la continua repetición de que los republicanos eran «escoria marxista» los llevó a una baja autoestima y a una gran indefensión.

2) Clima social perjudicial para los vencidos: Tal clima incluía estos dos aspectos: el ya citado silencio (ni a sus hijos les contaban lo sucedido) y la estigmatización social (los vencidos tuvieron que sufrir un sinfín de desprecios y humillaciones que se reflejaron en un enorme rechazo social, hasta el punto de que a veces hasta los familiares y vecinos dejaban de relacionarse con ellos).

3) Sentimiento de no tener ningún control sobre la propia vida: Ello aumentó mucho sus sentimientos de indefensión a la vez que reducía los de autoeficacia.

4) La recuperación de rutinas se hacía imposible: Los vencidos, continuamente perseguidos por la Guardia Civil y vigilados por los demás vecinos, nunca pudieron recuperar sus rutinas de antes, lo que creó dificultades a su seguridad psicológica.

5) Condiciones de vida nefastas: Al terminar la guerra y volver a casa, derrotados militar y políticamente, los republicanos tuvieron que soportar un ambiente muy hostil y acusador, lo que les estigmatizó y humilló, obligándoles a callar y a reprimir su dolor (Ruiz Vargas, 2006a), agravándose aún más sus traumas.

6) Negras perspectivas de futuro: Es normal que, tras vivir un trauma, las víctimas perciban su vida como «dolorosamente fragmentada y desorganizada» (Neimeyer y Stewart, 1996, p. 362) y vean su futuro con incertidumbre. Eso les pasó a las víctimas del franquismo. Sus perspectivas de futuro fueron malas en todo momento porque la comunidad estuvo siempre en contra de ellos, lo que empeoró todavía más sus traumas.

En síntesis, los traumas suelen llevar a menudo al TEPT, por lo que no es raro encontrar personas que queden «tocadas» para toda la vida. Pero también hay personas resilientes, capaces de salir indemnes del trauma. Otras, sin ser resilientes, consiguen que el trauma vivido se transforme en recuerdo doloroso, pero no disruptivo. Y es que el impacto emocional de un trauma depende de los recursos psicológicos de que disponga la víctima y, sobre todo, del apoyo social y emocional que tenga. Y las víctimas del franquismo pudieron tener mucho de lo primero, pero muy poco o nada de lo segundo.

Además, existe una relación estrecha entre el cerebro y las experiencias traumáticas. Comenta Van der Kolk que a las personas traumatizadas les aterroriza lo que les pasa por dentro. Por eso pedirles que se centren en la respiración puede desencadenar una reacción de pánico y pedirles que estén calmados a menudo aumenta su agitación. «En los escáneres cerebrales podemos observar el resultado neuronal de esa alienación de la parte física: las áreas del cerebro dedicadas a la autoconciencia (el córtex prefrontal medio) y la conciencia corporal (la ínsula) con frecuencia se encuentran encogidas en individuos con TEPT crónico: la unidad cuerpo/mente/cerebro ha aprendido a replegarse. Este repliegue implica un coste enorme: las mismas áreas cerebrales que expresan el dolor y el malestar también son responsables de transmitir las sensaciones de alegría, placer, resolución y conexión con los demás […] Las huellas traumáticas se imponen sigilosamente sobre nosotros no tanto como historias o recuerdos conscientes, sino como emociones, sensaciones y “procedimientos” que el cuerpo crea como automatismos psicológicos» (Van der Kolk, 2018, p. 17). Pero el ser humano es ante todo un ser social y por ello es con los otros como se recupera de sus traumas. Juntos siempre resolveremos mejor nuestros problemas y nuestros traumas. Los de las víctimas del franquismo fueron especialmente graves por su duración, porque no fueron individuales sino familiares, porque muchas ya nacieron en una familia traumatizada y porque, como mecanismo de defensa, para poder sobrevivir psicológicamente, a menudo tuvieron que aceptar el relato de los vencedores; el que estos habían construido para justificar sus propios crímenes. Como escribe Richards: «Habría que distinguir entre memoria de los exiliados y memoria de quienes pudieron quedarse a vivir en España. Los exiliados permanecieron mentalmente enrocados en el territorio prohibido que era España. El exilio era para ellos una especie de paréntesis abierto. Frente a ellos, “dentro” de España, la generación de la guerra desarrolló su vida cotidiana en “la Patria”, la cual se convirtió en un espacio de olvido» (2006, p. 189) (véase Willemse, 2002).

Asimismo, el contexto político puede agravar aún más los traumas de las víctimas de la violencia de Estado. Así, los investigadores y terapeutas del grupo Centro de Salud Mental y Derechos Humanos (CINTRAS, 2009) identificaron varios aspectos centrales del contexto sociopolítico chileno que empeoraron el trauma de las víctimas de la dictadura: la impunidad de los criminales, el silencio social sobre las torturas, la estigmatización de las víctimas; la escasa reparación a estas y las dificultades para el establecimiento de una memoria colectiva que los identificara o reconociera como luchadores sociales que actuaron movidos por ideales de justicia social. Como podemos ver, todos estos factores están presentes en las víctimas del franquismo, por lo que no es de extrañar que, a menudo, se cronificaran sus traumas y sufrieran dolorosos trastornos de estrés postraumático.

4. Guerra, trauma y memoria: el caso de las víctimas del franquismo

Se sabe, al menos desde la Primera Guerra Mundial, que las guerras producen traumas psicológicos en los soldados. Aunque al principio los psiquiatras conservadores decían que los soldados con traumas eran personas débiles y cobardes, y los progresistas que se trataba de algo normal en una situación tan traumática, desde finales de los setenta existe consenso entre psiquiatras y psicólogos en que las guerras inevitablemente producen traumas psicológicos con efectos duraderos. De hecho, gracias principalmente al esfuerzo de muchos excombatientes de Vietnam, la American Psychiatric Association incluyó en Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-III, 3ª ed.) (APA, 1980) la categoría diagnóstica de «trastorno por estrés postraumático» (TEPT), como algo producido por la exposición al combate.

En cuanto a la guerra española, se calcula que alrededor de un tercio de los soldados de uno y otro bando sufrieron estrés de combate. Pero mientras los vencedores tuvieron más recursos para recuperarse psicológicamente, los vencidos no tuvieron sino exclusión y rechazo social, lo que dificultó mucho su recuperación. Algo de eso les pasó también, aunque mucho menos, a los excombatientes de la guerra de Vietnam, dado que, al volver a casa, fueron considerados responsables de la, para muchos, vergüenza nacional que supuso haber perdido la guerra. Por eso tuvieron traumas de mayor duración y síntomas más graves que los excombatientes de la Segunda Guerra Mundial, que fueron recibidos triunfalmente. «Todo esto significa que el excombatiente derrotado tiene que soportar, además del destrozo moral que le han generado las terribles experiencias de los frentes de combate, la vergüenza y humillación social por su condición de vencido. Circunstancias que se verán dramáticamente agravadas cuando se trata de una guerra civil, dado que el escenario de posguerra incluye necesariamente la vuelta a “la normalidad” en una comunidad constituida por componentes de los dos bandos litigantes y sus familias respectivas» (Ruiz Vargas, 2006b, p. 21). Eso es lo que les pasó a los republicanos españoles que permanecieron en España tras la guerra: para ellos, a nivel psicológico, la posguerra fue aún peor que la guerra.

Como escribió Emilio Mira y López (1944, p. 16), «todas las guerras son terribles, pero la guerra española fue de las peores, porque no era simplemente una guerra de invasión, sino que al mismo tiempo era una guerra civil y una revolución. Algunas veces un individuo temía más a un miembro de su familia viviendo en el mismo cuarto, que a las bombas que los aviones enemigos arrojaban sobre él». Por eso, si es difícil encontrar a alguien cuya salud mental no haya sido afectada por la guerra, «esto es especialmente cierto en el caso de las guerras civiles en las que las partes enfrentadas forman parte de la misma familia, del mismo territorio» (Álvarez Fernández, 2007, p. 187). Y peor fue el caso español ya que la represión se alargó durante décadas. Más aún, añade este autor, el franquismo «trató de borrar a sangre y fuego la memoria colectiva de la España vencida […] Todo ello marcó de forma indeleble la memoria de los vencidos y sus descendientes que no sólo sufrieron la crueldad de los tres años de guerra in/civil, sino que además fueron objeto de una despiadada persecución una vez terminada la contienda. La inclemente represión ejercida durante la posguerra no sólo impidió cualquier posible curación de las heridas psicológicas causadas por la guerra, sino que además añadió más sufrimiento a los vencidos y sus familias», por lo que no es raro que el trauma psicológico se transmitiera a las siguientes generaciones. Por eso, al morir el dictador se debió hacer una política de memoria correcta para «generar identidades colectivas positivas capaces de perdurar, porque no puede haber grupo social sin una memoria compartida que suponga una identidad común, algo que represente un sentido de pertenencia al colectivo y que sirva de base para una elemental solidaridad a partir de la cual poder cohesionarse» (Ortiz Heras, 2006, p. 186). Pero no fue por error que no hiciera, sino que fue uno de los objetivos esenciales de quienes pilotaron la Transición.

Dado que los traumas de las víctimas del franquismo son psicosociales y por tanto no caben tratamientos individuales para su curación (Martín Baró, 1990), lo primero que hay que hacer es analizar el contexto social en el que se produjeron (Madariaga (2003). Considerar el trauma como un fenómeno psicosocial es ir más allá del TEPT ya que supone incorporar la causación social del trauma y, por tanto, la necesidad de acudir a medidas sociales y políticas para que las víctimas le superen. Esto ocurre sobre todo en el caso de los traumas producidos por la violencia política (Madariaga, 2002). De hecho según el Informe Valech (Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, 2005, p. 479), la inminencia de la muerte produjo en los detenidos chilenos «el colapso de las estructuras defensivas normales y la angustia se apoderó de los detenidos de manera permanente» y muchos de ellos «señalaron que se habían sentido –y que aún se sienten– inseguros y atemorizados; humillados, avergonzados y culpables; deprimidos, angustiados y desesperanzados. Algunas personas mencionaron alteraciones de la concentración y de la memoria; otras se refirieron principalmente a los conflictos, crisis y rupturas familiares, así como a problemas de pareja» (p. 501). Es más, agrega este informe, «la inmensa mayoría perdió el trabajo, los medios de subsistencia, las condiciones mínimas para poder sobrevivir e, incluso, la vivienda. De improviso, la vida se les volvió extremadamente adversa […]. Hay quienes lograron sobreponerse a la situación, pero otros, abrumados por los abusos cometidos contra sus personas y sus secuelas, no pudieron sobreponerse y salir adelante» (p. 495). Algo similar les pasó a los republicanos españoles, con el agravante de que vivieron todo esto en una situación de pobreza extrema y durante décadas, por lo que, en muchos casos, sus traumas aún permanecen en ellos y/o en sus descendientes.

Sin embargo, muchos dicen que es mejor olvidarse de los crímenes franquistas, y lo dicen basándose en argumentos como la necesidad de mirar hacia el futuro y la de no reabrir las heridas de las víctimas, argumentos que se utilizan para que los culpables no tengan que asumir responsabilidades, o esgrimiendo que quienes no quieren olvidar lo hacen desde el rencor, el odio, la ira y la búsqueda de venganza. Aparte de que pienso que las víctimas y sus descendientes tienen derecho al rencor contra quienes tanto daño les hicieron, es que eso no es así. No hay ninguna evidencia de que los familiares de las víctimas estén movidos por el odio o el rencor. Tampoco sería bueno para ellos: quien odia, lleva el dolor dentro. Pero «desde una concepción rehabilitadora psicosocial sabemos que no puede haber elaboración de lo vivido hasta que no se reconozca lo perdido y se hable de lo ocurrido. Sólo así se cerrarán heridas, mal cicatrizadas en este caso por la imposibilidad de narrar lo ocurrido o por la presencia del terror social inoculado por la dictadura. […]. Antes de poder mirar al futuro y olvidar es necesario haber asimilado lo ocurrido, recordando, contándolo» (Fouce, 2008, p. 2). La memoria no abre heridas, sino que las cierra. Resulta grotesco, concluye Fouze, recetar el olvido a las víctimas que no tuvieron ni reparación ni reconocimiento por parte de aquellos cuyas víctimas sí fueron reparadas y recordadas. Si queremos que las víctimas del franquismo curen sus traumas es imprescindible recuperar su memoria social y que vean que les apoya el Estado, el gobierno y la sociedad. Eso tendría efectos muy positivos en su bienestar psicológico. La experiencia vivida por los vencidos dejó traumas imborrables en su psiquismo, tan profundos y dolorosos que los transmitieron a sus hijos y nietos, con diferencias entre los siguientes tres colectivos (Morandi, 2012b, pp. 85-90):

1) Niños: los hijos de los vencidos sufrieron lo indecible, de forma tan silenciosa como suelen sufrir los niños estas cosas, pero con un daño psíquico mayor que en los adultos. Miles de niños fueron robados a sus familias, separados de sus madres y dados en adopción a familias del régimen con unas ideas y forma de educar radicalmente distintas a las de sus padres biológicos, con los que habían vivido hasta entonces. Fueron adoctrinados en las ideas religiosas y políticas opuestas a las de sus padres e incluso obligados a repudiarlos. A menudo se les cambió el nombre y los apellidos para que sus padres no pudieran encontrarlos nunca. Y no se ha podido hacer nada hasta hoy día por enderezar esos abusos, lo que constituye un claro reflejo del nivel democrático que tenemos. No es de extrañar que ello produjera en esos niños profundos traumas. Como dice uno de ellos, entrevistado por Teresa Morandi (2012b): «al final coges vergüenza de tu propia vida, porque se pasaron años repitiéndonos que éramos unos apestados, nos hacían renegar hasta de nuestros padres. Allí nos hacían rezar, cantar el cara al sol y recordarnos lo apestados que éramos». Y, lo que es peor, muchos llegaron a convencerse de que sus padres habían sido malas personas que habían hecho mucho daño, unos asesinos. Cómo no va a tener traumas, comenta esta autora (2012b, p. 86), una niña a la que, tras asesinar al padre, encarcelar a la madre y separarla de sus hermanos, la llevan a un hospicio y le cambian el nombre para que no quede nada de su identidad. Los franquistas, siguiendo las directrices de Vallejo Nágera, utilizaron técnicas propias de sectas: al anularles su identidad, aquellos niños y niñas necesitaron adherirse a una nueva identidad, que era la que les proporcionaba el nuevo régimen, lo que agravó su trauma. Para colmo de sus desgracias, muchos de ellos, a sus noventa años, murieron en la negra primavera de 2020, solos y abandonados, víctimas del COVID-19.

2) Hombres: como ya he dicho, el trauma fue mucho peor en los republicanos que vivieron la posguerra en la España franquista que los que se habían exiliado, pues estos pudieron mantener su memoria colectiva y crear asociaciones que les proporcionaban apoyo social, y en las que había ayuda mutua. Quienes se quedaron aquí solo tuvieron el paredón, la cárcel o los campos de concentración; y al salir de la cárcel o de los campos solo consiguieron desempleo, hambre y humillaciones, lo que afectó mucho a su bienestar psicológico y empeoró sus relaciones familiares. Un nieto, entrevistado por Teresa Morandi (2012b), declaraba: «Mi abuelo siempre estaba de malhumor, irritable. Nadie lo entendía, era áspero, duro. Una vez le robaron la moto que era su medio de trabajo, fue a denunciarlo y le sacaron la ficha de cuando había estado en Burgos preso, ¡hacía más de veinte años! Salió corriendo, todavía tenía miedo, claro, pero no lo decía, no hablaba de lo que le había pasado». Esa irritabilidad, que es un rasgo esencial del TEPT, se observa también en esta entrevista: «Mi padre era abogado de la República y perdió todo. Luego de volver del campo de concentración, lo cogieron en un bufete pero casi clandestino, trabajaba todo el día, con un sueldo bajo y cuando llegaba a casa no hablaba, siempre de mal humor, irritado. Si mi hermano se hacía pipí, le pegaba, con rabia, le decía que era poco hombre, ¡se volvió cruel!». La declaración de otro entrevistado por Morandi, cuyo abuelo había sido fusilado y toda la familia fue represaliada, nos proporciona un relato terrible: «Mi padre vivió la guerra y el desastre de la derrota y fue una persona que… una víctima, diría, una víctima de la guerra, no se adaptó, no lo supo hacer… fue un vencido. Entonces siempre reflejaba el fracaso y la derrota». Son muchos los que recuerdan a sus padres hundidos, débiles, irritados y con serias dificultades para relacionarse con los demás. Los hijos de los vencidos solían mantener una imagen de sus padres más positiva cuando habían sido asesinados que cuando, tras años de campos de concentración y cárceles, los tenían con ellos. No es raro que algunos «no pudiendo soportar las torturas y los simulacros de fusilamientos, profundamente traumatizados, angustiados, se suicidaran, ocasionando vergüenza e incomprensión en los hijos, que no podían relacionarlo con el horror vivido» (Morandi, 2012b, p. 88).

3) Mujeres: el caso de las mujeres fue aún peor, pues si sufrieron lo indecible en la guerra, sufrieron aún más en la posguerra. El que fuera presidente de la Asociación Catalana de Juristas Demócratas, J.M. Mena, lo expresó muy claramente: «Si las mujeres de los vencedores no eran plenamente vencedoras, las mujeres de los vencidos eran doblemente vencidas», y por ello doblemente reprimidas; al igual que los hombres, sufrieron ejecuciones, prisión y torturas, pero también se las humilló más que a los hombres y se las violó. Además de vencidas, fueron culpables por ser esposa, madre o viuda de un «rojo». Es cierto que los franquistas asesinaron a menos mujeres que hombres, pero paradójicamente fue por eso por lo que sufrieron más que ellos, pues mientras estos eran asesinados y arrojados a fosas –lo que ponía fin a su sufrimiento– a ellas las siguieron humillando durante décadas. La mayoría recibieron vejaciones de todo tipo, se les negó toda dignidad y no se les dio trabajo, a la vez que, en esas penosas condiciones, tenían que sobrevivir y sacar adelante a sus hijos, a menudo numerosos y pequeños. Un ejemplo es el de María del Prado, muchacha a la que, una vez terminada la guerra, y estando embarazada de varios meses, asesinaron a su novio. Como nos recuerda Jorge Moreno (2019, p. 55), tras dar a luz, los padres del novio quisieron que el niño tuviera sus apellidos, pero el Ayuntamiento y la Iglesia lo impidieron, por no haber estado casados (¿cómo iban a estarlo si al novio lo asesinaron antes de casarse?). La suya es una triste historia que años después fue investigada por su nieto, Avelino García, con la intención de conocer su historia familiar, dado que su abuela seguía sin atreverse a hablar del tema por miedo a lo que le pudiera pasar a ella y, sobre todo, a sus nietos. Como dice Miñarro (2012a, p. 97), el franquismo supuso un «aplastamiento sin piedad contra las mujeres que se habían convertido en activistas políticas y de los movimientos obreros durante la Segunda República». Y esa terrible violencia contra ellas se mantuvo durante toda la Dictadura, y en algunos aspectos hasta más tarde.

Es cierto que fueron asesinadas menos mujeres que hombres, pero asesinaron a muchas, a demasiadas. En Dueñas, población palentina que no llegaba a 4.000 habitantes, asesinaron a 25, de todas las edades, una con diez hijos (García Colmenares, 2008). La represión fue dirigida con una crueldad especial contra ellas porque querían ser libres, independientes, autónomas y luchar por una España más justa; por querer ser tan libres como son hoy día todas las mujeres, de izquierdas o de derechas. Solían ser asesinadas por tener unas ideas y un comportamiento que «no eran propios de la mujer tradicional», que no se ajustaban al modelo de mujer exigido por la Iglesia, o por ser esposa, hija o madre de un «rojo». «Al salir a la calle a reclamar por sus derechos y por cambios sociales se convierten en transgresoras del orden patriarcal y eso determina que las acusen de destruir el hogar cristiano, el pudor y, por tanto, son estigmatizadas como responsables de la catástrofe» (Morandi, 2012b, p. 90). Para las mujeres que vivieron la República con ilusión e implicación activa fue muy duro padecer durante décadas el fascismo casposo del franquismo y ver cómo una Iglesia retrógrada regía sus vidas.

Luego están las violaciones. Los vencedores, tan católicos ellos, utilizaron la violación contra las esposas e hijas de los vencidos, como arma de guerra e instrumento de tortura. Para colmo, ellas no pudieron hablar de lo que les hicieron. Su situación psicológica se percibe con claridad en el testimonio de esta mujer entrevistada por Teresa Miñarro (2012, p. 103): «Lo que he sufrido y sentido no puedo explicarlo ni a los que amo, porque miran hacia otro lugar. Aquellos a los que consideraba cercanos, ahora son distantes y no puedo sentirme comprendida, me siento culpable, como si yo hubiera sido la responsable y tuviera que pagar el pecado que cometió aquel legionario». No es raro que su bienestar psicológico se viera muy dañado, que tuvieran traumas y síntomas del TEPT, como ansiedad, angustia o depresión, lo que de una u otra manera transmitieron a sus hijos, dado que la familia es un sistema con todos sus elementos interrelacionados.

No olvidemos tampoco que a la represión directa se unió la represión indirecta, derivada de la pobreza, a menudo provocada por el robo y el expolio de que habían sido objeto; aunque de esto no se ha hablado nunca: la derecha prefiere que se hable de que mató pero no de que robó. Tuvo que ser muy duro para una mujer a la que le habían matado al marido, le habían robado la casa, el ganado, el bar o la serrería, y que no le daban trabajo, tener que sacar adelante a sus muchos hijos, y a la vez contemplar todos los días cómo el asesino de su esposo vivía en la casa que les había robado y se aprovechaba de su negocio. Y así años y años. Y peor aún fue, si cabe, el hecho de que, en democracia e incluso gobernando los socialistas, no se les devolvió lo que les había sido robado, nadie les pidió perdón y hasta les impidieron recuperar los restos de su marido.

En suma, aunque voy a ser algo repetitivo, mostraré el impacto que en las víctimas del franquismo tuvieron algunos fenómenos característicos de la posguerra:

1) Los desaparecidos: los familiares de los desaparecidos son los que más han sufrido y siguen sufriendo. «Al grave shock psíquico producido por la desaparición debemos añadir el relacionado con los ritos del entierro y el destino del cadáver, lo que empeora más aún el trauma que produce la pérdida de un ser querido» (Álvarez Fernández, 2007, p. 196). No olvidemos que en nuestra sociedad la tumba se ha convertido en un símbolo a través del cual se transmite la memoria del difunto (Reaty, 1992). Tener un lugar donde sabemos que está nuestro ser querido, al que podemos visitar y llevar flores, nos hace sentir que ese ser querido aún está con nosotros, que no se ha ido del todo. Por eso los familiares de los desaparecidos tienen tanta necesidad de recuperar los restos de sus padres o abuelos y enterrarlos con dignidad, para poder visitarlos y así no perderlos del todo. En una novela sobre la infancia de los hijos de desaparecidos argentinos, Raquel Robles (2013) muestra sus necesidades psicosociales. La narrativa de tales hijos aparece profundamente vinculada a la búsqueda de objetos del pasado (Badagnani, 2013). Por eso, también en España, los nietos de los desaparecidos siguen buscando en el pasado.

2) La estigmatización: los vencidos quedaron estigmatizados como «rojos». «Un rojo, desde las estructuras ideológicas de los sublevados, era una no-persona, carecía de sentimientos, era estructuralmente malo y enemigo de todos. Su condición de marxista –sin distingos– y ateo –también atribuido, fruto del beligerante proceso de laicización de la II República y la ultramontana actitud de la Iglesia– hacían de él la encarnación de lo anti-español. De todo esto se deriva la justificación de su exterminio» (Fernández de Mata, 2016, p. 29). Y la estigmatización produce traumas. Sabemos que el pronóstico de un trauma es mucho peor cuando se trata de un miembro de un grupo estigmatizado y los «rojos» fueron siempre estigmatizados como enfermos mentales y como criminales. Pero a la vez, el trauma actúa como estigma, como un hecho que marca negativamente a la gente y la hace ser rechazada (Páez, 2003). Ello les ocurre también a otros colectivos, como las mujeres violadas o los enfermos de sida.

3) Silencio y trauma: las víctimas del franquismo tuvieron que soportar durante décadas una pesada losa de silencio que los mantuvo aplastados. Y esa losa tenía dos caras muy dañinas: por un lado, la nueva España creó toda una política de silencio sobre el dolor, el sufrimiento y las injusticias que sufrieron los vencidos; y por otro, como forma de proteger a los hijos, tampoco se hablaba de ciertos temas dentro de la familia; los niños sospechaban cosas, pero nadie se las aclaraba. La exigencia de guardar silencio suponía a menudo una carga excesiva para los niños: en el colegio y en la calle tenían que callar sobre muchas de las cosas que habían oído o visto en casa (que su madre estaba en la cárcel o que a su padre lo habían fusilado). Fue muy duro para ellos. Como dice Bayo-Borrás (2010, p. 35), «muchos creyeron que sus decisiones eran motivo de vergüenza, sin perdón posible. Entonces era mejor callar».

El silencio fue algo habitual en las familias de los vencidos. Miles y miles de familias españolas sufrieron lo indecible, y temblaban cuando, por la noche, oían el ruido de una rueda que se iba aproximando a la puerta de su casa. «El miedo, el silencio, se impuso desde el principio y hay hijos que no sabían que su padre había sido concejal o que estuvo implicado en los hechos de 1934, o que era militante de un partido o sindicato. El terror fue tan fuerte y cruel que la mayor parte de las madres, como forma de protección, jamás relataron a sus hijos de qué manera murió su padre, ni por qué murió» (ARMH Valladolid, p. 46). Y son muchos los estudios que confirman que el silencio es muy negativo para los hijos. Así, Yael Danieli (1998) observó en los supervivientes del Holocausto que la «conspiración del silencio» fue una carga tan pesada para los niños que les produjo síntomas psiquiátricos, a pesar de que ellos no habían vivido esas situaciones traumáticas. Sin embargo, concluye Danieli, el silencio es uno de los mecanismos más efectivos para transmitir el trauma a la segunda y tercera generación. A resultados similares llegaron, en América Latina, Brinkmann (2005), Calhau, Jorge y Francisco (2002), Garciandía Imaz y Samper Alum (2016) y Kordon y Edelman (1987, 2007). Existe una curiosa similitud entre las familias de las víctimas del Holocausto, las de las dictaduras latinoamericanas y las del franquismo: en todas ellas se tejió una fuerte red de silencio y ocultamiento de lo que había pasado para proteger a los hijos. Pero de esa manera, y sin saberlo, les causaron más daño aún. El silencio contribuye mucho a cronificar el trauma y a transmitirlo a sus hijos, como ocurrió también en muchas familias de las víctimas del franquismo (Aragoneses, 2016).

4) El duelo: decía Freud (1915) que el duelo es «la reacción frente a la pérdida de una persona amada» (2000, p. 241). En nuestra cultura, los muertos tienen asignados «los lugares de su ubicación y los espacios de relación con ellos, aquellos que consideramos propios por su recuerdo, honra y atención cumpliendo con los ritos, oraciones y homenajes preceptivos. Pero las familias de los asesinados en la retaguardia de la guerra civil nunca pudieron cumplir con este último deseo. No sólo se les ocultó la ubicación cierta de las fosas comunes, sino que se prohibió visitarlas y depositar flores en momento alguno –la Guardia Civil se encargaba de esta vigilancia-, además, como ya ha quedado señalado, se les prohibió a viudas, madres y demás seres próximos hacer públicamente duelo por estas muertes y vestir luto» (Fernández de Mata, 2016, pp. 38-39). O sea, a miles de españoles, después de asesinarles a sus seres queridos, ni se les permitió hacer el duelo. Y sin duelo el trauma no hace sino agravarse. Por eso hoy los nietos deben poder hacer el duelo que nunca pudieron hacer sus abuelas, lo que exige al menos tres cosas (Fernández de Mata, 2016, pp. 38-39): el (re)conocimiento de los hechos y su violencia; la recuperación de los cuerpos y su reenterramiento para cerrar el conflicto; y la dignificación de las víctimas. Ello constituiría la base de la reconciliación entre las dos Españas que aún no se ha hecho.

También en América Latina el duelo es un tema central en la atención clínica a los hijos de las víctimas de la represión política. «En estas circunstancias el proceso elaborativo del trauma sufrido, así como el trabajo de duelo inherente a la pérdida de uno o ambos progenitores, adquiere características diferenciales con respecto, por ejemplo, a los casos de aquellos hijos cuyos padres han sido asesinados por el terrorismo de Estado y en los que el cuerpo ha sido entregado a sus familiares, contribuyendo esto último al procesamiento de la pérdida» (EATIP, 2009, p. 169). En el caso de los familiares de desaparecidos la cosa es más grave y más compleja: no han podido hacer el duelo y la ausencia del cuerpo implica la presencia de elevados niveles de incertidumbre y de angustia en los familiares. Como decía Bowlby (1983, p. 195), «cuanto más directo es el conocimiento, tanto menor es la tendencia a que persista la incredulidad de que la muerte haya ocurrido. Esa incredulidad se da con mayor facilidad cuando la muerte se produjo a distancia […] persiste la creencia de que la persona desaparecida está aún viva, y que regresará tarde o temprano». Por tanto «es esperable que en los momentos más relevantes del desarrollo personal estas pérdidas se vean reactivadas, y con ellas las posibles manifestaciones sintomáticas» (EATIP, 2009, p. 172). No es raro, pues, que los niños cuyos padres fueron asesinados por los franquistas y arrojados a fosas, desarrollaran traumas muy dañinos que luego transmitieron a sus hijos.

Ahora bien, el procesamiento psíquico de estos traumas implica una elaboración privada y personal, y otra colectiva (EATIP, 2009, p. 174): ambas son necesarias, pues cada una sostiene y posibilita la existencia de la otra. De ahí la gran utilidad que para las víctimas tienen las asociaciones que persiguen la recuperación de la memoria histórica y el apoyo a las víctimas, dado que les ayudan a hacer una adecuada elaboración de sus traumas. El duelo, que debe ocupar un lugar destacado en ese proceso, tiene varias fases. En la primera, justo después de la pérdida del ser querido, se utilizan distintos mecanismos de defensa para intentar reducir el dolor emocional, y en las otras dos fases se intenta dar un sentido a la pérdida. Esa es una de las razones por las que resulta tan duro perder un hijo o hija, sobre todo si son pequeños: no es fácil encontrar un sentido a esa pérdida. Algo similar les ocurrió a los hijos de los desaparecidos, agravado por el hecho de no poder hacer el duelo, y más aún porque fue el propio Estado el que se lo impidió.

Según Parkes y Weiss (1983), las ceremonias, las conmemoraciones colectivas y el luto cumplen la función de asimilar la pérdida haciendo que la separación no sea tanta, como si en cierto modo sus muertos aún estuvieran con ellos, lo que les hace percibir mejor que la pérdida es real. Ver el cuerpo de los seres queridos fallecidos ayuda a ser consciente de que su muerte ha sido real y ello les ayuda a adaptarse mejor a la situación. Además, los rituales funerarios (funerales o aniversarios) juntan a familiares y amigos, lo que ayuda a mantener la red de apoyo social. Nada de eso tuvieron los familiares de los desaparecidos, y la sociedad española no ha entendido nunca lo que eso significa para ellos. De ahí la necesidad de exhumar las fosas, homenajear a las víctimas como merecen y enterrarlas con dignidad. Ello no solo resarciría a las víctimas directas del franquismo, sino que también ayudaría a sus descendientes a superar los traumas que aún soportan.

En definitiva, los que más sufren la pérdida de sus seres queridos son el cónyuge, los hijos y los nietos de los desaparecidos, por no poder enterrarlos, ni hacer el duelo, ni celebrar las conmemoraciones necesarias para su bienestar psicológico (Gaborit, 2006; Martín-Beristain, 1999, 2000). No olvidemos que «los duelos no cerrados son como hemorragias abiertas. Los duelos no elaborados por una generación tienen consecuencias en las siguientes» (Bayo-Borrás, 2010, p. 34). Lo que no pudo tramitarse adecuadamente en la generación afectada, aparece de una u otra manera en el psiquismo de sus hijos (Tisseron et al., 1997), manifestándose a través de síntomas psicológicos, perturbaciones del carácter (Faimberg, 2006) e incluso de enfermedades somáticas. Esto ayuda a entender algunas patologías de muchos hijos y nietos de las víctimas de la Dictadura franquista: son la consecuencia de los traumas que sus padres no pudieron elaborar (Miñarro y Morandi, 2012a). Y el duelo es una pieza esencial en tal elaboración. Pero recordemos que también aquí hay resilientes y que muchas víctimas del franquismo –y muchos de sus hijos y nietos– fueron capaces de superar su situación traumática y vivir una vida satisfactoria, lo que fue más frecuente en quienes pudieron satisfacer las tres necesidades psicosociales esenciales (pertenencia, autoestima e identidad); sobre todo si contaron con suficiente apoyo social.

Por último, debo insistir en que hay muchas personas, generalmente descendientes de los vencedores, que afirman que los estudios sobre el trauma de las víctimas del franquismo son exagerados, dado que muchas de ellas tienen un buen bienestar psicológico. A esto yo haría dos observaciones: primera, habría que entrar en la cabeza y en el corazón de esas personas para estar seguros de que ello es así; y segunda, claro que hay personas que consiguen superar sus traumas por terribles que sean, pues la capacidad de resiliencia del ser humano es enorme. Pero tengamos presente que antes de superarlos sufrieron lo indecible durante años, mientras que los responsables de la muerte de sus seres queridos no han cumplido ni un solo día de cárcel, ni han sido juzgados, ni han tenido nunca miedo a serlo; siguen convencidos de que estaban en el lado de los buenos y que Dios estaba y sigue estando con ellos. Constatar esto produce mucho dolor incluso en las víctimas que han superado la situación, porque la democracia no les ha permitido superarla del todo y porque siempre llevarán encima el trauma de sus padres y abuelos. Quisiera acabar este apartado con esta declaración de un ciudadano argentino detenido y torturado, que muestra con claridad la permanencia del trauma en las víctimas: «Si al salir del cautiverio me hubiesen preguntado: ¿Te torturaron mucho?, les habría contestado: Sí, los tres meses sin parar. Si esa pregunta me la formulan hoy, les puedo decir que pronto cumplo siete años de tortura» (Tomado de Portela, 2008).

5. ¿También los vencedores tuvieron sus traumas?

Cuando se habla de la recuperación de la memoria de los vencidos, de sus traumas y de su necesario resarcimiento, a menudo hay alguien que responde que qué pasa con los del otro bando, como si pudiera ponerse en el mismo plano el sufrimiento, el dolor y los traumas de ambos bandos. Como si en Dueñas, Baltanás o Villaviudas, por poner tres casos paradigmáticos del Cerrato palentino (véase García Colmenares, 2011b), hubieran vivido las mismas experiencias durante la guerra y la posguerra los de un bando y los del otro. Es evidente que allí donde fracasó el golpe de Estado también hubo víctimas en el otro bando, y que sus familiares sufrieron lo indecible, pero tales víctimas fueron resarcidas y homenajeadas durante décadas, en la medida en que un asesinato puede ser resarcido. Y eso no lo tuvieron los vencidos. Se sigue diciendo que se tenga en cuenta a las víctimas de los dos bandos sobre todo por estos tres factores (Espinosa, 2006b, p. 256): «primero, porque hay quienes, tras tanto tiempo de propaganda unilateral, acabaron por creer que las únicas víctimas que merecían homenaje y recuerdo –como la realidad les confirmaba día tras día y año tras año– eran las de derechas; segundo, porque la transición no sólo no estableció una línea de ruptura con el “régimen anterior” sino que ni siquiera dejó claro el abismo moral existente entre una dictadura militar y un sistema democrático; y tercero, porque la derecha española (la España de derechas), dada su evolución desde la muerte del dictador, se niega a romper amarras con el franquismo, de forma que no puede ver bien ni que se quiten los vestigios franquistas ni que el Gobierno adopte una política de la memoria ni, mucho menos, que se plantee la revisión de la “justicia” franquista»

Es cierto que tampoco las familias de las víctimas franquistas pudieron hacer un duelo suficientemente reparador, pero ello se debió a que el propio franquismo prolongó su sufrimiento con fines de propaganda. Con ese objetivo, el régimen no dejaba de hablar de sus mártires, con lo que no permitía que los familiares de sus propias víctimas cerraran sus cicatrices: fue el propio régimen el que, durante décadas, utilizó a sus víctimas y mantuvo vivo el sufrimiento y el dolor de sus familias solo afianzarse en el poder. Y el colmo es que algunos digan que también los verdugos sufren a causa de sus remordimientos al pensar en lo que han hecho. No parece que fuera así. Los verdugos y los asesinos –así como sus colaboradores– no tuvieron remordimientos, y los que pudieron haber tenido, los eliminaron rápidamente utilizando dos mecanismos:

1) La teoría de la disonancia cognoscitiva de León Festinger (1975/1957) predice que, cuando alguien tiene disonancia, surgirán en él fuertes tendencias a reducirla, por lo que si quienes asesinaron la tuvieron, pudieron aminorarla de tres maneras: primera, convenciéndose de que sus víctimas eran culpables y ellos no habían hecho sino justicia; segunda, buscando información consonante y el franquismo se la daba todos los días (los «rojos» eran tan perversos que todavía merecían más palos que los que habían recibido); y tercera, buscando apoyo social, para lo que a menudo hablaban con otros que pensaban como ellos y que incluso habían hecho cosas parecidas, apoyándose mutuamente. Así, pronto los criminales racionalizaron su comportamiento, lo que les evitó remordimientos. Esto valdría para ambos lados, pero los criminales republicanos no tuvieron mucho tiempo para tal racionalización. Podemos entender perfectamente esa racionalización si leemos las palabras que escribió José M. Iribarren (1947), secretario de Mola, cuando afirmó que el general le dijo: «Hace un año hubiese temblado de firmar un fusilamiento. No hubiera podido dormir de pesadumbre. Hoy le firmo tres o cuatro todos los días al auditor, y ¡tan tranquilo!».

2) El segundo mecanismo que les ayudó a no sentirse mal por sus crímenes fue el hecho de que la Iglesia amortiguó sus culpas, convenciéndoles de que Dios estaba de su parte, y legitimando su violencia al confesar a los republicanos en el momento de su ejecución, casi siempre sin su consentimiento.[43] Más en concreto, en el momento inicial de la rebelión, el esfuerzo de la Iglesia se dirigió «a reducir cualquier culpa por la represión y asesinato de los “rojos”. La declaración de “cruzada” remitía a la idea de guerra santa y a la expiación de los pecados, permitiendo alcanzar la salvación por la vía de la violencia (véase Richards, 2014, p. 54)» (Fernández Mata, 2016, p. 95).[44] ¿Cómo iban a tener cargo de conciencia por sus asesinatos si los habían cometido contra los enemigos de Dios y de España? Al contrario, se sentían héroes pues habían puesto en riesgo su vida por ideales patrióticos y sagrados. Más aún, añade Fernández de Mata, el enaltecimiento de la violencia por parte de las autoridades eclesiásticas, la élite militar y los partidos ultranacionalistas consiguió convertir a individuos «corrientes» en asesinos, produciéndose lo que Philip Zimbardo (2007) llama «efecto Lucifer»: habían construido una situación psicosocial en la que personas sanas se convertían en criminales. Ello fue un «disparador fundamental para legitimar la participación masiva en los asesinatos» (Graham, 2013, p. 23). La deshumanización del enemigo por vía de aquellos encargados de la visión trascendental del hombre, concluye Fernández de Mata, facilitó tanto el ejercicio represivo como una clara liberación de las culpas.

El régimen franquista, pues, hizo mucho por reducir los sentimientos de culpa de los asesinos de su bando, y lo hizo ya antes de que cometieran sus crímenes, con lo que los facilitaron; insistió una y otra vez en que había que exterminar al adversario porque era el enemigo de Dios y de la patria, que matar a un «rojo» era algo bueno que Dios premiaría, así como otras medidas como las siguientes (Fernández de Mata, 2016, pp. 95-96):

1) Llamar al golpe de Estado «glorioso movimiento», «alzamiento», «movimiento salvador» o, más tarde, «guerra de liberación», en la misma dirección, a la matanza de cientos de miles de españoles republicanos la Iglesia la llamó «santa cruzada», lo que ayudó a justificar la persecución y asesinato de los rojos.

2) Se creó anonimato y desindividualización, dejando en suspenso la identidad individual, en especial entre las cuadrillas de falangistas, requetés o legionarios, lo que se consiguió utilizando apodos en lugar de sus propios nombres, actuando en grupo y vistiendo uniforme (militar, de policía, de guardia civil o camisa azul falangista). Y sabido es que en situación de anonimato la gente hace cosas que no haría en otra situación.

3) Utilizar «cruzamientos de pueblos» para cometer los asesinatos (las víctimas de un pueblo eran fusiladas por asesinos de otro pueblo o de la capital).

4) El descubrimiento de supuestas (y falsas) listas negras con los nombres de hombres y mujeres a quienes «iban a asesinar» los «rojos», pero que no pudieron hacerlo gracias al «alzamiento» del Ejército español. También aquí la Iglesia contribuyó cuanto pudo y, de hecho, el cardenal Isidro Gomá, primado de los obispos españoles, escribió en el Informe acerca del levantamiento cívico-militar que envió al Vaticano en 1936: «La sublevación fue “providencial” porque es cosa comprobada, por documentos que obran en poder de los insurgentes, que el 20 de julio último debía estallar el movimiento comunista». Sin embargo, nadie ha visto jamás tales documentos. Y nadie los ha visto porque no existen ni existieron.

Tanto sigue molestando a los herederos del franquismo el que los familiares de las víctimas exijan su reconocimiento que cuando, a partir del año 2000, los nietos comenzaron a movilizarse y a formar asociaciones memorialísticas, surgió la llamada «guerra de las esquelas», que refleja tanto el duelo no cerrado de las familias de las víctimas franquistas como la idea de estas de que las víctimas republicanas tuvieron lo que merecieron y por tanto no está justificado que se siga hablando del tema. La guerra de las esquelas consistió en lo siguiente: en julio de 2006, Carlota Leret, hija de un capitán de aviación leal a la República, asesinado el 17 de julio de 1936, publicó en el El País una esquela conmemorativa de la muerte de su padre. Ello provocó un aluvión de notificaciones de asesinatos ocurridos por el ejercicio franquista durante la Guerra Civil y primeros años de la posguerra. Poco después varios periódicos conservadores publicaron «contraesquelas» de víctimas de la represión republicana.

Lo que sí es cierto es que, como dice Fernández de Mata, las víctimas del franquismo sufrieron «una memoria renovada por cada generación» (MRG), una memoria que se refleja en innumerables conmemoraciones, festividades, monumentos, nombres de calles y plazas, enseñanzas escolares, películas, televisión, etc. (Box Varela, 2010). De hecho, «como se ha demostrado, estas “políticas de la muerte” no tuvieron la intención de dejar en paz a los muertos, sobre todo cuando éstos poseían un particular simbolismo y por ende algún tipo de rentabilidad política» (Baisotti, 2017, p. 389). Y bien que lo consiguieron: los familiares de las víctimas franquistas tampoco pudieron descansar en paz durante décadas (Baisotti, 2017). De hecho, muchos de los entierros falangistas compartieron características similares entre sí, tendentes a la exaltación del sacrificio, la muerte, la sangre y Franco. Y todo ello, dice este autor, con el objetivo de legitimar el nuevo orden. Casi desde el primer día, y hasta 1975, el franquismo utilizó los cuerpos de los muertos con fines políticos. Más aún, en el nacional-catolicismo, el culto al mártir ocupó un lugar central, de forma que, concluye Baisotti, «entre la mitificación y la propaganda, entre lo ridículo y lo macabro, los entierros adquirieron una inusual categoría simbólica. La mística de la violencia y la exaltación de la muerte llevaban necesariamente al culto de los “caídos” sumado a una particular inclinación por la cultura necrofílica […] las exequias fúnebres se transformaron en actos de afirmación patriótica, incluso los funerales privados de soldados muertos en combate acabaron teniendo un inequívoco sentido de propaganda política». Y es que «los funerales de “mártires” fueron un componente más en la configuración del aparato propagandístico religioso-político, los muertos por España también lo eran por la religión católica aunque hubieran perdido su vida en combate y no fruto de la violencia anticlerical revolucionaria» (2017, p. 378).

Mientras, «las familias de las víctimas de la represión franquista –huérfanos, hermanos, sobrinos y nietos de “rojos”– tuvieron que aprender en la escuela los himnos de los asesinos de sus deudos, las argumentaciones que convertían a sus parientes asesinados en los culpables de la guerra y en responsables de su desgraciada situación como derrotados en la posguerra. La propaganda oficial proclamaba con machacona insistencia la honradez y altísima moral cristiana de un sistema que, sin embargo, en el diario vivir de los vencidos estaba lleno de humillaciones, violencias, crueldades y desmanes del régimen y sus partidarios» (Fernández de Mata, 2016, pp. 155-156). Los efectos psicológicos del miedo que todo esto produjo en las víctimas fueron enormes. Más aún, añade este autor, «muchos terminaron por internalizar las representaciones promovidas por la MRG (memoria rerum gestarum) franquista, (des)recordando que sus familiares fallecidos nada habían tenido que ver con la política o actividad sindical –cuando sí lo habían tenido–, asumieron que habían sido erróneamente acusados por vecinos envidiosos o confundidos. Otros, dentro de esta afectación, reaccionaron sintiéndose avergonzados por sus propios deudos, detestando los ideales políticos de aquellos y apoyando entonces al régimen franquista». Nadie salió indemne de esa MRG franquista. Pero, como ya he dicho, la utilización por parte del franquismo de los «caídos por Dios y por España» para legitimar la dictadura también hizo mucho daño a las familias de las víctimas de los vencedores, pues «los parientes de los caídos quedaron convertidos en responsables de memorar constantemente –con valor social– las dramáticas muertes de sus deudos a manos de una república políticamente perversa. Estas circunstancias produjeron, como he señalado, otro ciclo de duelo inconcluso: la constante rememoración de la “muerte” de sus deudos no solo privó a los familiares de ubicar a sus fallecidos en sus panteones familiares y comunales, terminó incluso por fagocitar y asfixiar sus personalidades. […] (Más aún), las esquelas publicadas en El Mundo evidencian su rechazo al cambio histórico que ha supuesto el pasar de la hegemonía franquista a la creciente importancia de la llamada recuperación de la memoria histórica de los hasta entonces silenciados. A pesar de su insistencia textual en pasar página y olvidar las viejas heridas del pasado, ellos mismos –los familiares de los “caídos”– son incapaces de hacerlo dado que sus propias heridas se han mantenido abiertas durante décadas» (Fernández de Mata, 2016, pp. 156-157).

Todo ello indica que si el nuevo régimen había conseguido paliar el dolor de los vencedores como verdugos, no lo paliaron como víctimas, pues la manipulación constante de sus muertos no les dejó concluir el duelo. Por tanto, si los muertos de los vencidos no pudieron descansar en paz, por unas razones, los de los vencedores tampoco pudieron descansar, aunque por otras razones, y si el trauma de las víctimas de los vencidos se incrementó porque el franquismo los silenció, el de los vencedores aumentó por hablarse demasiado de ellos. Pero en ambos casos la responsabilidad fue del nuevo régimen fascista, que era el que tenía el poder absoluto.

6. Elaboración y superación del trauma: memoria, testimonio y psicoterapia

Al hablar de la memoria colectiva o histórica, lo primero que hay que tener en cuenta es que «no existe una única memoria o recuerdo de un hecho o de un proceso histórico vivido que quede establecido de una vez: no hay una memoria estática ni inalterable. Las manifestaciones públicas de las memorias son heterogéneas, no coincidentes, fragmentadas y, con frecuencia, encontradas, es decir, que cada pasado concreto tiene diversas memorias colectivas y sociales» (Aróstegui, 2006, p. 59). La memoria de la que se habla, añade este autor (p. 69), «es siempre “alguna memoria” y en manera alguna “la memoria”. De modo que la recuperación de la memoria se convierte en una problemática recuperación de ¿qué memoria?». De ahí la importancia de las batallas por la memoria: cada grupo social tiene la suya y cree que es la verdadera. Por eso quiere imponerla a los demás. Pero unos grupos tienen poder para imponerlo y otros no. El franquismo tuvo mucho poder para imponer su memoria, mientras los vencidos tenían muchas dificultades para mantener la suya. No es raro que ello contribuyera a mantener abiertas sus heridas y a agravar sus traumas.

Sostiene Peter Waldmann (1999) que el trauma colectivo por excelencia y el más duro producido por conflictos armados es el de la guerra civil, dado que procede de la ruptura de una cohesión interna históricamente construida durante muchísimos años. Y en el caso español el trauma fue especialmente duro pues la guerra desembocó en una dictadura cuyos efectos son aún bien visibles, 45 años después de la muerte del dictador. «El trauma conmociona el cerebro, aturde la mente y paraliza el cuerpo. Anula a sus desafortunadas víctimas y las lanza a la deriva en un mar embravecido de tormento, impotencia y desesperanza. El terapeuta que es testigo de tal desesperación en sus pacientes siente una apremiante necesidad de aliviar de manera eficaz ese sufrimiento» (Levine, 2018, p. 25). Pero, añade (p. 26), «para que la terapia resulte efectiva, es esencial apreciar cómo el trauma queda fijado en las reacciones instintivas del cuerpo ante la percepción de amenazas; cómo se queda anclado en ciertas emociones, en particular el miedo, el terror y la rabia, así como en determinados estados emocionales como depresión, bipolaridad y pérdida de la energía vital; y, finalmente, cómo se representa en diferentes conductas autodestructivas repetitivas». Eso es lo que les ocurrió a las víctimas del franquismo durante décadas. Y sus traumas les dejaron unos efectos muy negativos que transmitieron a sus descendientes. De ahí que nuestra memoria colectiva de la guerra y el franquismo siga siendo una memoria de los traumas de los vencidos, enquistados porque no dispusieron de ayuda para resolverlos. La lucha de los republicanos vencidos no fue nunca reconocida, ni siquiera ahora, lo que constituye una humillación para sus herederos de tercera –e incluso cuarta– generación, lo que no les ayuda nada a superar sus traumas. La democracia fue diseñada por los vencedores y no están dispuestos a ayudar a que las víctimas cierren sus heridas, con lo que también siguen abiertas las heridas de la nación entera.

Por otra parte, cada vez es más evidente que los aspectos cognitivos y los emocionales están tan estrechamente relacionados que son inseparables y ello se observa bien en el tema que nos ocupa. Las emociones nos traen muchos y a veces muy lejanos recuerdos, y a la vez nuestros recuerdos despiertan en nosotros numerosas y a menudo muy intensas emociones. Es el caso concreto de la memoria de la Guerra Civil y el franquismo cuando se abre una fosa común. Ya Bartlett (1932) enfatizó el valor afectivo y emocional de los recuerdos. Los «afectos» tienen mucha importancia en el recuerdo (Rosa, Bellelli y Bakhurst, 2000), habiéndose demostrado (Finkenauer y cols., 2000) que sucesos que nos impactan emocionalmente los recordamos mejor y durante mucho más tiempo (otra cosa es la fiabilidad de tales recuerdos). Además, dado que por su función adaptativa la memoria suele ser muy optimista, tendemos a recordar más los hechos positivos que los negativos. Pero cuando los recuerdos negativos se han traducido en traumas, no es fácil desprenderse de ellos, y torturan día y noche a quienes los tienen. Por eso, a menudo las derrotas siguen persiguiendo a los vencidos de por vida.

Por otra parte, conocemos poco de los traumas psicosociales producidos por la Guerra Civil y por la represión franquista, pues ese tema apenas ha sido estudiado por psicólogos españoles, con algunas excepciones (Ruiz Vargas, 2006a, 2000b, 2010, 2018; Gómez Marín y Hernández Jiménez, 2011; o Miñarro y Morandi, 2012a). Sin embargo, los traumas de las víctimas chilenas sí fueron estudiados desde poco después del golpe de Estado. Tales estudios pueden sernos de gran ayuda para entender los traumas de nuestras víctimas. Tanto en algunos chilenos como en algunos españoles caló la idea de que sus familiares merecían lo que les hicieron, aunque solo hubiera sido por pertenecer a ciertos partidos o sindicatos (esto no se da en los familiares de las víctimas de los vencedores): la propaganda franquista fue muy eficaz. De ahí que «algunas personas prefirieran “olvidar” la participación y activismo políticos del fallecido en su deseo de subrayar su dignidad y humanidad. Cuando esa participación era demasiado evidente para ser negada, los familiares aducían que la víctima había sido “metida en política” contra su voluntad, actuaba desinformada o manipulada por terceros. Eran por tanto culpables de cometer un fatídico error, pero no por malicia, sino por ignorancia. Solo entonces podían los deudos decir “no hizo nada”, no hay justificación alguna para su violenta muerte. Lo insidioso de esta construcción está en que equipara participación política y actividad sospechosa o perversa. Los deudos que representaban a las víctimas de la represión habían internalizado de manera evidente el discurso del régimen que definía a los activistas políticos como malvados y antisociales» (Fernández de Mata, 2016, p. 111).

En España la psicología no ha estudiado los traumas de los vencidos sobre todo por tres razones: el enorme poder que tenía el franquismo durante la Dictadura; el «pacto de silencio» que a todos nos impusieron la Transición y la nueva democracia; y el enorme desinterés de los psicólogos españoles por estos temas. Pero deberíamos fijarnos en que el trauma de los hijos de las víctimas de Pinochet fue mayor durante la transición y la democracia que durante la dictadura. Probablemente aquí haya ocurrido lo mismo, pero no lo hemos estudiado. Son muchos los factores que influyen en el dolor que produce la muerte de padres/madres, esposos/as e hijos/as. Entre ellas yo destacaría estas cuatro:

1) Haber dispuesto de insuficiente tiempo para una preparación psicológica: es el caso de las muertes en atentados terroristas, en accidentes de tráfico o de muertes repentinas. Fue el caso también de muchos españoles de ambos bandos durante la Guerra Civil: se les sacaba de sus casas, se les daba «el paseo» y ya no volvían. El caso de los vencidos fue peor pues la mayoría ya no recuperó nunca los restos de sus seres queridos.

2) Dificultad psicológica para encontrar una explicación: saber que alguien murió en accidente de tráfico porque se reventó una rueda facilita más la adaptación psicológica a la nueva situación que cuando no se conocen las causas. Necesitamos encontrar una causa a los sucesos. A raíz de los atentados terroristas del 11M, Rojas Marcos escribía que «los seres humanos no toleramos la falta de explicaciones. Por eso, ante las atrocidades, todos buscamos ansiosamente explicaciones que den sentido a los hechos» (2004, p. 12). El dolor causado por el trauma será mayor, más persistente y más difícil de superar cuando ni siquiera se puede «certificar oficialmente» la muerte, como fue el caso de los «desaparecidos» republicanos.

3) Tener o no sentimientos de culpabilidad: el dolor ante la pérdida de un familiar suele aumentar cuando, de una u otra manera, nos sentimos culpables de tal pérdida. Es evidente que no es lo mismo perder un hijo en un accidente de tráfico –conduciendo nosotros– si fue culpa del hielo en la carretera o de una imprudencia temeraria nuestra.

4) Apoyo social: cuando alguien pierde a un ser querido, el apoyo social que tenga será crucial para paliar el dolor producido. En efecto, «las personas que hablan, escuchan y se sienten parte de un grupo solidario superan los infortunios mucho mejor que quienes se encuentran aislados» (Rojas Marcos, 2004, p. 12). Robert Putnam (2002) mostró la importancia del capital social. Pero el apoyo social es aún más provechoso.

Visto lo anterior, es evidente que el trauma en los familiares de los desaparecidos fue y sigue siendo terrible. En primer lugar porque muchos familiares no tuvieron tiempo para una preparación psicológica adecuada. En segundo lugar, porque la mayoría de ellos no pudieron encontrar ninguna explicación satisfactoria al asesinato («¿Por qué a mi hijo, si él no había hecho nada...?», «¿Por qué a mi marido, si él no hizo en su vida otra cosa que trabajar...?»). En tercer lugar, su situación se agravó dado que, durante décadas, el régimen franquista y la Iglesia (Casanova, 2001) se ocuparon de recordar permanentemente que los muertos y los encarcelados tenían lo que se merecían y que eran responsables de lo que les pasó: los rojos eran los culpables.[45] Por último, el olvido generalizado y la falta de apoyo empeoró más aún su situación, de forma que el dolor ocasionado por el trauma fue casi insuperable. Pero quienes más sufrieron durante décadas fueron los miles de mujeres (madres, hijas y esposas de los encarcelados y de los fusilados) que tuvieron que vivir en las peores condiciones materiales, con dificultades de todo tipo para subsistir, sin trabajo y además con el estigma permanente de ser malas. Y tuvieron que sacar adelante a sus hijos en esas circunstancias. Pero lo más grave de todo fue la casi total ausencia de apoyo social ¡durante casi setenta años! (véase Navarro, 2003). En muchos pueblos aún hay monumentos en recuerdo de los muertos franquistas mientras permanecen en el olvido quienes murieron por defender el orden constitucional, pues todavía no han sido rehabilitados, de forma que los restos de muchos de ellos permanecen en fosas comunes con los efectos psicosociales que ello tiene para los nietos. De ahí la utilidad de los grupos memorialistas: apoyan a los familiares, desculpabilizan a las víctimas y les devuelven la dignidad que merecen, rescatándolas del olvido.

Ahora bien, ese volver a recordar el pasado traumático, ¿les es útil a los familiares de las víctimas? ¿No será peor, después de tantos años, hurgar otra vez en la herida que tanto dolor les produjo? Todos los estudios realizados en este terreno indican que el hecho de recordar el pasado traumático suele ser doloroso momentáneamente, pero después tiene efectos reparadores y catárticos. Por tanto, conviene sacar a la luz la represión de las dictaduras y que las víctimas y sus familiares perciban sus traumas no como algo intrapsíquico –lo que les haría sentirse culpables– sino como lo que son: traumas psicosociales. No deben sentirse culpables de nada sino todo lo contrario. Diferentes estudios (Bettelheim, 1981; Keilson, 1992) han encontrado que muchas víctimas del Holocausto traumatizadas recuerdan que su período de mayor dificultad fue el de la postguerra, el de su reinserción en la sociedad, más incluso que el de su reclusión en campos de concentración. «Esto hace pensar que resulta fundamental concebir el período de post-dictadura como uno en el que las víctimas directas de la represión política se ven inmersas en un proceso cuya dinámica adquiere mecanismos nuevos y propios de constituirse en traumáticos y que justamente tienen que ver con los procesos de inserción y de reinserción en una sociedad que aunque se vuelve aparentemente más acogedora, en realidad es fuente de nuevos procesos traumáticos» (Del Solar y Piper, 1994). Y el franquismo nunca permitió la reinserción de los vencidos.

Como ya dije, Martín Baró (1990) propone la noción de «trauma psicosocial» para enfatizar el carácter esencialmente dialéctico del trauma causado por la represión política. De ahí se deduce la idea, constatada también por otros autores (Bettelheim, 1981; Becker, Castillo y Díaz, 1991), de que el daño producido por la represión política es distinto del producido por una catástrofe natural. Aquí hay que destacar dos elementos que con frecuencia tienden a olvidarse: que el trauma tiene sus raíces en la sociedad y no en el individuo, y que, por su misma naturaleza, nace y se mantiene en la relación entre el individuo y la sociedad. Piper (1995, pág. 133) dice algo de las víctimas chilenas que es perfectamente aplicable al caso español al escribir que «el efecto más perjudicial de la violencia política en la salud mental de los jóvenes hijos de las víctimas directas de la represión política se encuentra en las relaciones sociales […] En el caso de los jóvenes cuyos padres fueron detenidos, desaparecidos o bien ejecutados cuando eran niños, una parte importante de la construcción de su identidad se ha desarrollado durante la vivencia de este conflicto, y sus posibilidades de inserción no están sino en el marco de estas relaciones sociales violentas y traumatizantes que han determinado, entre otras cosas, la ausencia de sus padres. Estos jóvenes demandan verdad y justicia, así como la posibilidad de hacer una reconstrucción colectiva de los hechos que permita elaborar socialmente lo ocurrido. Sin embargo, estas demandas son consideradas como una amenaza a la estabilidad democrática. La presencia y el daño de estos jóvenes le recuerdan al resto del país lo precario de la estabilidad política conseguida y lo frágil de nuestra democracia. La sociedad ha preferido olvidar y ése ha sido el más amplio de los consensos logrados». Por tanto, una forma de aliviar los traumas de los nietos consiste, en nuestro caso, en sacar los restos humanos de las fosas y en ponerle rostro y nombre a los desaparecidos, o sea, en «recuperar la memoria histórica», sacando a la luz el origen social y político de los traumas de las víctimas.

Hablar de un acontecimiento traumático, pues, tiene efectos catárticos, dado que «permite transformar poco a poco las memorias de escenas escabrosas, de sensaciones de terror y de emociones confusas, en recuerdos coherentes y manejables. Un fragmento doloroso de nuestra vida puede incorporarse así al resto de nuestra biografía, al flujo total de nuestra existencia» (Rojas Marcos, 2004, p. 12). Y es que «hablar acerca de un suceso puede organizarlo y asimilarlo de forma exitosa, lo que permitirá a la persona superar la agitación. Irónicamente, una vez que el suceso se asimila cognitivamente, los individuos no necesitarán rumiar por más tiempo acerca de él y, una vez que está fuera de sus mentes, pueden de hecho olvidarlo» (Pennebaker y Crow, 2000, p. 238). Esto se da a nivel tanto individual como grupal y colectivo. Resulta curioso y clarificador el estudio de Crow y Pennebaker (1998) en el que, dos años y medio después de acabar la guerra del Golfo, la memoria que la mayor parte de los estadounidenses tenía de la guerra era extremadamente pobre. Habían hablado mucho de ella las primeras semanas, pero la memoria de ese acontecimiento a largo plazo fue muy débil a causa de dos factores: las emociones negativas sobre la guerra y el grado en que se había hablado de ella. Cuanto más negativas eran tales emociones, menos se acordaban de la guerra, y entre quienes las tenían más negativas al acabar la contienda, los que habían hablado más de ella eran los que peor la recordaban. De ahí la utilidad de los grupos de autoayuda y de los que persiguen recuperar la memoria histórica: son útiles, entre otras cosas, porque en ellos se habla de los traumas y de las causas que los originaron, y eso siempre alivia a las víctimas.

En síntesis, estos son los principales factores que ayudan a las víctimas a elaborar el trauma, a hacer el duelo y a recuperarse mejor (Morandi, 2012a, pp. 73-75):

1) Asociacionismo: La primera consecuencia que, para las víctimas, tiene el asociarse, es el apoyo social y la ayuda mutua que reciben, algo altamente eficaz para mejorar su bienestar psicológico, para entender el proceso por el que están pasando y sentir que no están solos, y para mejorar sus necesidades psicosociales de pertenencia, de autoestima y de identidad. Por todo ello el asociarse constituye un instrumento eficaz para superar el trauma, pues el grupo transforma las experiencias traumáticas (Kaës, 2000): si el grupo les da apoyo social, las transforma a mejor, haciendo que el trauma disminuya; pero si el grupo les excluye y rechaza, entonces las transforma a peor y el trauma empeora, cronificándose, que es lo que les pasó a miles de republicanos. Obviamente, el asociacionismo las transforma positivamente.

2) Recibir algún tipo de apoyo social: Cada vez está más claro que cuanto más apoyo social tenga una persona traumatizada, más rápida y mejor será su recuperación. En cambio si, como les ocurrió a los republicanos, la comunidad muestra hostilidad hacia ella, sus traumas empeorarán. Y sabemos que para las víctimas del franquismo, «la represión y la marginación social fueron despiadadas. Lo que encuentran al volver a casa los vencidos es un ambiente hostil y acusador que les estigmatiza hasta límites inusitados […] La respuesta de estigmatización y humillación por parte de la comunidad multiplica el daño y agrava el trauma psíquico, condicionando en gran medida la cronicidad de los síntomas» (Morandi, 2012a, p. 73).

3) Acceder a la palabra, ser capaz de verbalizar el trauma: Los traumas políticos suelen provocar síntomas de ansiedad y depresión que se transmiten a la siguiente generación (Páez et al., 1996). Pero existe un alto consenso en que el relato testimonial, sobre todo si va unido a apoyo social, ayuda mucho a cerrar las heridas y superar los traumas, mejorando el bienestar psicológico. Fue Pierre Janet (1889) el primero en hablar de una «memoria narrativa» que sería construida por la víctima para dar un sentido a su experiencia traumática, de forma que la verbalización de tales experiencias le ayudaría a superar el trauma. Basándose en esta teoría, las psicólogas Julia Cienfuegos y Cristina Monelli (1983) utilizaron el método testimonial con ex-presos torturados por la dictadura chilena, concluyendo que el testimonio reduce los síntomas y, por tanto, mejora la situación psicológica de las víctimas. Expresar las experiencias traumáticas hace que los recuerdos del trauma pierdan su toxicidad. Eugenia Weinstein y Elisabeth Lira (1984) constataron, también en Chile, el valor terapéutico del testimonio en personas que sufrían traumas tras haber sido torturadas, al observar que la verbalización de la experiencia traumática tenía consecuencias catárticas. De hecho, el psicólogo Bruno Bettelheim, prisionero en los campos de concentración nazis, utilizó el testimonio para mostrar el infierno que fueron tales campos y para intentar comprender la conducta humana en situaciones extremas, afirmando (1979, p. 28) que en los campos había visto tres clases de respuestas ante casos extremos de trauma: un grupo de sobrevivientes adoptó una posición pasiva y permitió que sus experiencias traumáticas les destruyeran; otro intentó negar que tal experiencia les estaban afectando; y un tercero hizo frente a la situación en que se encontraban. Pues bien, fueron los miembros de este tercer grupo los que, una vez liberados, rehicieron mejor sus vidas y pudieron gestionar sus recuerdos de la experiencia traumática. Según Bettelheim, el motivo que le llevó a escribir sobre su experiencia en los campos de Dachau y Buchenwald no fue obtener un conocimiento científico sino la necesidad de liberarse de sus recuerdos traumáticos: el mero hecho de escribir sobre tales recuerdos le liberaba de sus efectos negativos. Como ha comprobado Morandi (2012a, p. 74), el contar su experiencia lleva a las víctimas, directas o indirectas, a «neutralizar, disminuir el dolor del trauma, del desprecio, permitiendo a muchos iniciar el proceso de poner un punto, hacer el duelo y adquirir un lugar diferente al que les habían obligado ocupar».

4) Resiliencia: A los tres factores anteriores yo añadiría otro, más difícil de conseguir si no hay apoyo social. Me refiero a que las víctimas y sus descendientes consigan no caer en la indefensión aprendida y ser resilientes: los que tendrían que estar avergonzados son quienes les represaliaron, a causa de su conducta perversa contra sus semejantes y, sobre todo, porque lo hicieron para defender los privilegios de los poderosos y a favor de una sociedad injusta y nada democrática. Los descendientes de los republicanos no deben avergonzarse en absoluto de sus ancestros, sino estar muy orgullosos de ellos.

Tengamos presente que si es cierto que nuestros traumas permanecen en nuestra memoria, también lo es que somos capaces de adaptarnos e incluso, con el paso del tiempo, conseguir vivirlos con cierta normalidad. El hecho de que muchos vencidos superaran tantos traumas como tuvieron que soportar solo se explica por la existencia de lo que Levine llama «instinto de superación». «Mis cuarenta y cinco años de trabajo clínico me confirman la existencia de un instinto fundamental y universal orientado a la superación de obstáculos y el restablecimiento del equilibrio interno: el instinto de perseverar y sanar tras pasar por sucesos y pérdidas sobrecogedoras» (Levine, 2018, p. 100). Fueron muchos los republicanos y republicanas que, contra todo pronóstico, fueron resilientes, y la resiliencia es la base de nuestra supervivencia y de nuestra felicidad, sean cuales hayan sido nuestras experiencias traumáticas. El miedo y el terror implantado por la Dictadura –con la colaboración de todos los estamentos– hicieron muy difícil que tuvieran apoyo social. Y sin embargo, muchos de ellos fueron capaces de salir adelante. Difícilmente se encontrará en la historia de España un grado similar de heroísmo y de resiliencia. Porque de todos los traumas posibles, el que sufrieron los vencidos de la «guerra civil», sobre todo las mujeres de los asesinados o de los encarcelados,[46] fue el peor de todos, porque englobaba diferentes traumas (el asesinato del marido, la preocupación por los hijos y el trauma de verlos pasar hambre, el rechazo social, etc.). Y todo ello lo vivieron sin apoyo social de ninguna clase: los suyos habían perdido la guerra y estaban muertos, en la cárcel o exiliados.

7. Conclusión

Existen datos contradictorios en las investigaciones sobre memoria y trauma en cuanto a si el trauma entorpece el recuerdo de los hechos traumáticos o si, por el contrario, lo facilita. Unos llegan a la primera conclusión; otros a la segunda. Pero tal vez no sean conclusiones contradictorias sino que, al tratarse de un tema tan complejo, en unas circunstancias se recuerdan mejor las experiencias traumáticas y en otras se recuerdan peor. Otra cosa es que todos los que han pasado por experiencias traumáticas dicen recordarlas perfectamente, lo que, sin duda, no siempre es así. Lo que sí es cierto es que tales experiencias dejan siempre secuelas importantes en quienes las viven, a menudo para toda la vida, como les ocurrió a muchas de las víctimas de la represión franquista. El trauma de estas víctimas está relacionado con los hechos traumáticos, pero también con la memoria de tales hechos. La imposición a los vencidos de la memoria de los vencedores fue y sigue siendo, ochenta años después, una de las más terribles violencias psicológicas que el franquismo ejerció –y sigue ejerciendo– sobre las víctimas. Una de las razones que explican los traumas que el franquismo produjo en tantas personas «es la imposición de una memoria oficial sobre la Guerra Civil. Para ello fue necesario silenciar el resto de memorias y experiencias, negándoles su presencia en el espacio público. De esta forma se consiguió imponer una versión oficial sobre lo ocurrido que negaba las vivencias de muchas personas que habían sido víctimas directas o indirectas de la violencia […] El Estado promovió una cultura de humillación del vencido y de terror que se instaló profundamente en la sociedad. El discurso de culpabilidad de los vencidos hizo que algunos tuvieran juicios negativos sobre sus propias actitudes durante la República y la guerra, recayendo sobre muchas personas la vergüenza, marginación, extorsión y humillación, tal y como el régimen se había propuesto. Muchos llegaron a sentirse culpables por sus ideologías, algo difícilmente superable incluso pasados los años, pues el Estado invirtió muchos esfuerzos en aislar a los vencidos y mantener abierta una gran brecha en la sociedad (Bernecker y Brinkmann, 2009). Desde su entrada en los pueblos, los sublevados trataron de borrar el recuerdo de la tradición anterior, física y simbólicamente. La desmemoria se impuso con amenazas, estableciéndose una política de venganza y odio que acallara cualquier oposición e instalara el terror en la vida diaria de los ciudadanos» (Villasante, 2015, p. 205). Todo ello creó en los vencidos un trauma difícil de superar, que transmitieron a sus descendientes.

Por otra parte, lo que dicen los componentes del grupo EATIP para el caso chileno es aplicable también al caso español (2009, p. 241): «La afectación producida por el terrorismo de Estado no sólo produjo efectos a nivel individual, sino que tuvo importantes consecuencias en todo el conjunto social, incidiendo en la producción de subjetividad. De ahí que su análisis también permita comprender e intervenir sobre aspectos visibles e invisibles de las jóvenes generaciones. Sentimientos y vivencias de escepticismo e incertidumbre, temor a participar, de impotencia, también son consecuencias del régimen de terror impuesto […] Desde esta perspectiva es inherente la exigencia de justicia, como única posibilidad de restablecer en el orden real y en el simbólico, una reparación efectiva en el plano individual y en el movimiento social para la superación de las situaciones traumáticas sufridas. Desde EATIP participamos activamente y sostenemos la demanda de Verdad y Justicia, como condición ineluctable para la construcción de la memoria colectiva». Como sabemos, las víctimas del franquismo padecieron todos los factores que agravan los traumas de los represaliados y no tuvieron de ninguno de los que los alivian.

Más aún, muchos países (Chile, Argentina, Bolivia, El Salvador, Guatemala, Perú, Uruguay, Sudáfrica y Colombia) al final de las dictaduras y conflictos civiles formaron Comisiones de la Verdad[47] que reconstruyeron la historia de las violaciones de derechos humanos ocurridas durante el período examinado. Así pues, «la coincidencia de miles de testimonios ha posibilitado la identificación de los recintos secretos de detención, sus rutinas cotidianas así como los procedimientos represivos y el clima de terror instalado en las víctimas y en la sociedad. El reconocimiento oficial de lo ocurrido ha hecho exigible al estado procurar la justicia y la reparación de las víctimas» (Jelin, 2007, p. 3). Pero en España nunca hubo nada que se le pareciera. El único juez que se atrevió a investigar los crímenes de la Dictadura fue juzgado y expulsado de la judicatura.

Un ejemplo de actividad por la reconciliación lo llevó a cabo Reuven Bar-On en Irlanda del Norte, en África del Sur y en Palestina/Israel. A partir de esta última experiencia, Bar-On y Adwan fundaron el Peace Research Institute in the Middle East, con la función de elaborar material educativo en Palestina e Israel para el conocimiento y la comprensión mutua (Adwan, Bar-On y Naveh, 2012), creando un modelo narrativo de trabajo grupal y transgeneracional consistente en el encuentro de personas de los dos grupos «enemigos», para trabajar en la elaboración conjunta de la memoria colectiva (Valverde, 2014). Y comprobaron que la escucha mutua de las narrativas de unos y de otros provocaba empatía, perdón y reconciliación. Pero tampoco de esto se ha hecho nada en España. Es más, aquí, como escribe Aguilar (2018, p. 27), «el olvido no tuvo que imponerse: se convirtió en algo inherente a las prácticas sociales y políticas de la época, y se mantenía gracias al recuerdo traumático de la guerra civil y al miedo a la violenta polarización que, según muchos, podría ocasionar hurgar en el pasado».

En conclusión, «lo terrible e injusto de la situación de posguerra fue que mientras los vencedores pudieron dedicarse plenamente a superar sus pérdidas, los derrotados física y/o moralmente, y sus familias se vieron condenados al peor de los castigos: ser cautivos en su propia tierra, en su propio pueblo, en su propia casa, desposeídos de sus derechos y estigmatizados de por vida –el franquismo no incluyó en sus planes ni el perdón ni la reconciliación–. La implicación activa de gran parte de la sociedad civil (la que se sentía vencedora) en el perverso plan de amedrentamiento, terror y marginación social de la dictadura franquista colocó a los vencidos en una situación de permanente sometimiento moral, chantaje emocional, desprecio y humillación. Resulta difícil, desde el conocimiento actual sobre los trastornos y enfermedades del estado de ánimo, entender cómo aquella media España condenada al silencio y al sometimiento de sus iguales pudo sobrellevar, durante tanto tiempo, un destrozo emocional y moral tan profundo» (Ruiz Vargas, 2006a, p. 303). Tengamos presente que, aquí incluso, los bisnietos de las víctimas sufren aún secuelas psicológicas (Miñarro y Morandi, 2009a, 2012a). Y es que todo parecía diseñado para mantener abiertas perpetuamente las heridas y los sentimientos de humillación de los vencidos (Ruiz Vargas, 2006b). Pero llegó la democracia y la memoria de los vencedores siguió imponiéndose y los vencidos siguieron humillados. En 1982 el Partido Socialista ganó las elecciones con la mayoría absoluta más amplia de toda la historia de España y las víctimas del franquismo siguieron humilladas y su memoria olvidada. Por tanto, la primera y fundamental medida para resarcir a las víctimas –a las de segunda, tercera e incluso cuarta generación– consiste en recuperar la memoria de sus antepasados. Esperemos que la próxima Ley de Memoria Democrática lo consiga.

CAPÍTULO 6 -

TRANSMISIÓN TRANSGENERACIONAL DEL TRAUMA A HIJOS Y NIETOS

1. Introducción

Podemos decir que los estudios de transmisión transgeneracional los comenzó Freud. Aunque no lo llamó así, en numerosos trabajos se interesó por la transmisión psíquica, llegando en 1912, en Tótem y tabú, a esta rotunda conclusión (1996): «Habremos, pues, de admitir que ninguna generación posee la capacidad de ocultar a la siguiente hechos psíquicos de alguna importancia». Son muchos los sucesos que dejan como secuelas traumas dolorosos e incómodos síntomas postraumáticos (terremotos, inundaciones, etc.), pero los que dejan las peores huellas son las experiencias traumáticas planificadas y, por tanto, instrumentadas y ejecutadas por humanos de forma intencional, sobre todo cuando quien las planifica y ejecuta es el propio Estado y cuando los responsables quedan impunes. Eso es lo que les ocurrió a las víctimas del nazismo, del franquismo y de las dictaduras de América Latina (Lagos et al., 2009). El hecho de que aquí casi no haya estudios sobre este tema se debe principalmente al pacto de silencio que se hizo en la Transición y al enorme poder que en todo momento tuvieron y siguen teniendo los vencedores de la guerra y sus descendientes. Tal pacto de silencio ha afectado también a los profesionales de la salud mental, de forma que no han analizado los traumas de las víctimas del franquismo que llegan a sus consultas (Armañanzas, 2009; Córcoles, 2010; Gómez Marín y Hernández Jiménez, 2011; Miñarro y Morandi, 2009; Ruiz Vargas, 2006a, 2006b, 2010).

Digamos algo de la terminología con que es conocida la transmisión de los traumas (Faúndez y Cornejo, 2010): Albeck (1993) lo llama «aspectos intergeneracionales del trauma», Danieli (1998) «legado multigeneracional del trauma» y Volkan (1996) «transmisión transgeneracional del trauma», siendo este nombre el más utilizado en la literatura especializada. Según Faúndez y Cornejo (2010, pp. 47-48), «la experiencia traumática puede ser transmitida de padre a hijo y su efecto puede alcanzar a los nietos, a través de la relación con sus padres». Por su parte, Anne A. Schutzenberguer (2006) distingue dos tipos de transmisiones: las «intergeneracionales», que son conscientes y habladas entre abuelos, padres e hijos; y las «transgeneracionales», que no se hablan sino que se silencian, se ocultan e incluso se prohíben, pasando a las generaciones siguientes sin ser digeridas. Son estas, según esta autora, las que producen traumas, secuelas psicosomáticas y enfermedades incluso en los nietos y bisnietos. En concreto, «por transmisión psíquica transgeneracional se entiende la cadena de transmisión de significaciones que se lega de generación en generación y que abarca ideales, mitos, modelos identificatorios y enunciados discursivos que, involucrando lo que se dice pero también lo que se omite, adquieren la fuerza de mandatos cuya determinación es inconsciente. Lo inconsciente aspira a irrumpir a través de la transmisión generacional. Las huellas que no alcanzan representación simbólica, o aquellas impresiones que superan las posibilidades de tramitación psíquica, se legan como herencia en su capacidad traumática» (Gómez Marín y Hernández Jiménez, 2011, p. 483).

El grupo CINTRAS (2009) encontró que el daño producido por las experiencias traumáticas durante la dictadura chilena es multigeneracional, viéndose afectadas varias generaciones; es intergeneracional, pues se tradujo en conflictos entre generaciones; y es transgeneracional, dado que sus efectos reaparecen de diversas formas en las generaciones siguientes. Eso mismo se encontró en los hijos de las víctimas del Holocausto. «El trauma del Holocausto ha sido transmitido de los supervivientes a sus hijos» (Solomon, 1998, p. 69). Herzka, Schumacher y Tyrangiel (1989) dicen que el ambiente psicológico en que vivieron los hijos de los supervivientes del Holocausto estaba determinado por la personalidad de los padres, que a menudo estaba marcada por las consecuencias de la experiencia traumática que habían vivido; por la relación entre los cónyuges; y, sobre todo, por su capacidad para relacionarse adecuadamente con sus hijos y educarlos correctamente. Por ejemplo, los padres que no pudieron tener una relación conyugal satisfactoria, a causa del TEPT producido por el trauma psicológico derivado de la represión nazi, no pudieron tampoco tener una buena relación con sus hijos, sobre todo durante la adolescencia de estos. No olvidemos que la tarea más importante de los adolescentes es construir su propia identidad (Erikson, 1968). Pero nuestra identidad personal la extraemos de nuestra identidad social. Por eso los hijos de las víctimas de las dictaduras encuentran muchas dificultados para formarse una identidad positiva.

En cuanto al caso argentino, el EATIP considera que los traumas y el duelo de las familias afectadas directamente por la represión política influyeron en sus hijos, marcando de una u otra manera su desarrollo psicológico. Sabido es que «las situaciones traumáticas vividas por las familias directamente afectadas incidieron en los modos en que los niños, hoy ya adultos, fueron construyendo su vida, su historia personal, sus modelos identificatorios» (EATIP, 2009, p. 213). Además, el silencio sobre esos temas fue una forma muy concreta –y muy perturbadora– de expresar lo acontecido, pues los niños perciben que ha ocurrido algo malo e incluso terrible. Por eso es tan perturbador para ellos ese silencio. Un ejemplo lo tenemos en este testimonio de una joven argentina de 32 años, con padre desaparecido (EATIP, 2009, p. 226): «No recuerdo… desde muy chicas nos dijeron que había muerto. Tengo un recuerdo que no sé si es verdadero, pero creo que sí: estábamos caminando frente a un muro, que debe ser de un hospital porque yo vivía cerca, mi mamá me dijo que a mi papá no lo iba a ver más porque lo habían matado los militares. Me puse a llorar, no tenía más de cinco años. A partir de ahí mi niñez se divide claramente en dos partes, antes y después de la desaparición de mi papá».

Al llegar a la adolescencia, los hijos de padres asesinados por la dictadura o desaparecidos necesitan buscar información sobre sus progenitores como un elemento básico de la construcción de su identidad. Así, una mujer de 28 años, con madre desaparecida, le dijo al equipo EATIP (2009, p. 230): «A los 18 ó 19 años, empecé a buscar a compañeros de militancia de mi mamá. Necesitaba que me contaran cómo era ella, cómo era la vida de mi mamá cuando yo era bebé, qué sabían de lo que había pasado, cómo era mi mamá conmigo». Y es que, añade el equipo EATIP, el adolescente siente la necesidad de «descubrir» a sus padres y busca activamente información sobre ellos.

Todo lo anterior puede aplicarse al caso de los republicanos que, al acabar la guerra, permanecieron en España. La terrible represión que padecieron les impidió superar los traumas que les produjo la guerra y les creó otros nuevos. No olvidemos que, en España, al acabar la guerra no terminó el conflicto. No hubo paz, sino victoria y venganza. «La dictadura impuso una rendición incondicional, con un ensañamiento que desató una violencia genocida, de masacre sistemática, especialmente en las clases bajas, las naciones oprimidas y, más aún, en las mujeres. Así pues, el terror, además de una actividad con finalidad represora, se convirtió en un método de control social y en un elemento importante de la forma de gobierno franquista, imponiendo el silencio como única posibilidad de sobrevivir» (Miñarro y Morandi, 2012b, p. 18). Pero ese silencio duró demasiados años como para no dejar huellas en el psiquismo de los vencidos, dado que fue profundamente traumático. Claramente lo dice Teresa Morandi (2012b, p. 79): «A partir de nuestra clínica y de las entrevistas realizadas en el proyecto de investigación sobre efectos psicosociales como consecuencia de la guerra y la dictadura franquista en la subjetividad de los ciudadanos de Cataluña, hemos comprobado nuevamente –coincidiendo con diferentes autores– el peso que las herencias familiares y socioculturales tienen en la construcción del psiquismo de los sujetos y la importancia de tenerlo en cuenta, de hacerlo contar en las historias clínicas; específicamente la transmisión de acontecimientos violentos y traumáticos, entre diferentes generaciones». Y por si lo anterior fuera poco, como ya he dicho varias veces, el silencio de la democracia no hizo sino abrir más sus heridas (Rodrigo, 2006). Como señalan Gómez Marín y Hernández Jiménez (2011, p. 475), «el hecho de que sea la tercera generación tras la guerra, la que esté actualmente reclamando la restitución y el reconocimiento de las víctimas, así como “un lugar para la memoria”, es un indicador de que la Guerra Civil y sus malogradas consecuencias en la sociedad es un pasado que vuelve al presente, que no acaba de pasar, y las heridas no están cerradas en quienes las sufrieron y sus familias». Lo peor de todo fue que las víctimas no obtuvieron el apoyo social que necesitaban para paliar los efectos negativos de sus traumas y sabido es que cuanto menos apoyo social se tenga más difícil será la recuperación del trauma y más dañinos serán los síntomas del estrés postraumático. No es raro, pues, que de diferentes maneras transmitieran a sus descendientes esos traumas.

Una de las cosas que más contribuyeron a enquistar los traumas en muchos vencidos fue que solo los vencedores fueron autorizados a localizar, exhumar y reinhumar los restos de sus seres queridos, mientras que a los vencidos les estuvo prohibido hacer lo mismo con los suyos. Es más, «los deudos de los vencedores no solo recibieron ayudas económicas para llevar a cabo estas tareas, sino que algunas fosas pudieron acotarse y beneficiarse de la misma protección legal que los camposantos. En la mayoría de los pueblos y las ciudades se celebraron grandes manifestaciones, con la participación de autoridades civiles y religiosas, para rendir tributo a los muertos del bando vencedor» (Aguilar, 2018, p. 303). Es fácil imaginar cómo se sentirían los familiares de los republicanos asesinados y arrojados a fosas comunes al ver eso. Muy pocos pudieron recuperar los restos de sus seres queridos y enterrarlos con dignidad. «Pero en ninguno de estos casos los familiares pudieron añadir inscripción alguna en las lápidas mortuorias. Hasta tal punto llegó la obsesión de los vencedores por intentar borrar de la faz de la tierra cualquier indicio de que los represaliados habían llegado a existir» (Aguilar, 2018, p. 304).

En suma, concluye Paloma Aguilar, aunque hay excepciones, «en términos generales, los familiares de las víctimas de la represión franquista no pudieron desenterrar a los suyos. Tampoco les autorizaron a celebrar funerales […] Lo que los allegados de los vencidos perciben como agravio y humillación es que sus familiares hayan estado tanto tiempo –y en no pocos casos aún estén– «tirados como perros» (esta es una expresión que se repite constantemente en las entrevistas) y que sus nombres hayan sido vilipendiados o, en el mejor de los casos, relegados al olvido, como si nunca hubieran existido. De hecho, muchos de ellos ni siquiera pudieron ser inscritos en el registro de defunciones hasta bien entrada la democracia, con todos los problemas que ello conllevaba para sus familiares. La prohibición, tanto de trasladar a los muertos como de ofrecer a sus deudos un lugar digno donde enterrarlos, y de celebrar cualquier ritual de luto en su memoria, había dejado unas heridas profundas que permanecían manifiestamente abiertas cuando se inicia la transición. Muchos miles de asesinados no figuraban en registro alguno y sus restos no reposaban en los camposantos (salvo, en ciertos casos, en fosas comunes sin identificar)» (2018, p. 305). ¿Cómo no iban a mantener los descendientes abiertas sus heridas y agravados sus traumas?

Es más, incluso después de morir el dictador, las revistas que osaron publicar los actos conmemorativos de los entierros que hicieron las pocas familias que consiguieron recuperar de las fosas comunes los restos de sus seres queridos, e incluso algunos párrocos que habían participado en ellos, sufrieron serias amenazas de la derecha y extrema derecha; y a veces más que amenazas. Y no se conoce que nadie recibiera por ello castigo alguno por parte de la judicatura. Por ejemplo, como nos cuenta Aguilar (2018, pp. 318-319), «la revista Punto y Hora de Euskal Herria, en la que Jimeno Jurío había empezado a publicar los primeros resultados de sus investigaciones, sufrió un atentado con bomba de la Triple A. Interviú, que fue la revista de tirada nacional que más cobertura dio a las exhumaciones del primer ciclo, recibió muchas amenazas, algunas de ellas se llegaron a publicar en la sección de cartas al director. Cuadernos para el Diálogo, que publicó en 1976 el primer reportaje sobre una exhumación, recibió anónimos intimidatorios de la extrema derecha, hasta el punto de que la redacción de la revista tuvo que recibir protección policial». Y es que, concluye Aguilar (p. 319), «a la derecha, desde luego, le horrorizaba la posibilidad de que el fenómeno de las exhumaciones se acabara extendiendo por toda España, poniendo con ello en entredicho la legitimidad del relato franquista, según el cual los únicos responsables de las atrocidades de la guerra habían sido los republicanos».

2. Trauma psíquico y su transmisión transgeneracional

Dias y Ressler (2014) hicieron que unos ratones olieran flores de cerezo a la vez que les administraban un shock eléctrico aversivo. Tras varias repeticiones los ratones se paralizaban de miedo en presencia del olor, aunque no hubiera descarga eléctrica, lo que era esperable dado que se trataba de un ejemplo típico de condicionamiento pauloviano. Pero lo sorprendente fue que esta respuesta condicionada se mantuviera durante al menos cinco generaciones de ratones. «En otras palabras, cuando los tataranietos de aquellos ratones condicionados mediante el experimento olían la fragancia de flores de cerezo se quedaban igualmente paralizados por el miedo, como si también hubieran sido condicionados por el shock eléctrico”[48] (Levine, 2018, p. 200). Ello tiene importantes implicaciones para el estudio de la transmisión del trauma en los humanos. Por ejemplo, trabajando con hijos de supervivientes del Holocausto, Peter Levine observó que sus sujetos creían percibir un olor nauseabundo a carne quemada a la vez que tenían una intensa reacción visceral de nauseas, miedo y un gran terror de que pasaría algo horrible. Este mismo autor encontró también síntomas de ansiedad generalizada y depresión en hijos y nietos de supervivientes, notando que a menudo describían también imágenes, sensaciones y emociones concretas, la mayoría horribles, acerca de sucesos que eran reales pero que ellos no pudieron haberlos vivido. «En algunos casos específicos pude comprobar que, en realidad, eran sucesos vividos por los padres, y no por los hijos. No obstante, los hijos claramente experimentaban los recuerdos traumáticos de sus padres como si fueran propios. Curiosamente, muchos de los padres y abuelos no habían compartido previamente estos recuerdos con sus descendientes» (Levine, 2018, pp. 201). También Rachel Yehuda, relevante investigadora de los efectos neurobiológicos del trauma intergeneracional en las víctimas supervivientes del Holocausto, encontró claros cambios en los niveles de cortisol y otros marcadores fisiológicos de la ansiedad en esas personas (Yehuda et al., 1998).

Aunque los expertos todavía tienen muchas dudas en este campo, al parecer, pues, en este aspecto tenía más razón Lamarck que Darwin, aunque el propio Darwin ya hablaba de los caracteres adquiridos en El origen de las especies: los caracteres adquiridos pueden transmitirse biológicamente a los hijos. La epigenética es la rama de la biología que intenta identificar los mecanismos de esta transmisión. El trauma es uno de los campos donde más se ha estudiado tal transmisión. McGoldrick y Gerson (2008) presentan el genograma familiar como herramienta para analizar la calidad de las relaciones transgeneracionales a lo largo de la historia de la familia, mientras que Watzlawick et al. (1981) encontraron en Palo Alto que los estilos transgeneracionales de comunicación están relacionados con la expresión de conductas patológicas. En suma, a comienzos de los noventa aún se creía que la transmisión generacional del trauma carecía de base científica, pero durante los últimos años se está comprobando que existe, e incluso se han hallado algunos de sus mecanismos epigenéticos, moleculares y bioquímicos , aunque se trata de una campo de investigación todavía incipiente.

Aunque había algunos antecedentes, fue sobre todo a partir de los años 70 y 80 del siglo XX cuando aparecieron numerosos estudios sobre la transmisión de los traumas psicológicos producidos por las catástrofes políticas y sociales a la segunda, tercera y hasta cuarta generación (Haesler, 1992; Levine, 1982; Puget et al., 1989; Schacht, 1977; Stern, 1986). Esa transmisión se hace principalmente en el proceso de construcción de la subjetividad. La familia transmite a sus vástagos muchas cosas positivas, como el legado cultural o el simbólico, pero también algunas negativas, como los traumas. En efecto, «las huellas que no alcanzan representación simbólica se legan como herencia con toda su capacidad traumática. […] Los hijos pueden estar afectados por el funcionamiento psíquico de abuelos o ancestros que no han conocido, pero que ha marcado a sus padres» (Morandi, 2012b, pp.82-83). Dado que la transmisión de los traumas de las víctimas del franquismo apenas ha sido estudiada, pueden servirnos de gran ayuda los estudios existentes en el caso del Holocausto (Barocas y Barocas, 1973; Lev-Wiesel, 2007; Rowland-Klein, 2004) y en el de las dictaduras latinoamericanas, como Chile (Becker y Díaz, 1998; Biedermann, 1991; Brinkmann et al., 2009; Cabrera et al., 2017; Díaz, D., 2011; Díaz, M., 1991, 1995; Faúndez, Brackelaire y Cornejo; 2013; Faúndez y Cornejo, 2010; Fischer, 2013; Latapiatt, Moscoso y Zilveti, 2007); Argentina (Bekerman et al., 2009; Edelman, Kordon y Lagos,1998); Brasil (Cardoso et al., 2009) o Uruguay (Scapusio et al., 2009). Todos ellos vieron que las situaciones traumáticas producidas por la violencia política tenían efectos dañinos para varias generaciones de descendientes, no solo para las víctimas directas.

René Kaës (1996) considera que lo que se transmite es sobre todo aquello que no se puede retener o que no se recuerda a causa de la culpa, el miedo o la vergüenza. Por su parte, Garciandía Imaz y Samper Alum (2016) entienden lo transgeneracional como «esas presencias vivas de los significados obtenidos de las relaciones, personas, historias y mitos familiares que habitan el contexto, el mundo interior y alimentan el síntoma» (p. 26), lo que es de gran interés para entender los síntomas de los hijos y los nietos de las víctimas del franquismo. De hecho, es entendible que por diferentes vías se transmita el trauma a los hijos si, como concluyó la Comisión Nacional sobre Prisión Politica y Tortura (CNPPT, 2004, p. 495), «casi todos (los chilenos torturados) consideraban que la prisión y tortura habían tenido efectos devastadores en sus vidas. A los trastornos de su salud física y mental se sumaba la perturbación de sus relaciones sociales, afectivas y sexuales, que llegó a deteriorar, a menudo, los vínculos con sus familiares y sus parejas, causando, en muchos casos, rupturas insalvables». No es de extrañar tampoco que los hijos y los nietos de las víctimas del franquismo (desde 1936 hasta 1975) aún tengan secuelas psicológicas, sobre todo, como ya he dicho, de dos tipos: las que les transmitieron directamente sus padres, y las que les provocó el constatar lo mal que la democracia estaba tratando la memoria y la dignidad de sus antepasados.

Para entender bien la transmisión transgeneracional de los traumas es importante tener en cuenta el concepto de «posmemoria», acuñado por Marianne Hirsch para hacer referencia a la relación entre los hijos de los supervivientes del Holocausto y los recuerdos que sus padres les transmitieron a través de las narraciones, de los silencios o de las fotografías familiares. Ella lo explica así: «A medida que […] hablaba con otros hijos de supervivientes, me di cuenta de que todos compartíamos ciertos rasgos y síntomas, lo cual nos convertía en una posgeneración. Empecé a preguntarme por qué podía recordar con todo lujo de detalles ciertos momentos de las vidas de mis padres durante la Guerra, y sólo unos pocos relativos a mi infancia. […] Me llevó mucho tiempo reconocer y nombrar estos síntomas, la magnitud de los recuerdos de mis padres y el modo en que me sentía desplazada por ellos. Estos momentos de su pasado constituyeron el material de mis fantasías y miedos nocturnos, ya que era sobre todo de noche cuando de niña me imaginaba cómo había sido la vida de mis padres, cuyo legado estaba recibiendo, qué duda cabe, sin darme cuenta» (Hirsch, 2015, p. 18). Por eso, añade, el término posmemoria «describe la relación de la “generación de después” con el trauma personal, colectivo y cultural de la generación anterior, es decir, su relación con las experiencias que “recuerdan” a través de los relatos, las imágenes y comportamientos en medio de los que crecieron. Pero estas experiencias les fueron transmitidas tan profunda y afectivamente que parecen constituir sus propios recuerdos. La conexión de la posmemoria con el pasado está, por tanto, mediada no solamente por el recuerdo, sino por un investimento imaginativo, creativo, y de proyección. Haber crecido entre los recuerdos abrumadores de los demás, y estar dominado por narrativas previas al nacimiento de uno mismo o anteriores a la propia consciencia significa correr el riesgo de que las historias de nuestra vida se vean desplazadas o incluso despojadas por las de quienes nos preceden. Significa estar moldeado, también de forma indirecta, por fragmentos traumáticos de acontecimientos cuya reconstrucción narrativa supone un desafío, dado que escapan a nuestra comprensión. Los sucesos del pasado hacen sentir sus efectos en el presente». Con ese concepto pretende Hirsch dar respuesta a sus preguntas sobre «cómo se transmite el trauma entre generaciones, de qué manera lo recuerdan aquellos que no lo vivieron o que no poseen una experiencia física de él» (p. 28). Y es que, según ella, la posmemoria es «una estructura de transmisión generacional inserta en varias formas de mediación» (p. 61). Por eso es esencial investigar las fotografías y las narrativas familiares en cuanto soportes de memoria y de pérdida.

Ahora bien, ¿cómo se transmiten los traumas? Según Teresa Morandi (2012b, p. 83) «la transmisión, en una y otra vertiente, opera por vía de la identificación». Y añade (p. 84): «El proceso de identificación no es una imitación, sino una apropiación inconsciente: algo no propio se hace propio». En ese proceso, los silencios cumplen un papel crucial, pues tienen unos efectos psicológicos y psicosociales realmente perversos. Otros autores (Felsen, 1998; Kendler, 1988; Schwartz, Dohrenwend y Levav, 1994) diferencian entre dos tipos de transmisión del trauma. Por un lado, la directa, a través de la cual los niños aprenden a comportarse y a pensar en forma similar a la de sus padres; y por otro, la indirecta según la cual los efectos del trauma de los padres causan dificultades en su paternidad, lo que ocasiona problemas en los niños. Pero según Stolorow y Atwood (2004), en línea con Martín Baró, los traumas psicológicos no son producto de mecanismos intrapsíquicos, sino de la interacción entre las personas o entre la persona y el ambiente social. El trauma infantil se origina y se desarrolla dentro del contexto relacional. En ese contexto una experiencia dolorosa se vuelve traumática cuando el entorno no es capaz de dar la respuesta necesaria que permita tolerar, contener y aliviar el impacto doloroso.

La investigación sobre transmisión del trauma comenzó estudiando a hijos de supervivientes del Holocausto, observando en ellos síntomas como depresión, fobias, ansiedad o sentimiento de culpa asociados a patologías en los padres (Rowland-Klein, 2004). La frecuencia con la que los hijos experimentaban estos síntomas y el sufrimiento asociado a las experiencias traumáticas vividas por los padres, llevó a explorar las relaciones familiares, viéndose tres cosas: dificultades en la disponibilidad emocional de los padres hacia los hijos (Wardi, 1990, citado en Chaitin y Bar-On, 2002); patrones problemáticos de comunicación, sobre todo silencio absoluto sobre las experiencias traumáticas (Danieli, 1998); y sobreimplicación de los padres en la vida de sus hijos, lo que les hacía difícil su autonomía (Barocas y Barocas, 1973). Se han realizado estudios similares con hijos de presos políticos torturados o asesinados por las dictaduras de América Latina, sobre todo en Argentina, Chile y Brasil. Así, Cardoso et al. (2009) observaron en Brasil dos características en los hijos de víctimas de tortura: evitaban hablar del tema con la familia a causa del dolor que les producía a ellos y a sus padres, y tenían sentimientos de culpa, tanto los padres por haber sobrevivido a la tortura y/o por creer que eran responsables de alguna situación indeseable, como los hijos al verse en mejor situación que sus padres, dado que ya no había terrorismo de Estado. Biedermann (1991), Becker y Díaz (1998) y Díaz (1991, 1995) encontraron en Chile que el trauma de estas víctimas dificulta el proceso de formación de la identidad de los hijos (Becker, 1994), impidiéndoles realizar proyectos de vida. Además, también constataron que a los padres les costaba mucho tolerar la independencia de sus hijos adolescentes, lo que dificultaba sus relaciones con ellos. Se observó que también los hijos de torturados, que habían nacido en Chile después de la dictadura, mantenían los efectos del trauma (Brinkmann et al., 2009). Además, los traumas eran mayores cuando percibían que los torturadores quedaban impunes.

También el equipo EATIP encontró que los traumas de las víctimas de la dictadura chilena se transmitían a los hijos sobre todo cuando las marcas de la represión no habían sido bien elaboradas por los padres. «Las marcas dejadas en el cuerpo social por las situaciones traumáticas de la dictadura hacen su aparición sintomática en el presente, frente a aquellas situaciones que reinstalan en la escena pública aquello que aún no ha podido ser elaborado. Es el caso de acontecimientos que ponen en primer plano la impunidad existente en materia de violaciones a los derechos humanos, que opera como un factor de retraumatización, incidiendo sobre las huellas dejadas por los sucesos traumáticos primarios, complejizando aún más el trabajo de elaboración» (EATIP, 2009, p. 240). Entre las marcas más frecuentes en los hijos de las víctimas están las siguientes (pp. 239-240): 1) La repetición de relatos traumáticos en el discurso familiar; 2) Una imposición más o menos explícita de guardar silencio sobre lo ocurrido; 3) La sensación de «ser diferentes a los demás», lo que les dificulta la integración en ciertos grupos y lo que les lleva a tener miedo de no ser comprendidos y quedar aislados; y 4) La presencia de fuertes mandatos superyoicos vinculados a la idealización de la vida de sus padres y deseos de continuar con sus proyectos e ideales. Ahora bien, si es así en Chile, ¿cómo se sentirán los hijos y nietos de las víctimas del franquismo si aquí la impunidad de los asesinos y torturadores fue total e incluso han recibido homenajes en plena democracia?

Es evidente, pues, que el trauma causado por la represión tanto de los nazis como de los dictadores sobre sus víctimas permanece en los hijos. Sin embargo, hay pocos estudios que traten la situación de la tercera generación, la de los nietos (Lev-Wiesel, 2007), pero los que hay muestran claramente que el trauma se transmite también a ellos, como encontraron Chaitin (2000) en Israel, Rosenthal (1998) en Alemania o Bender (2004) en Estados Unidos. Ni en Chile ni en el resto de Latinoamérica existían hasta hace poco estudios sobre este tema. Pero, concluyen Faúndez y Cornejo (2010, p. 46), tras 35 años del golpe de Pinochet, podemos decir que existe tal transmisión a los nietos, habiendo un gran número de ellos cuyas vidas están marcadas por el trauma transmitido. También los estudios de Faúndez (2013; Faúndez, Brackelaire y Cornejo, 2013; Faúndez et al., 2014) observaron la permanencia del trauma en los nietos, sobre todo si no se generaron espacios de reconocimiento, verdad y justicia para las víctimas, pues en ese caso no es fácil elaborar el trauma. «Cuando un estímulo traumático no puede ser elaborado, la situación traumática queda encapsulada, cercada y enquistada como una piedra en el psiquismo. Es un enquistamiento traumático y traumatizante. Este, junto con los efectos que produce en el espacio personal y familiar, se trasmite a los hijos y a las generaciones posteriores, organizado ya sea como zonas ambiguas instaladas en el vínculo y en la inserción de éste en la red social en la que la familia funciona; o como un secreto de familia del que hay múltiples indicios, pero del que existe una condición básica que es la de que no se puede hablar» (Kordon y Edelman, 2007, pp.112-113).

En conclusión, «a diferencia de los recuerdos “ordinarios” (tanto buenos como malos), que son mutables y cambian con el tiempo, los recuerdos traumáticos son fijos y estáticos. Son huellas (engramas) de experiencias abrumadoras del pasado, profundas impresiones grabadas en el cerebro, cuerpo y psique de la víctima. Estas duras huellas congeladas no ceden al cambio ni se actualizan fácilmente con nuevas deformaciones […] De esta forma, “el pasado continúa vivo en el presente”» (Levine, 2018, p. 33). Como escribió William Faulkner: «El pasado nunca muere. Ni siquiera es pasado». Así, «cuanto más tratamos de deshacernos de esos recuerdos recurrentes, más nos persiguen, atormentan y sofocan nuestra fuerza vital, restringiendo seriamente nuestra capacidad de vivir en el aquí y ahora. Los individuos traumatizados paralizan su vida hasta que, de alguna manera, son capaces de procesar esas irrupciones, asimilarlas y finalmente crear un relato coherente que les ayude a acallar esos recuerdos; o, dicho de otra forma, hacer las paces con sus recuerdos» (Levine, 2018, pp. 36-37). Y asociaciones como la ARMH ayudan a las víctimas a crear ese relato coherente que les facilita superar sus traumas.

Pero si contar la experiencia traumática constituye una terapia eficaz para hacer frente al trauma, otra medida imprescindible para ello es la justicia reparadora: «Los juicios cumplen una función didáctica; no sólo revelan hechos y responsabilidades sino que también marcan (seré más preciso: deberían marcar) la memoria colectiva. […] Las ausencias deben ser enunciadas en función de futuro: en tanto legado para quienes compartieron esos tiempos, para quienes todo eso “ya pasó”. Porque lo notable es que no ha pasado, que sigue ocurriendo, que los asesinos andan sueltos» (Sosnowski, 2005, p. 250). Y las víctimas del franquismo vieron cómo sus asesinos siempre estuvieron libres y en posiciones de poder, siendo admirados, elogiados y homenajeados de diferentes maneras: incluso el actual papa «progresista» ha seguido beatificando a docenas de las víctimas de un bando, mientras se sigue exigiendo silencio a las del otro bando.

3. Transmisión del trauma a los descendientes de las víctimas del franquismo: Factores facilitadores y agravantes

Los españoles todavía vivimos en un marco de significados diseñado por la dictadura de forma que esta nos sigue influyendo. La larga duración de la dictadura permitió a la Iglesia y a la Falange conformar la mente de los españoles casi sin contrapesos. No es raro que la cosmovisión del franquismo aún se mantenga y no solo en las personas de derechas (Graham, 2013, p. 224). ¿Cómo, si no, podríamos entender la oposición extrema al actual gobierno al que tratan de «ilegítimo», a pesar de que ha salido de las urnas y de una mayoría parlamentaria, no habiendo ninguna posibilidad aritmética de hacer otro gobierno distinto? ¿Cómo se explica el auge de Vox? Ese franquismo que subyace aún en tantos españoles hace que los traumas de los herederos de las víctimas se agraven aún más, lo que explica el que las familias sigan buscando a sus seres queridos desaparecidos. Y eso ayuda a entender «la satisfacción y tranquilidad con la que terminan el enterramiento tras exhumar al familiar de donde fue enterrado de forma anónima y precipitada» (Armañanzas, 2012, p. 15). Como dice este autor, «en algunas narraciones de nietos cuando han encontrado los restos y los han trasladado al cementerio, la vivencia que transmiten es de un funeral en tiempo real».

En España, escribe Clara Valverde (2014), a 80 años de terminar la Guerra Civil y tras 42 años de democracia, el tema de la transmisión del trauma no ha sido aún estudiado y por tanto no es raro que el impacto transgeneracional de la represión franquista sea completamente desconocido por la sociedad. Y añade (2014, p. 19): «Ni las valientes asociaciones que trabajan en la exhumación de las fosas comunes (casi todas aún sin abrir), ni los profesionales de la salud mental, ni los que luchan por una sociedad más democrática, son conscientes del enorme impacto de la transmisión de la violencia del siglo XX en nuestra generación y en las próximas». Pero las víctimas sí sienten tal impacto. De hecho, cuando Olga Fernández Quiroga (2006, 1ª y 2ª) preguntaba a los descendientes de las víctimas del franquismo: «¿Piensa que su familia ha sido afectada de alguna manera?», el 95 por ciento respondía afirmativamente y sólo el 3 por ciento decía que no. Además, esta autora destaca dos situaciones muy complicadas para muchas mujeres que necesariamente produjeron en ellas grandes traumas que transmitieron a sus hijos: 1) Mujeres a las que habían asesinado a su marido y cuya familia (padres, hermanos y sobrinos) era franquista. «Estas personas sufrieron otra especie de silencio familiar y estaban más muertas que nadie ya que para la propia familia eran traidoras, malditas y borradas de la historia familiar para siempre» (2006, 2ª, p. 42); y 2) También sufrieron mucho las mujeres alejadas de la política activa, pero que estaban muy enamoradas de sus maridos implicados políticamente, cuando, mientras luchaban para sacar adelante a sus hijos y defendían a su cónyuge, se enteraban de que este, exiliado, tenía otra mujer y otros hijos y que nunca volvería. Estas mujeres ya no levantaron cabeza mientras que sus hijos sufrieron traumas muy graves. Por consiguiente, no es de extrañar que numerosos nietos de las víctimas del franquismo aún tengan graves secuelas psicológicas.

No obstante, como escribe Armañanzas (2012, p. 13), también los descendientes de los asesinos tienen sus traumas porque, aunque el franquismo lo ocultó continuamente, muchos fascistas llegaron con culpa al final de sus vidas, y eso produce un trauma que también se transmite a hijos y nietos. Por tanto, sigue siendo fundamental analizar cómo la experiencia de perder la guerra y sufrir la exclusión y la represión durante cuarenta años influye en los nietos de las víctimas directas, que son quienes ahora tienen entre 40 y 65 años, incluso cuando ellos no vivieron el franquismo y no sufrieron lo peor del rechazo social que padecieron sus padres. Tal rechazo, en forma de constantes insultos en la escuela y en la calle por parte de los vencedores, influyó en la formación de su personalidad y en su bienestar psicológico, creándoles traumas que, por distintas vías, transmitieron a sus hijos y nietos. Entre los factores que facilitan y agravan tal transmisión destacan estos:

1) Silencio: aunque ya en los años 30 había estudios en Estados Unidos sobre el impacto emocional que los esclavos negros transmitían a sus descendientes (Cross, 2010), la investigación sistemática de este tema tiene su origen en Canadá a primeros de los años 60, con hijos de supervivientes del Holocausto que acudían a los servicios sanitarios en busca de ayuda psicológica (Raskoff, 1966). Desde entonces, se han realizado muchas investigaciones que aportan interesantes datos confirmatorios de esa transmisión. Los traumas se transmiten sobre todo a través del silencio: al no hablarse del tema, el trauma se transfiere a los hijos por vías no verbales, sobre todo emocionales. Cuando reina el silencio, subraya Cecilia Lewintal (2012, p. 119), «el trauma no se elabora; persiste por generaciones, pasando de padres a hijos, como una pesadilla, un horror que hereda la persona de la generación siguiente, como algo que hace mal y perdura. Se trata de la sombra amenazante de lo que se padeció y que deja huellas imborrables, heridas abiertas sin cicatrizar que perduran hasta nuestros días». Más aún, «cuando la narración no existe y aparece el silencio como un agujero en el texto de los padres, brota la repetición traumática en alguno de los hijos y en sus descendientes» (Morandi, 2012b, p. 84). Y uno de los efectos más terribles del silencio es la autoculpabilidad. «Si no fuera por tu culpa ¡no estaríamos así!, decía mi madre sin decir por qué. Mi padre callaba […] y yo crecí en este silencio, convencida de que había hecho algo muy malo […] Él no hablaba, yo no preguntaba. De mayor supe qué es lo que había hecho mi padre, me lo dijo una tía. Pero nosotros nunca hablamos, nunca pregunté» (entrevista realizada por Lewintal, 2012, p. 122). Otra persona entrevistada por Lewintal declaró (p. 122): «Vivió callando; hubiera dicho alguna cosa si hubiera podido, pero no pudo. Un silencio insoportable envolvía todo, formaba parte de la conversación donde se ocultaba lo esencial. No se hablaba de ello, pero esto encubría todas las relaciones». Y comenta Lewintal: «El silencio es una declaración de culpabilidad, no sólo persigue a la víctima, sino que la condena.[…] El sujeto acaba sufriendo el dolor de la culpa que lo enmudece […] Se pierde cada vez más, se ausenta de sí mismo, es un sujeto irremediablemente perdido, es el vencido que se da por vencido y se convierte en perdedor».

Lo anterior debe aplicarse al caso español, sin duda uno de los más tristes que se recuerdan. Como subraya Valverde (2014, p. 45), «las personas que vivieron lo peor de la violencia política del siglo XX en el Estado español (asesinatos en sus familias, torturas, desapariciones, humillaciones, exilio, amenazas, etc.), evitaron contar lo ocurrido a sus hijos y nietos para no hacerles daño psicológico y también porque estaban desbordadas por lo vivido. Pero además esa narrativa (palabras con emociones) no se compartió porque la represión del Estado prohibía hacerlo, bajo graves amenazas, durante la posguerra, la dictadura y en los primeros años tras de la muerte de Franco». En las familias de los vencidos reinó el silencio durante demasiados años. «Lo que no se pudo hablar por el miedo, la represión o el desbordamiento psíquico, fue transmitido de nuestros abuelos a nuestros padres y a nosotros de forma no verbal y en gran parte a través del inconsciente. Hemos heredado, sin darnos cuenta y sin desearlo, aspectos nocivos del impacto emocional de lo que vivieron nuestros abuelos […] La transmisión es portadora de secretos, de penas y de dificultades no resueltas. […] El inconsciente, como decía Freud, nunca olvida. Los comportamientos inconscientes de la generación que vivió un trauma como la guerra son percibidos y aprendidos, sin darse cuenta, por los hijos y los nietos mediante los silencios cargados de emociones, por los mensajes no-verbales que comunican que no se deberían hacer preguntas, por las maneras de evitar y reprimir las emociones y por los comportamientos y gestos cargados de intensidad» (Valverde, 2014, pp. 16-17). Para los hijos de las víctimas del franquismo su casa no era un lugar agradable, sino un lugar de conflicto y de trauma: crecieron en un hogar roto y conflictivo que les producía traumas. Según Lewintan, a menudo en las entrevistas a hijos de las víctimas se oyen frases como estas: «Mi casa era un caos», «Mi casa era un infierno». Y concluye (pp. 123-124): «Estos padres padecen una imagen desvalorizada de sí mismos que les afecta en su autonomía y les impide cualquier asunción de responsabilidad, y por ello se vuelven dependientes […] Esos padres descargan sobre sus hijos la violencia que viven internamente» (Lewintal, 2012, p. 123).

Tras la comprobación de la transmisión del trauma en diferentes países y en distintos contextos políticos (Danieli, 2010), en algunos de ellos se están llevando a cabo proyectos de elaboración, reparación y diálogo sobre esa transmisión que están obteniendo interesantes y esperanzadores resultados, y algunos de ellos han abierto la puerta a la creación de comisiones de la verdad.

2) Olvido: hay dos tipos de olvido, el obligado y el voluntario. Las dictaduras acuden al primero y la mayoría de las víctimas añaden el segundo. Para imponer su propia memoria, los dictadores obligan a olvidar las memorias de los vencidos. Franco no fue una excepción, sino todo lo contrario: los vencidos fueron obligados persistentemente a recordar los fundamentos del nuevo régimen en todos los ámbitos (escuela, Iglesia, fiestas, monumentos, etc.) y a olvidar su propia memoria. Ello socavó su identidad, lo que empeoró sus traumas, de tal manera que a ese olvido añadían el voluntario, de forma que en casa no se hablaba nunca de lo que les habían hecho. Silencio y olvido iban siempre juntos. Suele creerse que cuando se ha sufrido un trauma doloroso es mejor olvidarlo que darle vueltas al hecho que le ocasionó. Pero no es así. Aunque las cosas son complejas en este campo, siempre es peor el olvido que la memoria: el olvido deja la herida abierta y enconada; la memoria puede cerrarla y cicatrizarla. Es mejor recordarlo y contarlo. El mero hecho de convertir el trauma en discurso (literario o artístico) es ya una manera de dar un sentido a ese pasado traumático (Jelin y Longoni, 2005b). En Brasil se habló poco de la dictadura y de las víctimas, ni siquiera durante los gobiernos de Lula (Grael Reis, 2005), mientras que en Argentina se habló mucho más,[49] abordándose con frecuencia las desapariciones, el robo de niños nacidos en cautiverio o la detención en campos clandestinos. Tal vez eso sea una de las razones que explican el hecho de que hoy día la democracia esté mejor asentada en Argentina que en Brasil.

3) Ausencia de apoyo social: Lo que más empeoró el trauma de las víctimas del franquismo fue la pérdida del lazo social. El apoyo social es el factor más determinante a la hora de satisfacer o no las necesidades psicosociales más importantes. Cuando no se tiene se cae con facilidad en la indefensión aprendida e incluso en la depresión, aunque no olvidemos que en el ser humano no existen determinismos sino que tenemos grandes posibilidades de resiliencia. Sin embargo, sin apoyo social es mucho menos probable esa resiliencia. Y las víctimas del franquismo no lo tuvieron en ningún momento. Cierto es que también los vencedores tuvieron seres queridos asesinados en la zona republicana –especialmente en Madrid, Cataluña o Valencia–, y que también ellos sufrieron mucho por tales pérdidas. Pero, nunca les faltó apoyo social. Como recuerda Fernández Quiroga (2006, 1ª), «los vencedores tuvieron su lugar en la sociedad, su espacio para mostrarse, su tiempo para hacer el duelo si querían, su apoyo social y todos los privilegios de reparación y reconocimiento. ¿Por qué, pues, aún ahora, 70 años después, esta feroz negación a los otros?». Una de las razones de esto tal vez sea, añade esta autora, que «también para ellos hay aún un espacio oscuro de silencio, de miedo y de no querer saber». Por eso, también a los herederos de los vencedores les sería muy útil conocer su pasado, hacerle frente y reconciliarse con él, lo que constituiría una importante aportación a la reconciliación nacional, que tanta falta nos hace.

4) Duelo: cuando se nos muere un ser querido hacemos algunos rituales, empezando por la exposición pública del cuerpo, para constatar la realidad de la muerte y recibir las condolencias de parientes, vecinos y amigos; luego le enterramos públicamente para tener un lugar para recordarle. Todas las culturas han seguido siempre esos ritos para facilitar el duelo, ritos que ayudan mucho a sobrellevar la pérdida. De ahí la importancia de los funerales, velatorios y entierros en la elaboración del duelo, pues, entre otras cosas, sirven para dar apoyo social a los deudos. El duelo ayuda mucho a adaptarse a la nueva situación y a que el trauma sea menor. Pero nada de eso pudieron hacer docenas de miles de familias republicanas, las que ni siquiera pudieron recuperar los restos de sus seres queridos. Eso les ha creado unos traumas psíquicos que a menudo transmitieron a sus hijos y estos a los suyos. Se sabe que cuando una persona ha desaparecido como consecuencia de la represión política y sus familiares no pueden recuperar sus restos y hacer los ritos de despedida, les costará mucho hacer el duelo y superar el dolor de la pérdida, hasta el punto de que ese dolor puede hacerse crónico y traducirse en un TEPT difícil de superar, pues «el duelo que no se procesa es un pasado que no acaba de concluir» (Lewintal, 2012, p. 119). Como subraya Luis Martín-Cabrera (2011), hacer desaparecer a una persona, privando así a sus familiares de la posibilidad de enterrarla, de honrar sus restos, de hacer el duelo y, de esta manera, poder «cerrar» su vida, constituye una tortura terrible. A los desaparecidos no solo se les privó de la vida, es que también se les privó de la muerte. No están ya vivos, pero tampoco muertos, lo que supone un grado de dolor, sufrimiento e incertidumbre en sus familiares difícil de soportar, y crea en ellos un trauma terrible. Ese trauma es el que se transmite a hijos y nietos. Y décadas después, cuando ya se da por muerto al desaparecido, el hecho de no haber podido enterrarlo, ni haber hecho duelo, ni tener un lugar físico donde llevarle flores y recordarle, hace que el trauma persista durante varias generaciones.

¿Pero qué pasa cuando una parte relevante de la sociedad tiene un duelo pendiente, como ocurre en España? Son muchos los autores que señalan que en esos casos tendremos una sociedad herida y enferma para mucho tiempo. Es más, en un Estado de derecho, como se supone que es el español, si alguien desaparece, el Estado se hace cargo de buscarle y de hacer justicia. Pero el Estado español ha hecho dejación absoluta de sus obligaciones con los 120.000 republicanos desaparecidos, lo que ha agrava más aún el trauma de los familiares. El trauma se transmite incluso a los nietos porque tampoco ellos pueden hacer el duelo por sus abuelos, después de que sus abuelas no hubieran podido ni siquiera llorar en público por su marido ni vestir de negro. Para entender cómo funciona el duelo, veamos sus diferentes fases (Monbourquette y Aspremont, 2012):

1ª) Fase de shock: En el momento de la pérdida se produce un estado de shock que actúa como protección contra un sufrimiento difícil de asumir, pero ello produce una vulnerabilidad que puede hacer perder el sentido de la realidad.

2ª) Fase de negación: Aquí se pasa del shock a la negación del hecho como protección psicológica y como táctica para ir asumiendo gradualmente la pérdida. Pero existe el peligro de que persista la negación y haya un bloqueo que genere serios problemas psicológicos, pudiendo llegar incluso a producir algún trauma psíquico.

3ª) Fase de la expresión emocional: Esta fase constituye el centro del proceso porque es en ella donde se elaboran las emociones con respecto a la pérdida del ser querido: miedo, angustia, humillación, pena, rabia y desconfianza.

4ª) Fase de asuntos pendientes: Aquí se pasa a palabras lo que no se ha dicho. Promesas incumplidas y deudas imaginarias o reales; se habla de las deudas contraídas entre los vivos y los muertos.

5ª) Fase del perdón: Para quedar tranquilos a pesar de la pérdida es imprescindible el perdón dado que «la curación de la memoria transgeneracional requiere transitar por la ira sin quedarse atrapado en ella. Es necesario sentir la rabia para luego poder convivir con lo que uno es y reconocer lo que forma parte de su historia con todos sus personajes y acontecimientos» (Valverde, 2014, p. 137). Claro que es mejor pasar página, pero solo después de haberla leído y entendido, y de que el responsable de la pérdida del ser querido haga lo necesario para facilitar ese perdón.

6ª) Fase de la herencia: En esta fase se toma conciencia de lo que se ha recibido sin idealizar los acontecimientos ni las personas, transmitiendo la herencia a las generaciones siguientes para su desarrollo y enriquecimiento personal, familiar y social.

7ª) Fase de «dejar marchar»: Aquí se da un importante paso adelante puesto que, tras dejar atrás los fantasmas del pasado que interfieren en la vida personal, familiar y social, «se “deja ir” al ser querido y se continua la vida decidiendo, dentro de lo posible de forma consciente, sobre la vida que uno quiere vivir» (Valverde, 2014, p. 138).

8ª) Fase de después del duelo: Una vez que se ha aceptado la muerte del ser querido y que se ha comenzado a vivir una vida normalizada, sin que los recuerdos del pasado interfieran de forma dañina, «la persona, la familia y la sociedad, enriquecida tras el proceso de duelo, ve la pérdida como un ciclo generador de esperanza, ya que se ha producido un crecimiento a través del proceso de duelo. Es entonces cuando la persona puede abrir un espacio que le permita recibir y enriquecer su ámbito relacional. Las deudas emocionales contraídas por generaciones anteriores sólo pueden ser saldadas por las personas que las contrajeron […] De esta forma uno se puede liberar de un deber y de una culpabilidad que no son suyas. La insostenible tensión engendrada por el recuerdo de los acontecimientos dolorosos del pasado debe ceder el sitio a la paz» (Valverde, 2014, pp. 138-139). Pero para ello es imprescindible haber hecho el duelo dado que este, al desempeñar un importante papel de mediación entre la muerte y la vida, hace que esta sea más llevadera. Según Freud, la elaboración del duelo consigue que el recuerdo del difunto sea compatible con nuevos vínculos afectivos. «El duelo sitúa a los muertos y a los ausentes definitivamente en el pasado y de esa manera protege de su vuelta fantasmática al mundo de los vivos» (Dove, 2005, p. 147).

Por otra parte, los desaparecidos constituyen la representación más cruel de las dictaduras. Además, como sugiere Forster (1997, p. 35), el desaparecido, al padecer el silenciamiento absoluto de su biografía, arrastra la desaparición de toda memoria. Y en el caso español, el dolor y el trauma eran tremendos tanto cuando los familiares desconocían dónde estaba la fosa común –que era lo más frecuente– como cuando lo conocían –pues en este caso tenían terminantemente prohibido acercarse a ella y menos aún llevar flores–. Por eso podemos decir que de las fosas comunes emana una enorme violencia que es el resultado de una «maquinaria de terror destinada al sembrado de incertidumbre sobre el paradero y la identidad de las personas secuestradas o encarceladas y luego fusiladas» (Ferrándiz, 2010, p. 166). Dice Moreno (2019, pp. 41-42), que «la intención de deshumanizar, de deshonrar al enemigo enterrándolo como un animal, tendrá además su continuidad en las prohibiciones y amenazas contra cualquier expresión pública de duelo que intentaran realizar las familias». Pero, paradójicamente, la falta de enterramiento mantiene muy viva la memoria del desaparecido. De hecho, si no ha habido ni enterramiento ni duelo, entonces se mantiene todavía más viva la memoria del ser querido desaparecido, permaneciendo abierto el trauma individual y también el social.

4. Trauma y fotografía

La fuerza de las imágenes –y por tanto también de las fotografías– es inmensa. Pocas cosas han hecho tanto daño al nazismo como las fotos de los esqueletos de miles y miles de judíos transportados por máquinas excavadoras. Como escribe Langland (2005, p. 87), ¿quién de nosotros no se acuerda de cosas que nos han pasado cuando miramos nuestras fotos familiares? Las fotografías son la encarnación de la memoria. Son un dispositivo que ayuda a no olvidar lo fotografiado ni el contexto en que se hicieron. Las fotos son de gran ayuda también para tener siempre con nosotros a seres queridos ya fallecidos, por lo que cumplieron un papel muy saludable en los vencidos, quienes las utilizaron para reducir su dolor y sufrimiento y, por tanto, superar sus traumas psicológicos.[50] Y es que, «la transmisión de la memoria vinculada a los procesos de duelo la vemos objetivada en los usos que la familia hace de la fotografía, en la convivencia con imágenes que contienen la presencia del ausente» (Moreno, 2919, p. 25). Cuando las fotos representan contextos de violencia, el secreto es el lugar desde el que entenderlas (Kuhn, 2011). Como escribe Moreno, «el temor a los vecinos, entre los que normalmente se encuentran asesinos o denunciantes, hace que la familia despliegue en el seno mismo de su casa estrategias de encubrimiento» (2019, p. 25); esconder las fotos era algo habitual en los vencidos.

Existen miles de fotos de los judíos asesinados en el Holocausto y muchas imágenes del hallazgo de miles de cuerpos y de objetos personales arrancadas en el momento de la muerte (dientes, gafas, zapatos, cabello, etc.), o de las atrocidades cometidas en Ruanda, Camboya o Vietnam, pero no las hay sobre los desaparecidos en Argentina: no hay una sola foto que documente cómo ocurría lo que ocurrió (Langland, 2005, p. 87). Tampoco en España las hay de los asesinatos extrajudiciales, pero sí existen fotos de las fosas comunes, cuando se abren y aparecen huesos, calaveras o el sonajero del bebé (véase el film documental El silencio de otros). A pesar de que no existen imágenes de lo ocurrido a los desaparecidos, sin embargo «la fotografía se ha convertido en el símbolo por excelencia de la pérdida sufrida en los países del Cono Sur, y también de las luchas persistentes por la memoria que desde entonces se han desarrollado. Las muchas fotos de las personas desaparecidas, fotos sacadas en épocas más felices, de jóvenes sonriendo, de hombres, mujeres y bebés, se han tornado símbolos omnipresentes de las luchas interminables por la memoria, llevadas adelante por familiares y por los grupos de derechos humanos. Familiares de desaparecidos en Chile, Argentina, Uruguay y Brasil han hecho de estas fotos personales un recurso central en sus luchas políticas» (Langland, 2005, p. 88). Y es que, añade Victoria Langland, «el uso de las fotos de los desaparecidos ha llegado a ser parte de un lenguaje simbólico universal». Más que una mera encarnación de la memoria, las fotos son herramientas para luchar por la memoria, a causa, principalmente, de sus tres principales características (Langland, 2005):

1) En primer lugar, las fotos intervienen en la relación problemática entre palabra escrita y verdad. Decía Roland Barthes que «la esencia de la fotografía es ratificar lo que representa» (1981, p. 93).

2) En segundo lugar, no es solamente su supuesta relación con la verdad lo que hace de la fotografía una herramienta importante para las luchas por la memoria, sino más aún su fuerte impacto emocional y su capacidad para despertar sentimientos de conexión personal con lo que está siendo representado. Así, cuenta Samarone Lima (2002) que, aunque conocía bien las historias de los bebés desaparecidos, el encontrarse con sus fotos en el archivo Clamor, tocarlas y ver sus rostros le produjo una fuerte emoción que le impactó de una manera inesperada. En la misma dirección, Ludmila da Silva (2002) analiza cuán emocionalmente cargados están los archivos de la represión para los sobrevivientes, justamente por la cantidad de objetos personales y fotografías que hay allí. Su impacto emocional convierte las fotos en objetos cualitativamente diferentes de los documentos escritos y de otros «vehículos» de memoria.

3) En tercer lugar, señala Langland la utilidad de la materialidad y la reproductibilidad de las fotos para la implementación de políticas de la memoria, pues pueden publicarse en posters, libros, revistas y periódicos. De ahí que las Madres de Plaza de Mayo y otros grupos hayan hecho del empleo de la fotografía «un poderoso símbolo de sus luchas. Su uso de fotos abrochadas en sus ropas, ampliadas en carteles, envolviendo edificios, es emblemático de este lugar privilegiado que tiene hoy la fotografía en las luchas por las memorias» (Langland, 2005, p. 90).

También el franquismo hizo un uso muy intenso de las fotos, de forma que las de Franco y José Antonio estaban obligatoriamente en todas las aulas del país, una a cada lado del crucifijo. Y ello durante cuarenta años: varias generaciones de españoles nos hemos socializado en las aulas viendo continuamente esas dos fotos frente a nosotros, todos los días. Las familias de los republicanos asesinados o encarcelados también utilizaron sus fotos, pero no tuvieron más remedio que hacerlo en la intimidad del hogar y a escondidas, pues era peligroso dado que la Guardia Civil entraba en las casas para ver que en las salas de estar no hubiera fotos de los fallecidos. Por eso, a menudo tales fotos permanecían ocultas en el desván. Así y todo, las fotografías sirvieron para que los muertos tuvieran un lugar en su memoria, lo que era algo profundamente subversivo en una dictadura que intentaba borrar completamente la memoria del pasado republicano. «Una pequeña fotografía pegada al pecho en una cartera o guardada en una caja en el comodín de la casa, servía como escudo protector contra el poder adormecedor de esos aparatos (franquistas). […] Murieron real o socialmente muchos de los represaliados por el franquismo, pero no murieron sus presencias en fotografías, de manera que puede decirse que ellos de algún modo tampoco murieron; nunca murieron porque fueron objeto de interacción y diálogo fortísimo en el interior de las casas, guardadas algunas en cajas de madera, cartón o latón, o presidiendo otras la galería de antepasados que poblaba el salón o, en fin, acompañando trasiegos personales en el interior de carteras» (Moreno, 2019, p. 12). Y añade Moreno que esas fotografías funcionaban como altares profanos «donde se preservaba y se reactivaba constantemente el cariño familiar, la dignidad personal y ese mundo tan distinto al que oficialmente se vivía».

A veces una foto contiene varias memorias, como es el caso de Benita Lillo que nos cuenta Moreno. Su marido, Anastasio Goodoy Hervás, estaba en la cárcel de Ciudad Real y ella en la de Gerona. En una de las cartas que envió a su esposa, ocho meses antes de ser fusilado, escribía Anastasio: «Dime cuanto sepas de los niños, si te han escrito a ti… pues es de los que más me acuerdo. Casi siempre estoy con tu retrato y el de ellos y así paso ratos agradables». Lo mismo podemos decir, añade Moreno, de la fotografía de sus hijos que Santiago Vera llevó consigo de una cárcel a otra. En una carta que escribió a su esposa, también encarcelada, decía: «De lo que dices de la fotografía de los niños, pues ya puedes comprender el gusto que tengo de tenerla y aunque no los veo personalmente me basta la fotografía para besarlos y con esto me consuelo; pero no dudo que tus deseos son también muy grandes y te lo mandaré tan pronto como me digas. A la pequeña no la conocía, si me la presentan antes a ella sola no hubiera podido decir quién era. Está muy bonita y gordilla. Qué ganas tengo de abrazarlos a todos y a ti igual. Todos tuvieron que conformarse con abrazar y besar sólo fotografías» (Moreno, 2019, pp. 12-13). El mundo de las fotos nos muestra la tristeza, durante décadas, de la vida de los españoles que perdieron la guerra.

Muy subversivas son las fotos de las fosas comunes del Holocausto o de las españolas, dado que han contribuido a mantener la memoria. Cuando los cuerpos son enterrados se borran las huellas y comienza el olvido, pero las fotografías hacen que permanezca su memoria. El trabajo de la posmemoria consiste en desenterrar las fosas, desempolvar el olvido, analizar lo que se oculta bajo la superficie que esconde los crímenes e intentar ver qué revelan las fotografías y lo que en ellas está oculto (Hirsch, 2015).

5. Cómo se transmite el trauma a las siguientes generaciones

Muchos creen que con el tiempo los traumas se van superando, porque «el tiempo lo cura todo». Por eso están convencidos de que, con los años que han pasado, los herederos de los vencidos no pueden seguir teniendo los traumas que les produjo el franquismo. Pero lo que no saben es que, si no se ha hecho el duelo ni se ha elaborado bien el trauma, este es transmitido a los hijos y nietos, pero agravado (Fromm, 2012). Todo trauma no elaborado adecuadamente tiende a enquistarse y hacerse crónico, con lo que, de una u otra manera, se transmite a los descendientes, máxime en el caso español, en el que las víctimas no pudieron hablar de sus traumas y el silencio reinó dentro de los hogares. Por miedo y para proteger a los hijos, las madres, con el marido asesinado o encarcelado, optaban por no contar nada, lo que aumentaba más no solo su propio trauma, al no poder exteriorizarlo, sino también el de sus hijos, dado que sólo tenían información confusa y no explícita. De ahí que «ningún debate sobre el trauma generacional quedaría completo sin al menos reconocer un intrigante aspecto de la transmisión traumática que parece desafiar toda explicación […] me refiero a la transmisión de importante información implícita, incluso capaz de salvar la vida, cuyo origen puede rastrearse a través de varias generaciones de la historia de una familia» (Levine, 2018, pp. 203). Por eso resulta esencial descubrir cómo se transmiten los traumas de padres a hijos.

Según el psicoanálisis, cuando una persona no elabora bien sus conflictos psicológicos se produce un trauma que queda aparcado en el inconsciente y el «retorno de lo reprimido» tiene lugar en la tercera generación, la de los nietos (Young, 2007). Es en esa generación donde reaparece «la acumulación de los síntomas del inconsciente de los padres y de los abuelos. Esto hace que la tercera generación de una situación traumática colectiva sea el grupo más vulnerable» (Valverde, 2014, p. 71): en ella se acumulan los conflictos y traumas de sus padres y abuelos. Miñarro y Morandi (2009, pp. 458-459) resumen así ese proceso en las víctimas del franquismo: en la primera generación y en una parte de la segunda el horror de la guerra y la represión produjo un vacío, pero el dolor estaba tan presente que se mostraba sin palabras produciendo un gran trauma psíquico y afectivo que se transmitió a los hijos. La segunda y tercera generación han heredado parte del agujero dejado por el trauma. Con respecto a la generación de los bisnietos aún no hay datos significativos, pero los que hay muestran que ha habido un encuentro del psiquismo con un hecho traumático, ha aparecido una irrupción violenta que ha dejado como marca una herida abierta, que es preciso cerrar para su bienestar. Es sobre todo el componente emocional del trauma el que más se transmite, afectando al carácter de los hijos y de los nietos. Lo que realmente ocurrió, según estas autoras (pp. 458-260), fue que «el “desamparo”, tanto en la guerra como en la posguerra y la dictadura, transformó y modificó los vínculos –los vínculos de referencia– y desarticuló los ejes de la pertenencia social, incrementando una cohesión defensiva. […] Esas experiencias de horror se han incorporado en el psiquismo como un cuerpo extraño. Se “expresan a veces como síntoma físico” y otras, como “huellas” ancladas en el carácter, en forma de aprensión, el miedo a un gesto, a una mirada, a una palabra […] “El clima que se transmitió fue de enrarecimiento y desconfianza”, incluso hacia los propios hijos». Sin embargo, concluyen (p. 460), el problema tiene solución y «algunos ciudadanos de estas generaciones han hecho el difícil camino de “volver narrable su experiencia” por diferentes vías: testimonio, análisis, terapia y otras».

Vamik Volkan (1996) analiza lo que pasa en las cuatro primeras generaciones después de una guerra u otra situación de violencia pública:

1) Primera generación (los padres o víctimas directas): Quienes vivieron la situación traumática están demasiado desbordados psicológicamente para hacer el duelo y resolver la humillación. Se sienten culpables de lo que les pasó y están avergonzados. Por ello callaron y no contaron sus experiencias. Pero su silencio les fue muy negativo pues «lo que no se habla se comunica a través de comportamientos, gestos, lenguaje no verbal y emociones. Y cuanto más se intenta no comunicar el trauma, más intensamente se percibe y se siente, generando repeticiones y obsesiones» (Valverde, 2014, p. 77). Además, según Valverde (p. 72), «el haber sobrevivido a una guerra les dejó con sentimientos profundos y muchos sentían, aparte de la rabia, la pena y el miedo, una extraña sensación que llaman “la culpa de los supervivientes” y la “deslealtad a los muertos”, que aparecía cuando ellos, los vivos, conseguían gozar de la vida».

2) Segunda generación (los hijos): Como escribió Françoise Doltó, «lo que se calla en la primera generación, la segunda lo lleva en el cuerpo». Y hubo demasiado silencio en las familias de los vencidos. Además, «los comportamientos de los padres traumatizados son imprevisibles e incomprensibles para los hijos, resultan enigmáticos. […] Hemos escuchado mucho dolor en personas de esta generación, quizás la que menos pudo romper el silencio, porque sobre ella cayó todo el peso de lo traumático» (Morandi, 2012b, p. 92). Incluso cuando sus padres les contaron lo sucedido, las palabras no estuvieron acompañadas de las emociones congruentes, con lo que esta generación «no pudo construir una representación verbal de lo que les ocurrió a sus padres. Muchos tampoco pudieron preguntar directamente a sus padres qué habían vivido, porque al verles heridos y afectados, tendieron a querer protegerlos» (Valverde, 2014, p. 78). Los miembros de esta segunda generación heredan los traumas psicológicos de sus padres, pero no tienen los recursos para superarlos. Así, inconscientemente, cargan con los miedos y los traumas de sus progenitores, y a su vez los transmiten a sus propios hijos.

3) Tercera generación (los nietos): Los nietos no se imaginan lo ocurrido ni pueden representarlo con palabras. «No tienen la información sobre los hechos y, al mismo tiempo han aprendido comportamientos emocionales complejos de sus padres y de sus abuelos (a través de sus padres). Por eso los expertos en transmisión generacional dicen que los nietos de cualquier situación traumática tienen un alto nivel de fobias y obsesiones» (Valverde, 2014, pp. 78-79). Más en concreto, añade Valverde (p. 75), los nietos «heredan», a través de la comunicación no verbal (que tiene más fuerza que la verbal), la carga inconsciente de los traumas de sus padres y de sus abuelos. Y la situación se complica más para ellos porque no tienen la conexión con la situación traumática original. Los nietos todavía padecen el trauma actualmente y no solo por razones de tipo psicológico y de transmisión generacional de los traumas, sino también por cómo se hizo la Transición con respecto a los desaparecidos y a la forma tan diferente que se trató a los verdugos y a las víctimas, muchas de ellas aún en fosas comunes, tirados como perros por los campos y las cunetas de toda España. La diferencia con respecto a los hijos es que los nietos ya no tienen el miedo que embargaba a sus padres, y hacia el año 2000 comenzaron a organizarse y a reivindicar memoria, justicia y reparación. Pero su desánimo sigue siendo grande porque esta democracia les sigue negando las tres cosas. Así, como ya he dicho, Rajoy no se atrevió a invalidar la Ley de Memoria Histórica de Rodríguez Zapatero que, aunque limitada, suponía un paso adelante, pero, como ya he dicho, le negó toda financiación: su política de cero euros para esta ley suponía abolirla de hecho.

Todo ello hace que se incremente aún más el sufrimiento de los nietos y que sean mayores los efectos que sobre ellos han tenido los silencios y los duelos no resueltos. Han sido ellos los que han comenzado a romper ese silencio y a sacar a la luz pública la impresentable conducta del Estado en estos temas. Son ellos los que, por su cuenta y con muy poca ayuda de los poderes públicos, comenzaron a organizarse en asociaciones memorialistas y a sacar los restos de sus seres queridos de la ignominia en que el franquismo les había metido y la democracia los mantuvo. «Muchos nietos y nietas de abuelos fusilados o desaparecidos han hecho suyo el duelo inconcluso, pero no todos/as han soportado pasivamente el dolor y el sufrimiento, sino que han podido transformarlo en un “deber de memoria”: recordar en lugar de olvidar, con el deseo de saber, dar a conocer, de no repetir el drama que han vivido sus ancestros. Preguntan sobre la historia, reivindican la figura de los abuelos, buscan darles una sepultura digna» (Morandi, 2012b, p. 93). La generación de los nietos soporta una gran losa en su inconsciente a la que no pueden acceder fácilmente a causa de los años de silencio que dificultan la comprensión de las manifestaciones del trauma. En ellos lo reprimido está oculto, pero la fuerza inconsciente de lo heredado es tal que siempre sale a flote. Y concluye Morandi (p. 76): «Esta generación que no tiene contacto con la información original, está en riesgo de tener reacciones inconscientes emocionales fuertes e incomprensibles para la propia persona. Cualquier crisis colectiva étnica, nacional, económica o religiosa puede ser la mecha que encienda polarizaciones y venganzas». Por esta vía podría existir una conexión de los traumas de los nietos con el movimiento del 15M o incluso con el incremento del independentismo catalán. El auge de Vox podría ser una reacción de los herederos de los vencedores ante las reivindicaciones de los herederos de los vencidos. Como vemos, sigue abierta la herida entre las dos Españas.

Pero para entender mejor todo esto habría que conocer cómo fue la vida en el interior de los hogares de los vencidos, en especial en los de los desaparecidos. En las casas de estos últimos «la socialización familiar de la segunda generación estuvo marcada por la reproducción de las condiciones […] de la primera generación: sus madres eran viudas que no podían ser declaradas como tales por ausencia del cuerpo del marido; sus padres eran fallecidos fantasmales sin certificado de defunción, con bienes o herencias que no podían ser gestionados por “ausencia” de sus titulares; huérfanos sin serlo por estar sus padres “desaparecidos” […] Así nos explicamos por qué ésta es la generación más “desentendida” de la política y con más conflictos para hablar sobre el pasado. Testigos directos del sufrimiento de sus progenitores, durante toda su vida han recibido la constante prevención de “no meterse en líos”, de que cualquier actividad pública puede conllevar peligros insospechados, que la política es mala […] La producción de esta “generación ensimismada” está en razón de las condiciones de supervivencia impuestas a los vencidos. Esta somatización inconsciente del miedo explica el silencio de muchas de las familias afectadas hasta más allá de la transición, y supone el marco de la llamada “generosidad” de las víctimas» (Fernández de Mata, 2016, pp. 36-38). No es que fueran generosas, es que seguían aterrorizadas. De ahí que la Transición supusiera, entre otras cosas, una traición a las víctimas y un desprecio a su dolor, y de ahí también, como dice Fernández de Mata, que con la llegada de la democracia creciera aún más la frustración de los nietos y que esa frustración facilitara su movilización a favor de la memoria de sus antepasados y de la exhumación de las fosas que, para vergüenza del país, aún existen en España.

4) Cuarta generación (los bisnietos): Por extraño que parezca, el trauma llega a los bisnietos. «Aunque no disponemos aún de datos representativos de la cuarta generación, podemos decir que los traumas les aparecen como impensables en tanto visualizan muy lejanos los efectos, pero en algunos casos se producen síntomas o actuaciones que pueden relacionarse con el trauma transmitido» (Morandi, 2012b, p. 93).

Michelle Ancharoff y cols. (2010) resumen en cuatro los mecanismos de la transmisión transgeneracional del trauma: 1) Silencio: para no dañar a sus hijos, los padres no les contaban lo que les habían hecho, pero terminaban transmitiéndoselo de forma no verbal, haciéndoles más daño que si se lo hubieran contado verbalmente y de forma abierta; 2) Demasiada información sin emociones: las pocas veces que hablaban de estos temas a sus hijos y nietos, estos percibían que se les estaba transmitiendo la información sin cercanía emocional, como si estuvieran contando una película ajena a ellos, lo que agravaba aún más sus traumas; 3) Identificación: los hijos y nietos se identifican con sus padres y abuelos y se sienten responsables del estrés y del dolor que perciben en ellos; y 4) Repetición de los comportamientos y roles de los padres: ello incrementa el trauma cuando ven que no pueden actuar de otra manera.

En síntesis, S. Tisseron et al. (1997) subrayan que lo que no se puede decir en la primera generación se transforma en lo que no se puede nombrar en la segunda y en lo que no se puede pensar en la tercera, llegando incluso a la cuarta. Como los padres no contaban nada a sus hijos, estos no entendían lo que pasaba, y «cuando aparece la angustia, los estados depresivos y otras patologías, los hijos deben hacer un trabajo psíquico destinado a comprender qué está pasando. En este ambiente dramático, los actos incomprensibles y la falta de palabras pueden terminar creando extrañas construcciones en el descendiente. Así pues, aquello que no se puede nombrar puede tomar la forma de fobias, compulsiones obsesivas, problemas en los aprendizajes, etc., que no sólo están vinculadas al conflicto entre deseo y prohibición, sino también al conflicto entre el deseo de saber y comprender y las dificultades que el contexto impone al conocimiento» (Miñarro, 2012b, p. 155). Dado que los «hijos de los rojos» han sido siempre portadores de estigmas, su trauma fue tan doloroso que era lógico que lo transmitieran a los hijos, de forma que, añade Miñarro, los nietos, perciben en sí mismos angustias, ansiedades y síntomas somáticos que no son capaces de interpretar y que no saben a qué pueden deberse. Y una de las vías más eficaces para hacer frente a esos traumas y solucionarlos consiste en narrar la experiencia, contarlo (a los hijos, a los amigos, al terapeuta, etc.). Esa es una de las claves más importantes para recuperarse del trauma (Miñarro y Morandi, 2009a, 2009b). Frente al silencio dañino conviene oponer la narrativa liberadora. Y la mejor forma de conseguirlo es formar asociaciones con otros que están en una situación similar y con quienes les apoyan, donde pueden contar las propias experiencias, hablar del trauma que se sufre y de la culpa de los verdugos en todo ello. Es crucial olvidar el silencio: silencio nunca más.

En definitiva, «cuando no se elabora el trauma (herida) y no puede tramitarse, persiste por generaciones, va pasando de madres-padres a hijos, como la vivencia de un horror amenazante, como una pesadilla y entra en la persona de la generación siguiente como algo que hace mal y perdura. Hoy podemos afirmar que el maltrato continuado en el tiempo ha comportado numerosos y graves síntomas, a nivel de la salud mental individual y familiar, tanto en primera como en segunda, tercera y cuarta generación, de forma permanente» (Miñarro y Morandi, 2012c, p. 190). Con frecuencia los traumas de los padres pasan a los hijos a través sobre todo de las emociones que viven los niños en el hogar. ¿Cómo no van a percibir los niños el dolor y el sufrimiento que el trauma le produce a una madre, a un padre o a una abuela, cómo no les va a afectar negativamente y cómo no va a reproducirse en ellos ese trauma? Y ello es más probable aún cuando el trauma es producido por un hecho violento, perfectamente evitable, que puede ser fácilmente atribuido a personas concretas y que los perpetradores nunca pagaron por sus actos criminales y que incluso fueron premiados toda su vida por esos crímenes, como ocurrió en España. Durante la guerra, durante la dictadura e incluso durante la democracia las víctimas del franquismo han sido despreciadas, olvidadas y rechazadas. Ni el Estado franquista ni el democrático han hecho nada por solucionar este problema que afecta a muchos miles de familias. Y mientras no se solucione no tendremos una democracia homologable a las de nuestro entorno ni un país cohesionado. Como dice Korman (2010), «no hay ningún ciudadano del Estado español que no tenga marcas, lo acepte o no, porque todos los que han vivido esta guerra han sido transmisores, incluso contra su voluntad, de las huellas y secuelas que el conflicto les ha dejado». Y tal vez sea eso lo que ayude a entender por qué, ochenta años después de terminar la guerra, aún sea un tema tan candente en el mundo intelectual español y levante todavía tantas ampollas a nivel político e incluso en conversaciones, tertulias y sobremesas, y por qué tantas personas de derechas siguen sintiéndose mal cuando se habla de este tema.

6. Conclusión

Fueron tan duras las condiciones de vida de los vencidos durante la posguerra que difícilmente pudieron elaborar los traumas psicológicos que les produjo la represión. Y, cuando los traumas no son elaborados, su impacto queda instalado en la mente y en el corazón como un cuerpo extraño (Abraham y Torok, 2005). Eso les pasó a muchos miles de españoles. Además, «es comprensible que muchos de los que vivieron el horror lo quisieran olvidar. Sin embargo, el problema es que cuanto más se intenta olvidar algo, más insistente es ese recuerdo y permanece en la memoria, aunque de manera disimulada» (Valverde, 2014, p. 34). Ahora bien, añade esta autora (p. 83), «entender de qué maneras el sufrimiento, la negación y la represión de esos procesos traumáticos se alojaron en el inconsciente de nuestros abuelos y padres y ahora en los nuestros, es el primer paso para liberarnos de los aspectos dañinos de esa herencia». Por eso estoy de acuerdo con la Asociación Catalana de Juristas Demócratas, cuando en noviembre de 2009 decía que si nuestra democracia quiere ser realmente democrática y no un mero tinglado para mantener el franquismo, necesitamos estas tres cosas: 1) Exigir «verdad, justicia y reparación» para todas las víctimas del genocidio franquista en todas sus formas; 2) Denunciar el completo olvido dentro de la Ley de la Memoria Histórica de los crímenes de lesa humanidad contra las mujeres republicanas; y 3) Reclamar al Gobierno, como exige el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que se abra una investigación oficial e independiente de los crímenes de la dictadura que esclarezca los hechos y que juzgue penalmente a los responsables. Sin embargo, estamos muy lejos de alcanzar esas peticiones. Pero el no hacerlo empeora aún más los traumas de los nietos, heredados de sus abuelos a través de sus padres.

En conclusión, «lo que nuestros abuelos sufrieron en la Guerra Civil o en otras situaciones extremas, situaciones que desbordaron su mente, quedó guardado en su inconsciente y lo transmitieron a sus hijos a través de sus silencios cargados de emociones, sus palabras llenas de proyecciones y lapsus, y a través de las emociones que los sorprendían y los alteraban» (Valverde, 2014, p. 40). Pero lo más importante es que sus descendientes superen los traumas. Si el trauma es psicosocial, si su origen y sus consecuencias están en las relaciones sociales y no en el interior de las víctimas, entonces un primer paso será mejorar esas relaciones sociales y, por tanto, se hace necesaria una pedagogía correcta que muestre a la población en general en qué consistió la represión franquista y cómo afectó a las víctimas y sigue afectando a sus descendientes. Por otra parte, si la persistencia del trauma tiene mucho que ver con la permanencia del silencio, será esencial formar grupos de autoayuda en los que las víctimas puedan hablar abiertamente y con total libertad de sus traumas. Y finalmente, por mencionar solo un tercer aspecto, si el trauma de las víctimas se ve intensificado por la impunidad de los criminales, el Estado debería acabar con tal impunidad. Sería de gran utilidad que la derecha aplicara a las víctimas de la dictadura franquista y a sus herederos todo lo que ellos exigen, con toda razón y justicia, para las víctimas de ETA: ni son menos víctimas que estas, ni menos españolas.

CAPÍTULO 7 -

SIMILITUDES Y DIFERENCIAS CON AMÉRICA LATINA

1. Introducción

La dictadura franquista fue peor que las latinoamericanas y su daño mayor que el producido por estas, al menos porque duró mucho más. Y sus efectos se constatan todavía hoy. No olvidemos que uno de los dos grandes partidos políticos españoles fue fundado por ministros de la Dictadura, lo que ayuda a entender la permanente impunidad de los crímenes del franquismo. Ello sin duda contribuye a que las víctimas no terminen de superar sus traumas. Se trata de un tema de justicia con miles de familias, pero también de un auténtico problema nacional, pues mientras se siga humillando a las víctimas, difícilmente nuestra democracia será homologable a las europeas. Y con respecto a las víctimas, hay que recordar una vez más que lo que ha habido en España ha sido mucho silencio: un silencio que comenzó en el mismo momento en que se producían los crímenes, que se mantuvo durante toda la Dictadura y que permaneció durante la democracia. Ese silencio fue el precio que se pagó –y no fue el único– por la «reconciliación», que no fue tal sino el compromiso de las víctimas a no pedir responsabilidades y a no exigir ni justicia, ni verdad, ni reparación. Pero no olvidemos que allí donde se impone el silencio sobre los crímenes, estos tienen más probabilidad de repetirse.

Por otra parte, como dejé claro en el Capítulo 3, a mi juicio la Transición española tuvo como principal objetivo que las cosas no cambiaran mucho y que se mantuvieran los privilegios de los vencedores. Franco murió en la cama y, tras su muerte, las fuerzas en que se apoyaba la dictadura controlaban casi completamente el país. Por tanto, era de esperar que la transición a una democracia no fuera fácil. Pero la oposición tampoco se opuso mucho y aceptó con demasiada facilidad lo que se les ofrecía, sacrificando a las víctimas y manteniendo las fosas, reflejo evidente de lo que realmente fue la Transición y de la debilidad intrínseca de nuestra democracia. Porque, como ya he dicho varias veces, hoy día, tras cuarenta años de democracia, aún hay 120.000 españoles tirados en las cunetas como perros. Siempre hay algo que impide saldar la deuda con las víctimas: antes se decía que era muy pronto porque aún vivían muchos de los criminales; después se dijo que ya era demasiado tarde porque había pasado mucho tiempo; y ahora que con un gobierno de izquierdas parecía que por fin iba a solucionarse la cuestión, se dice que no puede hacerse en plena pandemia del Covid19.

En todo caso, dado que las transiciones de las dictaduras a las democracias son difíciles de hacer, para saber cómo fue la nuestra conviene ver cómo se hicieron en otros países.[51] Las principales diferencias entre unas transiciones y otras dependieron de cómo acabó la dictadura. Cuando fue derrocada por una revolución –popular o de otro tipo–, la transición es diferente que cuando es el propio régimen el que hace la «transición» que le conviene para que las cosas cambien lo menos posible y se mantengan sus privilegios. Ese ha sido el caso español. Aquí los medios de comunicación nos han bombardeado durante los últimos 45 años con la idea de que tuvimos una transición modélica. Pues bien, hay dos formas de saber si fue así o no: una, la que seguimos en el Capítulo 3, consistente en ver cómo el nuevo estado democrático solucionó los principales problemas que tenía la sociedad española al final de la dictadura, en analizar cómo se trataron judicialmente los crímenes del franquismo y, en especial, en cómo se trató a las víctimas. Por esta vía pudimos constatar que de modélica no tuvo mucho la Transición por lo que nuestra democracia tiene muchas debilidades, por decirlo de manera suave. Pero tal vez ello se debió a la dificultad intrínseca que tienen todas las transiciones para resolver todo lo relacionado con los criminales, con las víctimas y con la justicia. A mi juicio, hay una forma de saberlo: comparar nuestra transición con las de América Latina, que están en un contexto cultural parecido al nuestro. De hecho, todas ellas se parecen mucho a la española, tal vez porque las élites y los militares de esos países comprobaron cómo en España los responsables de tanto crimen no tuvieron que dar cuenta de sus fechorías. Tal parecido fue mayor en Chile y más aún en Brasil. En ninguna de las tres transiciones hubo ruptura sino continuidad y mera reforma, de manera que las estructuras de la Dictadura se mantuvieron durante el tiempo suficiente para que los intereses de sus élites estuvieran jurídicamente asegurados y sus crímenes quedaran impunes. Para conocer la calidad de nuestra transición veamos cómo fueron las de esos países.

2. Diferencias y similitudes entre la Transición española y las transiciones latinoamericanas

Es evidente que hay muchas similitudes y también muchas diferencias entre la Transición española y las de América Latina. Las diferencias tienen mucho que ver con el hecho de que la dictadura española nació de un golpe de Estado fracasado y de una consiguiente cruenta y larga guerra civil, mientras que las de América Latina fueron fruto de golpes de Estado exitosos. No olvidemos que en España «la dictadura que surge de la guerra se asienta sobre una permanente victoria autoafirmativa: no habrá reconciliación, acercamiento o perdón. No puede haber público arrepentimiento. El discurso institucional –tanto del Gobierno como de la Iglesia– es enaltecedor de las tareas represivas que sirvieron al triunfo del “Glorioso Movimiento”. Su retórica no permite fisuras sobre la “necesidad” y las “razones” de la rebelión. No tuvo cabida otro tipo de discurso durante cuatro décadas. Quienes protagonizaron un cierto acercamiento a las víctimas fueron desacreditados, tachados de débiles, cuando no de traidores» (Fernández de Mata, 2016, p. 89). Ese fue el caso de Dionisio Ridruejo (Richards, 2014). Existen al menos tres grandes diferencias entre la Transición española y las transiciones latinoamericanas:

1) Como ya he dicho, la dictadura española fue la consecuencia de una larga y sangrienta guerra civil, tras fracasar el golpe de Estado de los militares; en Brasil, Chile, Argentina o Uruguay, los golpistas triunfaron rápidamente e implantaron la dictadura.

2) La Dictadura franquista fue mucho más larga que las latinoamericanas (solo la de Alfredo Stroessner en Paraguay se le aproximó), lo que tuvo al menos estos dos efectos: a) Las estructuras políticas del franquismo quedaron más asentadas en España, pues tuvieron más tiempo para consolidarse, consolidación que se vio favorecida por el hecho de que todos los poderes fácticos apoyaban a Franco; y b) La dictadura franquista fue tan cruel y los vencidos sufrieron tanto y durante tanto tiempo que a veces internalizaron el discurso que se les estaba imponiendo día a día y de mil maneras (para entenderlo véase Festinger [1957] y Beauvois y Joule [1981]). Una prueba empírica clara de ello son los datos que encontró Willemse (2002) con anarquistas aragoneses.

3) Pero la principal diferencia fue «la falta de apoyos institucionales» de las víctimas del franquismo (Fernández de Mata, 2016, p. 200). En efecto, las víctimas de las dictaduras latinoamericanas tuvieron unos apoyos que contribuyeron a desarrollar medidas de justicia transicional que consiguieron «llevar adelante un proceso institucional de búsqueda de la verdad» (Lerner, 2010, p. 12). De hecho, en esos países se formaron comisiones de la verdad y se construyeron museos de la memoria y de los derechos humanos. En España no hubo nada de eso. Por el contrario, 45 años después de morir Franco, aún se mantiene en Cuelgamuros el monumento a las víctimas del franquismo y en Madrid el Arco de la Victoria, que conmemora el aplastamiento de media España por parte de la otra media, para que nadie olvide quién ganó la guerra.

Como subraya Elisabeth Lira, «lograr la verdad (conocer lo que ha sucedido) y hacer justicia (reconocer los derechos de las personas y sancionar a los responsables) contribuye a la reparación psicológica y moral de las víctimas; precisamente porque los hechos fueron negados, las víctimas fueron objeto de escarnio y estigmatización, además del agravio y de los daños y las pérdidas sufridas cuando ocurrieron los sucesos» (2009, p. 69). Y es que, añade Lira, «los procesos de reparación requieren de la memoria como reconocimiento colectivo y, a la vez, particularizado por las propias víctimas sobre las violaciones de derechos humanos padecidas. Las políticas sociales de reparación han requerido individualizar a las víctimas y recoger su testimonio para reconocer la verdad de lo sucesivo a cada una, y proponer medidas económicas, sociales, culturales y de salud como acciones específicas de reparación. Los memoriales y sitios de memoria constituyen expresiones simbólicas de reparación pública realizadas en nombre de las víctimas. […] Esas iniciativas expresan el reconocimiento social a las víctimas en el marco del rechazo moral de lo ocurrido y tienen, casi siempre, el propósito de educar a la sociedad en el presente y en el futuro». De ahí la importancia de las comisiones de la verdad que se formaron en diferentes países de América Latina: esas comisiones tienen efectos muy beneficiosos para el bienestar psicológico de las víctimas y les ayuda mucho a superar los traumas que les produjo la violencia del Estado, al margen de que también tienen efectos políticos. Las dos cosas juntas benefician aún más a la salud mental y al bienestar psicológico de las víctimas y de sus descendientes (Crenzel, 2007, 2010). Si, como ocurrió en Argentina, tales prácticas implican la ruptura con el legado dictatorial, se puede hacer una mejor justicia atendiendo las demandas de las víctimas y llevando ante los tribunales a los responsables de los crímenes.

Pero en España no se ha hecho casi nada de todo ello. «La duración de la dictadura –cuatro décadas–, junto con el relato amnésico –o mejor, desmemorizador– de la Transición impidieron que las víctimas pudieran tener una agenda pública. Fue sólo a partir de la apertura de las fosas de la mano de las familias que se tuvo conciencia del ocultamiento de una parte importante de la sociedad española, de sus dramáticas vidas y experiencias. […] La interesada metáfora del “pasar página” volvía a servir a los intereses de los vencedores impidiendo a las víctimas resolver sus promesas de recuperación de los restos y reentierro, de conclusión de los ritos […] Fueron los vencedores quienes, en aras de un ambiguo lenguaje político que remarcaba la transacción y el consenso, consiguieron que se renunciara a atender a las víctimas, a repararlas, a hacerles justicia para “no remover los fantasmas del pasado”» (Fernández de Mata, 2016, pp. 200-201). Por ejemplo, los tribunales de Argentina, con la magistrada María Servini a la cabeza, consideran que las desapariciones forzadas de la Guerra Civil y de la dictadura de Franco son crímenes de genocidio y lesa humanidad, por lo que no prescriben. Pero la justicia española los considera delitos comunes por lo que ya han prescrito. La contradicción del Tribunal Supremo llegó al extremo de condenar al militar argentino Adolfo Scilingo a 1.084 años de cárcel por su participación en las desapariciones en Argentina a la vez que se niega a que se investiguen las desapariciones de miles de españoles.

En suma, las transiciones americanas deberían servirnos de ejemplo en muchos aspectos. No digo que hayan sido modélicas, pero sí más justas y reparadoras que la nuestra. Como señala Fernández de Mata (2016, pp. 198-199), «la memoria histórica se constituyó en América como el discurso de las víctimas que, según los casos, gozó de determinados apoyos institucionales que le permitieron dotarse de una especial fuerza social y testimonial. Como sucedió en el caso de Chile, la tarea realizada por la Vicaría de la Solidaridad, continuadora de las actividades del Comité de Cooperación para la Paz, permitió contar con un Archivo que constató las decenas de miles de casos de represión directa, impidiendo así la consolidación del discurso negacionista sobre la represión: “en el futuro nadie podrá decir yo no lo sabía”. […] Pero la principal forma de empoderamiento del discurso denunciador fueron las Comisiones de la Verdad. Estas comisiones se dieron en América Latina, bajo reconocimiento del Estado –comisiones oficiales– o bajo formas independientes pero con indudable peso en la vida pública nacional». Así, la caída de la dictadura argentina se produjo el 10 de diciembre de 1983 y solo cinco días después el presidente Raúl Alfonsín publicó el Decreto 187 por el que creaba la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), que, presidida por Ernesto Sábato, investigó las violaciones contra los derechos humanos entre 1976 y 1983. El resultado fue el informe Nunca más, que fue esencial para la construcción de una memoria colectiva de los horrores de la dictadura argentina y para la promulgación de las leyes de reparación. En Chile, el presidente Patricio Alwyn aprobó el 25 de abril de 1990, todavía con Pinochet como jefe supremo del Ejército, la creación de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación para el esclarecimiento de las violaciones de los derechos humanos que se cometieron durante la dictadura. Después se creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación que tenía como función ejecutar las recomendaciones de la Comisión de Verdad, sobre todo en cuanto a la reparación material de los daños producidos. En 2001, el presidente Ricardo Lagos echó a andar la Comisión de Verdad Histórica que debía estudiar la cuestión de los pueblos indígenas. En todo caso, cualquier transición a una democracia debe necesariamente tener en cuenta al menos estos dos aspectos:

1) Reparación: Como escribe Lira (2009, pp. 92-92), «la reparación ha sido identificada como una experiencia que forma parte de la maduración psicológica y moral de los seres humanos; se inscribe en tradiciones religiosas, forma parte de prácticas legales y puede ser rastreada en la historia de la humanidad como una forma de actuar por parte de quien ha dañado, herido, ofendido o abusado de otra persona con el fin de restaurar la relación, asumiendo la responsabilidad de haber actuado destructivamente. Esa responsabilidad se expresa social y legalmente en las acciones de compensación, restauración o indemnización para quien ha sido afectado con el fin de restablecer una forma de relación respetuosa de la dignidad y de los derechos de los afectados. Se expresa también en acciones simbólicas que quieren transmitir la voluntad de reconocer el daño causado». Por tanto, de cara a las víctimas, la reparación es esencial. Alguien puede pensar que a cualquier gobierno le costará más dar indemnizaciones económicas que simbólicas. En España fue al revés: se concedieron algunas indemnizaciones y pensiones a las víctimas del franquismo, pero no hubo reparación simbólica. El Valle de los Caídos y el Arco de Triunfo siguen ahí, y la Fundación Franco, una institución privada cuyo objetivo es difundir la memoria y la obra del dictador, es legal e incluso recibe subvenciones públicas. La reparación en España fue muy limitada, a veces incluso insultante, como ocurre en el caso de los desaparecidos y el robo de niños y niñas. Tampoco han podido nunca los vencidos recuperar los bienes que les robaron.

Menos aún se ha hecho a nivel simbólico. En efecto, «en España no se ha erigido ningún monumento en honor de las víctimas del franquismo y el Estado tampoco les ha ofrecido una disculpa oficial. No hay ningún museo dedicado a la guerra civil y la dictadura franquista, lo que sorprende sobremanera a nuestros visitantes extranjeros» (Aguilar y Payne, 2018, p. 34). Más aún, añaden estas autoras (p. 37), diferentes organismos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han presentado informes que critican duramente la falta de compromiso del Gobierno español con el respeto a los derechos humanos universales y su falta de receptividad a las demandas de justicia, verdad y reparación de las víctimas del franquismo. La ONU ha pedido al Estado español que investigue los crímenes franquistas. Ahora bien, se preguntan Aguilar y Payne, ¿qué factores explican la obstinada resistencia de España a afrontar abiertamente su violento pasado, como lo han hecho otros países? ¿Por qué aquí, si lo comparamos con los demás países, nos hemos quedado tan atrás a la hora de responder a las reivindicaciones de las víctimas? A mi juicio, hay al menos cuatro razones explicativas: 1) El hecho de que una gran parte de la oposición aceptara las reglas de los franquistas reformistas a cambio de hacerse un hueco en el nuevo orden político, admitiendo una ley electoral que les perjudicaba mucho y una fuerte presencia franquista en instituciones esenciales sin exigir la más mínima depuración en ellas, ni siquiera en la judicial;2) El «pacto de silencio» que franquistas reformistas e izquierda acomodaticia aprobaron de mutuo acuerdo;[52] 3) Ni siquiera hizo nada esa izquierda por dignificar a las víctimas cuando, en 1982, llegó al gobierno con la más grande mayoría absoluta de la democracia; y 4) La enorme asimetría de poder que existía, al morir el dictador, entre el régimen y la oposición, con el Ejército de su parte sin apenas fisuras, lo que le permitió hacer la transición que le interesaba. Felipe González, como él mismo ha reconocido, no hizo ninguna pedagogía antifascista. No nos extrañe entonces que muchos jóvenes españoles apoyen a Vox, pues nadie les ha explicado nunca qué fue el franquismo ni qué es una dictadura. Y ni siquiera hizo nada el Gobierno socialista por anular la Ley de Amnistía, una ley preconstitucional de punto final que a quien amnistió –y sigue amnistiando– fue a los franquistas. Es más, incluso a nivel técnico, ¿cómo se pueden amnistiar unos delitos que ni siquiera han sido juzgados? ¿Por qué los gobiernos socialistas no hicieron nada en este campo? ¿Por qué el Parlamento español no ha condenado nunca la dictadura franquista?[53] Más aún, al contrario de lo que ocurrió en Chile y, sobre todo, en Argentina, difícilmente puede considerarse democrático el proceso español de transición cuando ni siquiera inhumó y enterró dignamente a las víctimas que aún yacían en fosas comunes. Resulta sorprendente que las autoridades españolas, las socialistas incluidas, hayan mostrado tan poca sensibilidad hacia las víctimas. ¿Cómo puede explicarse eso?

También en Chile, y a pesar de las dificultades de su transición, pues el dictador aún estaba vivo y era el jefe supremo del Ejército, las cosas se hicieron de forma muy diferente a como se hicieron aquí. En efecto, «la Ley de Reparaciones nº 19.123 expresaba la voluntad de cerrar las heridas, compensando de manera material y simbólica a los afectados por el daño causado por el gobierno o por particulares a raíz del conflicto político, pero requería que esas acciones tuvieran sentido para las víctimas. La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) tuvo una incidencia importante en las propuestas de reparación. Fue consultada por el Ejecutivo y el Congreso durante la discusión de la Ley de Reparaciones, incorporando algunas de sus proposiciones» (Lira, 2009, p. 93). Más aún, añade Lira (p. 94), «la Comisión de Verdad y Reconciliación propuso entre sus recomendaciones la creación de un Programa de Reparación y Atención Integral de Salud para las víctimas de violaciones de Derechos Humanos (PRAIS). Fue organizada desde el Ministerio de Salud, implementando la atención gratuita de salud y salud mental para todas las víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familiares desde 1990 […] Fueron definidos como beneficiarios de PRAIS los afectados directos y su grupo familiar inmediato de todas las situaciones represivas reconocidas por el Estado. A inicios de 2004 los inscritos eran más de 183.000». En España nunca hubo nada parecido.

2) Justicia: Tal vez el indicador esencial para medir el nivel democrático de una transición esté en el funcionamiento del Poder Judicial y en su trato a verdugos y víctimas. Pues bien, es evidente que nuestro sistema judicial ha protegido más a los verdugos que a las víctimas, lo que indica un bajo nivel democrático. Como dice Aguilar (2013, p. 303), «es sorprendente que en la amplísima literatura existente sobre los procesos de democratización en general, y la transición española en particular, se haya prestado tan poca atención al papel desempeñado por el sistema judicial heredado del régimen anterior. Sin embargo, se trata de una variable fundamental para entender los complejos equilibrios que se producen entre los legados del pasado y las nuevas reglas, instituciones y actores que empiezan a entrar en juego». ¿Por qué algunas democracias han hecho mucho por esclarecer y perseguir las violaciones de derechos humanos cometidas por las dictaduras precedentes y otras en cambio, como es nuestro caso, mantienen vigentes leyes de amnistía, o de punto final, que dificultan e incluso impiden hacer justicia a las víctimas? La respuesta de Aguilar es que cuanto más «legal» haya sido la represión dictatorial y mayor la implicación de los jueces en ella, más resistencia existirá a la aplicación de políticas de justicia transicional durante el proceso democratizador, porque, evidentemente, peor parados saldrían los jueces de la Dictadura. Para demostrarlo compara el caso español con el chileno y el argentino: en España los asesinatos fueron mayoritariamente «legales», con juicios sumarísimos que emitían penas de muerte. Los jueces, pues, eran corresponsables de los fusilamientos. Por tanto, son ellos los primeros interesados en que no se haga justicia. En Argentina no fue así, ni siquiera en Chile. Ello explicaría el hecho de que en nuestro país no se haya perseguido nunca a los represores y se haya mantenido la Ley de Amnistía.

En efecto, en España «no fueron solo los militares ni los cuerpos especiales de la policía –como en los otros dos casos– quienes llevaron a cabo la represión política, sino que el sistema judicial en su conjunto desempeñó un papel fundamental, pues no se limitó a mantener un silencio cómplice ante las violaciones de derechos, sino que fue una pieza fundamental de la maquinaria represiva, sobre todo a través de su participación directa en los consejos de guerra y en las jurisdicciones especiales que se crearon con tal propósito» (Aguilar, 2013, pp. 283-284). Resulta plausible esta tesis de Aguilar según la cual «cuanto más oficial y “legal” haya sido la represión, más habrá estado implicada la judicatura en ella. Y, cuanto mayor haya sido el grado de colaboración del sistema judicial con la dictadura, más resistencia ofrecerá a que se someta a revisión judicial el pasado, o a que se esclarezca oficialmente toda la verdad sobre la represión mediante comisiones de la verdad, pues son la reputación y profesionalidad de todo el entramado jurídico las que podrían resultar perjudicadas. El mero hecho de revisar las causas judiciales del franquismo –muchas de ellas mal instruidas o carentes de las mínimas garantías judiciales–, podría poner en entredicho el rigor y la honorabilidad de los órganos judiciales a lo largo de muchos años, cuando el sistema judicial siempre ha sostenido que se mantuvo al margen de la represión y que en todo momento mantuvo su independencia» (Aguilar, 2013, p. 284). No olvidemos, añade Aguilar, que mientras en Argentina no se ejecutó ninguna condena a muerte por cuestiones políticas como consecuencia de una sentencia judicial, en España fueron decenas de miles, de forma que la judicatura estuvo siempre plenamente integrada en el sistema de represión. Por tanto, concluye esta autora, «cuando las responsabilidades no solo recaen sobre la cúpula militar y ciertos cuerpos de la policía, sino que salpican al conjunto del sistema judicial, los jueces y fiscales tenderán a ser más reacios a cualquier revisión pública del pasado y mucho más a la aprobación de medidas punitivas contra los responsables de la represión». No olvidemos que, como sostiene Bastida (1986), el Tribunal Supremo no se apartó nunca de la doctrina franquista en la interpretación de la ley y defendió hasta el final la ideología del régimen en sus sentencias.

Por eso subraya P. Gil (2010) que la interpretación de la amnistía, junto con la ausencia de mecanismos alternativos de esclarecimiento de la verdad, convierten a España en un modelo de «olvido absoluto». Y en ello han desempeñado un papel crucial los jueces, al ser siempre tan reticentes a indagar en el pasado. «No son partidarios de revisar y/o anular los juicios injustos del franquismo, defienden la aplicación de la amnistía sin llevar a cabo investigaciones que permitan esclarecer la verdad, se niegan a personarse en las exhumaciones y ni siquiera reclaman los informes forenses. Todo ello constituye una clara anomalía en comparación con lo que ocurre en otros países» (Aguilar, 2013, pp. 302-303). En gran medida, añade Aguilar (p. 304), esto es la consecuencia de que «el franquismo trató de involucrar al máximo de sectores posibles en la represión. Ello permitió que se acabaran creando sólidas redes de complicidad, lo que explica que fueran tantos quienes salieron ganando de la generosa mirada hacia delante en que consistió, a estos efectos, la transición. […] La represión franquista no habría sido posible sin la implicación del sistema judicial. La dictadura, además, al ser la más longeva de las tres, dispuso de más tiempo para adoctrinar y perpetuar hábitos de dependencia ideológica, lo que ayuda a explicar el conservadurismo del sistema judicial y su resistencia a revisar el pasado, ya que esto supondría, además de exponer públicamente su implicación en la represión, someter a crítica las malas prácticas judiciales y la falta de garantías de la mayoría de los juicios políticos que se llevaron a cabo. […] la complicidad judicial con la larga y brutal represión dictatorial aún contribuye a explicar parte de la resistencia que todavía se encuentra en sectores de la judicatura a someter a revisión la maquinaria represiva del franquismo». Esa es una diferencia esencial entre Argentina y España. Allí los represaliados pudieron acudir a la Judicatura para pedir justicia (Jensen, 2017). Por eso puede decir Xavier Díez (2020) que «respecto al equilibrio de poderes entre vencedores y perdedores de la guerra, el régimen del 78 es la actualización del 39. La no reparación ni el proceso a los crímenes (y criminales) de guerra son muy indicativos de lo que sucedió después. La principal obsesión de la “democracia” fue mantener intacto el poder, influencia y privilegios de aquellos sectores beneficiarios del franquismo. Es por ello que se dejaron intactos los cuerpos represivos, especialmente las fuerzas armadas, del orden y la judicatura, aunque también del eclesiástico o el mediático». De manera que, concluye Díez, «el daño infringido a la sociedad española tras cuatro décadas de dictadura fue tan profundo que condicionó la capacidad de regenerarse».

En Argentina las cosas fueron muy diferentes. En marzo de 1996, el día del 20° aniversario del golpe militar, se hizo pública la presencia de la asociación de hijos de desaparecidos, HIJOS (Hijos por la Identidad y la Justicia, contra el Olvido y el Silencio), sustituyendo a las ya legendarias Madres de la Plaza de Mayo. Ahora los «Hijos» exigían lo mismo que las «Madres»: verdad, justicia y reparación. Ello reavivó los traumas psíquicos de sus componentes, lo que les llevó a hacer consultas al EATIP (Equipo Argentino de Trabajo e Investigación Psicosocial). De esta manera, este Equipo tuvo la oportunidad de investigar con más profundidad el trauma de las víctimas de la dictadura, llegando a interesantes resultados (Kordon y Edelman, 2007). Incluso en esto, en España vamos con muchísimo retraso. Aquí tuvieron que ser los nietos los que, a partir del año 2000, reclamaran verdad, justicia y reparación, nada menos que 64 años después de comenzada la represión franquista. Es más, en todos esos años no ha habido nunca ningún grupo de investigación y de clínica psicológica que se ocupara de ayudar terapéuticamente a las víctimas y a sus descendientes. Por eso, y porque el tema de los traumas no ha aparecido jamás en la escena pública, ni siquiera en la privada de los hogares; los descendientes que aún tienen algún tipo de traumas no lo asocian con la represión a sus antepasados. En Argentina, en cambio, el EATIP encontró que los hijos de las víctimas directas todavía tenían traumas psicológicos y lo hicieron público, lo que ayudó mucho a las víctimas. Esos traumas tienen una gran influencia en la formación de la identidad de las personas, sobre todo de los adolescentes. Los pocos y tardíos estudios –aunque muy interesantes- que sobre este tema existen en España apuntan en la misma dirección.

También hubo importantes diferencias entre España y Chile. En España jamás se habló de hacer justicia a las víctimas del franquismo. Pero en Chile, ya al comienzo de su presidencia, Patricio Aylwin señaló que se haría justicia «en la medida de lo posible», lo que enojó a muchos chilenos pues eso les pareció poco. «Sin embargo, representaba un gran cambio en relación con la vía histórica de reconciliación política que excluía casi por definición la vía judicial» (Lira, 2009, p. 97). Tanto en Chile como en Uruguay y sobre todo en Argentina se reconocieron los asesinatos como asesinatos, tanto a nivel oficial como a nivel judicial, cosa que aún no ha se ha hecho en España, y de hacerse alguna vez será cuando ya no quede vivo ninguno de los responsables. Ello es muy grave dado que el «proceso de declarar judicial y públicamente los hechos violentos de los que las personas han sido objeto, transforma el sufrimiento individual en testimonio social y en un arma política y se desarrolló en paralelo a la reactivación de la movilización social contra la dictadura. El organizar lo ocurrido en un informe y dar testimonio público de ello sirvió para disminuir la sintomatología, según estimaciones clínicas» (Páez, 2003, p. 17). Nuestras víctimas no han tenido nunca ese consuelo. En los años 40, las víctimas del franquismo no podían ni hablar de sus traumas, ni llevar luto por sus seres queridos asesinados: hasta eso estaba prohibido y era severamente castigado. Solo les quedaba el silencio, lo que es poco reparador.

Otra diferencia importante son los servicios psicológicos y psiquiátricos que tuvieron las víctimas de la dictadura en España y en Chile. También aquí las diferencias fueron abismales. Incluso hubo muchas diferencias entre un bando y otro durante la guerra española, tanta como había entre Felix Martí Ibáñez y Antonio Vallejo Nágera. Martí Ibáñez, psiquiatra y militante de la CNT, a sus 24 años fue Director General de Sanidad y Asistencia Social de Cataluña entre 1936 y 1937.[54] Una parte destacada de su labor se desarrolló en el área de la salud mental donde intentó reformar la asistencia psiquiátrica en la Cataluña colectivizada. Para ello se hizo cargo de todos los hospitales de salud mental, habilitando nuevas salas y pabellones, pues la guerra había creado múltiples traumas en la ciudadanía sobre todo en los muchos refugiados que ya había entonces en Barcelona. Para los enfermos psiconeuróticos se utilizó una finca en Horta, dado que él pensaba que estos enfermos no necesitaban internamiento en un manicomio sino un lugar de reposo, trabajo y aislamiento, en un régimen abierto y fraternal (Llavona y Bandrés, 1998). «Su programa se basaba en la unificación de la medicina colectivizada junto a la asistencia social, en el marco territorial de la comarcalización, integrando los ámbitos preventivos, asistenciales y rehabilitadores, cubriendo tanto los aspectos individuales como sociales» (Martí Boscà y Rey González, 2017, p. 211). Y añaden estos autores (p. 211): «La filosofía general de la reforma emprendida por Martí Ibáñez era la transformación de la sanidad, tratando de convertir la arcaica sanidad curativa en medicina social y preventiva. Respecto a la asistencia social, su deseo fue suprimir todo su carácter de beneficencia privada y convertirla en solidaridad humanista». Como vemos, Martí Ibáñez se encontraba en las antípodas de Vallejo Nájera. También estuvo en el polo opuesto a Nágera el psicólogo Emilio Mira –antiguo anarquista y uno de los fundadores de la psicología española– quien estuvo a cargo de los servicios psiquiátricos del Ejército de la República a la vez que Nágera –miembro de Acción Española– asumía la jefatura de los servicios psiquiátricos del ejército de Franco (Véase Bandrés y Llavona, 1996 y compárese el nivel científico de uno y otro). Por tanto, de haber sido otro el desenlace de la guerra, seguramente hubiera sido muy diferente también la trayectoria de la psiquiatría y la psicología clínica españolas.

3. Las transiciones latinoamericanas

Sabido es que las guerras civiles y las dictaduras hacen mucho daño físico y psíquico a las personas. Y en todas ellas queda un trauma difícil de superar, sobre todo en el caso español donde la dictadura fue muy cruel y muy larga. Además, al margen de lo que diga Juan José Linz, fue un totalitarismo, por lo que a sus víctimas les quedaban pocos resquicios para superar sus traumas, y esos pocos resquicios les producían nuevos problemas. Por ejemplo, uno era aislarse en sí mismos, pero este camino no era fácil, pues tenían que buscar la comida para sí y para los suyos; además, tal «solución» no permitía satisfacer la principal necesidad psicosocial humana, que es la de pertenencia. Otro camino era huir a la ciudad, donde no fuera conocido (pero aquí el anonimato era una quimera pues la Guardia Civil y la Policía husmeaban por todos los sitios, y toda una la red de soplones y confidentes, en especial en el gremio de porteros de casas y regentes de pensiones, les ayudaban en tal tarea); y el más eficaz era el exilio a otro país, generalmente a uno de América Latina, donde podían rehacer sus vidas con más normalidad, pero donde sentirían siempre el dolor por la lejanía de su tierra y de sus seres queridos. A los latinoamericanos que huyeron de la represión de sus respectivas dictaduras les ocurrió lo mismo, pero con tres diferencias: sus dictaduras duraron menos que la española; cuando llegó la democracia, esta no siguió casi completamente dominada por los herederos de la dictadura, como ocurrió en España; y se constituyeron comisiones de la verdad, lo que ayudó mucho a las víctimas a superar sus traumas. Aquí no hubo nada de eso. Veamos algunos casos:

3.1. Chile

La transición chilena es bastante parecida a la española. A pesar de ello, ya durante el primer gobierno de la democracia –el de Aylwin, que no era precisamente de izquierdas– se crearon dos comisiones encargadas de la investigación y reconocimiento de las personas desaparecidas y asesinadas que elaboraron sendos informes que mostraban que en Chile había habido 3.197 personas asesinadas por agentes del Estado, de las cuales 1.102 se encontraban desaparecidas (Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, 1991; Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, 1996). Diez años después, durante el gobierno de Ricardo Lagos, se creó la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura (CNPPT). Esta comisión, tras tomar declaración a 35.865 ciudadanos y ciudadanas, mostró que 28.459 personas habían sido encarceladas y torturadas (CNPPT, 2004, 2005), reconociendo oficialmente que había habido una aplicación masiva y sistemática de la tortura con el objetivo de destruir la personalidad de las víctimas (Deutsch, 2007). Lo crucial, de cara a lo que quiero mostrar, es que en Chile, incluso con un gobierno conservador y viviendo el dictador, que además era el jefe supremo del Ejército, se nombraron las primeras comisiones para investigar los crímenes de la dictadura, mientras que aquí jamás se hizo nada parecido, ni gobernando los socialistas con mayoría absoluta.

En Chile, como escribe Darío Páez (2003, p. 1), «la represión instauró un clima emocional de miedo en el que predominaban la ansiedad e inseguridad, las conductas de evitación, el aislamiento social, la descohesión grupal y la inhibición de conductas de afrontamiento. El clima de miedo se asoció al aislamiento, estigmatización y refuerzo de los problemas de las víctimas directas de la represión. El silencio fue una respuesta dominante durante los años más represivos de la dictadura. En los años posteriores a la transición, hablar sobre hechos traumáticos del pasado se asociaba a una evaluación negativa actual de la sociedad en Chile. Evitar hablar, inclusive entre familiares de víctimas, se asociaba a una mejor evaluación actual del país». Algo parecido ocurrió en las transiciones de los demás países. Sin embargo, añade Páez, «satisfacer las demandas de recuperar los restos, conmemorar a los caídos, ofrecerles reparación moral a ellos y material a las víctimas mejoró el clima emocional de injusticia y enojo. Se puede esperar que las conmemoraciones mejoren la actividad social y el auto-concepto moral de las personas afectadas que participen, tengan efectos positivos en su salud física, aunque es poco probable que ayuden a superar el aislamiento emocional y el dolor de la perdida». Pero las víctimas españolas nunca tuvieron nada de eso.

Al recuperarse la democracia, en Chile se juzgó a muchos de los culpables –incluso carabineros que habían asesinado a civiles– y a algunos de ellos se los condenó, aunque poco después fueron amnistiados. Por tanto, a pesar de que se restableció la justicia procesando a los culpables de los asesinatos, la transición chilena dejó mucho que desear. Pero después cambiaron mucho las cosas como se constata en estos hechos, impensables en nuestro país (Lira, 2009, p. 99-101):

1) En 1998, la Corte Suprema rechazó que se aplicara la amnistía a los responsables en el caso de los 26 campesinos detenidos y desaparecidos en Parral, en 1973 y 1974, argumentando que el delito de secuestro «es permanente, inamnistiable e imprescriptible». Posteriormente se obligó al Estado a indemnizar a los familiares.

2) En enero de 1999, se produjeron otras dos sentencias que revocaron la aplicación de la amnistía. Se trataba de procesos contra oficiales involucrados en los fusilamientos y «desapariciones» en la primera fase del Gobierno militar.

3) Los acuerdos de la declaración final de la Mesa de Diálogo, en junio de 2000, ya con Lagos de presidente, obligaron a las Fuerzas Armadas a buscar información en sus respectivas instituciones acerca del destino final de los desaparecidos y el lugar donde se encontraban sus restos. Las Fuerzas Armadas entregaron un informe en enero de 2001 con una lista de nombres y de los lugares donde habían sido enterrados, reconociendo que algunos habían sido lanzados al mar.

4) En noviembre de 2008, el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior informaba que había habido más de 250 juicios, que incluían 1.135 víctimas (detenidos, desaparecidos y ejecutados políticos), habiendo sido procesados 701 agentes del Estado, 256 de ellos sentenciados y cumpliendo condenas.

Pero hubo al menos otra diferencia importante entre Chile y España ya durante la propia dictadura. Como nos recuerda Lira (2007, 2009), en octubre de 1973, apenas un mes después del golpe de Estado y con el fin de proporcionar defensa legal y humanitaria a los perseguidos e incluso a los detenidos, varias iglesias cristianas –con la católica al frente– y la comunidad judía, crearon el Comité de Cooperación para la Paz en Chile (COPACHI, 1973-1975) que abrió una oficina en Santiago y empezó a recibir cada día cientos de denuncias sobre personas detenidas y torturadas, allanamientos de moradas y personas desaparecidas. Abogados, psiquiatras, psicólogos y asistentes sociales empezaron a trabajar prestando servicios legales y sociales a esas familias. Algunos abogados, aunque con enormes dificultades, pudieron realizar algunas defensas en consejos de guerra. Por presiones del régimen debió cerrar, pero esta tarea fue continuada por la católica Vicaría de la Solidaridad (1976-1992). Se presentaron más de ocho mil recursos de amparo (habeas corpus) durante el régimen militar, aunque casi todos fueron rechazados. También se presentaron denuncias por desaparición de personas, así como querellas por torturas y, a pesar de que no tuvieron resultados efectivos, dejaron constancia en los tribunales de la práctica de torturas a los detenidos y de la desaparición de personas, lo que fue muy útil para juicios posteriores. Nada de eso fue posible nunca aquí. Además, al constatarse día tras día que la represión política tenía efectos psicológicos devastadores en las víctimas y en sus familias, algunos profesionales de salud mental (psiquiatras, psicólogos y asistentes sociales) empezaron a atender a esas personas en sus consultas particulares como parte de la red de apoyo creada en los organismos de derechos humanos (Weinstein, Lira y Rojas, 1987). Tampoco tuvieron nada de esto las víctimas del franquismo.

En cambio, sí hubo similitudes entre Chile y España en los efectos que la violencia del Estado tuvo en la identidad y el bienestar psicológico de los descendientes de las víctimas durante la transición. En Chile, durante los últimos años de la dictadura –algo similar habría que decir de Argentina– esos descendientes lucharon contra ella y contra los represores y asesinos de sus padres, lo que les ayudó a formarse una identidad clara. Pero al llegar la transición y ser sustituida la lucha por sus derechos por la negociación, dicha lucha perdió parte de su sentido. No es por azar que «la demanda de atención de salud mental por parte de estos jóvenes ha aumentado progresivamente a partir de los inicios de la “transición política”. La problemática de ellos se centra principalmente en el área de su inserción social, estando ésta marcada, por un lado por la marginalidad, y por otro lado, por el constante rechazo al estigma que conlleva el ser “víctimas” o “hijos de”» (Del Solar y Piper, 1994). En efecto, el grupo CINTRAS (2009, pp. 19-20), grupo de psicoterapeutas que se ocupa de proporcionar salud mental a víctimas de la represión política, chilena escribe: «Hemos podido constatar un aumento paulatino de consultantes jóvenes, adolescentes y niños, al mismo tiempo que se mantiene una alta demanda de asistencia clínica de adultos y adultos mayores. Podemos señalar, por tanto, que, junto a la persistencia del daño en los afectados directos por la represión política durante la dictadura, afloran síntomas de un daño propio y peculiar en sus descendientes, fenómenos que, sin duda, están relacionados entre sí. Con frecuencia creciente hemos registrado en estos jóvenes consultantes la irrupción de procesos psicoemocionales multiformes y contradictorios que dejan entrever dinámicas disruptivas en su psiquismo que no comprenden del todo; en muchas ocasiones estos padecimientos no se ligan en forma consciente a la vivencia traumática de la primera generación. […] y son, al mismo tiempo, resultante de la interacción del sujeto con un Estado que ha sido ineficiente en adoptar medidas de reparación integrales».

Uno de los objetivos del grupo CINTRAS es estudiar los efectos dañinos que la represión tuvo sobre los descendientes de las víctimas nacidos después de terminada la dictadura. Para ello y desde un enfoque eminentemente psicosocial, trabajaron con tales adolescentes, pero teniendo en cuenta que no solo es una cuestión psicológica y emocional, sino que también influyen factores del entorno, sobre todo la falta de reparación a las víctimas y la impunidad de los culpables (Brinkmann, 1999), a pesar de que allí no fue como en España. No olvidemos que, como argumenta CINTRAS (p. 24), «quienes al término de la dictadura aún se encontraban privados de libertad no fueron automáticamente liberados, sino que sólo se les aseguró que tendrían juicios justos, lo que implicaba una presunción de culpabilidad. En lugar de reconocer su importante aporte a la lucha contra un régimen injusto y opresor, se mantuvo el estigma de subversivos y terroristas que les había impuesto la dictadura». No olvidemos que tuvieron que pasar más de catorce años desde el fin de la dictadura para que el gobierno chileno comenzara a ocuparse de los ex-presos políticos y supervivientes de tortura. Este numeroso grupo de víctimas de la represión política había quedado excluido del trabajo de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Comisión Rettig), que solo se ocupó de los asesinados, desaparecidos y muertos en tortura. Más aún, «por largos años los ex presos políticos fueron las víctimas marginadas, olvidadas y además estigmatizadas, pues ni siquiera se tomaron medidas para borrar sus antecedentes penales y muchos continuaron con sus derechos civiles conculcados, lo que dificultó grandemente y muchas veces impidió su reinserción social y laboral» (CINTRAS, 2009, p. 25). Ese sí es un parecido con el caso español. Pero aquí ni se habla de los torturados y menos aún de las secuelas que sus traumas pueden estar teniendo en sus descendientes.

Más en concreto, lo que pretendió estudiar el grupo CINTRAS fue el trauma doble que sufrieron muchas víctimas de la dictadura pinochetista, pues al trauma producido por la represión de la dictadura se añadió el trauma generado por el olvido y silenciamiento de la democracia hacia ellas. Y si esto fue así en Chile, ¿qué habría que decir de España, donde no se ha hecho ni mención siquiera a la posibilidad de juzgar a los responsables de tantos crímenes y donde los torturadores siguen impunes e incluso cobrando un dinero extra por su eficacia profesional? ¿Cómo habrá afectado a la salud mental y al bienestar psicológico de los nietos de las víctimas el hecho de que la Transición no solo no esclareció la verdad ni hizo justicia ni reparación, sino que, por el contrario, afianzó a los poderosos grupos franquistas que, además, gozaron en todo momento y siguen gozando de total impunidad? Fue la frustración lo que llevó a esos jóvenes a organizarse para pedir justicia y memoria.

Ahora bien, al igual que en España, también en Chile «las distintas visiones acerca de cómo construir y mantener la convivencia en paz en una sociedad fracturada se han expresado tanto en el ámbito cotidiano como en el ámbito político. Para algunos se requiere superar y olvidar el conflicto, política y jurídicamente. Para otros, por el contrario, es necesario reconocerlo y asumirlo. Es decir, entender histórica y políticamente cómo las visiones y proyectos políticos antagónicos derivaron en un conflicto; cómo se instaló una polarización creciente y se generó una división cotidiana entre nosotros y ellos, cargada de hostilidad y odio, que cruzó todos los espacios de la sociedad. […] Para unos no habría más alternativa que la vía tradicional de la impunidad lo más amplia posible como garantía para cerrar el conflicto, dada su extensión y profundidad. Para otros, esa modalidad ya no es viable en una sociedad como la chilena, inserta en un contexto globalizado y signataria de los tratados internacionales de derechos humanos. Se requeriría garantizar la paz social mediante una combinación de verdad, justicia, reparaciones y memoria social. Éste ha sido el camino emprendido en 1990, aunque sin excluir del todo el olvido jurídico. […] Las acciones de memoria pública completan el reconocimiento de las víctimas y posibilitan a los familiares una dimensión del duelo que ha tenido que vivirse como si fuera únicamente privado. Es precisamente esta acción pública la que permite que las víctimas y sus familiares puedan dejar de sentirse obligados política y emocionalmente a ser los portavoces de la memoria del pasado represivo de la sociedad, ya que esa responsabilidad empieza a ser compartida con otros» (Lira, 2009, pp. 71-72). Pero las víctimas del franquismo estuvieron siempre más abandonadas que las chilenas.

En síntesis, mientras en Chile se hizo la transición con el dictador vivo y siendo jefe supremo del Ejército, en España se hizo tras la muerte del dictador, pues en vida de Franco fue del todo impensable realizar ningún proceso de transición a ningún tipo de democracia. Pero existen también coincidencias entre los procesos de ambos países, sobre todo una: no se dio ninguna ruptura, sino una reforma de la dictadura. En efecto, en Chile, «las disposiciones y “amarres” políticos y administrativos del régimen militar y la existencia de senadores designados restringieron y afectaron al nuevo gobierno, especialmente en relación con las iniciativas sobre derechos humanos» (Lira, 2009, p. 92). Sin embargo, al contrario de lo que se hizo aquí, el presidente Aylwin, ya al día siguiente de tomar posesión de su cargo, dejó claros sus compromisos con el tema de las violaciones de los derechos humanos, pidiendo que se esclareciera la verdad con respecto a los desaparecidos y a los demás crímenes de la dictadura. Las víctimas se vieron aliviadas. Nada de ello ocurrió aquí, ni siquiera hoy día, más de ochenta años después de producirse los asesinatos y las desapariciones. El propio Pinochet, en el momento de su muerte en 2006, estaba bajo arresto domiciliario y con 300 cargos penales pendientes por violaciones de los derechos humanos, por evasión de impuestos y malversación de fondos, siendo acusado también de haber amasado corruptamente al menos 28 millones de dólares. Franco fue responsable de muchos más asesinatos y acumuló también una gran fortuna, de la que siguen disfrutando sus herederos sin ningún problema y con una total impunidad.

3.2 Argentina.

La transición argentina fue muy diferente de la española al menos porque la caída de la dictadura se debió tanto a su derrota en la guerra de las Malvinas como al papel desempeñado por la figura del desaparecido, a pesar de que el propio dictador, general Videla, había dicho que «el desaparecido […] no tiene entidad, no está muerto ni vivo». Pero sí tenía entidad y consiguió instalarse en la escena pública. En cierta medida podemos decir que fueron los desaparecidos los que derrotaron a la dictadura, ayudados por los ingleses en las Malvinas. En España, en cambio, ni hubo derrota militar ni se sabía casi que había desaparecidos, aunque había muchísimos más que en Argentina donde, como dice Pastoriza (2009, pp. 294-295), «el Movimiento de Derechos Humanos se transformó en el referente ético de la sociedad y desempeñó un papel esencial tanto en la lucha contra la dictadura como en la transición democrática.[…] La desaparición de miles de personas a manos del Estado, la ruptura de los pactos más elementales de la convivencia social, la negación del derecho al duelo y al conocimiento de la verdad sobre el destino de las víctimas, y la impunidad de los autores de los crímenes fueron sumando conciencias y ampliando paulatinamente la participación». O sea, si en España fueron los propios franquistas los que, a la muerte del dictador, diseñaron y gestionaron el paso a un nuevo régimen, en Argentina la oposición tuvo mucho protagonismo en su transición, consiguiendo abolir las leyes de punto final que habían aprobado los militares. En Argentina la historia de la oposición a la dictadura tuvo tres etapas (Pastoriza, 2009, p. 295):

1) La primera, que abarcó desde el inicio de la dictadura hasta la sanción de las leyes de impunidad, se centró en la denuncia de la represión estatal y en la exigencia de justicia. En esta etapa fue esencial la petición de que los desaparecidos aparecieran con vida, la exposición pública de sus nombres y fotos, y la multiplicación de sus siluetas y de sus historias familiares. Estas denuncias las hicieron los organismos de derechos humanos, los familiares de las víctimas y los sobrevivientes de los centros clandestinos.

2) La segunda se corresponde con la vigencia de las leyes de impunidad y con los juicios que tuvieron lugar en el exterior (Italia, Francia y el que Baltasar Garzón emprendió en la Audiencia Nacional) y se iniciaron en Argentina los «juicios de la verdad», añadiéndose la exigencia de memoria a las de verdad y justicia.

3) La tercera comenzó en 2003 con la presidencia de Néstor Kirchner y su compromiso con los derechos humanos y los valores democráticos, así como el correspondiente enjuiciamiento de los responsables del terrorismo de Estado, lo que significaba poner fin a las leyes de impunidad y abrir las causas por los delitos de la dictadura, a la vez que en la tétrica Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) se creaba un museo de la memoria de los horrores de la dictadura (Espacio Memoria y Derechos Humanos).

Pero, como ya he dicho, los desaparecidos desempeñaron un papel crucial. En cierto sentido, los efectos psicológicos que tuvieron las desapariciones para los familiares fueron más graves aún que en España. Aquí no se pretendió ocultar los asesinatos, y de hecho, tras sacar a las víctimas de sus casas, subirlas a una camioneta, llevarlas al campo y asesinarlas, no tuvieron reparos en dejarlos a la intemperie, sin enterrar. En Argentina, en cambio, las familias sufrieron mucho hasta saber que sus padres, hermanos o hijos habían sido asesinados. En España, los asesinos incluso estaban orgullosos de su acción, no la ocultaban y, a menudo, los habitantes del pueblo donde tenían lugar los asesinatos sabían quiénes habían sido los responsables. Pero en Argentina los perpetradores hacían todo lo posible por ocultarlo. Aparte de esta cuestión crucial, los crímenes de la dictadura argentina y los de la dictadura franquista se parecieron mucho.

Sin embargo, en Argentina se dio algo que no pudo ocurrir en la España de posguerra y que permitió a los familiares de los desaparecidos mejorar su bienestar psicológico y afianzar su identidad: el establecimiento de fuertes lazos sociales entre muchas de las víctimas de la dictadura y los familiares de los desaparecidos. Ya he dicho varias veces lo importante que son para el bienestar psicológico de las víctimas las redes de apoyo social. Como señala Emilio Crenzel (2007, 166), «un grupo pequeño de familias se rebeló frente a la norma de silencio impuesta por la dictadura, a sus imposiciones por anular la escena pública y a sus prescripciones sobre el propio orden doméstico, constituyendo nuevos lazos sociales de pertenencia que resignificaron sus vidas y tradujeron su dolor en voluntad de lucha. Por un lado, a diferencia de las entidades formadas antes del golpe, la gran mayoría de las nuevas organizaciones defensoras de los derechos humanos se constituyeron sobre la base de los lazos de parentesco con los desaparecidos. […] Estas nuevas relaciones sociales, contribuyeron de manera decisiva a la auto conservación personal y ética de sus miembros, les permitieron desplazar el terror y dotar de visibilidad social y luego de legitimidad sus identidades y reclamos». Es más, añade Crenzel, «fueron innumerables, durante la dictadura, las denuncias ante autoridades policiales, decenas de miles los habeas corpus elevados a la justicia procurando establecer el paradero de los desaparecidos». En España esto fue absolutamente imposible. Otra diferencia esencial fue la duración de la dictadura: la argentina no llegó a ocho años (1976-1983) mientras que la española duró casi cuarenta (1936-1975). Muy diferente fue también la transición de un país y de otro, de forma que en Argentina se juzgó y condenó a los responsables de los crímenes y se fomentó la memoria de lo ocurrido, porque, como señalan Alejandra Oberti y Roberto Pittaluga (2001), «toda memoria es una construcción de memoria: qué se recuerda, qué se olvida y qué sentido se le otorga a los recuerdos no es algo que esté implícito en el curso de los acontecimientos, sino que obedece a una selección con implicancias éticas y políticas».

En Argentina, llegada la democracia, se procuró fomentar la memoria de las víctimas frente a la de los asesinos y sus herederos políticos, pues estos no mostraban ningún arrepentimiento. De hecho, como nos recuerda Pastoriza (p. 305), todavía en 1986, tres años después de caer la dictadura, el ex general Ramón Genaro Díaz Bessone acusaba a la «subversión» de «deformar y falsear la verdad» de la guerra que habían llevado a cabo los militares. Y 21 años después, cuando era juzgado el también ex general Domingo Bussi dijo: «Soy un perseguido por los derrotados de ayer en la guerra justa y necesaria y en las urnas tucumanas, hoy encumbrados –ebrios de rencor y de venganza– en los más altos cargos del Gobierno nacional y provincial». Y añadió ante el tribunal que le juzgaba que la figura del desaparecido fue «un árbitro psicológico creado por los guerrilleros para encubrir sus muertes en combate». En España los herederos políticos del franquismo siguen justificando tanto el golpe de Estado que llevó a la guerra como la propia dictadura. Y cuando les faltan argumentos, tanto en España como en Argentina dicen que ambos bandos cometieron los mismos asesinatos y que, por tanto, por decirlo con palabras de Pastoriza (2009, p. 306), «la excepcionalidad de la época y la violencia justificaba el “todo vale”. Por eso, para esta visión, la justicia debería tener igual trato con todos, borrando las diferencias entre un atentado guerrillero y la represión estatal», o en España, entre los asesinatos que cometieron los republicanos –que, ciertamente, también los cometieron– y los perpetrados por los franquistas. Como si los perpetradores de uno y otro lado hubieran pagado el mismo precio por sus crímenes.

Pero a partir de 2003 el Estado argentino llevó a cabo políticas de memoria con un profundo contenido simbólico (la retirada de los cuadros de los ex generales Videla y Bignone de la galería del Colegio Militar o la recuperación de la ESMA como museo de la memoria), estrategias a nivel nacional de construcción de memoria colectiva y, sobre todo, comisiones de la verdad. Allí, al igual que en otros países de América Latina y en Sudáfrica, la democracia que sucedió a la dictadura creó esas comisiones cuya función era investigar y hacer públicas las violaciones perpetradas durante el régimen anterior con el fin de establecer una nueva verdad sobre la violencia política que habían sufrido (Tonini, 2009). En efecto, en los casos concretos de Chile y Argentina, las respectivas comisiones de la verdad «expusieron oficialmente una nueva verdad pública sobre los crímenes dictatoriales, quebrando, así, el monopolio que había detentado hasta entonces la interpretación dada por sus perpetradores. Ambos informes constituyeron un corpus probatorio inédito sobre las violencias dictatoriales, que en el caso argentino sirvió para juzgar a sus máximos responsables» (Tonini, 2009, p. 164). En España, en cambio, nunca hubo nada parecido a esto. Como señalan Vinyes et al. (2002, p. 79), «en la historia los hechos nunca se repiten con exactitud. Pero establecer comparaciones es importante, necesario para comprender mejor la naturaleza de cada fenómeno contrastado y extraer las semejanzas que ponen de relieve, o no, la existencia de una lógica represiva y no sólo una brutalidad espontánea». Y si comparamos lo que hizo la democracia argentina con respecto a los represores y las víctimas de la dictadura y lo que hizo la española, esta sale, una vez más, muy mal parada. La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, presidida por Ernesto Sábato, emitió un informe final, el famoso y estremecedor Nunca más (1984) (véase Crenzel, 2006), que mostraba claramente que había habido miles de desaparecidos y más miles aún de torturados y represaliados. Así, este informe señala que a veces se detenía a las personas delante de sus propios hijos, se las trasladaba al centro clandestino de detención, donde los detenidos presenciaban las torturas a que eran sometidos sus padres y luego eran torturados ellos mismos en presencia de ellos. Y después, con frecuencia, se les hacía desaparecer. En el caso de adolescentes, a veces también se les torturaba a ellos delante de los padres y al revés. Años antes, como señalan Vinyes et al. (2002, p. 80), se había hecho algo similar en España. Todo ello produjo serios problemas en el desarrollo psicológico de esos niños y adolescentes, lo que casi con toda seguridad derivó en traumas psicológicos que mantuvieron toda su vida y que, en muchos casos, transmitieron a sus descendientes.

Como vemos, hubo algunas similitudes, pero también diferencias entre el caso español y el argentino. Así, en Argentina, «para los hijos de desaparecidos y otros militantes que sufrieron la cárcel y el exilio, los sentimientos de amor, respeto y admiración hacia los padres se entremezclan a veces con la sensación (consciente o no) de que la opción revolucionaria que siguieron destinó a los hijos a una infancia marcada por el trauma» (Reati, 2015, p. 1). Pero ocho años después pudieron reivindicar la memoria de sus padres y, al menos en parte, ver cómo se hacía justicia. En España, en cambio, al durar tanto la dictadura, a veces se adaptaron psicológicamente al discurso del franquismo. Si durante toda su infancia y adolescencia no les habían hablado de estos temas en casa, ni siquiera de lo que le habían hecho al padre, al abuelo o abuela; si en la escuela y en la iglesia solo oían decir lo malos que eran los «rojos» –y sabían que sus padres y abuelos lo eran–, si nadie les comentaba siquiera lo que realmente había pasado en el país y lo que les había ocurrido a sus familias, y si cuando se enteraron de algo fue cuando ya tenían, por ejemplo, 35 o 40 años, el trauma psicológico estaba asegurado. Porque el hecho de que en casa no hubiera más que silencio no significa que los niños no captaran –por comunicación no verbal o por transmisión emocional– que algo malo había pasado en su familia, que algo malísimo les habían hecho a sus ancestros. Y, como ya he dicho, eso desarrolla unos traumas psicológicos difíciles de superar.

Es más, argumentan Vinyes et al. (2002, p. 81), «en Argentina las desapariciones fueron el efecto de una guerra sucia contra los que eran considerados incómodos por el régimen militar, denominados globalmente como “izquierdistas”. En España no. La pérdida y desaparición fue el resultado de la “purificación” del país. Es decir, de la depuración que el Estado juzgó necesario hacer al establecer una división básica y estructural del país entre vencedores y vencidos. Por tanto, la clandestinidad de las actuaciones argentinas no se dio en España. Nunca hubo centros clandestinos de detención. Al contrario, fue el Nuevo Estado el que acometió la institucionalización del proceso legal, administrativo y burocrático que facilitó las desapariciones y pérdidas, especialmente desde las cárceles de mujeres. La vulneración de los derechos humanos en el caso español fue tan sistemática y exhaustiva como lo permitieron los medios con que contaba el Estado. Sus actos no fueron esporádicos, ocasionales o accidentales». Y añaden estos autores (p. 82): «Los desaparecidos, en un contexto represor general, han de ser considerados una categoría de maltratados que deja de tener presencia pública o presencia civil. Éste es el caso argentino. Pero en el caso español lo genuino y esencial no fue la desaparición civil, aunque desde luego existiese, sino la prescripción civil que dura toda la vida: un hijo de rojo, un hospiciano del Auxilio Social o de un convento, siempre ha sido portador del estigma. […] Por este motivo la singularidad –y perversidad– del caso español en este asunto consiste en que el franquismo forjó una culpa pública e histórica, cuya redención sólo era posible con el sufrimiento».

En resumidas cuentas, lo que ocurrió en la dictadura argentina fue al principio incluso peor que en España, dada la oscuridad total que rodeaba a las desapariciones, pero menos grave después, dado que la dictadura, afortunadamente, duró menos que la española. También en Argentina –y en esto es parecido a lo ocurrido aquí– «la eliminación sistemática de personas no fue casual, fue un plan orquestado, pensado y elaborado desde el poder. No fue casual ni fue un error de cuatro personajes siniestros a los cuales “se les fue la mano”. La intención fue clara y planificada: destruir el germen del pensamiento contestatario, crítico y la organización de las luchas populares. Para ello era necesario aniquilar una generación» (Bruno, 2008, p. 378). En Argentina aniquilaron a una generación, en España a dos. Y eso aún se nota en muchos aspectos. Otra diferencia esencial fue que en Argentina, «durante los años de la dictadura “recordar” y “mantener la memoria” fue un tema de las víctimas. “No olvidar” era su respuesta permanente, fraguada desde las lealtades viscerales con sus muertos, sus proyectos y sus esperanzas, ante la propuesta de olvidar del régimen que se manifestaba en los discursos de la vida diaria. Contar lo sucedido, buscar la verdad acerca de ello tenía a veces un efecto ritual aliviador […] Las víctimas que atendimos luchaban para que se instalara en la sociedad la responsabilidad por la memoria más allá de sí mismos» (Jelin, 2017, p. 40). En España, en cambio, fue el olvido lo que reinó durante décadas, para dolor de las víctimas.

En definitiva, si la dictadura argentina tuvo muchos puntos en común con la española, en ambas democracias hay ya muchas e importantes diferencias, tanto a nivel político como a nivel de trato a las víctimas. Así, es impensable que un presidente español diga lo que dijo Kirschner el 24 de marzo de 2004 en un discurso que dio en la Escuela de Mecánica de la Armada: «Como presidente de la Nación Argentina vengo a pedir perdón de parte del Estado nacional por la vergüenza de haber callado durante veinte años de democracia por tantas atrocidades». Cierto que Raúl Alfonsín aprobó dos leyes (Ley de Obediencia Debida [1987] y Ley de Punto Final [1986]) que declaraban impunes a los militares que actuaron durante la dictadura, cumpliendo órdenes de sus superiores, pero ambas fueron anuladas en 2003 por el gobierno de Kirschner y se juzgó a los responsables de los crímenes (siendo condenado el dictador Videla a cincuenta años de prisión).

3.3. Uruguay

Aquí la transición de la dictadura (1973-1985) a la democracia fue poco modélica, aunque después se corrigieron muchas cosas. También en este país se aprobó una ley de punto final (Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva de Estado, 1986), de forma que los responsables de los crímenes de la dictadura quedaron impunes, pero pronto comenzó una campaña de recogida de firmas para derogarla consiguiéndose que se hiciera un plebiscito, el 16 de abril de 1989, que aprobó el mantenimiento de la Ley de Caducidad y, por tanto, la permanencia de la impunidad. Sin embargo, en el 2000, bajo la presidencia de Jorge Batlle, se constituyó la Comisión para la Paz cuya función era investigar los crímenes y la inculcación de los derechos humanos por parte de los militares. Esta comisión, entre otras cosas, consiguió encontrar a los desaparecidos. Y aunque también comenzaron a actuar los jueces, sin embargo, no fue fácil juzgar a los criminales como lo demuestra el hecho de que cuando los jueces solicitaban información y/o citaban a declarar a los militares y policías acusados, estos no les daban la información pedida ni se presentaban en los juzgados que les habían citado (Olivera, 2016). Pero a pesar de todo ello, en 2002 fue juzgado el ex canciller Juan Carlos Blanco Estradé y poco después, durante el gobierno de Tabaré Vázquez, también fueron juzgados varios militares y el propio ex dictador, Juan María Bordaberry, que fue condenado en 2010 a treinta años de cárcel, aunque su fallecimiento en 2011 le impidió cumplirlos. Todavía el 22 de abril de 2020 fue condenado por la Justicia uruguaya a 25 años de prisión el ex militar de la dictadura José Nino Gavazzo. Lo que hubo en Uruguay, pues, fue un largo y penoso proceso contra la impunidad de los responsables de los crímenes de la dictadura. Y aunque la Ley de Caducidad no ha sido aún anulada ni derogada, a partir de 2011cambiaron las cosas y los efectos de esta ley fueron eliminados del ordenamiento jurídico. Pero nuevamente, en 2013, la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucionales dos artículos de la ley que había anulado la Ley de Caducidad, lo que implicó que los delitos cometidos durante la dictadura no sean de lesa humanidad y por tanto ya hayan prescrito, por lo que deben archivarse las causas abiertas a numerosos policías y militares. Sin embargo, en España nunca ha habido ni siquiera esa polémica uruguaya, ni una petición masiva de firmas para derogar la Ley de Amnistía de 1977 y ni siquiera intentos de derogarla.

En resumidas cuentas, al igual que en las demás dictaduras del Cono Sur, la uruguaya funcionó como un gran sistema de poder político y control social basado en el terror a través de la detención, la prisión y la tortura ejercidas con la máxima arbitrariedad y despotismo (Gil, 1990). Es más, el terrorismo de Estado en la dictadura uruguaya, al igual que en las demás, «se caracterizó por el uso sistemático de la violencia, como forma de diseminar el terror en toda la sociedad. Las ejecuciones, la desaparición forzada, la tortura y la prisión, fueron métodos utilizados no sólo como formas de represión y eliminación de los opositores, sino como muestras de un poder absoluto sobre la vida y la muerte de las personas» (SERSOC, 2009, p. 343). Y concluye el SERSOC: «Estos elementos nos permiten afirmar que la irrupción del terrorismo de Estado en Uruguay produjo un verdadero trauma psicosocial y socio-histórico […] El trauma se dilató en el tiempo constituyéndose en una situación traumática. A esto también contribuyeron las políticas de silenciamiento, olvido e impunidad que caracterizaron al período inmediato post dictadura». Tengamos en cuenta que, tras la dictadura, lo que hubo también en Uruguay, para consternación de las víctimas, no fue justicia sino impunidad, silencio y olvido. Además, al igual que en Brasil y sobre todo en Chile, se aprovechó la violencia y el terrorismo de Estado para instalar el neoliberalismo a nivel ideológico, cultural y sobre todo laboral. Por eso, a los problemas que tenían las víctimas a causa de la impunidad de los responsables de tanto crimen se unió la pobreza y la desigualdad producidas por las políticas neoliberales.

5) Brasil: Tal vez la transición brasileña se pareció a la española más aún que la chilena. En Brasil «los procesos de reparación del Estado a los afectados se han limitado exclusivamente a la reparación económica. Los archivos de la dictadura no fueron abiertos, ningún torturador fue encarcelado» (Vital Brasil, 2009, p. 298). También los militares brasileños pretendían, además de terminar con sus opositores políticos, producir un tipo de subjetividad, individualizada, controlada, despolitizada, temerosa y dispuesta a aceptar las violaciones de los derechos humanos y los ataques a la democracia. Además, también aquí, como en Argentina, Chile o Paraguay, al llegar la democracia, las políticas neoliberales consiguieron ocultar el tema de la violencia de Estado, el juicio a los culpables y los torturadores y la recuperación de la memoria de las víctimas (Coimbra, Andrade, Sá Leitão y Vital Brasil, 2002; y Kolker, 2009a, 2009b). Como dice Tania Kolker, miembro del equipo brasileño GTNM/RJ[55] (2009c, pp. 25-256), en el siglo XXI, pese a la incorporación de los instrumentos de derechos humanos a nuestra legislación, la tortura y los asesinatos practicados por agentes del Estado parecen de tal forma integrados a la normalidad democrática brasileña que, tras 23 años del fin del régimen militar, permanecen no aclaradas las muertes y desapariciones del pasado (Coimbra y Vital Brasil, 2009). Además, añaden, continuó la violación de los derechos humanos, pero mientras en el pasado se trataba de una práctica subterránea que requería ocultar pruebas y silenciar a los sobrevivientes y testigos, durante la democracia, la criminalización de la pobreza, la espectacularización de la violencia, la deshumanización de los considerados peligrosos y la gestión mediática del miedo y de la indiferencia, crean las condiciones para que esos crímenes ocurran a la luz del día y coexistan con el orden constitucional. Más aún, esgrime Rauter (2002) que la tortura –y sobre todo la impunidad que la justifica y legitima– constituye una de las estrategias del capitalismo para producir resentimiento e interiorización, segmentando a la ciudadanía. Y sin embargo, es esa misma impunidad lo que lleva a menudo a los descendientes de los represaliados que acuden al GTNM/RJ en busca de ayuda terapéutica a no ver la relación entre sus dolencias psicológicas y el daño sufrido por sus padres, de forma que «raras veces relacionan su dolor y sufrimiento con los daños causados por la violencia de Estado y, muchas veces, se perciben como víctimas del abandono y de las elecciones políticas de sus familiares» (Kolker, 2009c, p. 268): al igual que ocurría en algunas familias españolas, también aquí algunos veían a su padre o abuelo como el culpable de su situación, antes que a los autores de los crímenes. Y añade esta autora (p. 277) que «cuando el Estado y la sociedad actúan como si nada hubiera ocurrido, la humanidad y/o la certidumbre de pertenencia del afectado son negados, y cuando la práctica de tortura resulta legitimada y la vida de los que fueron torturados se configura como “torturable”, o incluso “matable”, esto puede producir efectos a lo largo de las generaciones siguientes». Eso es precisamente lo que pasó en España durante décadas. Por ejemplo, una persona a la que le mataron al padre y/o a la madre en 1936 cuando contaba con 7 años, tenía 53 cuando el PSOE llegó al gobierno y vio cómo los restos de sus padres seguían en fosas comunes. Y hoy día, ya con 91 años, ve que sus padres siguen olvidados en la cuneta. ¿Cómo no va a seguir teniendo traumas psicológicos? ¿Cómo puede estar satisfecho con esta democracia?

4. Conclusión

Al caer una dictadura se establece la batalla por el relato. Y de cómo se resuelva esa batalla dependerá el que los responsables de los crímenes de la dictadura queden impunes o pasen muchos años en la cárcel. Como escribe Lira (2009, p. 107), «en términos colectivos, las memorias compartidas permiten la construcción de un relato acerca del sentido de lo sucedido. Existirán, por tanto, distintos sentidos y distintas memorias, incluso contradictorias entre sí. Aunque las memorias varían de persona a persona, cuando miles de personas han experimentado las mismas situaciones, las memorias evocarán las emociones compartidas y crearán un sentimiento de pertenencia que reactualizará el vínculo con esa historia. Desde ese vínculo imaginario, recordar y revivir en un nuevo contexto de reconocimiento y de valoración puede sanar algunas heridas». Como he dicho repetidamente, el acto de recordar y contar tiene efectos muy terapéuticos. Así, Lira (2007) muestra cómo el testimonio de los traumas padecidos durante la dictadura chilena a causa de la represión del Estado fue muy eficaz para reducir o eliminar sus efectos sobre el trauma: el relato de la represión por parte de las víctimas y de sus familiares es algo muy liberador.

Y hemos visto que hay diferencias entre la Transición española y las de Chile, Uruguay, Argentina y Brasil. Pero en todas ellas hay también algunos aspectos comunes: silencio en las familias sobre lo ocurrido, silencio por parte del Estado, silencio y olvido en la sociedad y protección del Estado a los asesinos, más que a las víctimas. De hecho, gran parte de la población ni sabe siquiera lo que ocurrió y a menudo ni quiere saberlo. ¿Cuántas personas saben en Dueñas que en ese pueblo de unos 4.000 habitantes fueron asesinadas más de cien personas? ¿Cuántos saben que 25 de ellas eran mujeres? Y eso que hay una placa en la plaza con los nombres de los asesinados. Pero la mayoría de la gente ni siquiera conoce la existencia de esa placa.

Para terminar este capítulo diré que si me he extendido mucho en revisar los modelos de transición en América Latina, a pesar de que este libro pretende analizar la transmisión de los traumas de las víctimas del franquismo a sus descendientes, ha sido porque ello nos ayuda a entender mejor por qué los descendientes de las víctimas aún mantienen sus traumas y sus heridas tantos años después: casi podemos decir que los traumas se han cronificado, como muestran los pocos estudios existentes sobre este tema en nuestro país. Si los estudios que hay en Argentina o Chile dejan muy clara la permanencia de esos traumas en los hijos y nietos de las víctimas directas, a pesar de que allí se hicieron mejores transiciones que aquí, podemos imaginarnos cómo serán tales traumas aquí, donde los vencedores de la guerra y sus símbolos siguen dominando el país.

En cuanto a las víctimas, quiero terminar este capítulo con una cita de los autores del grupo SERSOC (Servicio de Rehabilitación Social), pues es evidente que lo que ellos dicen de Uruguay es perfectamente aplicable a las demás dictaduras de América Latina y a la franquista, pues no olvidemos que en todas ellas las torturas, los asesinatos y las desapariciones produjeron mucho dolor, mucho sufrimiento y numerosos traumas psicológicos. «El terrorismo de Estado tuvo como cometido aniquilar la identidad del militante, destruir todo aquello que apuntala su psiquismo, su cuerpo, sus vínculos (familiares, de amistad y de sus grupos de pertenencia), sus ideales. Pero su objetivo iba más allá de eliminar la acción política: pretendía modificar la cultura y los sistemas colectivos de convivencia que habían caracterizado a nuestro país durante décadas. A través de la imposición del miedo se atacaban la capacidad de expresarse, de pensar y las funciones de producción de sentido y comunicativas del conjunto social. Se quiso dejar una enseñanza a través del ejercicio de la violencia a toda la sociedad y a las generaciones venideras: el fin de las utopías y la aceptación pasiva y resignada de un Estado totalitario donde toda disidencia estaba prohibida. Esta violencia fue posteriormente ocultada y silenciada por las políticas de Estado, que además garantizaron la impunidad de los represores» (2009, pp. 342-343). Por eso, añade el SERSOC (p. 343), «el trauma se dilató en el tiempo constituyéndose en una situación traumática. A esto también contribuyeron las políticas de silenciamiento, olvido e impunidad que caracterizaron al período inmediato post dictadura». Y es difícil que un trauma cronificado no sea transmitido a la siguiente generación.

No es raro, pues, que las consecuencias psicológicas para los afectados hayan sido muy dañinas en todos estos países: «Muchas veces, en los directamente afectados estos procesos implican la reactivación cíclica y recurrente de diversas constelaciones sintomáticas (estados depresivos, ataques de pánico, dolencias físicas, conflictos familiares) que pueden ser activadas por experiencias de vulnerabilidad en la vida personal (pérdida del empleo, separaciones, muertes cercanas) o por acontecimientos sociales y políticos nuevos, asociados a la experiencia traumática» (SERSOC, 2009, p. 345). De hecho, el SERSOC observó un gran incremento a partir del año 2000 de las consultas de los hijos e hijas de las víctimas (en concreto casi un 50 por ciento de la consulta total) lo que le llevó a estudiar el daño que la violencia de la dictadura había hecho tanto a nivel social como familiar e incluso transgeneracional por lo que comenzaron a estudiar la influencia que tiene el daño ocasionado por el terrorismo de Estado en el desarrollo psicosocial de los descendientes de las víctimas, con la intención de «contribuir a la generación de políticas que incluyan la verdad, la memoria y la justicia como elementos de reparación de la sociedad, así como a la dignificación de las personas y las familias afectadas directamente por el terrorismo de Estado» (p. 338). Es decir, lo que pretenden estos autores es indagar en las bases psicológicas y psicosociales de la necesidad de unas políticas de reparación integral: políticas de memoria, reconocimiento, justicia y dignificación de las personas y las familias. Eso también debería hacerse en España y constituye uno de los objetivos de este libro.

CAPÍTULO 8 -

RESUMEN Y CONCLUSIONES

1. Introducción

Este libro está a mitad camino entre la psicología y la historia, que es donde se encuentra la psicología social. De ahí su utilidad para tratar temas como el que analizo aquí. Podríamos decir que es un libro de psicología social que utiliza datos, argumentos y conclusiones de los historiadores para lograr su objetivo: estudiar la permanencia de los traumas psicológicos en los hijos, nietos y hasta bisnietos de las víctimas del franquismo. No debe olvidarse que la principal finalidad de la psicología es, o debería ser, la mejora del bienestar psicológico de las personas. Este libro intenta analizar el origen de los traumas de los herederos de las víctimas y los efectos que tiene sobre su bienestar psicológico. Tal origen está en el golpe de Estado de 1936, en la guerra subsiguiente y en la represión brutal de la dictadura. No solo asesinaron, fusilaron, torturaron y encarcelaron a cientos de miles de republicanos, sino que sus familiares fueron humillados, vejados y rechazados durante demasiados años. Madres de familia numerosa, con el padre y el marido asesinados, tuvieron que salir adelante en una sociedad en la que eran consideradas escoria y en la que no se les daba trabajo. Madres que no contaban nada a sus hijos por miedo y que, por la noche, solas en sus alcobas, no dejaban de llorar y temblar, pensando en sus maridos muertos, en el hambre de sus hijos y en el futuro tan negro que les esperaba. ¿Cómo no iban a tener traumas psicológicos? Como subraya Clara Valverde (2014, p. 58), «40 años de dictadura es mucho tiempo, suficiente para meter el miedo y la autocensura en el consciente y en el inconsciente de millones de personas, un miedo que determinó comportamientos, maneras de pensar, vivir y sentir». Y los niños y niñas que vivían en tales condiciones por fuerza internalizaron la desesperación de sus madres y desarrollaron traumas psicológicos duraderos. Además se frustró la esperanza que tenían de que, al morir el dictador, cambiaría su suerte y se repararía tanta injusticia. Esa frustración les impidió cicatrizar sus heridas y superar sus traumas. Lo que hubo tras la muerte de Franco fue una transición continuista que hizo poco por las víctimas. La prueba más evidente es que, como he repetido varias veces, 120.000 republicanos permanecen aún en fosas comunes. «Todos los miedos, humillaciones, horrores de la Guerra Civil y de la dictadura, los conscientes y los inconscientes, fueron escondidos e ignorados en la Transición, incorporándose al material no dicho de la transmisión generacional» (Valverde, 2014, pp. 59-60).

De hecho, como escribió el poco sospechoso de izquierdismo, Fernando Álvarez Miranda, «en la transición se pagó un precio muy duro. […] En este país hubo gente que sufrió injusticias, que pasó tanto, sin darles la satisfacción del reconocimiento de lo que habían sido esos crímenes y abusos. Porque no nos olvidemos de que el general Franco hizo una cosa que fue la Causa General. Un estudio hecho desde el Ministerio de Justicia en el que se consignaron todos los crímenes cometidos en la zona republicana. Ese libro está ahí, y se publicó. ¿Y la Causa General de la otra parte? ¿Por qué no se hace? […] ¿Por qué se niega a los españoles el conocer muchas de las atrocidades que se cometieron durante el franquismo?» (Tomado de Marcos, 2008, pp. 344-345). Y es que la democracia a que llevó la Transición no mejoró mucho la situación de las víctimas y de sus herederos, hasta el punto de que hoy día las fosas siguen sin abrir, sus moradores sin rehabilitar y los herederos del franquismo llamando terroristas a quienes lucharon contra la dictadura. Porque llegó la democracia y todo siguió casi igual, en este aspecto y en muchos otros. De hecho, las asociaciones memorialistas no dejan de encontrar dificultades de todo tipo, ya no solo para abrir las fosas, sino incluso para hacer que se cumpla la Ley de Memoria Histórica y que se retiren las placas que homenajean de diferentes formas a criminales franquistas. En cambio, en Alemania, aunque también costó mucho, las cosas son muy distintas con respecto al nazismo: actualmente en muchas de sus ciudades –como es el caso de Colonia–, delante de cada casa de la que se llevaron a judíos a campos de concentración hay una placa con sus nombres, edad y la fecha en que los sacaron de sus casas. Qué distinta la situación española.

Además, «ningún responsable de vulnerar atrozmente los derechos humanos durante el franquismo ha sido juzgado en España, y ello porque se ha impuesto una interpretación muy restrictiva de la Ley de Amnistía de 1977, que ha disuadido a muchos de iniciar procedimientos penales. En nuestro país, se considera que esta norma es incompatible con cualquier tipo de investigación judicial, lo cual bloquea el derecho a la verdad» (Aguilar y Payne, 2018, pp. 32-33). A los jueces les basta con considerar que se trató de delitos comunes para zanjar el asunto y paralizar las denuncias. ¿Cómo que no fueron delitos políticos el asesinato de miles de personas por haber sido alcaldes o concejales de un ayuntamiento por un partido de izquierdas o por haber militado en esos partidos o sindicatos? Tampoco se ha considerado nunca, añaden Aguilar y Payne, que «los secuestros de niños registrados en la posguerra puedan constituir una excepción dentro de la Ley de Amnistía, como sí se consideró en Argentina y Uruguay. Tampoco asisten los jueces a la apertura de fosas comunes de la guerra civil y la posguerra, aunque los informes forenses demuestren que ha habido muertes violentas y ello, en teoría, obligue a que se personen. En realidad, el Estado español nunca ha tomado la iniciativa de las exhumaciones, sino que se ha inhibido y ha optado por “privatizar” esa labor, dejándola en manos de familiares o de asociaciones de memoria». ¿Qué ha hecho en este campo la maravillosa democracia que tenemos? Muy poco.

2. Necesidad de la recuperación de la memoria

Son muchos los que todavía preguntan por qué seguir hablando de este tema después de tantos años. La respuesta es evidente: porque no se ha permitido hablar antes y porque, por eso, no han cicatrizado las heridas de las víctimas y de sus herederos (Miñarro y Morandi, 2015). Lo terrible es que haya que seguir hablando de ello, ochenta años después de terminar la guerra, dado que aún no se ha producido la tan necesaria reconciliación entre españoles, como lo prueba la existencia de las fosas. Por eso, a pesar de que han pasado tantos años, este tema sigue siendo actual al menos por dos razones: porque aún hay muchas personas que sufren por ello –sobre todo aquellas que no han podido recuperar los restos de sus seres queridos– y porque el conflicto de la Guerra Civil sigue estando presente tras las opciones políticas e ideológicas actuales. Por ejemplo, en Castilla y León –y no solo aquí– hay alcaldes que se niegan a retirar del callejero los nombres de reconocidos franquistas, incluso después de que sentencias judiciales les obliguen a ello. Y son precisamente esos los que más repiten que se trata de un tema del pasado. Y mientras, la Iglesia sigue beatificando a cientos de víctimas de su bando, olvidando completamente a los del otro, algunos de ellos religiosos fusilados por Franco. Pero la derecha no le dice a la Iglesia que se trata de un tema del pasado, que no hay que mirar hacia atrás.

Además, si los descendientes de los vencidos mantienen sus traumas, los de los vencedores probablemente también, pues tal vez les persiga todavía inconscientemente una culpa heredada: la de ser los descendientes de los asesinos. Tal vez por eso se nieguen a retirar los símbolos del franquismo, porque sería reconocer la responsabilidad de sus antepasados. De ahí que para ellos sería psicológicamente saludable que se les informara de los crímenes que cometieron sus abuelos: algunos ya lo saben, pero otros no; aunque tal vez atisben cosas raras, tengan sospechas que no les deje vivir en paz. Por eso creo que sería bueno para ellos, precisamente porque no son responsables de las acciones de sus antepasados, reconciliarse con su propio pasado. Y para ello, lo primero que tendrían que hacer sería conocerlo y hacerle frente. Eso facilitaría la reconciliación, que tanta falta nos hace, entre los herederos de ambos bandos.

Lo que ha ocurrido en España es bien conocido. La historia la escriben los vencedores y la escriben a su manera. Pero después quieren imponerla, como memoria social, a la sociedad en su conjunto y a las generaciones siguientes. Eso no es nuevo, pero tal vez nunca había tenido la radicalidad –en las formas y en el fondo– que tuvo durante las dictaduras del siglo XX. También el franquismo intentó que su memoria siguiera siendo la oficial incluso después de que acabara la Dictadura. En este libro he intentado indagar en este tema pues, a mi modo de ver, es difícil comprender en su complejidad el trauma de los vencidos y el de sus descendientes sin tener en cuenta esos aspectos tan centrales de la historia reciente de España. El silencio sobre estos temas fue impuesto por la Dictadura, pero la democracia lo ha mantenido. Lo que escribe Lira del caso chileno vale también para el español: «La mayor parte de los temas ligados a las visiones políticas, al juicio sobre el Gobierno o cualquier indicio que permitiera identificar las posiciones de las personas eran suprimidos en toda conversación de trabajo o encuentro social. […] La experiencia del miedo y paralización por el horror existente y el riesgo de padecerlo es tal vez la experiencia más extendida en la sociedad chilena después de 1973» (Lira, 2009, p. 89). En ambos países, como reflejo de la internalización de la represión de la dictadura, se instaló un alto nivel de autocensura: «prohibido hablar de política», es la frase que aún resuena en España en reuniones o comidas de amigos y familiares. Lo que no saben muchos es que es imposible no hablar de política porque todo es político ¿O es que prohibir hablar de política no es en sí mismo un acto político? Otra cosa es que, dado que existen diferentes memorias todavía en conflicto (la de la derecha, heredada del franquismo, y la de la izquierda, proveniente de la República y de la lucha antifranquista), sea difícil hablar de ciertos temas sin entrar en discusiones poco agradables. De ahí la necesidad de crear una memoria común, aunque parece que estamos más lejos de conseguirlo que hace unos años.

Por otra parte, en este libro he hablado mucho de las víctimas y de las circunstancias en las que tanto sufrieron, y casi nada de los verdugos. El objetivo no era denunciar a los asesinos sino hablar del dolor y los traumas de las víctimas. No obstante, quisiera dejar claro que no suele haber rasgos psicopatológicos en los torturadores y asesinos de las dictaduras, como tampoco los hay en los asesinos de los grupos terroristas (véase Ovejero, 2009). Unos y otros suelen ser personas normales, lo que no les exculpa –sino todo lo contrario– de su responsabilidad. Si fueran enfermos mentales ello explicaría su conducta asesina y les eximiría, al menos en parte, de responsabilidad. Pero el hecho de ser personas normales agrava su culpabilidad. Tanto Hanna Arendt (1963/2006) en un conocido libro, como Stanley Milgram (1974/2016) con sus famosos experimentos, muestran que se puede ser un asesino sin tener perturbadas las funciones mentales y sin poseer «instintos asesinos». Los criminales de las dictaduras son personas normales que fueron educadas para rechazar a quienes no pensaran como ellos y por eso les cuesta poco asesinarlos. Otra cosa es que a menudo son psicópatas, como lo son los acosadores laborales, «seres sin culpa, que actúan con desamor, sin registros de los otros seres humanos, de sus necesidades, de sus sentimientos. Los psicópatas son penalmente responsables, y lo son porque son conscientes de los delitos que están cometiendo, pero sienten que sus acciones los engrandecen. No se arrepienten de sus actos, los justifican en función del engrandecimiento de la patria, de la reorganización nacional o de cualquier otro “bien mayor y común”, que justifica el uso de cualquier medio para conseguir un fin. Es un sentimiento de estar por encima del bien y del mal […] Hay un supremo interés que los ampara de dar cuentas a nadie, ni de pagar por ningún crimen, ya que no sienten haberlo cometido, como una guerra santa» (Bruno, 2008, pp. 386-387). Y concluye esta autora (p. 387): «en general, eran seres normales, amparados en un círculo de poder e impunidad que les protegía para realizar cualquier actividad: matar, torturar, robar, violar […] Todo amparado desde el mismo Estado, lo cual les otorgaba un poder sin límite, una fuerza ilimitada […] No sólo eran normales, eran obedientes funcionarios, aunque algunos disfrutaran más que otros de su cotidiano hacer, aunque algunos sufrieran perturbaciones psíquicas, nada los debería exculpar de su responsabilidad, porque actuaron con el convencimiento de que lo que en condiciones normales se consideraría una aberración, en este caso amparado por una ideología, era justificable y razonable».

3. Los traumas psicológicos de los republicanos vencidos

Para la generación que perdió la guerra todo fue horroroso después de 1939, aunque para algunos de ellos el horror había comenzado antes. Primero la derrota en la guerra y el comienzo de una represión jamás vista antes en España, luego el exilio –los que no fueron fusilados, asesinados o encarcelados–, después la lucha contra los nazis, más tarde la traición de las democracias europeas a las que tanto habían ayudado a vencer al nazismo, a continuación la inacabable dictadura, seguida de una transición nada modélica y, finalmente, tuvieron que soportar una democracia continuista de la dictadura que poco hizo por ellos y por sus descendientes. Como escribe Fernández Quiroga (2006, 1ª, p. 32), es en la Transición «donde este hecho se constata de una manera especialmente dolorosa: las instituciones proclaman que todo está olvidado, se maquillan biografías con el resultado que todo el mundo ha sido un demócrata declarado o un demócrata latente, se ofrecen homenajes a quien había sido suficientemente homenajeado y se hunde un poco más la losa donde esperan los que sí merecen el homenaje, los que esperaban ser escuchados». Es más, aquí todavía no se considera «al régimen franquista equiparable a otras dictaduras de las que sí se conoce y rechaza su crueldad» (Fernández Quiroga, 2006, 1ª, p. 34). Todo ello por fuerza agravó más aún los traumas psicológicos de las víctimas del franquismo y de sus descendientes. Este fue otro efecto de la Transición. Nunca se habló de la represión franquista ni fueron depuradas las responsabilidades: siempre reinó el silencio y la más absoluta impunidad. Más en concreto, el franquismo quiso borrar la memoria de los vencidos por la vía de imponer un silencio total, pero no es fácil escapar a nuestra propia memoria colectiva. De ahí que, sesenta años después de terminar la guerra, los nietos se movilizaran para recuperar la memoria de los vencidos.

No olvidemos que «la sociedad que se construyó tras la guerra sólo estaba pensada para garantizar el bienestar de los vencedores por medio de la marginación de los derrotados. En todas las instituciones públicas y también en las empresas privadas comenzó un proceso de depuración de sus trabajadores. Cada hombre o mujer fue investigado y, en caso de no demostrarse su total afección al Movimiento, era fulminantemente despedido. Maestros, funcionarios de ayuntamientos, médicos, barrenderos… Se trató de un proceso global en el que los miles de puestos de trabajo que quedaron vacantes fueron ocupados por hijos, hermanos o demás familiares de personas vinculadas al nuevo régimen. No sólo los vencidos, sino también aquellos que, simplemente, no pudieran atestiguar su fidelidad a Franco, no eran autorizados, ni siquiera, a abrir un negocio» (Hernández, 2019, p. 459). Y la Transición tuvo como objetivo principal mantener todo eso, cambiando solo lo imprescindible para que los españoles tragaran con el nuevo régimen democrático. Y tragamos. Entre las cosas que no cambiaron están tres de los principales objetivos que tenían los vencedores (Hernández, 2019, p. 464): criminalizar la etapa republicana, legitimar el golpe de Estado que acabó con la democracia y blanquear los crímenes y la represión del franquismo. Ello se debió, añade Hernández, al hecho de que la Transición se construyó sobre la promesa de que se garantizaría la impunidad de los verdugos, se mantendría en el olvido total a las víctimas y quedaría intacto el relato historiográfico franquista. Y todos los gobiernos desde entonces lo han cumplido a rajatabla. Pero por primera vez, y aunque ya muy tarde, el actual gobierno de coalición PSOE-UP puede poner en peligro, aunque sea muy limitadamente, el cumplimiento de esta triple promesa. De ahí la feroz beligerancia de la derecha contra él, desde antes incluso de constituirse.

Otro aspecto que contribuye a que aún se mantenga el dolor de los familiares de los asesinados es que muchos, entre ellos algunos intelectuales progresistas (Santos Juliá, Martínez Reverte, etc.), pretendan meter a todas las víctimas en el mismo saco: «víctimas de la Guerra Civil». Pero una parte de los hombres y mujeres asesinados no vivieron ninguna guerra civil ni lucharon contra nadie: fueron sacados de sus casas y asesinados. Así de simple. «Detrás de todo esto se encuentra la voluntad de no llamar por su nombre a lo ocurrido en el 36 ni asumir sus consecuencias. Y esto a pesar de la evidencia. De modo que ni fascismo, ni genocidio, ni desaparecidos, ni siquiera represión… Todo debe quedar entre sociólogos: a un lado Juan José Linz y la teoría de los regímenes autoritarios –nada de fascismo, faltaría más–, y al otro Santos Juliá y su definición de la violencia política, donde todo cabe y que permite incluso eludir el concepto de represión. O sea que aquello fue un régimen autoritario y la violencia con que se impuso no fue sino un capítulo más de la “violencia política del s. XX”» (Espinosa, 2012, p. 627). Pero eso es posible porque, como escribe Hernández (2019, pp. 56-57), «España sigue siendo un país al que le han robado la memoria y le han falseado su historia. Es una nación en la que, de alguna manera, todos estamos enfermos. Enfermos de una amnesia perfectamente programada» Y añade Hernández (p. 59): «Siempre pensé que cualquier español que había vivido el franquismo había sido, en mayor o menor medida, un rehén de la dictadura. Ahora era consciente de que quienes crecimos en democracia o nacieron en ella también somos víctimas. Víctimas de un engaño masivo, víctimas de una educación adulterada, víctimas de un Gran Hermano que nos negó la verdad y nos empujó a poner en el mismo nivel a los asesinos y a los asesinados».

Ya nos había avisado Herbert Southworth cuando dijo que «si la democracia española, recién establecida, no ayuda a confirmar la verdad histórica de la guerra civil, puede perder su propia legitimidad y, lo que es mucho peor, su alma» (Citado en Hernández, 2019, p. 61). En España fue la Transición la que nos llevó por senderos opuestos al aconsejado por Southworth. Y para ello, argumenta Hernández, aprobó una ley de punto final que mantenía impunes los crímenes del franquismo; además, con el beneplácito de casi toda la izquierda marxista, nos hizo cerrar los ojos para que no viéramos lo que estaban haciendo los políticos, nos cerraron la nariz para que no pudiéramos sentir el olor a podredumbre que destilaba todo ello y nos taparon los oídos para que no pudiéramos escuchar los gritos de angustia de las víctimas humilladas. Entonces, que nadie se sorprenda del auge de Vox. Porque fue la Transición la que nos convenció de que solo cerrando los ojos tendríamos garantizadas la paz y la democracia. Y la mayoría de la ciudadanía no percibió que es al revés: cerrando los ojos no se puede construir nada positivo ni decente. «No se podía mirar hacia el pasado, había que ignorar la realidad, teníamos que tolerar que se contara y estudiara una historia falsificada por los hagiógrafos de la dictadura, debíamos olvidar a aquellos hombres y mujeres que se pudrían en las cunetas o que sufrieron la cárcel, las torturas y/o el exilio por luchar contra la tiranía. A cambio de este memoricidio, de esta perversidad moral e intelectual, teníamos que estar agradecidos porque se nos concedía la gracia de poder vivir y de poder votar. A cambio de la impunidad jurídica e histórica para los verdugos y el olvido y la humillación para sus víctimas, nos devolvían algo que ya era nuestro y que, simplemente, nos habían robado muchos años atrás: nuestra libertad. El paso de los años no solo no ha corregido ese error, sino que lo ha mantenido latente hasta que lo ha hecho aflorar, de nuevo, con toda su crudeza» (Hernández, 2019, p. 62).

4. Trauma y memoria: Recuperación de la memoria histórica

Los recuerdos no están en nuestra cabeza esperando que los rescatemos cuando los necesitamos, sino que los reconstruimos cada vez que los retomamos, de forma que los vamos modificando cada vez que accedemos a ellos (Nader y Einarsson, 2010). Y los vamos cambiando para adaptarlos a nuestra situación e intereses actuales. Por eso recordamos cosas bonitas de un amigo al que hace tiempo que no vemos –con quien seguimos manteniendo una buena amistad– pero solo recordamos cosas feas de otro viejo amigo con quien ahora nos llevamos mal. «Esto es la esencia no sólo de cómo el pasado persiste en el presente, sino también de cómo el presente tiene la potencialidad de cambiar (lo que fue en) el pasado» (Levine, 2018, p. 178). Por tanto, la política que haga un gobierno con respecto a las víctimas de la violencia del Estado va modificando sus recuerdos, de forma que si la democracia española no hace nada por las víctimas del franquismo estará modificando su memoria y agravando sus traumas. Pero de ahí no se deduce que sea positivo para las víctimas borrar sus recuerdos negativos. Por el contrario, lo que habría que hacer son políticas positivas. Hoy día es ya posible borrar nuestros recuerdos negativos, pero vimos en el Capítulo 4 que no es nada recomendable. Otra cosa bien diferente es intentar por todos los medios recuperar la memoria histórica o colectiva. Eso sí es algo que tiene efectos positivos tanto para las víctimas como para la sociedad, como los tendría si, por fin, se llevara a cabo un programa serio y financiado con fondos públicos para abrir las fosas. Juliá (2003, 2006, 2007) dijo con frecuencia que había que pasar página en el tema de la Guerra Civil, que había que olvidarla, dado que ya habíamos superado el duelo. Pero la verdad es que muchos miles de españoles siguen sin haberlo podido superar, sobre todo los familiares de los que aún permanecen en las fosas. Como apostilla Espinosa (2012, p. 635), «no se sabe aún el número de víctimas causadas por el fascismo ni su identidad ni la fosa donde acabaron y dice (Juliá) que las familias superaron ya el duelo; no se sabe aún donde están o qué fue de los archivos de la represión con los ficheros exhaustivos de las víctimas (en poder de Ejército, Policía, Guardia Civil y Falange) y dice que hay que dar el caso por cerrado». Lo que hay que hacer es solucionar definitivamente esta cuestión y la única forma de conseguirlo es llevar a cabo el citado programa, siempre después de tener en cuenta la opinión de los familiares. Pero tal vez eso no se hará mientras no se reconozca que la Transición no fue modélica. Y no es sólo la derecha la que se niega a reconocerlo, sino también una parte de la izquierda, en especial, señala Espinosa, todos los que han escrito sobre este tema en El País (Juliá, Martínez Reverte, Álvarez Junco, Jordi Gracia, Muñoz Molina, etc.), cuyo objetivo esencial es defender la sacrosanta Transición. Difícilmente mejorará la situación «mientras el modelo de transición y el sistema político a que dio lugar sigan siendo el gran muro protector del franquismo y de su historia criminal e incluso pasen por ser lo mejor que nos pudo ocurrir» (Espinosa, 2012, p. 640).

Según Gómez Marín y Hernández Jiménez, 2011, p. 487), la recuperación de la memoria histórica debe hacer una restitución simbólica a las víctimas del franquismo y reconstruir la historia reciente para recuperar las identidades perdidas y fragmentadas, pero siempre incluyendo la perspectiva de género para hacer visible el papel de las mujeres, dado que fueron doblemente perdedoras y sufrieron una doble represión, como vencidas y como mujeres: sufrieron violaciones y vejaciones de todo tipo. Pero recuperar la memoria histórica exige ir más allá de la Ley de Memoria Histórica (Aróstegui, 2009; López Villaverde, 2014). Es más, aunque toda ley de memoria histórica es un instrumento indispensable para la reconciliación entre las personas de un país tras una guerra civil, la que aprobó el gobierno de Rodríguez Zapatero difícilmente podrá ser eficaz, pues para ello hubiera sido imprescindible ser consensuada por las fuerzas políticas y por los diferentes grupos sociales afectados. Y en España ello ni fue posible ni lo es, pues una gran parte de la derecha sigue negándose incluso a que haya una ley de ese tipo. Como escribe Espinosa (2009, p. 102), «la existencia de una derecha que no tiene reparo alguno en asumir el pasado golpista y dictatorial representa sin duda un escollo insalvable. Observadores externos que han vivido procesos similares, caso de los alemanes, han planteado alguna vez que una ley de memoria solo puede ser efectiva y duradera si surge del acuerdo mayoritario, de manera que el cambio de partido en el gobierno no altere lo acordado». Pero si fue difícil tal consenso hace unos años, más difícil lo es ahora con la irrupción de Vox en el Parlamento.

Tampoco el PSOE de Felipe González estuvo interesado por el tema de la memoria histórica, ni por el de los desaparecidos, ni por el de los niños robados. Solo cuando pasó a la oposición, y empujado por los movimientos memorialistas, comenzó a exigir una ley de memoria histórica que por fin se aprobó en diciembre de 2007. «La LMH finalmente salió adelante, pero los resultados satisficieron a pocos. Dejando a un lado lo referente a los hijos de exiliados y emigrados, el único acuerdo, aunque con ciertas limitaciones, se dio en relación con la desaparición de los símbolos y reliquias franquistas […] Sin embargo, finalmente el Estado no se haría cargo de las exhumaciones, ni habría revisión ni anulación de sentencias y el Valle de los Caídos seguiría igual» (Espinosa, 2009, pp. 103-104). Esa ley les sirvió de poco a las víctimas pues, aunque algunos creían que era un buen punto de partida, el propio PSOE –con la ayuda del PP– impidió cualquier propuesta de ampliación. Y a pesar de sus limitaciones, cuando el PP volvió a la Moncloa todo quedó en agua de borrajas, pues Rajoy anuló la ley por vía presupuestaria al retirarle toda financiación: a la LMH cero euros. Y bien orgulloso que lo decía.

En todo caso, como nos recuerda Espinosa (2009, p. 104), «las críticas más duras vinieron de organismos internacionales relacionados con los derechos humanos como Amnistía Internacional o Human Rights Watch, quienes criticaron la falta de compromiso del Estado y lo lejos que aún estaba la ley del derecho internacional». Además, añade Espinosa (p. 104), por si no estuviera clara la verdadera intencionalidad de la ley, en ella «aparecen en diversas ocasiones las palabras Transición y Constitución, pero en ningún momento se menciona la II República. Sólo este detalle da la medida de la actitud timorata con que se afrontó la cuestión de la memoria histórica por parte del Gobierno y de quienes colaboraron y dieron el visto bueno al proyecto. Así, tenemos una ley que reconoce los derechos de quienes padecieron daños y violencia a causa de la destrucción de la República a manos del fascismo, pero que nunca alude al régimen político que fue víctima de la agresión. […] Y es que a nadie se le escapa que la carga de fondo que lleva el llamado movimiento por la recuperación de la memoria histórica no es otra que restablecer la verdad de lo ocurrido con las víctimas del fascismo y, con ella, la dignidad del sistema político al que sirvieron y por el que dieron la vida». Mientras no se haga esto, las víctimas seguirán estando en una realidad de humillación y difícilmente podrán superar sus traumas. Ese sigue siendo el problema que enfrenta no solo a la derecha y a la izquierda, sino también a las distintas izquierdas. «Los defensores de la Transición rechazan la memoria de la República y de su destrucción, y los impulsores de los movimientos pro memoria creen que la transición estará incompleta y la democracia no será plena hasta que no se asuma el pasado oculto y se dignifique la experiencia republicana» (Espinosa, 2009, p. 105). Por eso el juez Garzón terminó como terminó, por querer investigar judicialmente los crímenes franquistas. Eso era ir demasiado lejos en un país en el que tanto la derecha, como la Iglesia, el Ejército, la Judicatura y hasta alguna izquierda se oponían. En efecto, cuando en 2008, Garzón comenzó tal investigación, la derecha (incluyendo una parte del PSOE) levantó el hacha de guerra y desde la Audiencia Nacional fulminaron el proyecto. El sindicato ultraderechista Manos Limpias presentó una querella contra el juez, acusándole de prevaricar; la querella fue admitida a trámite por el Tribunal Supremo, a la que después se sumaron la Asociación Libertad e Identidad y Falange. A ello se unió más tarde otra querella contra Garzón por su investigación en el caso Gürtel. La consecuencia fue que quienes se sentaron en el banquillo no fueron los responsables de los crímenes franquistas sino el juez que quiso investigarlos, que fue condenado por prevaricación y expulsado de la carrera judicial. Fue un claro aviso para cualquier otro juez que pretendiera hacer lo mismo. Y luego están las fosas, tema absolutamente central en cualquier intento de recuperación de la memoria histórica. En los años 70/80 ni el gobierno de la UCD, ni el PSOE, ni el PCE aprobaban el que los familiares pudieran exhumar a sus seres queridos tirados por los campos y las cunetas de España.

En suma, la Transición no quiso saber nada de la represión de cientos de miles de hombres y mujeres republicanos, de decenas de miles de niños robados, de docenas de miles de desaparecidos; no investigó nada e incluso dificultó el que alguien lo hiciera. De hecho, los poderes de la Transición, incluidos el PSOE y el PCE, no dejaban de asociar la memoria al rencor y el olvido a la reconciliación. Había que olvidar lo ocurrido durante la guerra y la dictadura; había que olvidar la represión, los asesinatos, los niños robados y las mujeres maltratadas; había que abandonar a los muchos miles de españoles que aún sufrían por no poder enterrar con dignidad a sus seres queridos mientras hasta sus propios partidos les exigían paciencia, silencio y resignación. Francisco Ferrándiz (2007, p. 622) subraya que las exhumaciones están aportando a la sociedad española de principios del siglo XXI una entidad política viable sobre nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, siendo ello una prueba definitiva que cuestiona lo poco modélica que fue la Transición. Tales exhumaciones, añade, están modificando la memoria histórica de millones de españoles, a la vez que crea serios problemas de identidad a los herederos políticos de los verdugos. Y esto es así porque «las fosas comunes, cuando existen, son un testimonio dramático de las heridas de la memoria y de la historia, y son un instrumento crucial en la comprensión de los efectos sociales, políticos y culturales del terror y de los procesos de construcción del miedo. Excavar las fosas significa, literalmente, “excavar la memoria”» (Sanford, 2003, p. 17). Pero la derecha se resiste a abrir nuestra memoria histórica. Lo anticipó hace veinte años Southworth (2000, p. 185): «Pasarán decenios antes de que la derecha española desista de sus esfuerzos por justificar la rebelión armada de 1936». Lo que no sabemos es cuántos años quedan todavía. Por el camino que vamos, todo parece indicar que muchos. Yo no tengo esperanzas –aunque sí muchos deseos– de verlo. Las dificultades siguen siendo enormes, ya no para enjuiciar a los culpables, sino para conocer lo que pasó y para llevar a cabo la reparación moral que merecen las víctimas. Recordemos que hace solo unas semanas, la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados acusó al padre del vicepresidente del Gobierno de terrorista porque luchó contra Franco.

5. Necesidad de verdad, justicia, reparación y reconciliación

La historia de España durante el siglo XX no invita al optimismo. Las desigualdades económicas, que eran anteriores al franquismo y explican los conflictos sociales de los años veinte y treinta, crecieron durante la Dictadura y no han sido corregidas por la democracia, hasta el punto de que seguimos siendo uno de los países más desiguales de Europa. La crisis financiera de 2008 las incrementó y todo indica que la presente pandemia del COVID-19 las aumentará aún más. En esas circunstancias es aún más necesaria una verdadera reconciliación nacional si queremos descartar nuevos conflictos sociales como los que vivimos en el siglo XX. No parece que durante los últimos tres años estemos yendo por el camino correcto. La reconciliación no será posible mientras las víctimas del franquismo sigan humilladas y mientras miles de ellas sigan todavía en fosas comunes. Pero hacer justicia a las víctimas es necesario, no solo por razones políticas y de convivencia nacional, sino también por humanidad. Hay todavía muchos miles de españoles con traumas psicológicos a causa de lo que el franquismo les hizo a sus abuelos, traumas que se vieron agravados al constatar que la democracia no hacía mucho por reconocer a las víctimas y por recuperar su memoria. Pongamos el caso del nieto de un militar del Ejército español que fue fusilado tras ser condenado a muerte por rebeldía en juicio sumarísimo, y que tal sentencia aún figura en los archivos judiciales: las sentencias y penas del franquismo aún no han sido abolidas. ¿Cómo va a tener confianza en esta democracia? Algo similar –salvando las distancias– habría que decir de los miembros de la UMD, que por querer traer la democracia vieron truncada su carrera, que no han podido rehacer nunca mientras veían cómo sus compañeros franquistas ascendían en el escalafón, en plena democracia, hasta los puestos más altos.

Por eso hay todavía muchos españoles que sufren traumas psicológicos de diferente tipo como víctimas directas o indirectas del franquismo. «Se podría decir que el trauma de la tortura y el terror de la muerte y de la desaparición son irreparables. Aún así, sí es posible llevar a cabo procesos en los que las personas que vivieron las injusticias y sus descendientes tengan una cierta sensación de reparación. Y esa sensación tan necesaria se puede conseguir a través del reconocimiento del impacto de la violencia del Estado o violencia apoyada por el Estado, sobre las víctimas, sus cuerpos, sus mentes, sus vidas y sus descendientes. Para crear esa sensación de reparación es necesario que las autoridades asuman la responsabilidad de lo sucedido y de sus consecuencias» (Valverde, 2014, p. 115). Dicen muchos que el franquismo pasó hace mucho tiempo. Sin embargo, una prueba de que aún no ha pasado es que ellos mismos tienen mucho interés en que no se hable de aquellos crímenes. Pero es imprescindible hablar de ello, investigar lo que realmente pasó y sobre todo rendir homenaje a las víctimas, pues ello es de gran utilidad tanto para los nietos como para la sociedad en general. No olvidemos que España fue durante demasiados años un escenario de crueldad contra los vencidos. De ahí que, por razones tanto de humanidad como de democracia, se hace imprescindible atender a las víctimas. Porque, como he intentado explicar en este libro, el daño y el sufrimiento que produce la represión en el caso de conflictos políticos es indiscutiblemente «transgeneracional». Además, como señala Fernández de Mata (2016, p. 4), «la ausencia de políticas de memoria ha generado mayores problemas para la sociedad española que los que pudieran haberse derivado de una correcta atención a las víctimas siguiendo los protocolos habituales para sociedades postdictatoriales. El no reconocimiento del sufrimiento, de la aceptación de la condición de víctimas, ancla y cronifica su dolor y la experiencia de exclusión que, como tratará de mostrarse, no se acaba con el fallecimiento de los testigos directos de los crímenes». La represión franquista produjo en la mayoría de las víctimas profundos traumas que con frecuencia transmitieron a sus hijos, sobre todo cuando, como fue lo habitual, en casa reinaba el silencio por miedo a la represión y para intentar proteger a sus hijos. Todavía hoy se mantiene ese miedo, y muchas víctimas no se atreven a hablar del tema cuando algún historiador o periodista las entrevista. Esta situación no puede seguir así por más tiempo. Es imprescindible cambiar muchas cosas en este terreno, ante todo por las víctimas, pero también por una buena convivencia entre españoles.

Por otra parte, y antes de terminar, me gustaría decir algo de otro grupo de españoles de los que no suele hablarse nunca. Me refiero a aquellos obreros y jornaleros que, por haber triunfado el golpe militar en su ciudad o en su comarca, fueron enrolados en el ejército franquista y tuvieron que luchar contra sus hermanos de clase. Los que no consiguieron pasarse a las filas republicanas, así como los que ni lo intentaron, ganaron la guerra, pero fueron durante toda su vida unos perdedores más en la nueva España, pues al volver a casa tuvieron que seguir trabajando de sol a sol por un miserable sueldo. Habían contribuido a la victoria de las élites, pero ello les sirvió de muy poco, de manera que en gran medida compartieron con los vencidos las penurias de la posguerra y tuvieron que sufrir las mismas horribles condiciones de vida que los vencedores habían impuesto al resto de obrero y jornaleros. Poco se ha escrito sobre este numeroso colectivo, pero ello no impide entender sus penurias y sufrimientos, que fueron similares a los de toda la clase obrera de posguerra. Se trató ante todo de una guerra social para meter en cintura a los obreros y jornaleros que se habían atrevido a poner en tela de juicio las relaciones laborales imperantes. Los obreros perdieron la guerra, incluso los que la ganaron. ¿Cómo compatibilizaron estos sus emociones por haber ganado una guerra con sus emociones por no poder participar de los privilegios de la victoria? Habría que estudiar mejor este tema dentro del ámbito de la justicia y la verdad, aunque a estas alturas ya no es fácil.

6. Qué podemos y debemos hacer

Lo que no se puede hacer es seguir como hasta ahora y mantener el actual statu quo. Declararse neutro cuando hay un conflicto entre dos personas o grupos desiguales es decantarse por los verdugos y contra las víctimas. Por tanto, es necesario tomar medidas, entre ellas las siguientes:

1) Recuperar la memoria histórica y apoyar a las víctimas: Lo primero que habría que hacer es abolir la Ley de Amnistía, como han solicitado en más de una ocasión la ONU y otros organismos y asociaciones internacionales. Después, mejorar mucho la Ley de Memoria Histórica actualmente vigente. Además, el Estado debería ayudar más a las asociaciones memorialistas que, como es el caso de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica, están haciendo un excelente trabajo a pesar de que carecen de medios. Mucho más y mejor lo harían si dispusieran de recursos suficientes. Las víctimas tienen que ser reconocidas de múltiples maneras: anulando las sentencias franquistas, levantando monumentos en su memoria, ayudando a los nietos/as a recuperar los restos de sus abuelos para enterrarlos con la dignidad que merecen. Como escribe Juan Miguel Baquero (2019, p. 231), «recuperar todas las historias, todos los nombres, poner rostro al inabarcable puñado de crímenes contra la humanidad que han continuado impunes durante dolorosas décadas. Porque conocer la tragedia tantas veces silenciada de las víctimas del terrorismo fascista es un deber democrático ineludible, que toca a todo el país, y olvidarlas supone la condena a una segunda muerte».

2) Crear comisiones de la verdad: Una medida indispensable para recuperar la memoria histórica y para hacer un digno reconocimiento a las víctimas, como se ha hecho en más de cuarenta países, es la creación de estas comisiones, cuyo cometido es buscar la verdad de los hechos que ocultó la dictadura, posibilitando que se conozcan los nombres de las víctimas y a veces también los de los verdugos, abriendo la puerta a poder enjuiciar tales hechos y resarcir a las víctimas, lo que les ayudará a superar sus traumas psicológicos. Es más, «en un proceso jurídico se podría llegar a nombrar quién hizo qué. Y eso es importante porque necesitamos que se hable de la verdad. Pero también tiene que surgir la verdad sobre el sufrimiento, los sentimientos y los significados que tuvo y tiene lo ocurrido para todos los afectados» (Valverde, 2014, pp. 114-115). Ciertamente es tarde, pero más vale tarde que nunca.

3) Apoyo social: Es bien conocida la necesidad que todos tenemos de poseer apoyo social. Y uno de los principales problemas que afectaron a las víctimas del franquismo durante décadas fue precisamente la ausencia de tal apoyo. «El ambiente de represión generalizada en la postguerra no ayudó nada a disponer de una red social en la que apoyarse» (Fernández Quiroga, 2006, 2ª, pp. 34-35). Y por parte del Estado, las víctimas no tuvieron ningún apoyo, ni antes ni después de la muerte del dictador. Por eso, «cuando hablan de la transición, los sentimientos se desbordan y las organizaciones de izquierda, que en la posguerra fueron un elemento sostenedor, caen. Se sienten abandonados, rechazados, agraviados y también muy dolidos por las divisiones internas en partidos y sindicatos. Esta última situación fue altamente traumática por el grado de enfrentamiento que se dio entre personas que habían trabajado juntas durante muchos años» (Fernández Quiroga, 2006, 2ª, p. 35).

4) Terapia y superación del trauma: La superación de sus traumas por parte de los vencidos y de sus descendientes solo se explica por la existencia de lo que algunos llaman «instinto de superación», la resiliencia. «Mis 45 años de trabajo clínico me confirman la existencia de un instinto fundamental y universal orientado a la superación de obstáculos y el restablecimiento del equilibrio interno: el instinto de perseverar y sanar tras pasar por sucesos y pérdidas sobrecogedoras» (Levine, 2018, p. 100). No todas las víctimas tuvieron traumas duraderos, pero tampoco todas fueron resilientes. Gran parte de ellas no tuvieron las condiciones necesarias para ser resilientes (apoyo de una persona relevante, una buena autoestima y sentimientos de autoeficacia), aunque incluso así muchas consiguieron serlo. Pero los que mantienen sus traumas necesitan ayuda terapéutica, tanto de profesionales de la psicoterapia como a través de grupos terapéuticos de intercambio de ideas. En estos grupos, utilizados por Miñarro y Pijuan (2014), se reúnen víctimas del franquismo para hablar de sus emociones, sus traumas y sus recuerdos para, de esa manera, constatar que son algo normal que también tienen las demás, lo que les permitirá constatar que son personas normales y que sus traumas han sido producidos por la represión franquista y no por su debilidad psicológica. Mejor les hubiera ido a las víctimas del franquismo si hubieran tenido ayuda psicoterapéutica, y cuanto antes mejor, como les ocurrió a muchas de las chilenas. Es inconcebible que tal ayuda, al menos a nivel oficial, tampoco la tuvieran tras la muerte de Franco, ni siquiera hoy día. La democracia olvidó voluntaria e intencionalmente a las víctimas, pues su mero recuerdo era un estorbo para el principal objetivo de la Transición: mantener intactos los privilegios de quienes habían ganado la guerra. No fue así en Chile, pues un mes después del golpe militar ya había en Santiago organizaciones clandestinas que prestaban ayuda psicológica a las víctimas (Aggar y Jensen, 1996). Posteriormente, en noviembre de 2004, se aprobó el Programa de Reparación y Atención Integral en Salud y Derechos Humanos (PRAIS), un instrumento de reparación del Ministerio de Salud para los afectados por la represión del Estado durante la dictadura, y para sus familiares. «Este programa se ocupa de la salud física y mental de las personas afectadas y familiares de los desaparecidos, ejecutados, torturados y exiliados. Y es de particular interés que el servicio se extiende hasta los nietos de los afectados. […] El enfoque terapéutico de este servicio es ayudar a la persona a establecer su relación con la realidad y su capacidad de relacionarse con los demás. También se trabaja la importancia de reconocer el significado de lo vivido y rescatar lo reparable dentro de lo irreparable, asumiendo las pérdidas e intentando verse en vez de víctimas como supervivientes» (Valverde, 2014, pp. 116-117). En España, en cambio, el Estado jamás ha proporcionado tal ayuda a las víctimas.

5) Construir una memoria consensuada: Para ello no hay que imponer «verdades oficiales» que cambiarían con cada cambio de Gobierno, pero «sí se ha de hacer un esfuerzo importante por incluir estos temas en los manuales y programas de las asignaturas de nuestro sistema educativo […] (que) transmitan una valoración ecuánime de lo ocurrido apoyándose en lo mucho que la historiografía ha avanzado, sin olvidar la financiación y transparencia de sus principales instrumentos de trabajo: los archivos; se deben tomar medidas que impidan homenajes de cualquier tipo a los que atentaron contra un sistema político que supone precisamente las bases del actual que tanto valoramos y, por supuesto, se debe reparar material y legalmente a las víctimas de aquellos acontecimientos» (Ortiz Heras, 2006, p. 192). Solo cuando seamos capaces de construir una memoria colectiva consensuada de nuestra historia de los últimos cien años podrá haber una buena convivencia entre los españoles.

7. Conclusión

Todo el proceso de represión del fascismo franquista y humillación de sus víctimas, desde el golpe de Estado contra la República hasta hoy día, es resumido por Francisco Espinosa (2012, pp. 639-640) en estos ocho puntos: 1) La II República fue un régimen democrático que inició reformas que no fueron aceptadas por importantes sectores de la derecha española; 2) La derecha boicoteó a la República desde el principio y lanzó su ataque final cuando vio que las elecciones de febrero del 36 daban el gobierno al Frente Popular; 3) Ese golpe militar fue seguido de un plan de exterminio perfectamente diseñado, que en pocos meses hizo desaparecer a miles de personas allí donde triunfó; 4) La masacre fue de tal magnitud que desde el primer momento se tuvo plena conciencia de que había que ocultarla como fuera; 5) La Guerra Civil representa un paréntesis dentro del plan de exterminio, que existió antes de que se pudiera hablar de tal guerra y continuó después hasta bien entrados los años 50; 6) Hasta tal punto era importante la cuestión represiva que la tuvieron que neutralizar con la amnistía de 1977, 14 meses antes de que se aprobara la Constitución; 7) La Transición, controlada por la derecha y con el visto bueno de gran parte de la izquierda política, omitió toda referencia a las decenas de miles de víctimas de la represión fascista; y 8) Hoy día, 45 años después de la muerte del dictador, seguimos sin saber la identidad y el número de víctimas.

Todo ese largo y tortuoso proceso produjo en las víctimas tanto dolor y sufrimiento que les creó profundos traumas psicológicos que se cronificaron y fueron transmitidos a los hijos, nietos y hasta bisnietos, quienes aún los sufren hoy día. Ahora bien, y por decirlo con palabras de Levine (2018, pp. 203), «ningún debate sobre el trauma generacional quedaría completo sin al menos reconocer un intrigante aspecto de la transmisión traumática que parece desafiar toda explicación: la herencia de información orientada a la supervivencia. En concreto, me refiero a la transmisión de importante información implícita». Esa transmisión del trauma se hace principalmente a través de las emociones de los padres (miedo, angustia, incertidumbre, etc.) que los niños, ya desde muy pequeños, son capaces de captar e internalizar. Y a menudo con el silencio como variable intermedia. Pero también influyeron mucho en la transmisión las condiciones reales de vida: la humillación, el desprecio y la exclusión de que eran objeto.

Y a pesar de todo, a pesar de tanto sufrimiento, a pesar de que muchos descendientes de las víctimas aún sufren los traumas, a pesar de que esas víctimas han sido olvidadas por esta democracia, a pesar de que unos 120.000 republicanos y anarquistas siguen aún en fosas comunes, dispersas por los campos y las cunetas, a pesar de todo, lo único que piden los descendientes de las víctimas es un mínimo de reconocimiento y que tanto daño, tanto dolor y tanto sufrimiento sea reparado institucionalmente. Sorprende que no tengan ni odio ni venganza. Como escribe Reig Tapia (2917, p. 39), «ninguno de los que llevamos inmersos desde hace tantos años en estas controversias nos hemos encontrado nunca entre los perdedores a nadie henchido de rencor y con ánimo de venganza». Y es que, como dice Olga Fernández Quiroga (2006, 1ª, pp. 35-36), es indiscutible el mucho sufrimiento que tuvieron que padecer las víctimas del franquismo, tanto las directas como sus descendientes: aún no pueden olvidar las humillaciones, vejaciones y rechazo social que padecieron. Además, añade esta autora, la persistente impunidad agrega un plus importante a su problemática, pues constituye un factor que reactualiza la experiencia traumatizante y la cronifica. De hecho, los muchos estudios realizados en Argentina o Chile, así como los pocos que hay en España, han encontrado que los nietos y nietas aún mantienen el trauma de sus padres o abuelos, lo que se constata en pesadillas nocturnas, en pensamientos invasivos o en obsesiones. A menudo estas personas desconocen el origen de tales problemas psicológicos, pero la persistencia de intensas emociones hace sospechar que tal sintomatología está relacionada con la experiencia traumática de sus antepasados, aunque no siempre sea fácil demostrarlo. Pero la clínica muestra que lo reprimido retorna siempre y cuanto más reprimido está, más maligno es el retorno. Por eso conviene que los descendientes de las víctimas directas, a su vez víctimas del franquismo, hablen de sus emociones y de sus traumas, porque ello les aliviaría. Y concluye Fernández Quiroga diciendo que los datos de las entrevistas realizadas a descendientes de víctimas del franquismo «nos permiten afirmar que, a pesar de la ausencia de un cuadro clínico definido, la huella de la experiencia está presente, actúa y genera, en el mejor de los casos, muchas dificultades de relación» (2006, 2ª, p. 50). Una prueba de que aún sufren tales traumas es que muchos familiares de las víctimas todavía tienen miedo. De hecho, «aún hoy día muchas familias, cuando les piden el nombre de su familiar para ponerlo en el monumento conmemorativo, no lo quieren dar porque tienen miedo» (Fernández Quiroga, 2006, 2ª, p. 52).[56]

Ahora bien, no todas las víctimas tuvieron traumas psicológicos y menos aún todos sus hijos y nietos. Lo que sí podemos afirmar es que las víctimas sufrieron mucho, hasta el punto de que muchas de ellas desarrollaron traumas muy dañinos que en numerosos casos transmitieron a sus descendientes. Sin embargo, la Transición y la democracia han hecho muy poco por ayudarlas, a pesar de que no han dejado de hablar de las víctimas, pero solo cuando se trata de otras. «Hay que repetir una vez más que la diferencia entre el tratamiento dado a las víctimas del terror rojo y a las del terror azul resulta abismal. Unos tuvieron todo y otros nada. Desde la Transición se realizaron algunos gestos para compensar este vacío, lo cual solo se ha conseguido muy parcialmente. El día en que las miles de víctimas del fascismo español, las del territorio donde no hubo guerra sino solo represión –me refiero a Andalucía occidental y Granada, buena parte de Extremadura, Castilla y León, Galicia, La Rioja, Navarra, parte de Aragón, Baleares y Canarias, es decir, más de medio país– cuenten con una investigación oficial que permita saber quién es cada una y se exhumen sus restos erigiendo un memorial para ellas en cada cementerio, solo entonces podremos hablar de igualdad ante la ley de los ciudadanos de un mismo país. Mientras tanto la desigualdad y la injusticia constituyen prueba manifiesta de que la democracia no ha compensado la verdad a medias y la propaganda que se arrastraba desde la dictadura» (Espinosa, 2012, p. 631). Ello contribuye muy poco a que las víctimas y sus descendientes cicatricen sus heridas y superen sus traumas.

Si España no quiere tener en el siglo XXI los problemas de convivencia que tuvo en el XX, debería cerrar adecuadamente las heridas que dejó el siglo anterior, pero antes hay que limpiarlas, lo que significa, para empezar, dejar claras las profundas diferencias que hay entre una dictadura tan cruel como fue la franquista y una democracia; y conectar la presente democracia con la República y no con el franquismo, como se hace ahora. La debilidad de nuestra democracia proviene de que no rompió con la dictadura, sino que fue su continuación: más parece una dictadura reformada que una democracia real. Y habría también que hacer justicia y reparación a las víctimas. Muchos añaden que a las de los dos bandos. Por supuesto que sí. Si se descubren casos de víctimas del bando franquista a las que todavía no se les ha hecho justicia o que aún están tiradas en fosas comunes, deberán ser dignificadas como merece cualquier ser humano. Pero resulta que esas víctimas ya han sido resarcidas y ensalzadas lo suficiente durante muchos años. Las víctimas que no lo han sido todavía son las del bando republicano. De hecho, a este bando pertenecen los miles de víctimas que aún no han sido enterradas y cuyas familias no han podido siquiera hacer el duelo por ellas. La democracia no puede devolver la vida a los asesinados por Franco, pero sí debería devolverles la dignidad. Y en sus primeros 42 años no lo ha hecho, ni con gobiernos de derechas ni con gobiernos socialistas, a pesar de que muchas de esas víctimas, arrojadas a fosas comunes, eran socialistas y fueron asesinadas precisamente por serlo. Por supuesto que si hay víctimas del bando franquista en esas mismas condiciones también hay que hacerles justicia y resarcir su dignidad pues merecen la misma justicia que los demás. Finalmente, también habría que hacer justicia con los herederos de las víctimas, que todavía sufren como víctimas que siguen siendo de la dictadura franquista.

El objetivo que deberíamos perseguir está muy claro, por decirlo con palabras de Baquero (2019, p. 234): «Verdad, justicia y reparación para lograr la garantía de no repetición. Y construir, entre todos, una memoria viva que deje atrás el país de la desmemoria». Espero que, al menos mínimamente, este libro haya contribuido a ello.

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SOBRE EL AUTOR

Biografía

Anastasio Ovejero Bernal es catedrático de Psicología Social de la Universidad de Valladolid (Campus de Palencia), después de haber pasado por la Universidad de Salamanca y por la Universidad de Oviedo, donde fue Profesor Titular primero y Catedrático de Psicología Social, después.

Licenciado en Psicología y en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, se doctoró en Psicología en la misma Universidad bajo la dirección del profesor José Luis Pinillos, en 1981. Posteriormente amplió estudios de doctorado en psicología social en la Sorbona de París, bajo la dirección de la profesora Germaine de Montmollin.

Ha desempeñado diferentes cargos de gestión tanto en la Universidad de Oviedo, donde fue secretario de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación, y vicedecano de la Facultad de Psicología, como en la Universidad de Valladolid, donde ha sido director del Departamento de Psicología.

En cuanto a su labor investigadora, ha publicado unos 250 trabajos científicos sobre distintos temas de psicología social, entre ellos unos veinte artículos de impacto JCR, así como más de treinta libros en el mismo campo, lo que le ha valido para obtener los seis sexenios posibles de investigación por parte de la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de Calidad y Evaluación) del Ministerio de Educación.

En cuanto a los libros que ha publicado habría que destacar los siguientes: Psicología social de la educación (Barcelona, Herder, 1988); El aprendizaje cooperativo (Barcelona, P.P.U., 1990); El individuo en la masa: Psicología del comportamiento colectivo (Oviedo, Nobel, 1997); Las relaciones humanas: Psicología social teórica y aplicada (Madrid, Biblioteca Nueva, 1998); Ortega y la actual postmodernidad (Madrid, Biblioteca Nueva, 1998); Psicología social y la actual postmodernidad (Oviedo, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo, 1999); La cara oculta de los test de inteligencia (Madrid, Biblioteca Nueva, 2003); Técnicas de negociación (Madrid, McGraw-Hill, 2004); Psicología del trabajo en un mundo global (Madrid, Biblioteca Nueva, 2006); Fundamentos de psicología jurídica e investigación criminal (Salamanca, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Salamanca, 2009); Psicología social: Algunas claves para entender la conducta humana (Madrid, Biblioteca Nueva, 2010); Los perdedores del nuevo capitalismo: Devastación del mundo del trabajo (Madrid, Biblioteca Nueva, 2014); Autogestión para tiempos de crisis (Madrid, Biblioteca Nueva, 2017); Aprendizaje cooperativo crítico: Mucho más que una eficaz técnica pedagógica (Madrid, Editorial Pirámide, 2018).

Ha sido profesor visitante en las siguientes universidades: Vrije Universiteit Amsterdam (Amsterdam, Holanda), Università di Bologna (Bolonia, Italia), Universidad de Chile (Santiago de Chile, Chile), Universidade Federal de Santa Catarina (Florianópolis, Brasil), Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas (Santa Clara, Cuba),Universidad Pontificia Bolivariana (Medellín, Colombia), Universidad Cooperativa de Colombia (Medellín, Colombia) y Libera Università di Bolzano (Bolzano, Italia).

Contacto: anastasio.ovejero@uva.es

Obras publicadas de Anastasio Ovejero

I) Libros

1. Ovejero, A. (1982), El autoritarismo como variable de personalidad. Madrid: Servicio de Publicaciones de la Universidad Complutense (Colección Tesis Doctorales) (504 págs.). Depósito Legal: M-36690-1981.

2. Ovejero, A. (1986), Psicología Social y Educación. Oviedo: I.C.E. (350 pág.). Depósito Legal: 0/521-85.

3. Ovejero, A. (1987), Psicología Social. Oviedo: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo, 2 vols., I (458 págs.). Depósito Legal: AS/2476/88; II (550 págs.) Depósito Legal: AS/3504/88.

4. Ovejero, A. (1987), Psicología Social y Salud. Oviedo: Universidad de Oviedo (336 págs.) Depósito Legal: O/3785-87.

5. Ovejero, A. (1988), Psicología Social de la Educación. Barcelona: Ed. Herder (378 págs.). ISBN 84-254-1579-9; Depósito Legal: B/23.141-1987.

6. Ovejero, A. (1990), El aprendizaje cooperativo: Una alternativa eficaz a la enseñanza tradicional. Barcelona: P.P.U. (334 págs.); ISBN: 84-7665-772-2; Depósito Legal: B/42.526-90.

7. Gil, F., Gómez, T., Jarana, L., León, J.M. y Ovejero, A. (1991), Entrenamiento en Habilidades Sociales: En el marco de los Servicios de Salud. Sevilla: Diputación Provincial (81 págs). (Autores: F. Gil, T. Gómez, L. Jarana, J.M. León y A. Ovejero).

8. Lemos, S., Martín, F., Ovejero, A. y Rodríguez, R. (1995), Dimensiones psicológicas en la educación secundaria, Universidad de Oviedo: I.C.E. (240 págs.) (ISBN: 84-88828-12-8).

9. Ovejero, A. (1997), El individuo en la masa: Psicología del comportamiento colectivo. Oviedo: Ediciones Nobel (365 págs.). ISBN: 84-87531-93-8; Depósito Legal: AS-270/1997.

10. Ovejero, A. (1998), Las relaciones humanas: Psicología social teórica y aplicada. Madrid: Editorial Biblioteca Nueva (511 págs.). Depósito Legal: M-29.365-1998. ISBN: 84-7030-565-4 (Reimpresión, 2007).

11. Ovejero, A. (1999), La nueva psicología social y la actual postmodernidad: Raíces, constitución y desarrollo histórico. Oviedo: Universidad de Oviedo (607 págs.). Depósito Legal: AS/2994-99. ISBN: 84-8317-183-8.

12. Páez, D. y Ovejero, A. (eds.)(2000), Culture and Social Psychology. Monográfico de la revista Psicothema, Oviedo. 130 pp. Depósito Legal: AS/3.779/89. ISSN: 0214-9915.

13. Ovejero, A. (2000), Ortega y la Postmodernidad: Elementos para la construcción de una psicología postpositivista. Madrid: Biblioteca Nueva (229 págs.). Depósito Legal: M-35.580-200; ISBN: 84-7030-860.2.

14. Ovejero, A. (2000c) (ed), La psicología social en España al filo del año 2000: Balance y perspectivas. Madrid: Biblioteca Nueva (374 págs.). Depósito Legal: M-31.380-2000;

ISBN: 84-7030-835-1.

15. Ovejero, a., Moral, M.V. y Vivas, P. (2000) (eds.), Aplicaciones en Psicología Social. Madrid: Biblioteca Nueva (514 págs.). Depósito Legal: M-31.379.2000; ISBN: 84-7030-834-2.

16. Agulló, E. y Ovejero, A. (2001), Trabajo, individuo y sociedad: Perspectivas psicosociológicas sobre el futuro del trabajo. Madrid: Pirámide (201 págs.).Depósito Legal: M. 3.557-2001; ISBN: 84-368-1360-X.

17. 17) Ovejero, A. (2003), La cara oculta de los test de inteligencia: Un análisis crítico. Madrid: Biblioteca Nueva (317 págs.). Depósito Legal: M-25.100-2003; ISBN: 84-9742-105-I) (317 págs) .

18. Ovejero, A. (2004), Técnicas de negociación: Cómo negociar eficaz y exitosamente. Madrid: McGraw-Hill (260 págs.). Depósito Legal: M.7.336-2004; ISBN: 84-481-4070-2.

19. Ovejero, A. (2004), Globalización, sociedad y escuela. Valladolid: Universidad de Valladolid (158 págs.). Depósito Legal: VA. 1.004-2004; ISBN: 84-8448-315-0) (Reimpresión, 2009).

20. Ovejero, A. y Rodríguez, F.J. (2005): La convivencia sin violencia: Recursos para educar. Sevilla: Editorial MAD (Depósito Legal: SE-3451-2005; ISBN: 84-665-1981-5).

21. Ovejero, A. (2006), Psicología del trabajo en un mundo globalizado: Cómo hacer frente al mobbing y al estrés laboral. Madrid: Biblioteca Nueva (Depósito Legal: M-36.460-2006; ISBN: 84-9742-598-7).

22. Pastor, J. y Ovejero, A. (2007): Michel Foucault: Una caja de herramientas contra la dominación. Oviedo: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo (ISBN: 978-84-8317-633-7).

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24. Ovejero, A. y Rodríguez, F.J. (2008), La convivencia sin violencia: Recursos para educar. Bogotá (Colombia): Editorial Magisterio (Colección Aula Múltiple) (ISBN: 978-958-20-0936-6) (Nueva edición para Colombia).

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126. Ovejero, A (2016), Psicología y anarquismo, Les cahiers psychologie politique [En línea], numéro 28, janvier 2016. URL:http://lodel.irevues.inist.fr/cahierspsychologiepolitique/index.php?id=3203.

127. Yubero, S., Larrañaga, E., Ovejero, A. y Navarro, R ( 2016). Loneliness, parent-child communication and cyberbullying victimization among Spanish youths. Computers in Human Behavior, 65, 1-8.

128. Topa, G., Jiménez, I., Valero, E. y Ovejero, A. (2017), Resources Losses and Gains, Life Satisfaction, and Health Among Retirees in Spain: Metiation of Social Support. Journal of Aging and Health, 29(3), 415-436. Doi: 10.1177/0898264316635589.

129. Yubero, S., Navarro, R., Elche, M., Larrañaga y Ovejero, O. (2017), Cyberbullying victimization in higher education: An exploratory analysis of its association with social and emotional factors among Spanish students. Computers in Human Behavior, 75, 439-449.

130. Ovejero, A. (2017), Las colectividades libertarias en España (1936-1938): un caso de autogestión obrera único en la historia moderna, Athenea Digital, 17(2), 201-235.

131. Ovejero, A. (2018), Las colectividades libertarias: una propuesta para salir de la crisis global en que nos encontramos. Libre Pensamiento, 95, 19-25.

132. Ovejero, A. (2020), Efectos psicológicos y psicosociales de la actual pandemias. Libre Pensamiento, 103, 83-89.
III) Capítulos de libros

1. Ovejero, A. (1990a). Apoyo Social y Salud, en S. Barriga y cols. (coords): Psicología de la Salud: Aportaciones desde la Psicología Social, Sevilla: Ed. Sedal; pp. 103-134.

2. Ovejero, A. (1990b). Relaciones entre el profesional de la salud y el enfermo, en S. Barriga y cols. (coords): Psicología de la Salud: Aportaciones desde la Psicología Social, Sevilla: Ed. Sedal, pp. 135-158.

3. Ovejero, A. (1990c). ¿Influye el paso por la Universidad en las actitudes autoritarias: un estudio longitudinal, en J. Seoane (comp.): Psicología Política de la Sociedad Contemporánea, Valencia: Promolibro, pp. 133-148.

4. Ovejero, A. (1990d). Ordenador, escuela y cambio social, en J.M. Peiró (comp.): Trabajo, organizaciones y marketing social, Barcelona: P.P.U., ISBN: 84-7665-686-6, depósito legal: B/31.833-90, pp. 215-223 (este libro es el V de las Actas del II Congreso Nacional de Psicología Social).

5. Ovejero, A. (1990e). Psicología Social de la Educación: Panorámica general, en I. Quintanilla (comp.): Calidad de vida, educación, deporte y medio ambiente, Barcelona: P.P.U., pp. 177-194 (este libro es el IV de las Actas del II Congreso Nacional de Psicología Social.

6. Ovejero, A. (1990f). Efectos del ambiente cooperativo sobre el aprendizaje escolar, en I. Quintanilla (comp.): Calidad de vida, educación, deporte y medio ambiente, Barcelona: P.P.U., pp. 195-203.

7. Ovejero, A. (1990g). Algunos datos y breves consideraciones sobre el nacionalismo asturiano, en J. Seoane (comp.): Psicología Política de la Sociedad Contemporánea, Valencia: Promolibro, pp. 149-167.

8. Ovejero, A. (1991). Aprendizaje cooperativo e integración escolar: una perspectiva psicosociológica, en C. Fernández Villanueva y cols. (Eds.): Cuestiones en Psicología Social, pp. 197-212. Madrid: Editorial Complutense.

9. Ovejero, A. (1993a). El aprendizaje cooperativo como alivio del malestar docente, en F. Loscertales y M. Marín (Eds.): Dimensiones psicosociales de la educación y de la comunicación, Madrid: Eudema, pp. 43-48

10. Ovejero, A. (1993b). Necesidad de una perspectiva crítica en Psicología Social de la Educación, en F. Loscertales y M. Marín (Eds.): Dimensiones psicosociales de la educación y de la comunicación, Madrid: Eudema, pp. 87-94.

11. Ovejero, A. (1993c). Entrenamiento de habilidades sociales en niños, en F. Loscertales y M. Marín (Eds.): Dimensiones psicosociales de la educación y de la comunicación. Madrid: Eudema, pp. 229-240.

12. Ovejero, A. (1993d). Nuevas tendencias teóricas y epistemológicas en la Psicología Social de fin de siglo, en B. González y A. Güil (Eds.): Psicología cultural, Madrid: Eudema, pp. 323-332.

13. Ovejero, A., García, A. I. y Fernández, J.A. (1993a). Clase social, actitudes escolares, nivel de aspiración educativa y rendimiento académico, en F. Loscertales y M. Marín (Eds.): Dimensiones psicosociales de la educación y de la comunicación, Madrid: Eudema, pp. 173-184.

14. Ovejero, A., García, A. I. y Fernández, J.A. (1993b). Clase social y aptitudes escolares: Diferencias entre B.U.P. y F.P., en F. Loscertales y M. Marín (Eds.): Dimensiones psicosociales de la educación y de la comunicación. Madrid: Eudema, pp. 185-197 (Autores: Ovejero, García y Fernández)

15. Ovejero, A., García, A. I. y Fernández, J.A. (1993c). Autoconcepto y rendimiento académico en B.U.P. y F.P., en F. Loscertales y M. Marín (Eds.): Dimensiones psicosociales de la educación y de la comunicación. Madrid: Eudema, pp.199-206 (Autores: A. Ovejero, A. García y J.A. Fernández).

16. Ovejero, A., García, A. I. y Fernández, J.A. (1993d). Satisfacción/insatisfacción laboral en una muestra de mineros asturianos de HUNOSA, en L. Munduate y M. Barón (Eds.): Gestión de Recursos Humanos y Calidad de Vida Laboral, Madrid: Eudema, pp. 375-384 (Autores: Ovejero, García y Fernández).

17. Ovejero, A., García, A. I. y Fernández, J.A. (1993e). Algunos datos sobre el S20/23 de satisfacción laboral de Meliá y Peiró en una muestra de mineros asturianos, en L. Munduate y M. Barón (Eds.): Gestión de Recursos Humanos y Calidad de Vida Laboral. Madrid: Eudema, pp. 399-409 (Autores: Ovejero, García y Fernández).

18. Ovejero, A. (1994). Psicología Social de la Educación y Formación del Profesorado, en: A Psicologia na Formaçao Contínua, Actas do 5º Seminário, Evora: Departamento de Pedagogia e Educaçao, 1994.

19. Ovejero, A. (1995a). El contexto de la educación: El grupo y su dinámica, en S. Lemos, F. Martín, A. Ovejero y R. Rodríguez: Dimensiones psicológicas en la educación secundaria, pp. 181-208. Universidad de Oviedo: I.C.E.

20. Ovejero, A. (1995b). Psicología Social del Adolescente, en S. Lemos, F. Martín, A. Ovejero y R. Rodríguez: Dimensiones secundarias en la educación secundaria, pp. 93-128. Universidad de Oviedo: I.C.E.

21. Ovejero, A. (1995c). La actual Psicología Social de la Educación: Entre el modernismo y el postmodernismo. En M.T. Vega y M.C. Tabernero (Eds.): Psicología Social de la Educación y de la Cultura, Ocio, Deporte y Turismo, pp. 41-56. Madrid: Eudema.

22. Ovejero, A., García, A.I., Fernández, J.A., Grossi, F.J., Agulló, E. y Moral, M. (1995). Situación laboral y actitudes de los jóvenes hacia el trabajo: Diferencias entre dos concejos asturianos. En L. González, A. de la Torre y J. de Elena (Eds.): Psicología del Trabajo y de las Organizaciones, Gestión de Recursos Humanos y Nuevas Tecnologías, pp. 473-494. Madrid: Eudema.

23. Ovejero, A., Grossi, F.J., Fernández, J.A., Agulló, E. García, A.I., y Moral, M. (1995). Actitudes, valores y participación política de los jóvenes asturianos: Diferencias entre dos concejos. En E. Garrido y C. Herrero (Eds.): Psicología Política, Jurídica y Ambiental, pp. 65-82. Madrid: Eudema.

24. Ovejero, A. (1996). Psicología Social de la Educación. En A. Garrido, J.L. Alvaro y J.R. Torregrosa (Eds.): Psicología Social Aplicada (Cap. 11, págs. 317-349). Madrid: Mc Graw-Hill.

25. Ovejero, A. (1998). Habilidades sociales y su entrenamiento en el ámbito escolar. En P. Gil y J.M.León (Eds.): Entrenamiento de las habilidades sociales. Cap. 8: págs. 169-185. Madrid: Síntesis.

26. Ovejero, A. (1999). Del moderno optimismo tecnológico al actual pesimismo posmoderno: Una propuesta moderadora desde la psicología social. En E. Agulló, F.J. Grossi y cols.: Siglo XXI: Problemas, perspectivas y desafíos. Entre el individuo y la sociedad. Oviedo: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo, pp. 323-337.

27. Ovejero, A. (2000a): Necesidad de una nueva psicología social: Perspectivas para el siglo XXI. En A. Ovejero (Ed.): La psicología social en España al filo del año 2000, pp. 15-39. Madrid: Biblioteca Nueva.

28. Ovejero, A. (2000b). Psicología Social de la Educación en España: Balance de lo hecho y perspectivas de futuro. En A. Ovejero (Ed.): La psicología Social en España al filo del año 2000, pp. 241-264. Madrid: Biblioteca Nueva.

29. Ovejero, A. (2000c). Psicología social aplicada: Aplicación a “la realidad social”. En A. Ovejero, M. Moral y P. Vivas (Eds.): Aplicaciones en Psicología Social, pp. 15-21. Madrid: Biblioteca Nueva.

30. Ovejero, A. (2000d). Educación, poder y postmodernidad: Una visión foucaultiana (autores: M. Moral y A. Ovejero). En A. Ovejero, M. Moral y P. Vivas (Eds.): Aplicaciones en Psicología Social, pp. 261-267. Madrid: Biblioteca Nueva.

31. Ovejero, A. (2000e). Psicologías rodeo “adversus” psicologías radicales: La necesidad de una psicología (radical) del mundo de la vida. (Autores: J. Pastor, A. Ovejero y M. Moral). En D. Caballero, M. Méndez y J. Pastor (Eds.): La mirada psicosociológica, pp. 122-127. Madrid: Biblioteca Nueva.

32. Ovejero, A. (2000f). Aproximación socioconstruccionista al estudio de las emociones. En D. Caballero, M. Méndez y J. Pastor (Eds.): La mirada psicosociológica, pp. 580-584. Madrid: Biblioteca Nueva.

33. Ovejero, A. (2001). El trabajo del futuro y el futuro del trabajo: Algunas reflexiones desde la psicología social de la educación. En E .Agulló y A. Ovejero (Eds.): Trabajo, individuo y sociedad: Perspectivas psicosociológicas sobre el futuro del trabajo, pp. 145-164. Madrid: Pirámide.

34. Ovejero, A. (2003a). Pobreza, subdesarrollo y globalización. En Instituto de Estudios por la Paz y la Cooperación (Universidad Abierta): Educación para la paz, la cooperación y la resolución de conflictos. Oviedo: Eukasia Editorial.

35. Ovejero, A. (2003b). Importancia de las dimensiones psicosociológicas en el ámbito educativo. En S. Yubero, E. Larrañaga y J.F. Morales (Eds.): La sociedad educadora, pp. 17-32. Cuenca: Universidad de Castilla la Mancha.

36. Ovejero, A. (2003c). Aprendizaje cooperativo: Una escuela diferente para una sociedad diferente. En A. Guil (Dir.): Psicología social del sistema educativo: Líneas actuales de trabajo e investigación, pp. 71-90. Sevilla: Kronos.

37. Ovejero, A. (2003d). Aspectos socioconstruccionistas en La idea de principio en Leibniz. En L.X. Álvarez y J. de Salas (Eds.): La última filosofía de Ortega y Gasset en torno a “La idea de principio en Leibniz”, págs. 207-222. Oviedo: Universidad de Oviedo.

38. Ovejero, A. (2004a). La psicología social de la ciencia y el giro “sociopsicológico” en el análisis de la ciencia y del conocimiento cientítífico. En J. Valero (Coord.): Sociología de la ciencia, págs. 231-256 Madrid: EDAF.

39. Ovejero, A. (2004b). Delito y exclusión social: Una aproximación desde la psicología social crítica. En Pérez Álvarez, F. (Ed.): SERTA: In memoriam Alexandri Baratta, págs.531-546. Salamanca: Universidad de Salamanca.

40. Ovejero, A. (2005a). Modelos de gestión de recursos humanos: Evolución y desarrollo histórico. En J. Valero y M. Lamoca (Eds.): Recursos humanos, pp. 15-34. Madrid: Tecnos.

41. Ovejero, A. (2005b). Psicología Social y memoria colectiva de la Guerra Civil. En J.M. Sabucedo, J.Romay y A. López-Cortón (Eds.): Psicología Política, Cultura, Inmigración y Comunicación Social, pp. 15-24. Madrid: Biblioteca Nueva.

42. Ovejero, A. (2005c). Pobreza, subdesarrollo y globalización. En Curso de Cooperación Internacional, Tema 2, pp. 78- Oviedo: Eikasia Ediciones.

43. Moral, M. y Ovejero, A. (2005). Identidades y contradicciones de la escuela en las condiciones posmodernas de la sociedad global. En R. García, A. Fernández, M.D. Losada y M. Goluboff (Eds.): Psicología Ambiental, Comunitaria y de la Educación, pp. 343-350. Madrid: Biblioteca Nueva.

44. Ovejero, A. (2006a). Algunas aportaciones de la Psicología Social a las mujeres emprendedoras en territorios rurales. En AA.VV.: Aportes para la construcción de lo colectivo (pp. 333-347). Montevideo (Uruguay): Psicolibros.

45. Ovejero, A. (2006b). Psicología Social y mediación. En C. Guillén y R. de Diego (Eds.): Mediación: Procesos, tácticas y técnicas. Madrid: Pirámide.

46. Ovejero, A. (2006c). Desigualdad, subdesarrollo y pobreza en la actual globalización ultraliberal. Tema 2. pp. 1-86. Curso de Cooperación Internacional. Oviedo: Editorial Eikasia.

47. Ovejero, A. (2006c). Memoria, emoción y afectos: traumas psicosociales en las víctimas del franquismo. En Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Valladolid y de Palencia (Coord.): La represión franquista: Mito, olvido y memoria (pp. 67-83). Valladolid: Universidad de Valladolid.

48. Ovejero, A. (2007a). Psicosociología de la memoria y el olvido de la guerra civil española. En P. García Colmenares (Coord.): La represión franquista: Mito, olvido y memoria (pp. 61-83). Valladolid: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Valladolid.

49. Ovejero, A. (2007b). Psicología Social de la Educación. En M.A. Aguilar y Anne Reid (Ed.): Tratado de Psicología Social, pp. 187-209. Barcelona: Anthropos.

50. Ovejero, A. (2007c). Colectividades y educación racionalista: Una experiencia de cooperación y solidaridad. En J. Romay (Ed.): Perspectivas y prospectivas de la Psicología Social en los albores del siglo XXI (pp. 183-203). Madrid: Biblioteca Nueva.

51. Ovejero, A. (2007d). Presentación del Simposium de”Psicología Social y Literatura”. En Carlos Guillén y Rocío Guil (Eds.): Psicología Social: Un encuentro de perspectivas, vol. II (pp. 1537-1539). Cádiz: Asociación de Profesionales de Psicología Social.

52. Ovejero, A., Morentin, R. y Arias, B. (2007a). Amor e influencia en el bienestar social de personas con discapacidad intelectual. En Carlos Guillén y Rocío Guil (Eds.): Psicología Social: Un encuentro de perspectivas, vol. II (pp. 1679-1683). Cádiz: Asociación de Profesionales de Psicología Social.

53. Ovejero, A., Morentin, R. y Arias, B. (2007b). Un modelo conceptual del amor en personas con discapacidad intelectual. En Carlos Guillén y Rocío Guil (Eds.): Psicología Social: Un encuentro de perspectivas, vol. II (pp. 2026-2030). Cádiz: Asociación de Profesionales de Psicología Social

54. Ovejero, A. y Pastor, J. (2007). Utilidad de Michel Foucault para la Psicología Social actual: La genealogía del sujeto moderno. En Carlos Guillén y Rocío Guil (Eds.): Psicología Social: Un encuentro de perspectivas, vol. I (pp. 74-78). Cádiz: Asociación de Profesionales de Psicología Social.

55. Javaloy, F., Cornejo, J.M., Rodríguez, A., Espelt, E. y Ovejero, A. (2008): Hacia una psicología social de la globalización. En J.F. Morales, C. Huici, A. Gómez y E. Gaviria (Eds.): Método, teoría e investigación en psicología social (pp. 687-710). Madrid: Pearson/Prentice Hall.

56. Ovejero, A. (2009a). Mujer y discriminación laboral en la actual globalización neoliberal. En J.A. Orejas, O. Retortillo y A. Piñeyoa (Dirs.): Mujer, empresa y medio rural (pp. 81-99). Palencia: Diputación de Palencia.

57. Ovejero, A. (2009b). Educación y exclusión en una sociedad globalizada. En S. Yubero, E. Larrañaga y J.F. Morales (Coordinadores.): Exclusión: Nuevas formas y nuevos contextos (pp. 25-39). Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla la Mancha.

58. Ovejero, A. (2011a). Psicología y contexto social: El desarrollo histórico de la psicología social y sus implicaciones para el futuro. En A. Ovejero y J. Ramos (Eds.). Psicología Social Crítica (pp. 25-47). Madrid: Editorial Biblioteca Nueva.

59. Ovejero, A. (2011b). La construcción social de las emociones. En Ovejero y J. Ramos (Eds.). Psicología Social Crítica (pp. 154-182). Madrid: Editorial Biblioteca Nueva.

60. Ovejero, A. y Ramos, J. (2011). Introducción. En A. Ovejero y J. Ramos (Eds.). Psicología Social Crítica (pp. 11-24). Madrid: Editorial Biblioteca Nueva.

61. Ovejero, A. (2012a). El papel del azar en la vida humana: un enfoque psicosocial. En Ovejero y otros (Compiladores: E. Hincapié y M.D. Morales): Subjetividad, memoria y educación. Contextos de aplicación de la psicología social en un mundo en crisis (Cap. 1). Medellín (Colombia): Universidad Pontificia Bolivariana.

62. Ovejero, A. (2012b) Frente a la globalización…, cooperación y solidaridad.En Ovejero y otros (Compiladores: E. Hincapié y M.D. Morales): Subjetividad, memoria y educación. Contextos de aplicación de la psicología social en un mundo en crisis (Cap. 2). Medellín (Colombia): Universidad Pontificia Bolivariana.

63. Ovejero, A. (2012c) El fracaso escolar. Un fenómeno construido socialmente. En Ovejero y otros (Compiladores: E. Hincapié y M.D. Morales): Subjetividad, memoria y educación. Contextos de aplicación de la psicología social en un mundo en crisis (Cap. 14). Medellín (Colombia): Universidad Pontificia Bolivariana.

64. Ovejero, A. (2012d). Violencia y conducta agresiva: el caso del acoso escolar. En Ovejero y otros (Compiladores: E. Hincapié y M.D. Morales): Subjetividad, memoria y educación. Contextos de aplicación de la psicología social en un mundo en crisis (Cap. 15). Medellín (Colombia): Universidad Pontificia Bolivariana.

65. Ovejero, A. (2012e). El aprendizaje cooperativo como vía de solución a los principales problemas escolares. En Ovejero y otros (Compiladores: E. Hincapié y M.D. Morales): Subjetividad, memoria y educación. Contextos de aplicación de la psicología social en un mundo en crisis (Cap. 16). Medellín (Colombia): Universidad Pontificia Bolivariana.

66. Ovejero, A. (2013a). El acoso escolar entre compañeros: cuatro décadas de investigación internacional. En A. Ovejero, P.K. Smith y S. Yubero (Eds.), El acoso escolar y su prevención: Perspectivas internacionales (pp. 9-54). Madrid: Biblioteca Nueva.

67. Ovejero, A (2013b).15-M: Un movimiento colectivo rebelde a la contra de la educación dominante. En E. Hincapié, N. Carrasco y A. Martínez (Eds.) (2013): Afectividad y Educación. Medellín (Colombia): Universidad Pontificia Bolivariana.

68. Moral, M. y Ovejero, A. (2013). Actitudes ante la problemática del bullying: diferencias intergénero. En A. Ovejero, P.K. Smith y S. Yubero (Eds.), El acoso escolar y su prevención: Perspectivas internacionales (pp. 73-87). Madrid: Biblioteca Nueva.

69. Ovejero, A. (2014), Neoliberalismo y psicología social. En M.A. Carrillo Pacheco y R.J. Salinas García (Coords.). Avances disciplinarios en el campo de los estudios de trabajo (pp. 15-45). Querétaro (México), Universidad Autónoma de Querétaro (ISBN: 979-607-736-096-4).

70. Ovejero, A. (2016a). Neoliberalismo y criminalización de la pobreza. En Fernando Pérez Álvarez (Dir.) Serta: In Memoriam Louk Hulsman (pp. 149-167). Salamanca, Ediciones de la Universidad de Salamanca.

71. Ovejero, A. (2016b), Factores psicosociales intervinientes en el acoso escolar: Aportaciones desde un modelo ecológico. En S. Yubero, E. Larrañaga y R. Navarro (Eds.), La violencia en las relaciones humanas: contextos y entornos protectores del menor (pp. 31-48). Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla La Mancha.

72. Ovejero, A. (2016c). Neoliberalismo y bienestar humano: el papel que debe desempeñar la Psicología Social. En José Jaime Paulín Larracoechea y Angélica María Aguado Hernández (Coords.), Temáticas actuales en psicología (e-book), Querétaro (México), Universidad Autónoma de Querétaro

73. Ovejero, A., Yubero, S., Larrañaga, E. y Moral, M. (2016), Cyberbullying: Definitions and facts from a psychosocial perspective. En Navarro, R., Yubero, S. y Larrañaga, E. (Eds.), Cyberbullying across the globe: Gender, family, and mental health (Cap. 1, pp. 1-34). Printforce, Neetherlands: Springer.

74. Larrañaga, E., Yubero, S. y Ovejero, A. (2016), Gender variables and cyberbullying in college students. En Navarro, R., Yubero, S. y Larrañaga, E. (Eds.), Cyberbullying across the globe: Gender, family, and mental health (Cap. 3, pp. 63-78). Printforce, Neetherlands: Springer.

75. Ovejero, A. (2017c), Paulo Freire: Una pedagogía libertaria y psicosocial. En A. Shigunov Neto e I. Fortunato (Ed.), 20 anos sem Paulo Freire: trajetórias de sua pedagogia libertária (pp. 61-76). São Paulo: Edições Hipótese.

76. Ovejero, A. (2018a), Utilidad de la teoría del hombre-masa de Ortega y Gasset para el siglo XXI. En H, Aznar, E. Alonso y M. Menéndez (Eds.), Ortega y el tiempo de las masas (Cap. 4, pp. 91-122). Madrid, Plaza y Valdés.

77. Ovejero, Anastasio (1918b). Epistemología y transformación social en José Ramón Torregrosa. En José Luis Alvaro (Ed.): La Interacción Social. Homenaje a José Ramón Torregrosa (345-361). Madrid: Centro de Investigaciones Sociologicas.

78. Larrañaga , E., Yubero, S., Navarro, R. y Ovejero, A. (2018), From traditional bullying to cyberbullying: Cybervictimization among higher education students. En W. Cassidy, Ch. Faucher y M. Jackson (Eds.), Cyberbullying at university in international contexts (pp. 97-111). Londres y Nueva York: Routledge.

1 Sin duda fue Franco el principal agente militar en la guerra, en la represión y en la larga y cruel dictadura por él encabezada. Pero quien organizó el golpe de Estado fue Emilio Mola y Franco se adhirió a él cuando vio que sacaría más réditos personales sumándose al golpe que quedando fuera. De hecho, se adhirió en el último momento, y solo la muerte en accidente aéreo tanto de Mola como de Sanjurjo le permitió dominar la cúpula militar. Y no olvidemos tampoco que Franco y los demás militares golpistas no eran sino el instrumento con que diferentes estamentos económicos, políticos y sociales querían defender sus intereses y sus privilegios (Iglesia, terratenientes, banca, grandes industriales…). Hablar de Franco y de franquismo sirve también para ocultar los intereses que se escondían detrás del golpe militar y de la dictadura.

2 García Colmenares muestra que «no eran cuestiones personales, sino claramente ideológicas, y que el asesinato de los cuadros políticos y sindicales se hizo con precisión quirúrgica, y no fue obra de la casualidad o de las enemistades y errores de los vencedores, no, fue un trabajo sistemático de los verdugos dirigidos por las nuevas autoridades» (2011, p. 12). Moreno Gómez dice lo mismo: «El plan era: diezmar, al menos, a las izquierdas, para que no levantaran cabeza en décadas» (2015, p. 200).

3 Las críticas a este libro han sido numerosas (Del Águila Torres, 2015; Ledesma, 2015, Losada, 2015; Moreno Gómez, 2015; Reig Tapia, 2015; Riesco Roche, 2015; Sánchez Pérez, 2015; Sánchez Recio, 2015a, 2015b; Sanchis i Marco, 2015; Viñas, 2015a, 2015b). Por ejemplo, José Luis Ledesma (2015) explicita con detalle el sectarismo de Payne y Palacios a la hora de exponer la violencia que tanto los revolucionarios de izquierda como los reaccionarios de derechas llevaron a cabo durante los meses previos al golpe de Estado, y subraya la diferencia tan abismal con que tratan el asesinato del teniente Castillo y el del político Calvo Sotelo. Su conclusión es rotunda (p. 167): «La falta de ecuanimidad es pasmosa». Y la de Glicerio Sánchez Recio (2015, p. 330) es similar: «La fascinación que ambos autores sienten por la personalidad de Franco (“su caudillo”) les lleva a exageraciones absolutamente inadmisibles y completamente falsas».

4 Sus estatutos lo dejaban muy claro: «La Jefatura del SIPM dependerá directamente de S.E. el Generalísimo, cursando todos los asuntos corrientes por conducto del general jefe del E. M. General».

5 Esos mecanismos se utilizaron también para convencer a la población de lo modélica que fue la Transición.

6 Según Helen Graham (2013, p. 195), «la escala de las denuncias animadas por el estado en la España franquista también supera con mucho a las otras dictaduras contemporáneas».

7 Pero la inmigración no fue la solución al trauma. Conseguían huir de lo peor. Pero se metían en una situación no carente de dificultades y problemas psicológicamente muy complejos. Quienes inmigraban a las ciudades españolas, incluso en el caso de las más grandes como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Bilbao, seguían cargando con el miedo de ser detectados por la policía franquista y detenidos.

8 Ello influyó mucho en su cambio de mentalidad, pues el llegar a la ciudad «comportaba también un cambio mental, pasándose de pensar en el pasado a concentrarse en el futuro» (Richards, 2006, p. 195), lo que, por otra parte, fue haciendo que cambiara también su memoria de la guerra y de la República.

9 Es conocido que, como había anunciado el general Mola, los franquistas comenzaron asesinando masivamente a todos los que no eran de su bando. Así, la noche misma del 17 al 18 de julio los militares rebeldes asesinaron en el Protectorado de Marruecos, Ceuta y Melilla a 189 personas.

10 Un ejemplo particularmente dramático de la represión en este pueblo fue el caso de Presbítero Alfonso Alonso, de sesenta años: le asesinaron a cinco hijos, a su esposa y a su yerno, y tuvo después que hacerse cargo de sus otros cuatro hijos pequeños y de sus dos nietecillos (ARMH Valladolid, 2007).

11 Como escribe Rafael Torres (2005, pp. 195-196), «quienes justifican la represión franquista tras la Guerra en razón del odio acumulado contra el enemigo por los estragos y las crueldades cometidas durante la contienda se olvidan de que las peores matanzas, los crímenes más abyectos y la persecución más implacable se dieron en aquellas zonas donde la sublevación triunfó desde el primer instante, donde, debido a la nula o débil resistencia de los leales al Gobierno, no se registraron ni estragos ni crueldades previas. El odio venía de antes. El odio alimentado por el miedo de la oligarquía a ver limitados sus privilegios por la acción política de la República democrática fue el que alimentó, a su vez, la hoguera del enfrentamiento armado en el que habían de inmolarse tantos españoles, tantas esperanzas, tantos proyectos de vida y tantos ideales».

12 Fue crucial la posición del párroco: en aquellos pueblos en los que el párroco intentó evitar la violencia contra los republicanos y sindicalistas, esta se evitó o fue muy reducida.

13 Por campo de concentración entendemos, con Javier Rodrigo (2005), los «centros de detención ilegal y extrajudicial regidos por la administración militar y utilizados para internar y clasificar, sin juicio, a los prisioneros de guerra y evadidos republicanos».

14 En Andalucía hubo 52; en la Región Valenciana, 41; en Castilla-La Mancha, 38; en lo que ahora es Castilla y León, 24; en Aragón, 18; en Extremadura, 17; en Madrid, 16; en Cataluña, 14; en Asturias, 12; en Galicia, 11; en Murcia, 11; en Cantabria, 10; en el País Vasco, 9; en Baleares, 7; en Canarias, 5; en Navarra, 4; en La Rioja, 2; y en las posesiones española en África al menos otros 5.

15 El franquismo tuvo muchos más puntos en común con el nazismo. Aún está por hacer un estudio sistemático de tales semejanzas. De hecho, como sostiene Carlos Hernández, incluso participaron dirigentes de la Gestapo en el adiestramiento de las fuerzas policiales españolas. Además, la principal diferencia entre ambas dictaduras las hace más similares: mientras los nazis consideraban que eran los judíos sus principales enemigos, por lo que pretendían exterminarlos, los franquistas pensaban que sus enemigos eran los españoles que no pensaran como ellos y su objetivo era exterminarlos. El franquismo perseguía los dos principales propósitos que, según Bruno Bettelheim (1979, p. 49), pretendían también los nazis: «destruir a los presos como individuos y convertirlos en una masa dócil de la que no pudiera surgir ningún acto de resistencia individual o colectiva; y propagar el terror en el resto de la población […] mostrando lo que les ocurrió a aquellos que se opusieron al poder nazi».

16 Según Francisco Moreno Gómez (2015), Franco sometía a los presos de los campos de concentración a una dieta calórica inferior a la que suministraban los nazis a los prisioneros de sus campos.

17 Durante el pontificado de Pío XI, la prensa del Movimiento atacó duramente al Vaticano y al Papa por negarse a reconocer al Caudillo como jefe del Estado. En marzo de 1937, Franco prohibió difundir la encíclica Mit Brennender Sorge en la que Pío XI condenaba el régimen nazi y denunciaba la persecución que sufría la Iglesia alemana. Pero «los perversos y acomodados vaticanistas pasaron, de la noche a la mañana, a ser enviados de Dios cuando la Santa Sede rompió relaciones con la República y, especialmente, cuando Pío XII recibió el anillo del Pescador tras la muerte de su antecesor. El nuevo pontífice mostró siempre su incondicional apoyo a Franco» (Hernández, 2019, p. 296).

18 Casi veinte religiosos vascos fueron fusilados por Franco, 211 fueron encarcelados y 300 enviados al destierro. Y los obispos españoles callaron (véase Pérez Esteban, 2008).

19 Tampoco han pedido perdón por su apoyo nada desinteresado a la dictadura otras instituciones que apoyaron a Franco hasta después de muerto, como es el caso del Ejército, de la prensa o de la Judicatura (Aguilar y Payne, 2018, p. 125).

20 «Para los centros religiosos significó una fuente de ingresos no desdeñable, pues el Estado pagaba cuatro pesetas diarias por cada estancia de hijo de preso, siendo los gastos costeados de las deducciones del trabajo penitenciario de los presos en talleres o en destacamentos de trabajo» (Vinyes, 2002, p. 82).

21 Curiosamente, nunca dice nada de los anarquistas, probablemente porque su ignorancia le llevó a identificarlos con los marxistas-comunistas

22 Fue precisamente el tipo de transición que se hizo el que impuso «el término “franquismo” en lugar de “fascismo” para referirse al régimen político que había durado casi 40 años. La primera denominación mantenía una connotación de neutralidad asumible por muchos sectores que habían crecido, vivido y trabajado durante ese periodo» (Rodríguez Gallardo, 2008/2009, p. 438). Sin embargo, a pesar de que Juan José Linz insiste mucho en llamarla dictadura autoritaria, hay muchas pruebas de que fue un régimen fascista y totalitario, aunque fue evolucionando para adaptarse a las circunstancias, y en los años sesenta ya no se le puede considerar de la misma manera que en los años cuarenta.

23 No olvidemos tampoco que la incertidumbre provocada por el llamado «ruido de sables», que era muy real, fue utilizada convenientemente a sus intereses por quienes pilotaban el proceso de transición.

24 «Llamaba la atención en Argentina o en Chile que la justicia española pudiera arrinconar y hasta juzgar a militares y torturadores de esos países y por el contrario no hiciera nada contra los franquistas» (Martínez Alier, 2011a, pp. 9-10).

25 Hay también otros libros menos complacientes con la Transición, aunque también mucho menos conocidos: Grimaldos (2013), Morán (2014), Rodríguez López (2015), García Colmenares (2020), etc.

26 Resulta incomprensible que, después de decir esto, Reig Tapia defienda tanto la Transición –tal como se hizo– y critique tan duramente a quienes la ponen en tela de juicio, como cuando censura a Juan Carlos Monedero por decir que la democracia española se construyó «sobre la legalidad franquista, por actores relevantes del franquismo y a través de un “pacto” más impuesto que negociado». ¿Es que no sabe Reig Tapia que fue realmente así? Es imposible que no lo sepa.

27 Willemse subraya que en el exilio anarquista se hablaba constantemente de la revolución social y de lo ocurrido durante la guerra, conformando así un relato colectivo de lo que fue la historia, pero en el interior no se hablaba del pasado. La represión franquista obligó al silencio, al olvido y a la amnesia colectiva, y, por tanto, los recuerdos se centraban en relatos de experiencias meramente individuales.

28 José María Maravall, que luego sería ministro socialista, lo dijo sin tapujos (1980): «La construcción de la democracia tras las elecciones constituyentes, consistió en unas actividades en buena medida reservadas a la clase política. Es probablemente cierto que […] una desmovilización general fueran todos ellos requisitos para construir un orden democrático nuevo».

29 Como sostiene Espinosa (2006a, p. 199), el «pacto de silencio» se vio facilitado por estos dos fenómenos: la destrucción de documentos del franquismo (los de la Falange, los del Ejército, los de las cárceles, los de los campos de concentración…) y las enormes dificultades que tuvieron los investigadores durante la Transición para utilizar los documentos que no habían sido destruidos.

30 Algo parecido hizo Alemania tras la Segunda Guerra Mundial y hasta mediados de los años sesenta (Mitscherlich y Mitscherlich, 1973/1967; Robin, 2003, 2009; Vinyes, 2009c): los alemanes se negaron a asumir los crímenes del nazismo y más aún a aceptar su responsabilidad colectiva en tales crímenes. Tuvo que ser la siguiente generación, ya en los años sesenta, la que comenzó la labor de autocrítica colectiva, con unos resultados excelentes.

31 Según Rodríguez López (2015), en 1974, el PSOE apenas contaba con 2.000 afiliados en el interior de España, de los que al menos dos tercios estaban en el País Vasco y en Asturias.

32 El 7 de enero de 2017, el Blog del viejo topo titulaba un artículo sobre el fallecimiento de Soares de esta manera: «Muere Mário Soares, el hombre de la CIA contra la revolución de los claveles».

33 Resulta extraño que en Suresnes eligieran para secretario general del PSOE a un joven abogado que solo llevaba cinco años de militancia en el partido. Y el propio Alfonso Guerra, siendo todavía muy joven, publicó un texto de título engreído, «Los enfoques de la praxis», al que no se atrevió a poner su propia firma, descalificando a la organización socialista en el exilio y arremetiendo contra los viejos militantes de la lucha antifascista. Y, como dice Rodríguez López (2015), en tal escrito reivindicaba todo el protagonismo para quienes se arriesgaban en la «lucha física» frente a los que se limitaban a hablar y discutir, añadiendo este autor (p. 122) que «el cinismo del reproche, por parte de alguien que apenas conoció en sus carnes la represión, dirigido contra una generación que vivió la guerra, los campos de concentración y en muchas ocasiones la dura represión del primer franquismo, resultó demasiado para Llopis», entonces secretario general del partido.

34 Otros autores, como por ejemplo Emmanuel Rodríguez López (2015, p. 124), atribuyen la renuncia de Nicolás Redondo a que quería dedicarse completamente a los asuntos de la UGT.

35 No hay ninguna duda de que, en aquellos turbulentos tiempos que siguieron a la muerte del dictador, tanto el PSOE como la UGT fueron privilegiados por los poderes neofranquistas. Así, «al tiempo que Fraga encarcelaba a los miembros de la Junta y a los comunistas, una UGT con menos de 7.000 afiliados pudo celebrar su primer congreso en Madrid, en abril de 1976» (Rodríguez López, 2015, p. 126).

36 Según Grimaldos (2007, p. 86), el dinero que provenía de los socialdemócratas germanos se canalizaba a través de la Fundación Pablo Iglesias, sucursal de la alemana Friedrich Ebert, y una parte iba al PSOE y otra a la UGT. Por ejemplo, añade Grimaldos, en 1979 se desvelará que la UGT ha recibido 200 millones de pesetas de los sindicatos amarillos de Estados Unidos para intentar ganar las elecciones sindicales.

37 Por ejemplo, la editorial Ruedo Ibérico, que había desempeñado un papel cultural crucial en la lucha contra el franquismo, quedó absolutamente marginada durante la Transición. Algo peor aún habría que decir de la exclusión de la CNT, a la que incluso criminalizaron.

38 Por eso me parece más acertado el término de «Recuperación de la Memoria Democrática», como se llama el proyecto de ley de Sánchez, que el de «Recuperación de la Memoria Histórica», como se utiliza en la ley de Zapatero.

39 Tal vez haya sido la Iglesia católica la institución que más ha inculcado el relato edulcorado de su propia historia en sus feligreses ya desde muy pequeños y aún sigue haciendo una política constante de recuerdo y memoria de la Guerra Civil (véase Richards, 2006). Es más, el Estado español obliga a todos sus ciudadanos, sean creyentes o no lo sean, a celebrar las conmemoraciones católicas (domingos, días festivos, patronos y patronas, vacaciones de Navidad y de Semana Santa, etc.)

40 Jamás deberían olvidarse las conductas criminales de los aliados en territorio alemán, pero menos aún deberíamos olvidar que todo ello fue consecuencia de las políticas agresivas de la Alemania nazi, políticas que contaron con el beneplácito –e incluso el entusiasmo– de gran parte del pueblo alemán.

41 No ocurrió lo mismo en los países de la Europa Oriental cuando cayó el comunismo (Tonini, 2009): se crearon instituciones encargadas de conservar la memoria de los crímenes comunistas y de facilitar el castigo a los responsables y a sus cómplices, con una gran actividad pedagógica en las escuelas y en la televisión. Incluso en algunos países, como en la RDA, se depuró a quienes habían colaborado con los gobiernos comunistas, sobre todo policía secreta.

42 No hace mucho, Elisabeth Jelin (2017) ha compendiado sus treinta años de investigación sobre este tema (véase Zubillaga, 2018).

43 Algunos testimonios de sacerdotes certifican su incomodidad con esta práctica, como Gumersindo de Estella, que escribió un interesantísimo libro sobre los presos de la cárcel de Zaragoza en la que él ejercía de capellán (Rivera Blanco, 1992).

44 El mismo Vaticano bendijo la violencia de los franquistas contra los republicanos hasta el punto de que, incluso hoy día, sigue enalteciendo a sus mártires: el Papa Francisco, el 13 de octubre de 2013, beatificó a 522 de esos «mártires», el 23 de enero de 2015, a otros 21; y el 12 de diciembre de 2019 a 27. ¿Hasta cuándo seguirán aprovechando la memoria de su guerra e impidiendo que hagan lo mismo los vencidos con el argumento de que hay que pasar página y no mirar hacia atrás?

45 Sin embargo, muchísimos de los represaliados, encarcelados y fusilados no eran «rojos», sino liberales laicos y demócratas. E incluso muchos (militares, guardias de asalto, etc.), habían cometido el único «delito» de haber sido leales al sistema constitucional legal, como habían jurado y como era su obligación.

46 En cierto sentido, para ellas fue peor tener al marido encarcelado que muerto, pues para ayudarle, a menudo le seguían en su peregrinar por diferentes cárceles del territorio nacional.

47 El objetivo de estas comisiones es reunir experiencias que faciliten el esclarecimiento de lo sucedido, la reparación a las víctimas y la reconciliación, con la finalidad de que no se repita el conflicto.

48 Si las víctimas del franquismo temblaban solo con ver la bandera y el himno que acompañaban a las tropas «nacionales» cuando entraban en los pueblos y asesinaban a tantas personas, ¿sus nietos habrán heredado fobia a esos símbolos? Aquí tenemos un interesante tema de estudio.

49 Jelin y Longoni (2005a) reúnen una serie de trabajos que centran su atención en las formas en que las «memorias de la represión» son tratadas en diferentes manifestaciones artísticas (literatura, artes visuales, cine, teatro, música, etc.) en varios países latinoamericanos que sufrieron terribles dictaduras militares.

50 Véanse en Bourdieu (2003) algunos trabajos sobre los usos sociales de la fotografía, y en Hirsch (2012, 2015) varios estudios sobre la transmisión familiar de la memoria en contextos traumáticos.

51 Sobre las experiencias en otros países con «pasado oculto» resulta de consulta obligada la serie Memorias de la represión, cuyos cuatro primeros libros fueron publicados por la Editorial Siglo XXI en 2002: Los trabajos de la memoria, de Elisabeth Jelin; Del estado a la pantalla: Las imágenes del juicio a los ex comandantes en Argentina, de Claudia Feld; Las conmemoraciones: Las disputas en las fechas «in-felices», de Elisabeth Jelin; y Los archivos de la represión: Documentos, memoria y verdad, de Ludmila da Silva Catela y Elisabeth Jelin.

52 «La difundida idea de que el olvido era el único camino para avanzar sin violencias hacia la democracia bloqueó cualquier cuestionamiento abierto y público de ese relato. Sin esa demanda y sin voluntad política, España no generó ni una condena categórica pública de la dictadura, ni una denuncia oficialmente sancionada de su despiadado aparato represivo, ni un reconocimiento de las fechorías cometidas con las víctimas del franquismo y sus familias durante la guerra y la dictadura. En la transición se consideraba que era demasiado pronto para tener ese debate, que era prematuro; ahora se considera, sobre todo entre las filas conservadoras, que es demasiado tarde» (Aguilar y Payne, 2018, pp. 47). Ese pacto de silencio es el que ha hecho que miles de españoles no puedan cicatrizar sus heridas y superar sus traumas y, por tanto, el que hace imposible una verdadera reconciliación.

53 Suele decirse que sí lo condenó en 2002, pero lo único que hizo fue una declaración general contra los «regímenes totalitarios». De hecho, como escriben Aguilar y Payne (2018, pp. 41-42), «esta declaración parlamentaria tan general deja a un lado las miles de ejecuciones que tuvieron lugar una vez terminada la guerra. Además, aunque reconoce la “persecución” y la “represión” que sufrieron las víctimas, no menciona las cuatro décadas de dictadura en las que los vencedores de la guerra civil dignificaron a las suyas y compensaron a sus familias con determinados privilegios, subvenciones y una política simbólica omnipresente y sectaria».

54 También fue nombrado el 2 de enero de 1937 por Federica Montseny subsecretario de Sanidad y Asistencia Social del Ministerio de Sanidad de España, cesando cuando cesó la ministra. Tras la guerra, se exilió a EE.UU. donde fue editor de varias revistas, entre ellas estas cuatro: International Record of Medicine (editor jefe), Journal of Clinical & Experimental Psichopathology, Antibiotics & Chimotherapy y Antibiotics Medicine & Clinical Therapy.

55 El Proyecto Clínico del GTNM/RJ (Grupo Tortura Nunca Mais) se creó para prestar asistencia a los militantes políticos torturados y a sus familiares. Después se hizo cargo también de casos más recientes de violencia policial. Los miembros de este equipo entienden la clínica como una actividad esencialmente política (Passos y Benevides de Barros, 2009).

56 Hubiera sido de gran interés analizar las diferentes emociones suscitadas por el golpe del 23F en estos tres grupos: víctimas del franquismo y sus herederos, personas de izquierdas con padres que no fueron víctimas del franquismo, y personas de derechas. Estoy seguro que el miedo, angustia e incluso terror, fue muy diferente en los miembros de estos grupos.

ÍNDICE

Introducción

Capítulo 1 -

Represión franquista: guerra civil y posguerra

1. Introducción

2. ¿Fueron igual los dos bandos en cuanto a la represión y el trauma de las víctimas?

3. Dispositivos y mecanismos de poder del franquismo

4. La represión franquista: motivaciones e instrumentos

5. Cárceles y campos de concentración

6. Papel de la Iglesia católica

7. Las víctimas

8. Conclusión

Capítulo 2 -

Vallejo Nágera y su influencia en la represión franquista

1. Introducción

2. Antonio Vallejo Nágera

3. Las investigaciones de Vallejo Nágera

4. Consecuencias de las investigaciones de Vallejo Nágera

5. Conclusión

Capítulo 3 -

Transición y democracia: el trauma de las víctimas perdura

1. Introducción

2. ¿Fue la Transición tan modélica como nos han contado?

3. Un análisis de lo que fue y significó la Transición

4. Algunos hechos que hicieron posible la Transición

5. Durante la Transición todo siguió igual para las víctimas del franquismo

6. Cuarenta años de «democracia» y pocos cambios para las víctimas

7. El Congreso de Suresnes y el papel del PSOE en la Transición y la democracia

8. Conclusión

Capítulo 4 -

Psicología social de la memoria y del olvido

1. Introducción

2. Psicología social de la memoria

3. Memoria social, memoria colectiva y memoria histórica

4. Soportes de la memoria social o colectiva

5. La familia como lugar privilegiado de la memoria

6. Recuperación de la memoria histórica: memoria, olvido y trauma

7. ¿Conviene borrar nuestros recuerdos negativos?

8. Conclusión

Capítulo 5 -

Memoria, trauma y bienestar psicológico de las víctimas

1. Introducción

2. Efectos psicológicos de los traumas

3. El trastorno de estrés postraumático.

4. Guerra, trauma y memoria: el caso de las víctimas del franquismo

5. ¿También los vencedores tuvieron sus traumas?

6. Elaboración y superación del trauma: memoria, testimonio y psicoterapia

7. Conclusión

Capítulo 6 -

Transmisión transgeneracional del trauma a hijos y nietos

1. Introducción

2. Trauma psíquico y su transmisión transgeneracional

3. Transmisión del trauma a los descendientes de las víctimas del franquismo: Factores facilitadores y agravantes

4. Trauma y fotografía

5. Cómo se transmite el trauma a las siguientes generaciones

6. Conclusión

Capítulo 7 -

Similitudes y diferencias con América Latina

1. Introducción

2. Diferencias y similitudes entre la Transición española y las transiciones latinoamericanas

3. Las transiciones latinoamericanas

3.1. Chile

3.2 Argentina.

3.3. Uruguay

4. Conclusión

Capítulo 8 -

Resumen y conclusiones

1. Introducción

2. Necesidad de la recuperación de la memoria

3. Los traumas psicológicos de los republicanos vencidos

4. Trauma y memoria: Recuperación de la memoria histórica

5. Necesidad de verdad, justicia, reparación y reconciliación

6. Qué podemos y debemos hacer

7. Conclusión

Bibliografía

Referencias

Sobre el autor

Biografía

Obras publicadas de Anastasio Ovejero